En el documento, se acusa a los productores de la obra teatral de ser “proterroristas” y muestra como “pruebas” los cánticos y vivas que recitan los actores, sin tomar en cuenta el contexto.
Durante el 2014 el teatro La Plaza de Larcomar recibió a cientos de personas que acudieron a ver la que sería, a decir de muchos críticos de teatro, la obra más importante del año: “La Cautiva”. Sin embargo, la aclamación que esta recibió no significó nada para la Policía, el Ministerio del Interior y la Procuraduría Antiterrorismo que actualmente la investigan por supuestamente incurrir en el delito de “apología al terrorismo”.
La obra denuncia los crímenes perpetrados por miembros de las Fuerzas Armadas así como el dolor que produjo aquella época de violencia. (Foto: Difusión)De acuerdo con una investigación realizada por el programa Panorama, un alto oficial inició una investigación sobre la obra, llena de simbolismos y metáforas.
“Se advierte la descripción de la violación sistemática de derechos humanos por las fuerzas del orden y dar a conocer los objetivos de la organización terrorista Sendero Luminoso”, se deja leer en el documento secreto al que tuvo acceso el conocido noticiero local.
El documento acusa a la obra de “apología al terrorismo resaltando sus fines, efectuando cánticos y vivas al partido de Sendero”. Asimismo, dicho documento acusó a los productores de “proterroristas” pese a que la obra se enfocaba en mostrar y denunciar la violencia de aquella época.
Incluso dicho oficial habría conversado con uno de los actores de ‘La Cautiva’, Carlos Victoria, haciendose pasar por un espectador más. Las palabras del actor de que “las FFAA debían asumir sus culpas y aceptar su responsabilidad” fueron tomadas por el oficial encubierto como una prueba del carácter “prosenderista” de la obra.
Al respecto, el escritor de la obra, Luis Alberto León, pidió que se analice la obra en su contexto.
“Si tienen que investigar, que investiguen. Sólo les pido que hagan un análisis del texto. Es una obra dramática, es ficción y debe verse en ese contexto”, dijo León.
Por otra parte, fuentes del Mininter confirmaron que esta se encuentra en “proceso de investigación”. Además el procurador antiterrorismo, Julio Galindo, también confirmó que su despacho esta investigando el caso y que dicha investigación tiene carácter “reservado”.
La puesta en escena escrita por Alberto León y dirigida por la aclamada directora Chela De Ferrari, cuenta la historia de una morgue ayacuchana a donde llega el cadaver de Maria Josefa, una joven de 14 años, hija de senderistas, asesinada por miembros de las fuerzas armadas. Una vez adentro ella interactúa con el joven auxiliar quien debe preparar su cadaver para que sea ultrajado por una tropa.
La obra cuenta la tragedia de la época del terror en el Perú desde la mirada de quienes se encontraban en el fuego cruzado entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas.
Por Carlos Rivera Abogado, Coordinador del Área de Defensa Legal del IDL
El proceso de justicia y verdad sigue siendo una pieza fundamental de cualquier balance en el tema de derechos humanos en el Perú. La justicia es un bien sumamente esquivo para aquellos que han sido víctimas de graves violaciones contra los derechos humanos y los logros que se han conseguido en la última década. La presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en agosto de 2003 ha significado el resultado de un consistente esfuerzo que ha tenido a los familiares de las víctimas como el factor de empuje para la acción de la justicia.
Desde la entrada en funcionamiento del sub sistema penal de derechos humanos en el 2004, la Sala Penal Nacional ha emitido 53 sentencias en casos de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. De todos esos años, este año ha sido el primero en el que se han dictado más sentencias condenatorias que sentencias absolutorias. Han sido cinco sentencias condenatorias y cuatro sentencias absolutorias. Anteriormente, durante todos los años siempre en cada uno de estos se habían dictado más sentencias absolutorias que condenatorias. Ciertamente es solo un dato estadístico, pero el hecho es que resulta muy importante precisarlo. Significa que ¿se ha producido al interior de la Sala Penal Nacional algún cambio sustancial en cuanto a la valoración de este tipo de casos? Sinceramente es difícil de responder una interrogante de esta naturaleza, pero si llama la atención el cambio de las estadísticas a favor de quienes han persistido en la acción de la justicia.
Si resulta de suma importancia destacar el contenido de tres sentencias dictadas en el presente año en los casos de a) los estudiantes desaparecidos de la Universidad Nacional del Centro; b) la matanza de Pucará; y c) la desaparición de Javier Tineo de la Cruz. En esas sentencias se incorpora al análisis y valoración probatoria un elemento que ciertamente a pesar del persiste pedido del Ministerio Público y las ONGs no había incorporado en anteriores decisiones judiciales. Nos referimos al complejo asunto del rol de la organización militar como elemento determinante y protagónico para la realización de los crímenes sistemáticos contra los derechos humanos.
Fue la sentencia dictada a fines de abril de este año en el caso de los estudiantes desaparecidos de la Universidad Nacional del Centro en 1990 la que incorpora este elemento de análisis y valoración y lo hace estableciendo que para la comisión de eventos criminales de carácter sistemático, como la desaparición forzada de varias decenas de dirigentes universitarios de esa casa de estudios, la existencia de una organización militar que responde a las decisiones y órdenes superiores cumple un papel fundamental para garantizar el resultado criminal de esas decisiones. De esta manera por primera vez la Sala Penal Nacional abordar un tema clave para el entendimiento y valoración en su real dimensión de crímenes que tienen la condición de crímenes sistemáticos que se ejecutaron a partir de la existencia de políticas de Estado o políticas institucionales para combatir la subversión.
Junto al rol de la organización militar, la misma sentencia destaca el rol de los aparatos de inteligencia militar en la estrategia militar contra el terrorismo y en la comisión de eventos criminales bajo la lógica del desarrollo de una estrategia de eliminación selectiva de personas, como la perpetrada desde inicios de los años noventa en el departamento de Junín. Estos dos elementos le permiten a la Sala Penal Nacional afirmar con consistencia que ambos determinan un rol protagónico de los jefes militares en la comisión de este tipo de eventos delictivos, ya que interpretan que la organización militar y los aparatos de inteligencia funcionan a partir de disposiciones y órdenes superiores emitidas por aquellos oficiales que mantienen una posición de comando.
Una reflexión de similar nivel la Sala Penal Nacional ha desarrollado en la sentencia emitida en el caso de la matanza de Pucará perpetrada en noviembre de 1991 en la localidad del mismo nombre en el departamento de Junín y en la sentencia emitida en octubre de este año en el caso de la desaparición forzada del profesor Javier Tineo de la Cruz, desaparecido en mayo de 1987 en el Cuartel Militar del Batallón de Pampa Cangallo (Ayacucho) y en la fue condenado el Comandante EP ® Abdón Eguía Dávalos.
Si bien en los últimos días la misma Sala Penal Nacional acaba de emitir una sentencia, en el caso de los desaparecidos en Chuschi en 1991, en la cual se sostiene una tesis que contradice esta reciente jurisprudencia, lo cierto que aquella significa un avance sustancial en la interpretación de los crímenes contra los derechos humanos.
Este año ha sido el primero en el que se han dictado más sentencias condenatorias que sentencias absolutorias
El ministro y el periodista: el caso Urresti
Pero si bien la justicia pareciera haber enviado este año un mensaje relativamente alentador lo cierto es que el Poder Ejecutivo hacia mediados de año envió el mensaje más lamentable, pero a la vez peligroso, respecto del tema de derechos humanos. Frente a la revelación periodística de IdeeleRadio de que el entonces recientemente designado Ministro del Interior Daniel Urresti estaba procesado nada menos que por su participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988, ocurrido en una localidad cercana a la ciudad de Huanta, el presidente de la república decidió cerrar filas a favor del ministro y afirmar que lo mantendría en el cargo, bajo el argumento de que si bien estaba procesado por semejante crimen, él –Urresti- gozaba de la presunción de inocencia.
No cabe ninguna duda que el mensaje político han sido simplemente desastroso no solo para las víctimas y sus familiares, sino lesivo y grave frente a las instituciones del sistema de justicia. Si el Presidente de la República apoya o respalda políticamente y al más alto nivel a alguien acusado del asesinato de un periodista es en la práctica un “blindaje” político para que ese personaje no sea tocado o cuestionado judicialmente. Adicionalmente, ese tipo de mensajes denigra la acción de la justicia, porque en los hechos la termina subordinando a decisiones políticas en las que se posterga de manera más arbitraria y abusiva los legítimos intereses de las víctimas.
El caso Rodrigo Franco debe comenzar de nuevo
El caso de los crímenes del Comando Paramilitar “Rodrigo Franco” perpetrados durante el primer gobierno del Presidente Alan García es, qué duda cabe, uno de los procesos judiciales emblemáticos de las graves violaciones a los derechos producidas en el Perú de los años ochenta. Por ello el hecho de haber logrado no solo judicializarlo y tener como principal acusado a Agustín Mantilla, quien se desempeñó como Ministro y Vice Ministro del Interior durante los cinco años de gobierno era un logro de la acción de la justicia que estaba en un franco avance hacia una condena contra los responsables de los crímenes. De hecho el juicio oral hacia octubre de este año tenía ya año y medio de desarrollo y el avance en cuanto a la determinación de las responsabilidades criminales de los imputados que se había conseguido era más que significativo.
Por ello, la noticia que dio cuenta que el juicio oral se había quebrado como consecuencia de la no asistencia a una sesión de audiencia de la magistrada María Vidal La Rosa -directora de debates de dicho proceso- como consecuencia de una enfermedad es un hecho particularmente grave y hasta peligroso para la acción de la justicia. El llamado quiebre de un juicio oral tiene como consecuencia la automática anulación de todo lo actuado y dicho hasta ese momento y por mandato legal el juicio debe ser realizado nuevamente desde el inicio. Eso es lo que tiene que ocurrir con el caso de los crímenes del Comando Paramilitar Rodrigo Franco. Sin duda se trata de un golpe muy severo a la acción de la justicia.
Las razones de la inasistencia de la mencionada magistrada no han quedado del todo claras y esa es, seguramente, la razón por la cual la propia presidenta de la Sala Penal Nacional ha decidido remitir un Informe para hacer de conocimiento estos hechos del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, instancia que ha remitido la información al Órgano de Control de la Magistratura para los fines pertinentes.
Las derrotas de Fujimori
El condenado Alberto Fujimori inauguró el año 2014 con nuevo abogado y con nueva estrategia de defensa. La pieza clave de esa nueva estrategia era, sin duda, la acción de revisión que según el nuevo representante legal demostraría la supuesta arbitrariedad de la condena impuesta en abril de 2009 contra el ex presidente de la república en el caso de violaciones a los derechos humanos. Junto a ello apareció la disparatada demanda de arresto domiciliario que reclamaba la defensa.
El hecho es que después de una corta pero intensa discusión en el tribunal de la Corte Suprema de Justicia sobre idoneidad del magistrado Javier Villa Stein para integrar el tribunal encargado de resolver la demanda de revisión durante el mes de noviembre ambas acciones legales encontraron el único desenlace que debían tener: la declaración de improcedencia. En ambos casos porque los argumentos no encontraban amparo en la normatividad procesal y penitenciaria vigentes. En concreto, porque las acciones eran abiertamente ilegales.
La pauta de la estrategia que la defensa de Fujimori ha desarrollado es eminentemente política. Y en ese sentido utiliza la acción legal y el propio sistema de justicia como un mero instrumento para alcanzar objetivos políticos personales de Alberto Fujimori. El ex presidente necesita mecanismos para mantener una presencia mediática y para mostrarse como una víctima de la supuesta acción abusiva del sistema de justicia. Para ello se ha conseguido un abogado que no tiene temor al ridículo y que está dispuesto a presentar las más descabelladas demandas al sistema de justicia. Lo más probable que este tipo de estrategia persista.
Bajo este panorama el año 2015 se muestra como un año en el que sin duda el proceso de justicia jugará un papel fundamental. El solo hecho de que será el año en que se dicten sentencias en los casos de la matanza de Accomarca y los desaparecidos en el Cuartel Los Cabitos en 1983 nos da cuenta de la envergadura de los casos que se resolverán. Pero adicionalmente, el próximo año se debe iniciar el juicio oral en los casos de la matanza de El Frontón (1986) y Cayara (1988), así como se debe reiniciar el juzgamiento del caso de los crímenes del comando paramilitar “Rodrigo Franco”. Todo en un año pre electoral. El asunto será complejo. Ojalá que el sistema de justicia y sobre todo el nuevo presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, quien varios días después de su elección no ha dicho una sola palabra sobre este tipo de asuntos, responda satisfactoriamente a los intereses de la víctimas y de la justicia.
A 26 años. Familiares piden a fiscal que emita dictamen sobre la presunta participación del ministro Daniel Urresti.
Por María Elena Castillo
Han pasado cinco meses desde que el expediente sobre el asesinato del corresponsal en Huanta de la revista Caretas, Hugo Bustíos, llegó a la Tercera Fiscalía Superior Nacional, sin que hasta ahora su titular, Luis Landa, se pronuncie sobre el auto de apertura de instrucción que acusa al ministro del Interior, Daniel Urresti.
Unidas. Margarita Patiño y su hija Sharmely Bustíos no cesarán hasta encontrar justicia. (Foto: Rocío Orellana)Unidas. Margarita Patiño y su hija Sharmely Bustíos no cesarán hasta encontrar justicia. (Foto: Rocío Orellana)“¿Cuánto más vamos a esperar? Han pasado 26 años desde el asesinato de Hugo, y desde entonces lo único que hemos pedido es justicia”, señala Margarita Patiño, viuda del periodista.
El 24 de noviembre de 1988 Bustíos fue asesinado cuando se dirigía a Quinrapata, a cubrir el crimen de dos pobladores a manos de Sendero Luminoso.
“Todo lo que queremos es justicia, que se investigue, que la muerte de mi esposo no quede en la impunidad, que no influya el hecho de que el acusado es una autoridad. Por eso le pedimos al fiscal que se pronuncie de una vez”, demanda.
A su lado está Sharmeli, la hija mayor del periodista asesinado, quien tenía 14 años cuando ocurrieron los hechos.
Explica que solicitaron que el actual ministro del Interior se aparte del cargo, que “baje al llano” para evitar cualquier tipo de ventaja en las investigaciones judiciales.
“Es indignante que el fiscal se demore tanto en tomar una decisión. Hay evidencias muy claras y nosotros hemos esperado demasiado tiempo”, expresa la joven.
CASOS COMPLEJOS
El abogado de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), Hernán Barrenechea, que representa a los familiares del periodista, refiere que, aunque no existe un plazo legal para que el fiscal se pronuncie, se ha tomado un tiempo que va más allá del razonable.
“Entendemos que el fiscal tiene varios casos complejos, pero 60 días sería un plazo razonable y ya van 150”, dijo.
En una reciente reunión que sostuvo Comisedh con el representante del Ministerio Público les indicó que está estudiando el caso y que se va a pronunciar cuando tenga claros los hechos, y después de los otros expedientes que tiene.
Landa también ve el caso de las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, el asesinato del dirigente sindical Pedro Huilca, así como la acusación contra Vladimiro Montesinos y el general Luis Pérez Documet en el crimen de Barrios Altos y La Cantuta, cometido por el destacamento militar Colina.
Lo curioso es que el fiscal le ha dicho lo mismo a los abogados de las víctimas de las esterilizaciones forzadas.
Hoy, a las 7 y 30 de la noche se realiza una misa en recuerdo de Bustíos en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima,en Miraflores.
Urresti pide archivar el caso
Hace un mes la defensa del ministro Daniel Urresti presentó un escrito a la fiscalía que ve el caso, solicitando que se archive la investigación que se le sigue por el crimen de Hugo Bustíos, informa el abogado de Comisedh, Hernán Barrenechea.
Señala que el principal argumento que se indica en el documento es que no existen pruebas que lo vinculen con el crimen.
“Por esto no es así. Hay suficientes elementos para iniciar un juicio oral en la Sala Penal Nacional”, expone.
Desde el inicio del conflicto armado interno en 1980, el Perú se sumó casi 70 mil muertos y desaparecidos, además de quienes fueron sometidos a torturas, violaciones o desplazamiento forzado por el conflicto interno. A pesar de que Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos, la mayoría de los crímenes estatales siguen en la impunidad. Organizaciones no gubernamentales acusan falta de voluntad política del gobierno para resolver el problema.
Aprodeh solicitó que el ministro del Interior brinde su testimonio en el proceso contra Víctor La Vera Hernández por presuntamente torturar a una mujer.
La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) pedirá a la Sala Penal Nacional que el ministro del Interior, Daniel Urresti, declare como testigo en el juicio oral por violación a los derechos humanos que se iniciaría contra Víctor La Vera Hernández, excomandante jefe del Batallón Contrasubversivo Nº 51, en Castropampa, Ayacucho.
En Ideeleradio, Jorge Abregú, abogado de Aprodeh, señaló que es importante el testimonio de Urresti, conocido como ‘capitán Arturo’, porque, durante esa época, fue oficial de inteligencia precisamente en la base de Castropampa.
EL EXPEDIENTE
Según el dictamen fiscal, ocho militares de la Base de Castropampa, vestidos con mantas y sombreros, aparentando ser campesinos, ingresaron violentamente a la vivienda de Sonia Muñoz. Los agentes golpearon a la mujer, la ataron, la amordazaron y se la llevaron por supuestamente haber entregado correspondencia a los terroristas. Después la trasladaron a la mencionada instalación militar.
Abregú explicó que, en su declaración instructiva por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, el ahora ministro del Interior detalló los nombres del Estado Mayor de dicha base, datos que – dijo – no se conocían en el expediente de La Vera.
“Las operaciones contrasubversivas, y es importante ver los manuales, no se realizaban a ciegas. Es parte de un gran rompecabezas y para realizar este operativo no es que haya un solo militar que es una suerte de Supermán”, puntualizó el abogado.
La Vera fue sentenciado por la muerte del corresponsal de la revista Caretas, en 1988. En este asesinato también ha sido involucrado el ministro del Interior y general del Ejército en retiro.
SABÍA QUE
Ni bien asumió el cargo, en julio pasado, se conoció que Urresti era procesado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.
Diversas organizaciones civiles y de derechos humanos exigieron su renuncia. La viuda de Bustíos, Margarita Patiño, pidió que dé un paso al costado.
RightsPeru– Margarita Patiño, la viuda de Hugo Bustíos, periodista asesinada en 1988, publicó ayer una carta abierta al actual Ministro del Interior, Daniel Urresti. Urresti, un ex general del Ejército peruano, es actualmente procesado por el asesinato de Bustíos, quien investigaba las alegaciones de violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas durante el conflicto armado interno.
La Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA), junto con CEJIL y DPLF, publicaron una nota de prensa hace un mes expresando su indignación frente al nombramiento de Urresti como ministro del interior, y solicitaron al Presidente Ollanta Humala destituirlo hasta que se esclarezca su papel en la muerte de Bustíos. Aquí la nota de prensa
En la última década la economía peruana se ha hecho visible debido a sus tasas de crecimiento -entre las más altas de la región- y la atracción de inversión extranjera, especialmente en sectores primarios y construcción de infraestructura. Ello, sumado a las economías informales (narcotráfico, minería ilegal, contrabando) configura la imagen de una economía robusta, en la que disminuye la población en pobreza. Pero, tres lastres se han robustecido también este mes: los crímenes contra civiles cometidos por militares, la impunidad en casos antiguos de violaciones a los derechos humanos, y el debilitamiento y retroceso de las normas del sector ambiental.
La información de este boletín militar de mayo es falsa, y se está repitiendo esa práctica en PerúLa información de este boletín militar de mayo es falsa, y se está repitiendo esa práctica en PerúLa combinación de estos tres factores se consolida pese a las críticas y plantones de algunos líderes de opinión y organizaciones, no se genera un debate público ni contención: el Ejecutivo propone normas, el Congreso aprueba, el Ejecutivo promulga. Los militares matan y hieren a civiles durante acciones calificadas como lucha contra la subversión, pero se equivocan y asesinan a mujeres embarazadas, a niños u hombres no vinculados en absoluto al grupo terrorista Sendero Luminoso. También presentan como presuntos terroristas a jóvenes campesinos luego de que los han torturado: la Fiscalía refiere que no puede determinar responsabilidades, los familiares de los muertos y heridos permanecen con una nueva marca de vulnerabilidad y agresión por parte del Estado.
El sábado 12 de julio, el Gobierno promulgó un paquete de normas con el que pretende reactivar la economía -el crecimiento en abril y mayo ha sido el más bajo desde 2009 (2% y 1%, respectivamente)- y restablecer la confianza de los inversionistas y empresarios. Tres medidas disminuyen significativamente la autoridad ambiental. Perú creó en 2008 el ministerio de Ambiente, como una obligación derivada de las negociaciones para firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y una de sus entidades, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) era el encargado de realizar inspecciones, por ejemplo, de infracciones cometidas por empresas mineras, como el vertimiento de aguas contaminadas a fuentes de agua limpia, y podía luego detener las operaciones como parte de las sanciones que imponía. La nueva regulación dispone que durante tres años la OEFA no imponga sanciones ni interrumpa operaciones, solo podrá desempeñar acciones educativas y de difusión de la normativa ambiental.
En segundo término, la creación de nuevas Áreas Naturales Protegidas, una responsabilidad que era exclusiva del ministerio del Ambiente, es ahora de la Presidencia del Consejo de Ministros (oficina del primer ministro), es decir, se tratará de una decisión política.
l ministro de Ambiente de Perú, Manuel Pulgar Vidal, recibe en Berlín una carta con más de 130.000 firmas contra la deforestación en Perúl ministro de Ambiente de Perú, Manuel Pulgar Vidal, recibe en Berlín una carta con más de 130.000 firmas contra la deforestación en PerúAdemás, en adelante el plazo para la aprobación de los estudios de impacto ambiental se reduce a 45 días, y si los funcionarios públicos se exceden del mismo, podrán ser sancionados con falta grave (y un posible despido).
El presidente Ollanta Humala, sus ministros y los representantes del prinicipal gremio empresarial crearon un par de palabras para los supuestos obstáculos a los empresarios y las inversiones, y con estas nuevas normas quieren terminar con la ‘permisología’ o la ‘tramitología’.
Impunidad en el pasado y el presente
El 2 de julio, se conoció que el recientemente nombrado ministro de Interior, Daniel Urresti, está enjuiciado en un proceso por el asesinato en 1988 del corresponsal en Ayacucho de la revista Caretas, Hugo Bustíos. Ayacucho es el departamento donde surgió Sendero Luminoso en 1980 y es también la región donde la violencia del terrorismo y de la contrasubversión dejó más víctimas y daños. Caretas fue el medio que mejor cubrió el conflicto interno en Perú en las décadas de los años 80 y 90. Urresti, un general del Ejército hoy en el retiro, se desempeñaba como oficial de inteligencia (S-2) de la base del Ejército en Castropampa, de donde una patrulla salió a emboscar a Bustíos cuando realizaba una cobertura periodística.
El presidente peruano sabía del proceso judicial en el que está involucrado Urresti antes de nombrarlo ministro, dijo que le pidió los papeles del caso, y los hizo revisar por abogados. “No vemos su culpabilidad”, declaró Humala a la prensa el 4 de julio. Un fiscal superior debe decidir si el juicio pasa a la fase oral, numerosas organizaciones civiles y líderes de opinión han pedido que el ministro renuncie y pueda responder como cualquier civil ante la justicia.
Ésta es la forma en que dos militares en retiro con poder -el jefe de Estado peruano es un capitán en retiro y también sirvió en bases contrasubversivas en los 80 y 90- abordan un caso de violación de derechos humanos que ha pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que llegue al fuero civil, dado que en el fuero militar los oficiales fueron absueltos.
Infelizmente las muertes absurdas de civiles en operaciones contrasubversivas no terminaron en el año 2000. En mayo, en la sierra central del país, una patrulla disparó contra una mujer embarazada que descansaba en su casa y la asesinó delante de su hijo. Fue una de las viviendas a las que los militares entraron gritando, insultando, pateando, disparando, buscando una laptop y a un líder de Sendero Luminoso. Hirieron a otra mujer más en esa acción y luego detuvieron a cinco jóvenes que bebían cerveza en una tienda y los presentaron como “presuntos subversivos”. Los militares, en dos comunicados del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señalaban que ello ocurrió luego de un enfrentamiento con terroristas, pero las investigaciones indican que no hubo tal enfrentamiento y los jóvenes detenidos eran habitantes de Uchuy Sihuis que retornaban de trabajar la tierra. También refirieron que la mujer embarazada murió lejos del lugar del operativo militar. Un fiscal ha recabado las pruebas de lo contrario.
Extracto del primer boletín de prensa del Comunicado Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre el operativo contrasubversivo que causó la muerte de una mujer embarazadaExtracto del primer boletín de prensa del Comunicado Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre el operativo contrasubversivo que causó la muerte de una mujer embarazadaEn dos casos anteriores, de muertes de civiles en acciones contrasubversivas durante la administración Humala, la fiscalía ha archivado las investigaciones, alegando que no puede determinar responsabilidades. Las familias, los deudos y los heridos no obtienen reparación alguna ni justicia. El gobierno ha reaccionado cambiando de colocación a los oficiales responsables de las operaciones, pero la justicia no se ve.
La doctora Jo-Marie Burt, directora del proyecto Rights Perú, indica que de los procesos de justicia por crímenes de lesa humanidad -cometidos entre 1980-2000 en Perú- hay 167 personas absueltas y 77 condenados: de los 77 condenados 10 son exmiembros de comités de autodefensa (civiles) y otro es el expresidente Alberto Fujimori. El resto son militares. Varios de los condenados han salido en libertad antes de cumplir sus penas, como, por ejemplo, otros dos oficiales sentenciados por el asesinato de Hugo Bustíos. Burt es politóloga e investigadora de la Universidad George Mason.
Perú ha vivido la violencia contemporánea más terrible entre los años 1980 y 2000, y la crisis económica más grave entre 1983 y 1995. Hoy algunos sectores del país viven los beneficios de la mejora económica, sin embargo, en cuanto a los derechos, las libertades y la justicia, seguimos tan atrás que no sé a qué año retroceder en la historia. El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, dijo el martes que la situación actual no se parece al pasado (desde el segundo 40 en el video) porque su sector da facilidades a jueces y fiscales para que estén presentes en operativos militares, pero en los casos de las muertes de civiles mencionadas en los tres últimos años no estuvieron jueces y fiscales en esos hechos, y los fiscales han archivado las investigaciones anteriores.
La hija del corresponsal de Caretas, asesinado en 1988 por una patrulla militar, refiere que el dolor de su familia ha revivido al saber que el general (r) Daniel Urresti, uno de los investigados por su muerte, ocupa el cargo de ministro del Interior.
Sharmelí Bustíos Hija del periodista asesinado.
Tras unos días de intentar lidiar con un remolino de emociones, que por momentos fueron asfixiantes, decido escribir estas líneas. Nada fácil cuando se trata de hablar desde el dolor, un dolor que se aviva con los aguijones de la impunidad y la injusticia. La impunidad no solo es una perturbación moral que banaliza y legitima el crimen, sino que provoca una especie de “empate” donde da lo mismo haber sido torturador que torturado.
Justicia. Sharmelí Bustíos recuerda que tras 19 años se condenó a dos responsables directos, pero ahora hay nuevos elementos para investigar al autor mediato ® La RepúblicaJusticia. Sharmelí Bustíos recuerda que tras 19 años se condenó a dos responsables directos, pero ahora hay nuevos elementos para investigar al autor mediato ® La RepúblicaGran impacto recibimos mi familia y yo al enterarnos de que el actual ministro del Interior de Perú, Daniel Urresti, está siendo imputado y procesado en el Poder Judicial como presunto autor mediato en el asesinato de mi padre, el periodista Hugo Bustíos Saavedra, el 24 de noviembre de 1988, en Huanta-Ayacucho. En ese entonces, Daniel Urresti se desempeñaba como jefe de la Sección de Inteligencia S-2 del Ejército, bajo el seudónimo de “capitán Arturo”.
La información trascendió por Ideele Radio, que publicó el expediente y una vez que se conoció su contenido causó gran revuelo en Perú, y mi madre, Margarita Patiño, desde entonces ha sido la cara visible y la vocera de la familia para rendir declaraciones a la prensa. Nada fácil, pues implicó remover un dolor que creíamos superado. Han sido diversas las reacciones en el pueblo peruano. Mi agradecimiento a la prensa y a quienes expresaron su solidaridad. Y a aquellos que no lo sintieron así, pues consideran que “es un juego sucio de la política” y se pretende “empañar la imagen del ministro”, los conmino a profundizar el caso para que cada quien llegue a la verdad con sus propios pies, claro está, si tienen el sano interés de hacerlo.
Hugo Bustíos Saavedra no murió producto de una bala perdida o en un accidente, Hugo Bustíos Saavedra fue asesinado con premeditación, alevosía y ventaja. No solo fue acribillado a balas por una patrulla del Ejército, sino que fue rematado con un explosivo que voló parte de su cuerpo, acompañado de una sentencia: “que te recojan con cucharita”. Eduardo Rojas Arce, quien acompañaba a mi padre, fue testigo del crimen, junto a otros más que vieron cómo estos hombres de prensa fueron atacados. Ambos iban en una motocicleta a cubrir el asesinato de Primitiva Jorge, de 61 años, y su hijo Guillermo Sulca, de 17 años, a manos de Sendero Luminoso. Rojas Arce sobrevivió milagrosamente a la emboscada, luego de recibir tres impactos de bala. Hugo Bustíos Saavedra, como iba conduciendo la moto, recibió todas las balas que le segaron la vida.
En Ayacucho, ejercer el periodismo en la década de los 80, la más violenta de Perú, era muchas veces pagar con su vida el deber de informar. Diecisiete periodistas fueron asesinados en pleno ejercicio de su deber en la región. El terror que se vivía a raíz de la declaración de la “Lucha Armada” por parte de Sendero Luminoso y la respuesta contrasubversiva de las fuerzas del orden, los describo con el testimonio de una mujer campesina, el cual fue recogido por un jesuita que hizo su servicio en Ayacucho: “Hasta los perros se esconden y los pajaritos huyen. ¿Será esto el fin del mundo?”.
Ser periodista en esas condiciones era una proeza, pues todo aquel que intentara investigar o denunciar violaciones de derechos humanos era castigado con la muerte y tildado de “terrorista” (por los uniformados) o “soplón” o “cabeza negra” (por los de Sendero Luminoso).
Hugo Bustíos Saavedra en su rol de periodista informó y denunció lo que pasaba en Huanta y por extensión en el departamento de Ayacucho, que prácticamente había sido invisibilizado por el resto del país que creía un problema exclusivo de la región. “Entonces, mi pueblo era pues un pueblo, no sé… un pueblo ajeno dentro del Perú”, declaró Primitivo Quispe, ciudadano ayacuchano que evidencia claramente el sentimiento de exclusión e indiferencia que experimentaron las personas y comunidades que fueron víctimas mayoritarias del conflicto armado. Este testimonio es uno de los centenares que documentó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que tuvo la misión de esclarecer y elaborar un informe sobre lo que vivió el Perú durante el período de 1980 y 2000.
En consecuencia, no es contra la investidura de un ministro ni de sus planes de trabajo que se está formulando una denuncia, sino contra “el capitán Arturo”. Además, el presidente de la República, Ollanta Humala, fue informado por el propio Daniel Urresti, del proceso que se le seguía por el asesinato del periodista huantino, pero el mandatario peruano, tras solicitar “unos papeles que vieron los abogados”, señaló que era “un caso extraño”, por ende, Ollanta Humala declaró “no vemos su culpabilidad y creemos en la presunción de inocencia”. De manera que no vio impedimento para nombrarlo ministro del Interior del Perú.
No pretendo ser juez, ni fiscal ni verdugo, cosa que sí lo fueron quienes asesinaron a mi padre, pero así como Daniel Urresti tiene todo el derecho de que se presuma su inocencia y de ejercer su defensa legal, mi familia y yo, bajo el imperio de la ley, exigimos justicia y todas las garantías para que el asesinato de mi padre quede totalmente esclarecido, pues siempre hubo intenciones de que se archivara. Incluso su caso fue juzgado en el fuero militar, donde los responsables fueron absueltos, lo cual desató total indignación toda vez que por la naturaleza del delito –homicidio tipificado como delito común– el fuero correspondiente era el civil y no el militar. En el 2007 –y ratificado en el 2008– se logró finalmente sentenciar a dos implicados.
La batalla legal duró 19 años y contó con el apoyo de organismos de Derechos Humanos que hicieron posible para que los responsables de la muerte de Hugo Bustíos Saavedra fueran condenados. Entre ellos: Víctor Fernando La Vera Hernández, alias “Javier Landa Dupont”, quien en ese entonces ejercía como el comandante del Ejército en la base de Castropampa de Huanta, Ayacucho, y Amador Armando Vidal Sanbento, alias “Ojos de Gato”. Sin embargo, la fiscalía, años más tarde, reunió nuevos elementos de convicción que vinculan a Daniel Urresti entre los presuntos responsables.
Otra sorpresa que nos llevamos con la reapertura del Caso Bustíos fue que La Vera Hernández estaba libre y tenía aspiraciones de ejercer un cargo de especialista en doctrina de Seguridad y Defensa. Cuando la injusticia te abofetea, el grito de ¡Justicia sube de decibeles!… Hugo Bustíos Saavedra no es una fría estadística, es un crimen de lesa humanidad. Hugo Bustíos Saavedra era una vida, una trayectoria, un periodista, un abogado, un esposo, un padre de cuatro hijos, un amigo, un sueño, un futuro y todo quedó truncado por quienes ejercían en ese momento “la ley y el orden”.
“En caso de que suceda algo, espero que nunca callen (…) los hombres de prensa esperamos lo peor (pero) saldremos adelante porque nuestros principios así lo mencionan… Estoy seguro de que seremos el grano de arena que contribuya a lograr la paz para nuestros pueblos”. Hugo Bustíos Saavedra.
Bertetti Carazas indicó que solo acudió en calidad de testigo al juicio de dicho.
A dos semanas de asumir el cargo, el ministro del Interior, Daniel Urresti, enfrenta una nueva acusación. Esta vez por la contratación de Juan Alberto Bertetti Carazas como asesor de su despacho ministerial.
Al respecto Bertetti Carazas envió un comunicado a diversos medios en los que negaba tajantemente tener vinculación alguna con los sentenciados del caso La Cantuta, ni mucho menos haber tenido participación alguna.
“Mi intervención en el citado proceso fue solo en calidad de testigo, no teniendo responsabilidad penal alguna de los hechos que ahí se dilucidaron”, expresó en el comunicado.
“Nunca generé la orden, ni la impartí, para que el Teniente EP Portella dejara las instalaciones del Cuartel La Pólvora, pues esa orden de disposición de personal militar recae en el Comandante de Unidad, que a esa fecha no era el suscribiente”, agregó.
Hay que recordar que en la resolución ministerial Nº 0800-2014-IN del 07 de julio, se indica que está vacante el puesto de asesor 1 del Despacho Ministerial del Ministerio del Interior, por lo que se resuelve designar al exmilitar en el cargo público.
En las cuestiones del hecho de la sentencia al exdictador Alberto Fujimori por este caso, se señala que Bertetti Carazas ordenó al teniente Portella Núñez a que deje el cuartel de La Pólvora para dirigirse con el mayor Martín Rivas y lo ayude. Al regresar a la base, este le dio informe de lo ocurrido al propio Bertetti.
“A primeras horas de la noche se entrevistó con el general EP Pérez Documet y pidió el concurso del teniente EP Portella Núñez, de suerte que por intermedio del teniente coronel EP Miranda Balarezo, comandante del BIP 39, y del mayor EP Bertetti Carazas, jefe de cuartel, se dio la orden al teniente EP Portella Núñez, quien en esos momentos estaba a cargo del servicio de guardia del Cuartel “La Pólvora”, para apoyar al mayor EP Martin Rivas”, indica el documento.
La relación laboral entre Urresti y Bertetti no es nueva. En marzo del 2014, este brindó su apoyo profesional en temas de planificación a solicitud de la Oficina del Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, que en ese entonces estaba al mando del hoy ministro del Interior.
Los problemas por el nombramiento de Daniel Urresti en el Ministerio del Interior recién comienzan. El ex jefe de Inteligencia del cuartel de Castropampa tiene todo el apoyo del gobierno. El Fiscal de la Nación Carlos Ramos en una situación ventajosa.
Por Ricardo Uceda
El 2 de octubre del 2007 una Sala Superior del Poder Judicial sentenció a dos militares por el asesinato del corresponsal de la revista Caretas en Huanta, Hugo Bustíos. Un mes después, uno de ellos llamó desde el penal de San Jorge a Abilio Arroyo, periodista del mismo semanario.
Era Amador Vidal Sanbento, conocido como Ojos de Gato, quien había sido sentenciado a quince años de prisión como coautor del asesinato. Prestaba servicios en la base de Castropampa, cuyos efectivos lo cometieron. El otro sentenciado —a diecisiete años— era el jefe de la base, Víctor La Vera Hernández. Compartía prisión con Vidal en San Jorge. Pero cuando Arroyo fue a visitar a Vidal, La Vera no se hallaba con él.
Estaban peleados.
Según dijo Arroyo para esta nota, encontró a Vidal desencajado y profundamente disgustado con La Vera. Lo había convencido de que mantuviera en el juicio la versión de la inocencia de ambos, asegurándole que, al final, ambos serían absueltos por falta de pruebas. Pero el resultado fue desastroso. Y ahora Vidal quería que el semanario al que pertenecía la víctima supiera la verdad.
La Vera, en cambio, se mantenía fiel al libreto original. No habló con el periodista.
CITA EN SAN JORGE
Fue entonces cuando Arroyo escuchó por primera vez la incriminación que hizo Vidal de Daniel Urresti, el oficial a cargo de Inteligencia en la base de Castropampa. Dijo que Urresti había dirigido el operativo que produjo la muerte de Bustíos. El periodista, acompañado de su colega Eduardo Rojas, se dirigía en moto a recoger información sobre unas muertes, y en el camino fueron emboscados por los militares, quienes abrieron fuego sobre ellos. Rojas cayó al piso y pudo huir. Bustíos quedó malherido en el lugar. Uno de los asesinos hizo volar su cuerpo con un explosivo.
Con posterioridad a esta entrevista, Arroyo se entrevistó con un segundo militar que por entonces prestó servicios en Castropampa: Edgardo Montoya. Estaba a cargo de la logística de la base, y en lo sustantivo complementó la información que le había entregado Vidal. El día del asesinato Montoya, según dijo, vio partir a Urresti en un vehículo de la base, a la cabeza del equipo de inteligencia que dirigía. Montoya tenía, además, otras hipótesis sobre el móvil del asesinato, que por el momento el periodista mantiene en reserva. Arroyo nunca publicó sus diálogos, que le fueron dados en forma confidencial. No podía atribuir la incriminación a una fuente específica.
Pero después Vidal y Montoya le contaron su versión a un fiscal. El Ministerio Público había recibido de nuevo el expediente por mandato de la misma sentencia, con el encargo de continuar investigando hasta hallar al resto de responsables. Con estos testimonios el caso dio un vuelco. Sin embargo, la nueva información no llegó a convertirse en noticia hasta que Urresti fue nombrado ministro del Interior. Requerido por el fiscal, dijo básicamente lo mismo que aseguró en la prensa por estos días: que Vidal y Montoya eran oficiales a quienes descalificaba su mala conducta, y que le guardaban animadversión por haberlos puesto en evidencia.
MALAS RELACIONES
Ahora bien, Vidal y Montoya no solamente incriminaron a Urresti. También a Johnny Zapata Acuña, un sargento conocido como Centurión. Montoya dijo haberlo visto subir al vehículo que hizo el operativo. Centurión tiene otros antecedentes de violaciones de derechos humanos. Fue acusado de cometer la matanza de Chilcahuaico, en 1990, en la que hubo diecisiete víctimas. Sobre esta incriminación a Centurión, quien nunca fue habido, Urresti no ha dicho nada. Afirma que no lo conoce. ¿Los testigos también le tenían hostilidad?
Llegados a este punto, el Ministro del Interior tiene en favor suyo su propia versión y el aval del presidente Humala, quien antes de nombrarlo como ministro llegó a la convicción de que no es culpable. Es lo que ha declarado. Este es uno de los aspectos extremos de la situación, pues así como nadie puede decir que Urresti es asesino, pese a que dos testimonios directos lo incriminan, no hay cómo sacar la conclusión de que es inocente. La versión de Urresti es que él estaba a cargo de la inteligencia y contrainteligencia de su grupo, pero que no participó en el operativo dispuesto para matar al periodista. Y tampoco escuchó ni supo después nada sobre los sucesos. Esta posición la mantiene aún después de que la Corte Superior de Justicia haya sentenciado a La Vera, el jefe de la base, a diecisiete años de prisión.
De modo que Urresti, aparte de declararse inocente, como es su derecho, tampoco ha colaborado con la justicia.
NO SABE NADA
La noche del 3 de julio, en la reunión que tuvo Urresti con directivos del Consejo de la Prensa Peruana, el director de Caretas Marco Zileri le llamó la atención sobre este punto:
—Bien. Admitamos que usted no es culpable. Pero era el jefe de inteligencia. ¿Cómo ocurrió el asesinato?
Urresti dijo que no sabía y Zileri protestó, incrédulo. Es que con el asesinato de Bustíos ha ocurrido lo mismo que con tantos: un sistemático entorpecimiento de las investigaciones por parte de los militares. Luego del crimen, la policía y el Ministerio Público encontraron un escenario barrido. No hallaron pisadas ni cartuchos que hubiesen permitido la realización de pericias. El Ejército, a cargo de la seguridad, no dispuso una orden de búsqueda de los responsables del crimen, como era pertinente ante un hecho de esa naturaleza. Cuando aparecieron los nombres de Antonio Pacheco Aguado y Segundina Gálvez Porras como posibles testigos de cargo, quienes habían afirmado que los atacantes fueron militares, el Ejército los aprehendió. Fueron conducidos a viva fuerza al cuartel que se encontraba al mando del acusado La Vera. Allí se les conminó a variar su versión, y se les detuvo bajo la imputación de haber cometido terrorismo, como consta en la papeleta de libertad obrante en el Juzgado Penal de Huanta y en las manifestaciones rendidas por ambos.
Peor aún: en el juicio oral compareció el ex Juez Moisés Ochoa Girón, refiriendo que su domicilio fue objeto de allanamiento por miembros del Ejército, una vez que abrió proceso en el fuero común contra los acusados. En esta primera etapa las cosas estuvieron dirigidas a que el Fuero Militar asumiera el caso, lo que finalmente ocurrió. En 1991 declaró que no había pruebas para incriminar a ningún oficial de la base.
OLLA DE PRESIÓN
Diez años después, fue posible realizar un juicio en el fuero civil porque el gobierno peruano, durante la gestión de Valentín Paniagua, llegó a un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar soluciones integrales a más de 156 casos de violaciones de derechos humanos cuyos expedientes estaban embalsados ante el organismo internacional. El de Bustíos era uno de ellos. Aunque el Ministerio de Defensa no proporcionó ninguna información útil al juzgado, el primer juicio pudo desarrollarse porque había testimonios que comprometían a La Vera y Vidal. Las nuevas evidencias resultantes de las declaraciones de Vidal y Montoya permitieron abrir un proceso ordinario cuya primera parte, la instrucción por parte de un juez penal y un fiscal provincial, ya se cumplió. El fiscal, de acuerdo con su investigación, lo considera autor directo del asesinato, y el juez que dictó el auto apertorio de instrucción, responsable indirecto o mediato. Un fiscal superior debe decidir si lo acusa o no. En caso afirmativo, Urresti deberá afrontar un juicio oral.
Pero ahora su nombramiento en el Ministerio del Interior lo distorsiona todo. Un ministro caro al presidente Humala, depende de una decisión de una Fiscalía de la Nación cuyo jefe, Carlos Ramos, necesita legitimarse por los cuestionamientos en su contra. El terreno para un entendimiento mayor entre ambos ya tiene una alfombra roja. Luis Landa Burgos, el magistrado que debe pronunciarse sobre la responsabilidad de Urresti, jugará su partido bajo una enorme presión. Humala también. El de Bustíos fue un caso llevado a la CIDH por importantes organizaciones mundiales, entre ellas el Comité de Protección de Periodistas (CPJ), que se encargarán de la campaña internacional que merece la condena a un nombramiento tan grotesco en el gabinete peruano.
La obra denuncia los crímenes perpetrados por miembros
