Por Elizabeth Zalazar Vega
Unidad de investigación de El Comercio
En marzo de 1997, el cuerpo de la agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Mariella Barreto fue hallado descuartizado a la altura de la carretera que lleva a Canta. Han pasado exactamente 16 años y recién se cuenta con acusación fiscal para sancionar a los culpables.
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Vladimiro Montesinos y Alberto FujimoriEl documento fue presentado el 1 de marzo al Poder Judicial por la titular de la Tercera Fiscalía Superior Especializada en Corrupción, Delia Espinoza. La acusación fiscal, a la que tuvimos acceso, sostiene que el ex presidente Alberto Fujimori tenía pleno conocimiento del plan Tigre 96, elaborado por su asesor Vladimiro Montesinos para neutralizar a personal militar que filtraba datos a la prensa sobre los delitos que cometía el régimen. “El secuestro, desaparición, tortura y asesinato de Mariella Barreto obedeció a dicho plan operativo”, señala la fiscal.
“Ante la fuga de información desde el sistema de inteligencia hacia la opinión pública, respecto a los hechos que se estaban perpetrando en el gobierno de Alberto Fujimori a través del destacamento Colina, se elaboró el plan operativo Tigre 96”, se indica en el documento. Según la fiscal, la filtración de datos ponía en riesgo la perpetuidad del régimen; sus líderes lo sabían y trataron de evitarlo capturando a los militares sospechosos.
El procurador anticorrupción Julio Arbizú explicó que su despacho ha seguido el Caso Barreto por el delito de asociación ilícita contra Montesinos y ex militares, pero Fujimori nunca había sido implicado. “No se lo investigó por ello, y para hacerlo se tendría que ampliar el pedido de extradición. La sala que vea el caso, en su fallo final, también puede pronunciarse al respecto si es que considera que hay elementos para abrir una investigación y conocer cuánto sabía Fujimori de estos crímenes”, agregó.
CADENA PERPETUA
La fiscal no ahonda en Fujimori, pues él no es objeto de la denuncia, sino Montesinos y sus cómplices. En este sentido, Espinoza confirmó el pedido de cadena perpetua contra el ex asesor y Nicolás Hermoza Ríos, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; Juan Yanqui Cervantes, director de Inteligencia del Ejército; Carlos Sánchez Noriega, jefe del SIE; y José Salinas, jefe de Contrainteligencia del SIE, por planificar el crimen.
También pidió la máxima pena para los miembros del grupo Colina Santiago Martin Rivas, Jesús Sosa Saavedra, Wilmer Yarlequé Ordinola y José Alarcón Gonzales por ejecutar la orden.
Los delitos que se les atribuyen son secuestro agravado, tortura, asesinato y asociación ilícita en contra del Estado, por lo que se pide el pago de una reparación civil de S/.900.000 a favor de los deudos.
Esta sería la mayor pena que se les imponga, pues el grupo Colina tiene una sentencia firme de 25 años por los casos Barrios Altos, Pedro Yauri y El Santa, mientras que Montesinos tiene otra de 20 años por tráfico de armas.
La abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) Gloria Cano dijo que aún no había sido notificada del dictamen fiscal pero cuestionó que se hayan tardado 2 años en pronunciarse. La demora permitió que Martin Rivas y Alarcón Gonzales obtengan libertad por exceso de carcelería. De no ser por la sentencia por el Caso Barrios Altos habría salido en diciembre.
La acusación fiscal ha sido enviada a la Cuarta Sala Penal Liquidadora, pero Cano advierte que este despacho se ha declarado incompetente alegando que es la Sala Penal Nacional la que ve procesos contra Montesinos. “Hemos impugnado esta decisión y esperamos la reviertan para que no se vicie el proceso”, dijo.
PARA RECORDAR
REABREN EL CASO
Luego de investigaciones fallidas, el caso se reabrió el 2007 con la fiscal Flor Vega. El 4 de enero del 2008, la jueza Magaly Báscones confirmó la detención de Carlos Sánchez Noriega.
TORTURA
El 27 de agosto del 2010, los restos de Barreto fueron exhumados por orden de la jueza Báscones. Las nuevas pruebas determinaron que la agente habría estado viva cuando empezaron a mutilarla.
LIBRES
El 18 de diciembre del 2012, la Cuarta Sala Penal Liquidadora ordenó la excarcelación de Santiago Martin Rivas y José Alarcón por exceso de carcelería. Siguieron presos por tener otra condena.
PRESIÓN
El 19 de diciembre del 2012, el fiscal de la Nación, José Peláez, ordenó que la Fiscalía Suprema de Control Interno verifique el retraso en la elaboración del dictamen.
Publicado en El Comercio el 28 de marzo de 2013
“El cardenal durante los años de violencia que vivió Ayacucho, cuando se desempeñaba como arzobispo, no fue la voz que defienda a las personas humildes, por el contrario, cerró la puerta de su despacho a las personas que pedían apoyo ante los hechos de violación de derechos humanos. Esa actitud no es olvidada hasta la fecha, por ello, no debe intervenir en este caso”, declaró al corresponsal de Ideeleradio.
