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News Reports on Transitional Justice in Peru

Alberto Fujimori es acusado de robar $1 millón donado a los comando Chavín de Huántar

  • Durante el gobierno fujimorista desapareció un gran monto reservado a los deudos del operativo. Ahora solicitan que se abra una investigación para esclarecer el tema.

Tras el fallo de la Corte IDH en el caso del operativo Chavín de Huántar, Keiko Fujimori alzó su voz de protesta y dijo a través de las redes que el “Perú está en deuda con los comandos y que corresponde indemnizarlos rápidamente”.

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PRI Créditos: EFE / Peru21
PRI Créditos: EFE / Peru21
PRI Créditos: EFE / Peru21Pero la polémica no queda acá, ya que según informó ‘Hildebrandt en sus trece’, estas personas sí recibieron apoyo económico por parte del diario japonés Sankey Shimbun que donó $ 1 millón a los deudos de los hombres de la toma de la embajada japonesa. Y lo más controversial es que esto sucedió en 1997 justo durante el gobierno de Alberto Fujimori, quien ahora su hija pide “indemnización”.

Por tal motivo, el exprocurador Anticorrupción Julio Arbizu emplazó a la lideresa de Fuerza Popular iniciar una investigación “dentro de sus propios cuadros” para saber a qué “bolsillo fue a parar el dinero” destinado para los comandos, aquellos por los ahora aboga, cuando el fujimorismo tiene una deuda pendiente.

El semanario de Hildebrandt tuvo acceso al informe contable de la Contraloría General de la República del año 2004, el cual informa sobre la “desaparición” de 1´002, 891.00 dólares donados por el diario japonés. Ese dinero habría sido depositado a una de las once cuentas de José Kamiya Teruya, el secretario de Fujimori, quien fraguó cheques a nombre de los deudos.

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Publicado en CAPITAL el 6 de julio de 2015

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¡Se hizo justicia! Ministerio Público reabre el caso de esterilizaciones forzadas durante el fujimorismo

  • Tanto el IDL como Demus confían en que la Fiscalía termine por acusar a Alberto Fujimori y a sus exministros de Salud por crímenes de lesa humanidad

Por Carlos Hinostroza

Luego de meses de espera y de ardua lucha, las víctimas de las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori tienen motivos para volver a sonreír y confiar nuevamente en la justicia de nuestro país. El Ministerio Público –sin José Peláez Bardales ni Carlos Ramos Heredia en la cabeza– decidió reabrir este caso –que fue archivado en el año 2014 por el cuestionado fiscal Marco Guzmán Baca– y amplió por tres meses más las pesquisas. Es decir, tanto el expresidente Fujimori como sus exministros de Salud podrían ser acusados por crímenes de lesa humanidad y llevados a juicio.

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© Diario16
© Diario16
© Diario16De acuerdo a la resolución de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, a la que diario16 tuvo acceso, el fiscal Luis Landa Burgos declaró fundada la queja interpuesta por el Instituto de Defensa Legal (IDL) y el Demus en contra de la resolución de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, que prácticamente excusó de toda responsabilidad al exmandatario Alberto Fujimori, sus exministros de Salud Marino Costa Bauer, Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong, y sus asesores involucrados en el cuestionado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000).

“Resuelve: declarar fundada en parte la queja de derecho (…); debiéndose ampliar la investigación preliminar del caso por tres meses, a efectos de que se proceda a practicar las diligencias detalladas que permitan esclarecer el presente hecho y lo expuesto en los considerandos precedentes, recomendándose al fiscal supraprovincial practicar el mayor número de declaraciones en el tiempo señalado en las diversas zonas geográficas que ameriten el caso y que sirva de parámetros para el pronunciamiento respectivo; y consecuentemente emitir un nuevo pronunciamiento en virtud de la investigación complementaria a realizarse; devolviéndose los actuados a la Fiscalía de origen”, se lee en el documento.

NO HAY ARGUMENTACIÓN OBJETIVA

Como se recuerda, el fiscal Marco Guzmán Baca señaló en su resolución, que dispuso el archivamiento del caso de las esterilizaciones forzadas, que los hechos denunciados no constituían crímenes de lesa humanidad por el desconocimiento del ataque generalizado y sistemático por parte de Alberto Fujimori; y que los delitos enmarcados en el Código Penal nacional no se habrían configurado en el accionar de los exministros de Salud, asesores y directores que participaron de este cuestionado programa por falta de ‘dolo’.

Asimismo, tanto el IDL como el Demus coincidieron en señalar que el mencionado fiscal no debió archivar el expediente, “porque no revisó diligentemente todos los testimonios, sino que solo se enfocó en el caso de la señora Mamérita Mestanza Chávez, quien murió ocho días después de la operación quirúrgica de esterilización a la que fue sometida en 1998”.

Ambas instituciones consideraron que la resolución de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, que ‘limpió’ a Fujimori y sus exministros, posee argumentos jurídicos “inaceptables”.

Ante esto, el fiscal Luis Landa precisó en su dictamen que “resulta necesario que el representante del Ministerio Público realice una reformulación argumentativa conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes, así como la realización de una prolija, exhaustiva y rigurosa investigación, considerándose la realización o no de aquellos actos que sean conducentes o idóneos para la formalización o no de una denuncia penal”.

Según la resolución de la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, la argumentación jurídica de Marco Guzmán Baca “no reviste pormenorizadamente los presupuestos que hayan permitido que se descarte el ‘dolo’ en este caso”.

“(…) Debiendo, por lo tanto, el fiscal provincial realizar una argumentación objetiva conforme a los presupuestos e interrogantes que se detalla en el presente dictamen”.

Por último, se solicita con carácter de “muy urgente” a las regiones de salud y/o direcciones de salud de Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Tumbes, Piura, San Martín, Lambayeque, Lima y Loreto, información de quienes participaron en los procedimientos de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), a fin de que rindan su manifestación.

LO QUE DEBE SABER

Cabe indicar que durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori se esterilizaron a miles de mujeres en el país, especialmente de zonas rurales, a quienes con engaños y chantajes se les privó de sus capacidades reproductivas, pues se las esterilizó sin garantizarles información clara sobre la intervención y sin que dieran su libre consentimiento. Por lo menos 18 murieron como resultado de estas prácticas.

El caso de las esterilizaciones forzadas llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instancia en la cual el Estado peruano y las víctimas llegaron a un acuerdo amistoso para investigar y sancionar a los responsables.

… … …

“Lo que ha hecho el fiscal Luis Landa es un acto de justicia”

© Diario16© Diario16Por Carlos Rivera Paz, abogado del IDL

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera Paz, saludó la decisión del fiscal Luis Landa Burgos de reabrir el caso de las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el fujimorismo, luego de que fuera archivada arbitrariamente. En diálogo con diario16, el letrado enfatizó que confía en que la nueva fiscal del caso, Marcelita Huayta, actuará con responsabilidad.

“Lo que ha hecho el fiscal Luis Landa es un acto de justicia para las víctimas de las esterilizaciones forzadas ocurridas durante la época de los 90 y confiamos en que la nueva fiscal del caso actuará con responsabilidad y seriedad. El IDL siempre ha mantenido su posición de que tanto Alberto Fujimori como sus exministros tienen una responsabilidad directa por estas prácticas que afectaron a muchas mujeres. Esperemos que todo esto termine en una acusación penal contra ellos”, señaló.

Carlos Rivera reiteró una vez más que las esterilizaciones forzadas se ejecutaron en nuestro país no por una decisión individual, sino porque ellos (ministros, enfermeros, médicos, etc.) estaban cumpliendo con lo que el presidente de la República (Alberto Fujimori) había definido como una política de Estado.

“Adicionalmente habían puesto en marcha una serie de procedimientos a nivel de todo el sector salud para realizar estas esterilizaciones. Esto sin duda fue una política de Estado y por eso se debe formular una denuncia penal contra el expresidente Fujimori”, acotó.

También explicó que su institución decidió formular una queja contra la decisión del fiscal Guzmán Baca por las siguientes razones: indicó en su resolución que en el caso de las esterilizaciones forzadas no había crímenes de lesa humanidad, señaló que las personas investigadas no tenían responsabilidad, precisó que las mujeres esterilizadas no fueron agraviadas o afectadas a sus derechos y, finalmente, dijo que no había elementos jurídicos para considerar que este caso sea un crimen contra los derechos humanos.

Por último, el abogado del IDL advirtió que en caso de que el Poder Judicial aceptara la acusación penal del Ministerio Público y decidiera abrirle un nuevo proceso judicial a Alberto Fujimori, el Estado peruano necesariamente tendrá que presentar un pedido de ampliación del cuadernillo de extradición ante el Tribunal Supremo de Chile, a fin de que este autorice el juzgamiento contra el expresidente. Es decir, todo este proceso podría demorar más de un año.

Publicado en Diario16, el 10 de mayo de 2015

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CHAVIN DE HUANTAR: ALGUNAS ACLARACIONES

Por Jose Alejandro Godoy

Hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos tuvo la audiencia sobre el caso Chavín de Huántar. Para ser más precisos, examinó los argumentos de la Comisión Interamericana, los abogados de los posibles afectados y el Estado peruano en torno a las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas luego del exitoso operativo militar de rescate de rehenes de la residencia del embajador del Japón en Lima, realizado hace 17 años.

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© El Comercio
© El Comercio
© El ComercioDado que, durante este caso, ha circulado mucha desinformación sobre la naturaleza del proceso, así como en torno a los hechos, conviene tener en claro que es lo que la Corte va a resolver y que consecuencias jurídicas tendrá para el Perú.

1. NO SON PROCESADOS LOS COMANDOS QUE EJECUTARON LA OPERACIÓN: La Corte Interamericana no procesa individuos, sino a Estados. Esto es algo que tiene que quedarnos claro al momento de ver este tipo de procesos judiciales supranacionales.

2. ES BASTANTE PROBABLE QUE EL ESTADO PERUANO PIERDA EL CASO: Tanto por la evidencia presentada en sede nacional como internacional, la Corte puede concluir dos cuestiones claras:

a) Existe suficiente evidencia de la ejecución extrajudicial del terrorista Eduardo Cruz Sánchez. Las dos sentencias del Poder Judicial peruano establecieron esta conclusión y los peritajes presentados por el hoy ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, que nunca examinaron el cuerpo del emerretista, no pudieron refutar las pruebas presentadas en torno a este punto: testimonios del diplomático japonés Hidetaka Ogura y de los policías Marcial Torres y Raúl Robles, las declaraciones de los comandos que refieren que en la zona donde mataron al terrorista conocido como (a) “Tito” no se combatió, las fotografías del operativo y los examenes forenses del EPAF que fueron oficializados por el Ministerio Público.

Nunca está demás recalcarlo: este hecho no limpia a Cruz Sánchez de los crímenes por los que debió ser procesado, como miembro de la cúpula del MRTA, un grupo terrorista que puso bombas, asesinó autoridades y civiles y, sobre todo, hizo del secuestro una práctica sistemática, que califica como crimen de lesa humanidad. El punto es que debió ser juzgado por estos hechos y condenado por los mismos. Eso es lo que nos distingue en un Estado de derecho de esta gente.

b) El procesamiento en el fuero militar de los comandos: La jurisprudencia de la Corte Interamericana es clara: no se pueden procesar casos que implican violaciones a los derechos humanos ante la justicia militar, dado que es un fuero que carece de imparcialidad frente a este tipo de casos. Y ello nos lleva al punto 3.

Lo que si se descartaría, de acuerdo a la evidencia presentada y a los procesos judiciales en sede nacional, es que las otras dos presuntas ejecuciones extrajudiciales alegadas puedan ser declaradas como tales, debido a la falta de pruebas. Y la Corte debería ser capaz de diferenciar dos hechos distintos: un exitoso operativo militar y lo que ocurrió después del mismo.

3. ENTONCES, ¿QUE PASARÍA CON LOS COMANDOS? La consecuencia lógica del punto b es que se reabra un proceso en el fuero común a los valerosos militares. Ojo: no es el fin del mundo ni supone una condena a militares que cumplieron limpiamente con su deber. Y finalmente, toda persona debe presentarse ante la justicia cuando es requerida por ella.

Con todo lo establecido en el proceso judicial nacional, existe suficiente evidencia para sobreseer el caso para los comandos en el Ministerio Público. Ni siquiera sería necesario llegar al Poder Judicial. Hace un año, escribió sobre este tema el abogado César Azabache en El Comercio:

Un importante sector de la opinión pública local, al que los representantes del Estado parecen haber prestado oídos intensamente, ha insistido en que las sospechas admitidas por los tribunales peruanos sobre la responsabilidad del Coronel Zamudio en el caso Cruz Sánchez involucran a los comandos regulares que rescataron la residencia. Pero esto no es cierto. No existen evidencias que muestren la presencia de comandos regulares en la escena en que se encontró el cadáver de Cruz Sánchez. Pero la confusión existe y ha dañado sensiblemente la claridad con la que el Estado debió (y no ha logrado) enfrentar el caso. De hecho, la mayoría de confusiones que empantanaron los procedimientos internos en los últimos años provienen del mismo error.

4. ¿Y POR QUE LLEGAMOS A ESE ESCENARIO? Como bien precisa Azabache, por una mala estrategia. Absurdamente se intentó juntar dos hechos separados – la operación de rescate y los sucesos acaecidos luego y en un escenario donde no se combatió -. Hubiera sido mejor para el Estado y para salvaguardar un rescate considerado como modélico que se reconociera, en sede internacional, la existencia de una ejecución extrajudicial ajena a los comandos. A contrario, el Estado peruano – y aquí este gobierno tiene una responsabilidad central – quiso irse por la vía de negar la existencia de este hecho, a pesar que las dos sentencias judiciales nacionales terminaron contradiciéndolo.

Pero hay otro error que el abogado considera crucial, sobre todo para el punto b:

La Corte Suprema también se equivocó cuando entregó los Comandos a la justicia militar. En agosto de 2002 estaba claro para todos que entrometer a la justicia militar en un caso de esta envergadura, a la larga, tendría consecuencias negativas en el sistema interamericano de protección a los derechos humanos. De hecho, el caso llegó a la Comisión a consecuencia de esta decisión. Habría sido más simple y claro anular el procedimiento iniciado contra ellos por falta de motivos, ya sea aprovechando la contienda que entonces se propuso o mediante un Hábeas Corpus por violación al debido proceso. Pero no se hizo. En lugar de ello se entregó a la justicia militar un caso que ni siquiera existía en realidad, el caso contra los comandos regulares de las fuerzas combinadas que recuperaron la residencia.

De hecho, durante varios años, algunas voces hemos reclamado porque, antes que el caso sea sentenciado por la Corte Interamericana, el Ministerio Público realice una investigación en el fuero común a los comandos en un plazo razonable y que sobresea el caso por falta de pruebas en su contra. Han pasado tres años desde que enunciamos esta posibilidad, tiempo más que suficiente para haber resuelto lo que, en algunos meses, se convertirá en un problema de interés nacional. Con ello, el Estado hubiera resuelto el punto b y solo hubiera sido condenado por el punto a, imposible de salvar a la luz de los hechos.

5. ¿A QUIEN SI DEBERÍAMOS PROCESAR CUANTO ANTES POR ESTE HECHO? Toda la evidencia judicial en sede nacional apunta a una persona: Jesús Zamudio Aliaga, coronel del Ejército en retiro que trabajaba en el Servicio de Inteligencia Nacional, siendo una persona de confianza de Vladimiro Montesinos.

De acuerdo a lo señalado en el juicio en sede nacional, las tesis posibles de responsabilidad de Zamudio son las siguientes: tres tesis posibles: a) Como señala la Sala, Zamudio actuó solo, b) como dice la acusación fiscal, Zamudio actuó bajo la cadena del mando del SIN, que compromete a los co-acusados Montesinos, Hermoza y Huamán (y, en última instancia, a Fujimori), o c) la versión esgrimida por el periodista Umberto Jara, quien sostiene que Zamudio respondía directamente a Alberto Fujimori. Las dos últimas parecen ser las que tienen mayor fuerza.

Hasta el momento, el coronel en retiro es inubicable a pesar que, como señaló el periodista Angel Páez en su oportunidad, renovó su DNI en 2008, cuando ya tenía orden de captura.

La ubicación y procesamiento de Zamudio no solo es clave para cerrar un caso que ya lleva demasiado tiempo en el limbo, sino también para, de una vez por todas, separar la valiente acción de oficiales que rescataron a secuestrados por una organización terrorista de la estupidez cometida por un coronel del Ejército que ha terminado, 17 años después, colocando aún en las sombras un rescate que fue exitoso. El Estado peruano tiene la palabra.

Publicado por “Desde el tercer piso” el 15 de abril de 2015

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#FujimoriNuncaMás

Por Ginno P. Melgar

  • Ciudadanos salieron a las calles para recordar que episodios como los del 5 de abril de 1992 no deben volver a repetirse por el bien del país.

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Hace 23 años el entonces presidente del Perú decidió convertirse en dictador al adueñarse de los tres poderes del Estado, alegando que no lo dejaban llevar a cabo las reformas necesarias para hacer que el país avance.

Más allá de lo que hoy los defensores acérrimos del reo Alberto Fujimori pretenden hacernos creer asegurando que fue el punto de quiebre para ‘enrumbar’ un país en crisis, lo cierto es que aún, pese al tiempo transcurrido, queda fresco el recuerdo de la miseria institucional en la que nos terminó hundiendo un régimen que se superó a si mismo: a su caída terminó demostrándose la corrupción imperante en todos los poderes del Estado, las Fuerzas Armadas y hasta los medios de comunicación.

Precisamente para que su nefasto legado no se borre de la memoria de los peruanos, este domingo ciudadanos salieron a las calles del Centro de Lima e incluso llegaron hasta el frontis de Palacio de Gobierno bajo un mismo grito: #FujimoriNuncaMás

foto @riderbendezu foto @rgalarreta

la alianza 'fujiaprista' también fue criticada por los manifestantes/ foto @maritebustamant  fujimotesinismo, el 'binomio perfecto' de los 90's
@yoselodije1 

@yoselodije1
@yoselodije1

La moraleja es clara. Ningún Gobierno encabezado por aquel que creyéndose súperpoderoso destruyó las instituciones para establecer unas nuevas a su antojo, puede ser calificado como ‘el mejor de nuestra historia’. Esa falta de memoria a la que los fujimoristas de hoy alegan para justificar el rechazo de un gran número de jóvenes, es precisamente el arma que pretenden utilizar para engañar a otros tantos que hoy creen que ‘la hija no es igual que el padre’.

Ay por favor, #PeruanoDateCuenta

¿O ella misma te lo tiene que cantar?

Publicado en La Mula, el 5 de abril de 2015

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El asesinato de Pedro Huilca o por qué debemos recordar a este hombre al menos con un monumento

Contexto del huaqueo: Entre los años 1991 y 1992, Alberto Fujimori había emitido una serie de leyes y decretos legislativos que modificaban drásticamente las condiciones laborales en el país. Pedro Huilca, entonces secretario general de la CGTP, se manifestó abiertamente contra estas normas que, entre otras cosas, creaban las services. Por ello, había promovido y participado en diversas marchas contra el fujimorismo. Esto lo había convertido en un enemigo notorio del régimen. Aún así, Huilca tampoco era del agrado de Sendero Luminoso, ya que gracias a su capacidad dialogadora, el dirigente sindical podía coordinar conversaciones con gremios empresariales como la Confiep y participar de la CADE. Por lo que también fue declarado enemigo del senderismo. Esta es la historia de un hombre que buscaba justicia para los trabajadores y que en su camino encontró la muerte en la puerta de su casa, frente a sus hijos. Esta es la historia de un hombre que hace dos años había alcanzado reconocimiento público gracias a un busto, pero que ahora lo ha perdido.
[Del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Lima, 2003] Las letras y títulos en negrita son culpa del huaqueador.

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LA HISTORIA DE PEDRO HUILCA

Busto de Pedro Huilca que acaba de ser retirado por el alcalde Castañeda debido a las obras de su by-pass.Busto de Pedro Huilca que acaba de ser retirado por el
alcalde Castañeda debido a las obras de
su by-pass.
Pedro Huilca Tecse nació en Cusco, el 4 de diciembre de 1949. Apenas egresado del colegio, debió afrontar la responsabilidad de contribuir en el sostenimiento de su modesto hogar y empezó a trabajar como obrero de construcción civil.

Desde 1981 ocupó diversos cargos dirigenciales en la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), hasta que en su décimo Congreso Nacional, realizado en marzo de 1992, fue elegido Secretario General de dicha agrupación.

Uno de sus rasgos distintivos fue su gran apertura al diálogo. Esta conducta le permitió mantener un diálogo fluido con los directivos de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO), de la Confederación de Instituciones de la Empresa Privada (CONFIEP) y con diversas autoridades gubernamentales. Esta disposición no fue bien vista por Sendero Luminoso, que debido a ello calificó al dirigente como “revisionista”.

EL ASESINATO DE PEDRO HUILCA

El 18 de diciembre de 1992, Pedro Huilca Tecse se levantó muy temprano y tras desayunar con su familia salió a la cochera en busca del auto que le había asignado la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Regresó a su casa para recoger a su hija, Flor de María Huilca Gutiérrez y al hijo de su pareja, Julio César Flores Escobar, y juntos salieron de la vivienda sin ningún mal presagio. Los tres se dirigieron al vehículo, y ni bien entraron en él, se escucharon los disparos que acabaron con la vida del dirigente sindical:

“(…) salimos y yo me senté al lado derecho de mi papá, y en ese momento(…) escuché sonidos como cohetecillos, yo pensé que eran cohetecillos porque era diciembre (…) cuando levanté la mirada vi gente rodeando el carro hacia el lado en que estaba sentado mi papá, todos varones”.

Martha Flores Gutiérrez, pareja de Huilca Tecse, presenció el crimen desde la puerta de su casa, pues había salido a despedirlo:

(…) Cuando estaba en la puerta de la casa, esperando que mi esposo encienda el vehículo, veo a un hombre, de tamaño mediano, con camisa celeste y un chaleco oscuro y se acerca y saca un arma que parecía ser una metralleta de mediano tamaño, como la que usan los soldados, y le disparó (…) el sujeto que le disparó huyó rápidamente. Luego aparecieron entre 08 y 10 hombres con armas y dispararon en la puerta de mi casa.

Pedro Huilca era visto como un potencial líder políticoPedro Huilca era visto como un potencial líder políticoMientras tanto, la hija del secretario general de la CGTP salió del vehículo e intentó en vano pedir ayuda. Al tratar de regresar a su vivienda se cruzó con una mujer que tenía una pistola apuntando al vehículo en el que estaba su padre.

Me bajé del carro y quise entrar a mi casa, y al llegar al jardín estaba parada una mujer con el arma en la mano, era joven de unos 30 años, de tez cobriza, delgada, era una pistola y estaba rodeada de varios hombres (…) corrí a mi casa y sentí que empezaron a disparar a la puerta que estaba abierta y hacia las ventanas. Yo estaba con mis hermanos y marqué el 105 pero no me contestaban. Antes de entrar vi que en jardín junto a esa mujer había varias personas paradas.

Todo sucedió muy rápido, los atacantes huyeron con rumbo desconocido. Recién entonces, Flor de María Huilca y Martha Flores, pudieron acercarse al vehículo, constataron que tanto Pedro Huilca Tecse y Julio Cesar Escobar habían sido alcanzados por las balas. Con la ayuda de un vecino, Flor de María logró trasladar a su padre, herido de muerte, al Hospital Cayetano Heredia, donde llegó cadáver.

LOS RESPONSABLES

Luego del asesinato de Pedro Huilca, se han planteado dos hipótesis respecto a la autoría de tan condenable hecho. De un lado, se atribuye la autoría a Sendero Luminoso; y, de otro al grupo Colina.

En su edición N° 625, correspondiente a diciembre 1992 – enero 1993, el vocero senderista El Diario, reconoció de inmediato la acción como obra del grupo subversivo. En su portada, señala:

“Duro Golpe a la Reacción: Huilca!”, y en el interior del Diario, en la página cuyo título lleva ¡Contundente golpe al revisionismo y la reacción!, en su sétimo párrafo desarrolla: La ejecución del vendeobreros Huilca –realizado por un contingente del Ejercito Popular de Liberación del Partido Comunista del Perú, que jefatura el querido y respetado Presidente Gonzalo– cumplió las exigencias y demandas de la clase obrera, en especial de las bases de Construcción Civil, quienes han sufrido en carne propia las traiciones de este verdugo revisionista”.

Sin embargo, Abimael Guzmán niega la autoría del asesinato

El 30 de abril del 2003, integrantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación entrevistaron al líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reynoso en el Centro de Reclusión de la Base Naval del Callao, donde cumple condena. Este negó haber recibido información de miembros de su agrupación que hayan asesinado al dirigente sindical:

NM: (…) Después de la muerte de Pedro Huilca, en El Diario esto fue celebrado, así que quedaba la duda y quería plantearle si ustedes tuvieron que ver con la muerte de Pedro Huilca o no tiene nada que ver con ustedes.

AG: En lo absoluto, no tenemos nada que ver con Huilca… (…) Quiero ser lo más claro posible, hay algunas cosas en las que sí he participado y decidido, específicamente, sí las hay. (…) porque eso queda. Pero no hay, supongamos, en esta situación como el caso de Huilca (…) Bien, en la casi totalidad de los hechos por tanto a nosotros se nos informaba con informes regulares que tenían que ser presentados en tiempos posteriores, nos informaba. Y allí se nos ha dicho, tal o cual acciones porque estaban en el informe… Ahora, más allá no podríamos garantizar (…).

Todo indica al Grupo Colina

Huilca se dirige a los trabajadores. Foto: LaMula.peHuilca se dirige a los trabajadores.
Foto: LaMula.pe
Martha Flores Gutiérrez, pareja del desaparecido líder sindical, inmediatamente luego del asesinato declaró a la prensa que el gobierno del entonces Presidente Alberto Fujimori Fujimori, tendría responsabilidad en el asesinato. El 19 de diciembre de 1992 denunció:

“No es Sendero ni el MRTA, esa no es la mano que ha matado a Pedro Huilca, es el gobierno hambreador de Fujimori que ha mandado a sus sicarios a quitarle la vida a mi esposo”, (…) Y ha sido Fujimori -agrega porque siempre pensó que Pedro era amigo de Alan García y pactó con Belaunde, cuando lo que él quería es la mejora de los obreros de construcción civil”.

Ex agente de inteligencia Mesmer Carles Talledo responsabiliza al Grupo Colina

En abril de 1997, el General EP (r) Rodolfo Robles Espinoza, hizo pública una carta en la que el ex agente de inteligencia Mesmer Carles Talledo acusaba al Grupo Colina de haber asesinado al dirigente sindical. El documento titulado “Declaratoria Abierta” fechado el 22 de abril de 1994, fue escrito en el Penal de Yanamayo (Puno) por Mesmer Talledo, quien actuó como enlace entre el Grupo Colina y los agentes infiltrados en Sendero Luminoso.

Estas afirmaciones fueron confirmadas a través de un video grabado en el Penal de Yanamayo el 23 de noviembre de 1997, por el congresista Jorge del Castillo Gálvez, a raíz de lo cual el parlamentario logró que se forme una subcomisión investigadora en el Congreso.

Seis días después, el Presidente de la República concedió el indulto especial para inocentes acusados de terrorismo y traición a la patria, a Mesmer Carles Talledo. Luego el 5 de enero de 1998, aseguró ante el Ministerio Público que él no había escrito las cartas denunciando al Grupo Colina por el asesinato de Pedro Huilca Tecse, negando incluso haber recibido la visita de Del Castillo, a pesar del video que lo prueba.

Ex agente de inteligencia Clemente Alayo Calderón responsabiliza al Grupo Colina

El 20 de noviembre del 2000, el mencionado ex agente dio a conocer su versión mediante una carta dirigida al “Pueblo Peruano, Congreso de la República, Presidente Paniagua, Comandante General del Ejercito y Presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armas”, que se hizo pública a través de los medios de comunicación:

“(…) el asesinato al Dirigente Sindical Pedro Huilca Tecse fue ordenado por Alberto Fujimori,(…) y los ejecutores de dicho asesinato al líder sindical fueron el Mayor EP. Luis Santiago Rivas, el Agente de Inteligencia Pedro Pretell Damaso y Mariela Barreto. Estos últimos asesinados por el Grupo Colina”.

Huilca junto a un mural de la Federación de trabajadoresHuilca junto a un mural de la
Federación de trabajadores
Alayo Calderón ratificó, en julio del 2001, sus declaraciones ante el Juez que ve el caso Barrios Altos, en el sentido que en setiembre u octubre de 1992, Santiago Martín Rivas le entregó mil dólares indicándole que debía participar en la ejecución del dirigente sindical.

(…) me dijo SMR (Santiago Martín Rivas) que me iba a poner en otro Plan y me dice que me presente en la Plaza Castilla a una determinada hora de la noche y que iba a recibir otra orden. Acudo al lugar y me hacen abordar una camioneta naranja y encuentro un chofer militar más antiguo que yo que ha trabajado en inteligencia, estaba además una mujer y SMR.

(…) me manifiesta que lo que yo iba a realizar era aniquilar a un dirigente que estaba alineado con SL y que iba a ser en SMP, le pregunté el nombre y me dijo que era Pedro Huilca Tecse, que ya había un equipo haciendo el seguimiento y que yo iba aniquilarlo, recibí 1,000 dólares de adelanto quedando en reunirnos en otra fecha que no se llegó a realiza (…).

El 10 de julio del 2003 Alayo Calderón reafirma sus denuncias ante la Subcomisión investigadora de la denuncia constitucional N° 3 contra el ex presidente Alberto Fujimori por el asesinato de Pedro Huilca.

El agente de inteligencia responsabilizó al entonces presidente Alberto Fujimori Fujimori de haber ordenado el crimen:

…Huilca Tecse debe ser reivindicado y el culpable es Fujimori, por versión del mismo Martín Rivas. Porque yo le digo: … ¿Cómo vamos a matar a un hombre público? Van a decir que ha sido el Servicio de Inteligencia o ha sido que el gobierno lo mató… ‘A mí no me interesan tus apreciaciones. Yo estoy cumpliendo órdenes directas de Fujimori”, así dijo él…

Testimonio reservado de un ex agente de inteligencia que integró del Grupo Colina también confirma esta versión

El 6 de febrero del 2001, un ex agente de inteligencia se presentó ante un representante del Ministerio Público, y declaró que Mesmer Talledo le había referido que el Grupo Colina fue el autor del asesinato del líder sindical, por orden del entonces jefe del Servicio de Inteligencia, Julio Salazar Monroe, y el propio presidente Fujimori:

“(…) El que ordena la muerte en el año 1992 de HUILCA TECSE (…) el General Julio Salazar Monroe, Jefe del SIN, ello lo sé porque en vista que no podía ingresar a las instalaciones militares, el hombre de enlace era Mesmer Carles Talledo, siendo este quien me dijo que los operativos de Inteligencia eran de conocimiento del Presidente Fujimori, y que este ordenaba el pago por los trabajos que realizamos(…)”.

En base a estas declaraciones en su dictamen final la Subcomisión investigadora de la denuncia Constitucional Nro. 130 y otras contra el ex Presidente Alberto Fujimori por violaciones a los derechos humanos, recomendó que se investigue dicha denuncia a profundidad, la que se formó en el 2003.

Publicado en Copypasteilustrado.utero.pe, el 1º de abril de 2015

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La justicia condena a Perú

Por Jacqueline Fowks

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Una mujer adorna con flores la tumba de un familiar. / rodrigo abd (AP)Una mujer adorna con flores la tumba de un familiar
rodrigo abd (AP)
Cada vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordena al Estado peruano indemnizar a familiares o a miembros de los dos grupos terroristas que desataron la violencia en el país entre 1980 y 2000, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), se reavivan los pedidos de políticos y militares en retiro para que Perú se aparte de esa jurisdicción supranacional. Esta vez ha vuelto a ocurrir tras conocerse la sentencia de la CIDH a favor de Gladys Espinoza Gonzales, condenada en 2004 a 25 años de prisión por terrorismo, pero torturada y violada en 1993 en una dependencia policial después de ser capturada en Lima.

La sentencia obliga a Perú a pagar a la mujer, en el plazo máximo de un año, 60.000 dólares; 40.000 a la madre de Espinoza, y 5.000 al hermano; habiendo fallecido la madre, el dinero será entregado a sus descendientes, indica la Corte. Sin embargo, Gladys Espinoza debe al Estado una reparación civil de unos 11.200 dólares por los daños que causaron sus acciones en el MRTA, dedicado en los años 90 a la extorsión y secuestro de empresarios, y la procura de armas para una insurrección.

La agrupación subversiva se formó en 1982, liderada por Víctor Polay Campos, y hacia finales de esa década se expandió desde Lima hacia la selva central.

Espinoza y su pareja, también emerretista, fueron detenidos por la policía en 1993, durante el Gobierno de Alberto Fujimori, como supuestos responsables del secuestro de un empresario del ramo de la vidriería, Antonio Furukawa. Ella fue trasladada a la División de Secuestros de la policía, donde la golpearon y violaron.

El ministro de Justicia, Fredy Otárola, ha indicado que la cantidad que adeuda Espinoza al Estado “debe actualizarse e incluir el concepto de intereses a la fecha”.

Sin embargo, Gloria Cano, la abogada de la mujer, indicó a este periódico que su defendida está de acuerdo en que le descuenten —de la reparación que espera—, el monto que ella adeuda al Estado. Pero no se le debe aplicar intereses, si pretenden hacerlo podríamos presentar un recurso ya que desde que fue detenida ha sido sometida a un tratamiento de alta seguridad con prohibición de trabajo”, anotó.

El catedrático y abogado especializado en derechos humanos Carlos Rivera destacó que “desde 1995, ha habido 30 sentencias de la Corte Interamericana en las cuales el Estado peruano ha perdido, y la suma de las reparaciones asciende a aproximadamente18 millones de dólares. Habría que preguntarnos por qué ha perdido tanto”.

“Perú fue buen pagador de las reparaciones ordenadas por la Corte hasta el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), pero después de la sentencia por el caso Castro Castro (de miembros de Sendero Luminoso asesinados en una prisión) se produce un quiebre y es difícil conocer en qué casos Perú ha cumplido con sus obligaciones (deudas)”, dijo Rivera a EL PAÍS.

Durante el Gobierno del presidente Alan García, el ministro de Justicia indicó en 2010 que no se destinó “ningún pago de reparaciones en los casos derivados de terrorismo. Debemos señalar que como política del Ministerio, ocupan el último lugar entre estas prioridades”. En esa línea, uno de los portavoces del Partido Aprista, el congresista Mauricio Mulder, criticó la semana pasada la sentencia a favor de Espinoza. “Creo que debe haber una protesta por parte del Gobierno de Perú y tiene que haber un proceso por el cual se revise este tipo de sentencias en el ámbito de la misma corte”, sugirió.

Además, un polémico magistrado, el presidente de la Sala Permanente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, sugirió que se someta a referéndum la permanencia de Perú en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y calificó la sentencia de inaceptable, aberrante y antijurídica. En contraste, el ministro de Interior, José Luis Pérez Guadalupe, lamentó la sentencia, pero también lamentó el hecho que la originó.

Publicado por El País (España), el 17 de marzo de 2015

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News Reports on Transitional Justice in Peru

Gisela Ortiz Perea, defensora de derechos humanos del Perú, lidera protesta latinoamericana contra desaparición en estudiantes en México

Por RightsPeru

Nota:

Desde mas de 20 años Gisela Ortiz Perea no descansa en buscar a su hermano, Luis Enrique, quien junto a 8 estudiantes mas y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”, fue víctima de desaparición forzada a manos de un comando del ejército peruano conocido como el Grupo Colina. Ella fue uno de los activistas más visibles de los familiares de La Cantuta, quienes no descansaron hasta lograr la extradición, enjuiciamiento, y sentencia al ex presidente Alberto Fujimori, quien fue condenado en 2009 por la justicia peruana como el responsable máximo de estos crímenes.

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Ahora, lidera una protesta latinoamericana para llamar la atención sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en México. Ha realizado plantones pidiendo justicia para los estudiantes y los demás desaparecidos frente a la Embajada de México en Lima, y prepara una serie de actividades de solidaridad con las familias de los jóvenes mexicanos. Aquí un reportaje de La Vanguardia sobre la solidaridad internacional que ha despertado la desaparición forzada de los 43 estudiantes, una práctica que se tornó una práctica común de las dictaduras latinoamericanas y lamentable persiste hoy en día, y el impacto que tiene sobre la vida de los familiares de la víctima y sobre la comunidad en general.

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Gisela Ortiz Perea: “Las desapariciones forzadas buscan sembrar el miedo en la gente”

  • Gisela Ortiz Perea lucha por encontrar a su hermano secuestrado y ejecutado por militares hace más de 20 años. Hoy narra el difícil camino que deben afrontar las familias tras sufrir desapariciones forzadas como las de México

Gisela Ortiz Perea no titubeó ni un segundo para sumarse a las protestas internacionales contra la desaparición forzada de los 45 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa (México). Desde Lima, esta defensora de los Derechos Humanos exige justicia frente a la Embajada de México, y prepara una serie de actividades de solidaridad con las familias de los jóvenes mexicanos.

Ella ha vivido en carne propia la pesadilla de la desaparición forzada que recién ensombrece a las familias de los jóvenes de Ayotzinapa. Y es que Gisela Ortiz perdió a su hermano Luis Enrique durante la madrugada del 18 de julio de 1992, cuando un comando del ejército secuestró a un grupo de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle que desaparecieron.

Este comando militar recibió órdenes del entonces presidente Alberto Fujimori, quien ha sido sentenciado a 25 años de cárcel tras comprobarse que fue autor mediato del asesinato de este grupo universitario.

Pero esta sentencia no ha significado el punto final para el viacrucis de sus familiares, quienes hasta ahora desconocen dónde fueron enterrados los cuerpos, debido a que los militares implicados procedieron a desenterrarlos de la primera fosa común, para incinerarlos y trasladarlos a nuevas fosas clandestinas.

En esta lucha de dos décadas ha estado firme Gisela Ortiz en primera fila, convirtiéndose en una de las defensoras más activas en América latina. Ortiz analiza el difícil camino contra la impunidad que desde el pasado 26 de septiembre han sido obligadas a emprender las familias de los 45 estudiantes en México.

– Frente al Caso Iguala, ¿Qué lectura hace de este tipo de hechos?

El nivel de violencia que se está viviendo en México ya desborda cualquier control del Estado, siento que hay una inacción frente a las desapariciones diarias y frente a los asesinatos. La situación de violaciones a los derechos humanos se “normaliza” y hace que la impunidad vaya quedando como política de Estado y la indiferencia en la gente se vaya sembrando y no reaccione frente a los crímenes; como si fuera normal amanecer con personas asesinadas y colgadas cada día.

En el caso de la desaparición de Ayotzinapa, es responsabilidad de la policía, del gobernador, del Presidente de la República que nunca salió a pronunciarse en contra de estos hechos o manda buscar a los desaparecidos para dar respuesta a sus familiares y a toda la comunidad internacional que está preguntando ¿Dónde están?; entonces tenemos a ciudadanos desprotegidos frente al crimen organizado, las mafias o cárteles y también frente a agentes del Estado que también cometen los mismos crímenes y, lo que es peor, no sienten la presión para responder por ellos.

– ¿Qué falla para que sigan ocurriendo este tipo de violaciones?

Todo el sistema democrático debe estar cimentado en el respeto a la vida. El sistema de protección de los derechos humanos que no sólo está contemplado en la legislación mexicana sino en el sistema interamericano, del cual México es parte y el sistema universal como la ONU. Eso a nivel legal. Si el Estado o los tribunales internacionales no están condenando estos crímenes, se deja carta abierta para que se sigan cometiendo, el mensaje es: no importa que maten, que desaparezcan, acá no pasa nada.

Por último, el miedo. Son crímenes que tienen un mensaje social, el sembrar el miedo en la gente: “No te metas, no digas nada, no hagas nada”. Y ese miedo paraliza a las mayorías y nos vuelve indiferentes.

– ¿Cómo evalúa la respuesta de la comunidad internacional?

En este caso en particular creo que ha sido inmediata, oportuna, de salir, denunciar, exigir respuestas al estado mexicano. Ayotzinapa puede significar un antes y un después en la reacción de la comunidad internacional frente a las desapariciones forzadas últimas que se han estado dando.

– ¿Y la del estado mexicano?

Nula. Si bien se apuraron en exhumar unas fosas que fueron denunciadas como “posibles sitios de entierro” de los estudiantes desaparecidos; en ese lugar no se encontraron a estas víctimas sino a otras, lo que es peor aún porque significa que México puede estar lleno de sitios de entierro ¿desde cuándo? ¿quiénes son esas víctimas? ¿por qué no se hizo nada antes? Y lo principal ¿dónde están los normalistas?

– Usted es una de las defensoras de derechos humanos más activas de Perú. Un camino que emprendió tras la desaparición de su hermano. ¿Qué ha implicado este hecho para usted y para su familia?

Un crimen de esta naturaleza te marca de por vida; no sólo por el daño emocional que significa la ausencia del ser querido sino porque la impunidad que persiste por meses, años, va haciendo que te dediques a esta lucha dejando de lado tus proyectos personales como estudios, trabajos, tener hijos y desgasta también la relación con la familia, que muchas veces no entiende la terquedad de la lucha. También significa cambiar totalmente de planes, yo no pensé ser activista de derechos humanos y aquí me tienes pensando y participando en las acciones por los estudiantes de Ayotzinapa.

Es que uno sabe lo que significa tener a un hermano desaparecido; el dolor de perderlo, la indignación de la injusticia, la rabia frente a la indiferencia y la complicidad de nuestros estados que no nos defienden, sino defienden a los criminales. Y después de eso no puedes quedar paralizado. Tienes que hacer algo, mucho mejor si son acciones legales utilizando todas las herramientas que te da la democracia.

– ¿Cuántos desaparecidos existen en su país?

Aunque no hay estadísticas claras sobre el número de desaparecidos que nos dejó el conflicto armado interno, se calcula que son entre 12.000 y 15.000 peruanos. La mayoría de ellos, campesinos, quechuahablantes invisibles para nuestros políticos.

– ¿Qué obstáculos existen en el Perú para que tras tantos años aún como familia vivan este largo viacrucis?

Varios. Por un lado, no hay una política de búsqueda de personas desaparecidas que plantee una estrategia para saber cuántos desaparecidos son y cómo hay que buscarlos. Por otro lado, un sistema judicial débil para encontrar información, investigar, juzgar y sancionar.

– En México exigen que se publiquen los nombres de las 22.300 personas desaparecidas en los últimos años. ¿Qué importancia tiene la memoria y la lucha activa en casos de las desapariciones?

Es importante que los desaparecidos dejen de ser cifras o estadísticas, tienen un nombre y hay que conocerlo; tienen familias y hay que saber de su dolor y de sus dramas, tienen historias y hay que compartirlas; tienen rostros y hay que mostrarlos porque son como nosotros.

La memoria es nuestra mejor herramienta en la lucha contra las desapariciones forzadas, porque habrán desaparecido físicamente a quienes amábamos pero no pueden quitarnos sus recuerdos, lo vivido y compartido. Ese es nuestro mejor tesoro y no podrán arrebatarnos.

Quienes los tenemos siempre presentes en nuestras acciones, sabemos que ellos se multiplican en cada uno de quienes se suman solidariamente, sabemos que ganamos el cariño de otros hermanos. Y ese debe ser el peor castigo para los criminales, saber que nunca podrán borrarlos como ellos quisieron.

– Usted trabaja en una de las zonas del Perú – como es Ayacucho – donde se reportaron el mayor número de desaparecidos. Y tras varias décadas ahora presencia las reparaciones, a madres que pueden enterrar a sus hijos. ¿Esto es suficiente?

Si bien se entregan los cuerpos, hasta ahora hay que buscar de qué manera otras instituciones apoyan para asumir los otros gastos: traslado de los familiares (muchos viven en comunidades o se han desplazado a ciudades de la costa y las restituciones se hacen en Ayacucho); quién apoya con los gastos de alimentación, alojamiento; quién construye los nichos para los entierros, etc.

Además de estos gastos, hay una gran afectación emocional en los familiares, que no reciben ningún tipo de ayuda por parte del Estado, desde el acompañamiento necesario hasta atención más especializada. Así mismo, muchos son padres ancianos que este tipo de diligencias les terminan enfermando y tampoco reciben una atención adecuada.

– En Perú se han solidarizado con el caso mexicano. ¿Qué tipo de acciones/protestas están realizado?

Hemos realizado un plantón frente a la embajada de México en Lima, convocado por la Coordinadora contra la Impunidad, que es un colectivo de jóvenes universitarios y de algunos familiares de víctimas que trabaja en temas de derechos humanos de manera voluntaria. Nos hemos comprometido a realizar otros plantones frente a la casa del embajador porque a partir de las cinco de la tarde ya no hay nadie en la embajada, y nuestro objetivo es que nos vean y nos escuchen los representantes del Estado mexicano. Estamos convocando a federaciones de estudiantes de universidades para que hagan acciones dentro de sus propias universidades en solidaridad con los estudiantes; espero que haya capacidad para hacerlo.

– Una tarea ardua frente a estas realidades. ¿Cuál ha sido su clave para mantenerse tan firme en este largo camino?

¡La solidaridad! Esa ha sido y sigue siendo la clave. Una palabra de aliento, un abrazo, personas marchando a tu lado con la misma indignación; ver a otros jóvenes sumándose, dando de su tiempo para reclamar por personas que no conocen, que no son su familia pero que se indignan frente a la injusticia y salen; eso me llena de esperanza de que es posible seguir luchando para cambiar esta situación de injusticia e impunidad que todavía vivimos.

Publicado por La Vanguardia, el 9 de noviebre de 2014

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El caso de esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori sigue abierto

  • La CIDH ha pedido que el Estado peruano le informe la evolución del caso.

El estado peruano informó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanas que la investigación de más 2000 casos de mujeres esterilizadas forzadamente ocurridas en el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) durante el gobierno Alberto Fujimori no está cerrado, y está siendo revisado en segunda instancia por una Fiscalía Superior.

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Esterilizaciones forzadas © La República
Esterilizaciones forzadas © La República
Esterilizaciones forzadas © La RepúblicaEl comisionado Relator para Perú James Cavallaro, solicitó al Estado peruano ser informado de manera permanente sobre la evolución del caso.

Hay que recordar que el fiscal Marco Guzmán Baca emitió una resolución por la cual dispuso no formular denuncia penal contra el ex presidente Alberto Fujimori, tres ex ministros de salud y otros funcionarios acusados de este delito.

Guzmán Baca sostuvo que el llamado Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar no se trató de una política sistemática del Estado porque no hubo ‘dolo’, es decir, no hubo intención criminal de esterilizar con el propósito de mutilar órganos o causar lesiones graves en las personas.

Ante ello, las organizaciones como Demus- Estudio para la defensa de los derechos de la mujer, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), entre otros, expresaron su disconformidad y la irregularidad del archivamiento del caso el pasado 22 de enero de 2014.

“Las peticionarias mostramos ante la CIDH que la resolución que archiva la investigación a Alberto Fujimori y sus ministros Alejandro Aguinaga, Jhon Mota y Marino Costa Baguer contraviene el compromiso del Estado peruano de investigar y sancionar a cada uno de los responsables de las violaciones de derechos humanos”, declara Jeannette Llaja, abogada de DEMUS.

Publicado en La República, el 27 de marzo de 2014

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Caso diarios chicha: MEF destinaba partidas millonarias al SIN

  • En nueva audiencia, exministro Bergamino confirmó que Economía y Finanzas destinaba dinero a Defensa que iba directamente al SIN.

El exministro Carlos Bergamino ratificó que el expresidente Alberto Fujimori tenía conocimiento de los desvíos de fondos de las instituciones armadas y hasta el Ministerio de Defensa hacia el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para su reelección del 2000.

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Alberto Fujimori. Foto: EFE
Alberto Fujimori. Foto: EFE
Alberto Fujimori. Foto: EFEEn una nueva audiencia del juicio por los denominados ‘diarios chicha’, Bergamino Cruz relató que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con la anuencia del Gobierno, destinó partidas especiales hacia la cartera de Defensa.

Sin embargo, estos fondos iban directamente al SIN, al existir una disposición, desde 1992, para que las partidas de Defensa pasen esta institución, tal como se lo dijo el exasesor Vladimiro Montesinos.

Al ser consultado sobre las partidas al SIN, indicó que estas iban de 1 a 10 millones de nuevos soles.

La audiencia duró menos de media hora, al no asistir el exfuncionario del SIN, Abel Villalobos. Este testigo fue citado de grado o fuerza. El juicio se reiniciará el miércoles 19 con la presencia del exministro fujimorista César Saucedo.

HABLA EL ABOGADO

El abogado de Alberto Fujimori, William Castilla, indicó que su cliente no conocía que se desviaban fondos al Servicio de Inteligencia Nacional.

“No estoy negando el desvío de fondos, lo que estoy negando y demostrando es que el señor Alberto Fujimori, entonces presidente del país, no autorizó, no ordenó, no tenía conocimiento que a través del SIN se desviaran fondos para temas de reelección y diarios chicha”, dijo.

Publicado en La República el 13 de marzo de 2014

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Fujimori debe responder por matanza en Pativilca

  • PEDIRÁN AMPLIACIÓN DE LIBRO DE EXTRADICIÓN

La Comisión de Extra­diciones Activas y Trasla­dos de Condenados del Mi­nisterio de Justicia (Minjus) inició los trámites para soli­citar al gobierno chileno la ampliación del cuaderno de extradición del exmanda­tario Alberto Fujimori para juzgarlo por la matanza en Pativilca.

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En este caso se denun­cia a los miembros del gru­po Colina por la muerte de seis personas en 1992 en Pativilca, Barranca.

© Exitosa Diario

Publicado en Exitosa – Diario, el 28 de febrero de 2014