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Reflexiones, a 18 años de La Cantuta

Por Jo-Marie Burt

Este domingo 18 de julio se cumplen 18 años de la desaparición y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta” por el Grupo Colina, escuadrón de la muerte organizado por el régimen de Alberto Fujimori para eliminar supuestos subversivos. (1) Hoy en día La Cantuta es símbolo de la lucha contra la impunidad y trae a la memoria una victoria única: la condena a 25 años de prisión efectiva al ex presidente Fujimori como autor mediato de este y otros crímenes más.

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Sin embargo es importante reflexionar sobre la naturaleza de esa victoria, que demoró tanto en hacerse realidad, y lo que ha significado para los familiares de las víctimas de este caso que, como tantos otros, han luchado incansablemente para lograr la verdad y la justicia.

Varios de los familiares de las víctimas de La Cantuta —como tantos otros familiares que sufrieron la pérdida de un ser querido durante el período de violencia política— se vieron obligados a postergar sus propios proyectos de vida para dedicarse a esa lucha, para lograr saber que había pasado con sus hermanos, hermanas, hijos, hijas, esposos. Una vida entera buscando la justicia, contra la ceguera y la prepotencia de las autoridades durante el decenio fujimorista; luego de la huida repentina de Fujimori, viajaron primero a Japón y luego a Chile para convencer a las autoridades de la necesidad de extraditar al ex jefe de Estado para que un tribunal peruano pudiera procesarlo por sus crímenes; hasta que tuvieron que recurrir a un tribunal internacional que, finalmente, en su sentencia de 2006, encontró culpable al Estado peruano del crimen de La Cantuta y ordenó una investigación así como el procesamiento penal y sanción correspondiente a los responsables. Sin duda no fue una lucha en vano, y se ha logrado cosas importantes: El mayor responsable, Alberto Fujimori, y el ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, General (r) Julio Salazar Monroe, hoy purgan prisión luego de haber sido condenados por su rol en el caso La Cantuta; y ambas condenas han sido ratificadas por la Corte Suprema.

Pero el camino de la justicia no es fácil ni sencillo en el Perú. Es poco conocido que aún persisten procesos judiciales por el caso Cantuta, que involucran a algunos de los autores materiales de este crimen (todos ellos militares que formaron parte del Grupo Colina). Tampoco es muy conocido que hay otro proceso judicial por el caso Cantuta contra otros presuntos responsables que tuvieron un papel fundamental en la creación del Grupo Colina, incluyendo Vladimiro Montesinos, el jefe de facto del SIN durante el régimen de Fujimori y los generales en retiro Nicolás Hermoza Ríos y Luis Pérez Document; así como contra los principales responsables operativos del Grupo Colina, los oficiales militares Santiago Martin Rivas, Carlos Pichilingue Guevara y Jesús Sosa Saavedra. El caso está ante el Segundo Juzgado Penal actualmente, pero hasta el momento no comienza el juicio oral. Según Gisela Ortíz, familiar del caso Cantuta, no se pudo unificar el caso en un sólo proceso debido a maniobras realizadas por Montesinos en el fuero militar que recién salieron a la luz en 2002 durante las primeras audiencias del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como señala Ortíz, “como familiares nos seguimos hipotecados a procesos judiciales que nunca acaban.”

Tampoco es muy conocido los límites en este caso en cuanto a la verdad sobre el paradero final de las víctimas. Es cierto que un mapa entregado al periodista Edmundo Cruz logró identificar algunos de las víctimas de La Cantuta. Pocos saben que sólo uno de los cuerpos, el de Luis Enrique Ortíz Perea, fue hallado entero. De las otras nueve víctimas, encontraron los restos parciales de sólo cuatro de ellos, mientras cinco se mantienen en condición de desaparecidos puesto que no se ha hallado –hasta hoy día— ningún rastro de ellos. Por lo tanto los familiares de estos estudiantes no han podido darles una sepultura digna a sus hijos e hijas asesinados tan cruelmente por agentes del Estado. De hecho los familiares han pedido que se realice una exhumación oficial en Cieneguilla para poder encontrar los demás restos, puesto que varios miembros del Grupo Colina han dado información concreta sobre posibles lugares de entierro, pero hasta el momento las autoridades no han programado el peritaje correspondiente. (2)

Para el colmo, durante el régimen fujimorista los restos y pertenencias de algunos de los estudiantes fueron extraviados. Por ejemplo las famosas llaves de Armando Amaro Cóndor, objetos ya icónicos de la brutal masacre de los estudiantes y de la impunidad que protegió a los asesinos por tantos años, además de evidencia concreta de que los restos encontrados en Cieneguilla fueron efectivamente los estudiantes de La Cantuta, nunca fueron entregadas a su madre, la Señora Raida Cóndor. Esto lo supe recién hace unos meses atrás cuando una persona que trabaja para el proyecto del Lugar de la Memoria consultó a la Señora Raida si se pudiera tener las llaves para exhibirlas. Todos quedamos sorprendidos al saber que las llaves fueron, como su dueño, también víctima de una desaparición.

El poeta polaco Zbigniew Herbert escribió que “La ignorancia sobre aquellos que desaparecieron socava la realidad del mundo.” En el Perú hoy en día se estima que son 15 mil personas que fueron desaparecidas durante el período de violencia política, la gran mayoría por agentes del Estado. De ellos, se han exhumado 1,200 cuerpos y se han identificado 600. La tarea pendiente es enorme, la deuda con los familiares de las víctimas inmensa y urgente. Al no saber qué pasó a su hijo o hija, su hermana o hermano, su esposo o esposa, su padre o madre, para el familiar el mundo pierde su sentido de realidad, queda en el limbo absoluto; imagina lo peor pero espera que su ser querido regresa vivo o viva; se ve consumido por la búsqueda eterna de la verdad sobre el destino de su familiar y deja proyectos personales a un lado para dedicarse a esa búsqueda. Pero como dice Herbert, la ignorancia sobre quienes fueron desaparecidos también destruye el lazo solidario en que se basa la existencia humana. Afecta toda la colectividad, nos sumerge en el miedo, nos hace mirar al otro con sospecha, por miedo que nos pueda pasar lo mismo. Al persistir la ignorancia sobre los desaparecidos, la realidad del mundo se desvanece a favor del olvido, la desmemoria, la negación. Si no recuerdo lo que pasó, si la sociedad no se acuerda que pasó, la realidad de la violación sistemática de los derechos humanos puede ser negada, y los reclamos de verdad y justicia puedan ser ignoradas. En el Perú hoy en día —a pesar de éxitos de suma importancia como la condena al ex presidente— la ignorancia está dando paso al olvido y la negación, y la impunidad gana terreno, y los derechos de las víctimas y sus familiares pasan a un segundo plano, todo ello alentado desde las más altas esferas del poder.

Notas:

(1) Para un resumen sobre el caso Cantuta, véase: [1] (^^^)

(2) Hay tantas otras injusticias que se podría mencionar. Carlos Pichilingue, actualmente procesado por el megacausa Barrios Altos-Pedro Yauri-Santa además por el caso Cantuta, interpuso una denuncia constitucional a los jueces de la Sala Penal Especial por haber determinado en su fallo contra Alberto Fujimori que los estudiantes de La Cantuta no fueron terroristas. A pesar de que la denuncia fue declarada improcedente en noviembre de 2009, según el diario La República, el bloque fujimorista en el Congreso persiste en mantener la denuncia en la agenda parlamentaria. La República, 30 de junio de 2010. (^^^)

Enlaces:

[1] Enlace original / Enlace en nuestro sitio

 

Publicado por primera vez en NoticiasSER.pe, 14 julio 2010

 

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Solución política = impunidad

Por Jo-Marie Burt

Hace unos días se aprobó la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo en tres temas relacionados con las fuerzas del orden: el código de justicia militar; el uso de la fuerza por militares y policías; y procedimientos y beneficios penitenciarios para militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos. En relación a este último, existe hace tiempo una satanización contra quienes promuevan una agenda basada en el esclarecimiento de la verdad sobre los crímenes cometidos por las fuerzas del orden durante el período de violencia en el Perú, así como la administración de la justicia para quienes serían los responsables de tales crímenes. Esta campaña ha adquirido una intensidad mayor durante el último mes, tal como describimos en nuestra columna anterior.

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Pero la delegación de facultades legislativas lleva el asunto, del terreno del discurso al de la acción concreta. Existe una gran preocupación de que con esta delegación de facultades legislativas, estemos ad portas de una iniciativa del Ejecutivo de poner en práctica una solución “política” –que hace tiempo viene reclamando el Vice Presidente y ex marino Luis Giampetri—al tema de la judicialización.

Una posibilidad es que con estas facultades legislativas el gobierno busca apaciguar a los militares, otorgándoles beneficios carcelarios o tal vez implementando fórmulas que permitirían a militares y policías condenados, reducir sus penas y por tanto, los años efectivos de prisión que deben cumplir. No serían muchos los beneficiados, puesto que no son más de dos decenas de efectivos militares y policiales que purgan prisión hoy en día por una condena por violaciones a los derechos humanos, y que la mayoría de los que están siendo procesados no están en la cárcel sino tienen orden de comparecencia. (No existe números precisos, pero una investigación preliminar sugiere que un número muy alto de militares y policías procesados están actualmente fugitivos de la justicia, sin que ello cause mayor preocupación de parte del Estado y la sociedad.)

Pero tal vez la intención del Ejecutivo es más audaz. Tal vez su intención es aprobar una ley de amnistía, tal vez con otro nombre (dada la prohibición internacional de aministiar a crímenes de lesa humanidad, reconocido por el Tribunal Constitucional y por la misma Corte Suprema del Perú) para terminar de una vez con los procesos judiciales contra miembros de las fuerzas del orden. Hacia ello apunta el discurso mediático de voceros del oficialismo como el Ministro de Defensa, Rafael Rey Rey y el Vicepresidente Giampetri, que sistemáticamente acusan a las ONGs de estar detrás de una “persecución política” de las Fuerzas Armadas y reclaman el cese de las acciones judiciales contra quienes “salvaron” la patria de las garras de la subversión.

Tal vez desconocen el hecho de que en otros países vecinos como Chile, Argentina y Uruguay, también se está procesando a personal militar y policial que tuvieron responsabilidad en la violación de los derechos humanos —y en algunos casos también a civiles, como el ex presidente-dictador uruguayo Juan María Bordaberry, condenado a 30 años por haber realizado un golpe de estado y por su rol en nueve casos de desaparición forzada y dos de homicidio (1); o el cura Christian von Vernich, condenado por haber partipado activamente en actos de tortura durante la última dictadura militar en Argentina. (2)

Tal vez desconocen que en otros países de la región también se intentó proteger a los violadores de derechos humanos con leyes de amnistía, incluso a veces sin llamarles con este nombre para evitar la apariencia de algo indebido (como fue en caso del Parlamento uruguay que en 1986, ante la negativa de las Fuerzas Armadas de ese país de permitir a su personal responder ante los tribunales por las demandas judiciales en su contra, aprobó la llamada Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado que puso fin a todo juicio por violaciones de los derechos humanos) pero que eventualmente cayeron –parcial o totalmente— frente a la presión nacional e internacional y la cada vez mas firme idea, basada en tratados y jurisprudencia internacional, de que es necesario castigar los delitos de lesa humanidad. Deben saberlo, porque la ley de amnistía que ayudaron a crear en 1995 tenía el mismo fin, y fue declarado sin efecto legal por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Promulgar una ley de amnistía, con o sin este nombre, sería contraria a las obligaciones internacionales del Perú y a la jurisprudencia nacional ya sentada en la materia. Sería una violación al derecho de las víctimas y sus familiares de acceder a la justicia, y representaría un grave revés para la democracia peruana.

Notas:

(1) Bordaberry fue condenado a 30 años de prisión. “La Justicia condena a 30 años de prisión al ex dictador Bordaberry,” El Mundo, 10 de febrero de 2010 [1] (^^^)

(2) “Argentina condena a cadena perpetua a Christian Von Wernich, ‘el cura del diablo’,” El Mundo, 10 de octubre de 2007 [2] (^^^)

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[1] Enlace original / Enlace en nuestro sitio 

[2] Enlace original / Enlace en nuestro sitio  

Publicado por primera vez en NoticiasSER.pe, 7 julio 2010

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Sobre víctimas y victimarios

Por Jo-Marie Burt

Es lamentable ver la forma cómo las autoridades del Estado tratan el tema de violaciones a los derechos humanos de manera tan sesgada, reflejando un ánimo no de facilitar los procesos judiciales para su rápida conclusión sino para cerrar el paso a los procesos judiciales.

Desde ya hace buen tiempo autoridades del gobierno de Alan García vienen cuestionando los procesos judiciales contra algunos militares y policías por violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de la violencia política desatada en el Perú entre 1980 y 2000. Sucesivos ministros de Defensa han acusado a los organismos de derechos humanos que defienden a las víctimas y a los sobrevivientes de tales violaciones, de promover una agenda “terrorista” y de estar propiciando una persecución política contra miembros de las fuerzas del orden. Represantes de las fuerzas del orden también se han expresado en torno al tema. Luis Giampetri, poco después de haber asumido su cargo como vice presidente de la República, dijo en un discurso en homenaje al héroe Miguel Grau en octubre de 2006: “Ingratamente muchos hombres de uniforme que cumplieron con su deber patriótico son objeto de una persecución injusta mediante procesos judiciales inducidos por intereses ajenos a los valores de la justicia.” (1)

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El tema ha regresado a los titulares la última semana a raíz de una serie de sucesos, especialmente el discurso del actual ministro de Defensa, Rafael Rey Rey, el lunes pasado en el marco del 130 aniversario de la Batalla de Arica. Rey expresó su malestar sobre los procesos judiciales en curso contra algunos miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Es un tema del cual viene hablando desde hace tiempo, cada vez con más vehemencia. En el discurso del 7 de junio, mencionó varios casos específicos que según consideraba, reflejaban la injusticia que padecen efectivos militares y policías por el tema de los juicios. Por ejemplo, en mención al caso Cayara, dijo: “Por el caso Cayara, ocurrido en 1988, en soldado Pedro Lozada Rázuri fue detenido en el año 2006 acusado de delito de ʻlesa humanidadʼ. Además de ser absolutamente ilegal porque la imprescriptibilidad rige sólo desde noviembre del 2003, Lozada lleva 36 meses sin sentencia. (2)

Es indudable que un juicio que demora tres años es intolerable y merece una llamada de atención. Pero Rey no está buscando con su discurso alentar al Poder Judicial a acelerar los casos, ni está pidiendo al Ejecutivo mayor presupuesto para posibilitar juicios más expeditos. Está buscando colocar a los militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos como víctimas de una persecución política. Pero, su discurso está lleno de medias verdades y mentiras abiertas.

De hecho, Rey no explica para nada lo que pasó realmente en Cayara. No menciona las verdaderas víctimas de este deplorable suceso. No menciona que a raíz de un ataque senderista a un convoy militar, donde perdieron la vida cuatro soldados —hecho execrable y condenable— la respuesta del Comando Político Militar de Ayacucho fue un operativo que arremetió a salvajadas a la población civil de la comunidad más cercana del lugar del ataque, Cayara.

La historia oficial afirma que los muertos civiles fueron producto de un enfrentamiento, hecho que no resistió un análisis posterior, lo que reveló que hubo una masacre cometida por efectivos de las Fuerzas Armadas y que fue denunciada ante el Poder Judicial por el Fiscal Carlos Escobar. Luego de una campaña de intimidaciones y amenazas el fiscal abandonó el país; el fiscal que lo reemplazó cambió la conclusión de su investigación y aceptó la versión militar de los hechos. Ningún militar tuvo que responder ante la justicia por la masacre de Cayara.

Quince años después, una investigación realizada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) reconstruyó la historia de dicha masacre y confirmó que decenas de pobladores fueron asesinados por efectivos de las fuerzas del orden, y luego varios testigos, incluso algunos que habían dado testimonio ante el mismo Presidente entonces Alan García sobre los acontecimientos, fueron desaparecidos o asesinados. Según la CVR, son 39 víctimas, con nombre y apellidos, que perdieron la vida en Cayara, no por un enfrentamiento sino como resultado del “Plan Persecución” elaborado y puesto en acción por el Jefe del Comando Político-Militar de la zona, General José Valdivia Dueñas. Habrían participado en ello diez unidades militares y 200 efectivos. Según la CVR, no sólo hubo una violación flagrante de los derechos humanos de los pobladores de Cayara, sino también un encubrimiento de los hechos de parte de las autoridades militares y políticos para así garantizar la impunidad de los responsables:

“La Comisión de la Verdad y Reconciliación deplora profundamente que integrantes de las fuerzas del orden hayan violado flagrantemente los derechos de los ciudadanos en Cayara y zonas aledañas, desdeñando su función de proteger a la sociedad y el Estado. La Comisión de la Verdad y Reconciliación deplora también los resultados del informe en Mayoría de la Comisión Investigadora del Senado de la República, que tuvo un claro propósito de ocultar la verdad y con ello generar impunidad. Deplora también la actuación de la justicia militar, que no investigó adecuadamente y que por el contrario, convalidó explicaciones carentes de veracidad” (3)

El caso Cayara ha permanecido en la impunidad desde hace 22 años. ¿Para quienes, entonces, no hay justicia en el Perú? No es posible que las autoridades sigan armando un discurso totalmente parcializado en defensa de militares y policías acusados de graves violaciones a los derechos humanos. Es hora de que el gobierno de García responda claramente a la ciudadanía del país y del mundo sobre estos casos. ¿Será un gobierno que respalde la impunidad para crímenes de lesa humanidad? Si García pudo rectificar su política económica en su segundo gobierno, ¿por qué no puede ahora reconocer los graves crímenes cometidos durante los años 80 y 90 y asumir las recomendaciones de la CVR para saldar con este pasado tan triste y indignante para la conciencia de la humanidad entera?

Notas:

(1) Luis Giampetri, citado en Gestión (22 de febrero de 2006) (^^^)

(2) Rafael Rey Rey, citado en La Razón (13 de junio de 2010) (^^^)

(3) Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, Tomo VII, Capítulo 2.27 (4) “Las ejecuciones extrajudiciales y encubrimiento en Cayara (1988)” (Lima, 2003), p. 17 (^^^)

Publicado por primera vez en NoticiasSER.pe, 16 junio 2010

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Intolerancias

Por Jo-Marie Burt

Durante la última semana la libertad condicional otorgada a Lori Berenson y la visceral reacción de sus vecinos a su instalación en un departamento de Miraflores ha copado las noticias de los medios de comunicación. “¡Fuera terruca!” le gritaron, y hasta hubo amenazas de muerte, reacciones alentadas por ciertos medios y políticos que consideran que sembrar miedo e intolerancia en la población es la ruta más segura de regresar al poder. Muchas personas han levantado su voz de protesta ante tales actitudes, señalando que la ley se ha cumplido y que Berenson pidió perdón a la sociedad peruana por sus actos, además de haber cumplido con tres cuartos de su sentencia. Señalan la vital importancia de la convivencia, claro, siempre y cuando quienes se quieren reintegrar a la sociedad aceptan convivir de acuerdo a las reglas básicas de la democracia.

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Alrededor de este debate gira un tema evidente en otros hechos de la semana: la profunda intolerancia que está a flor de piel en la sociedad peruana cuando se trata de temas de la violencia política. Hace unos días atrás se reveló de que el alcalde de Villa María del Triunfo — aliado de Alex Kouri en las elecciones municipales— habría destruido, clandestinamente, sin previo aviso, y en la madrugada para que nadie pudiera protestar, un monumento construido por los ciudadanos del distrito que conmemoraba a las víctimas y sobrevivientes de la violencia política, muchas de las cuales viven en aquel distrito populoso de Lima.

El monumento “El Árbol Desarraigado,” es uno de los muchos esfuerzos en todo el país por conmemorar el sufrimiento de decenas de miles de peruanos a causa de la violencia política. Construido en el año 2008, mostraba el tronco de un árbol suspendido por tres soportes de acero, resaltando las grandes raíces expuestas. Era un homenaje a los cientos de miles de peruanos que tuvieron que dejar sus hogares a consecuencia de los “barridos” de Sendero Luminoso y los operativos de “tierra arrasada” de las fuerzas del orden durante el conflicto y que ahora viven, lejos de sus tierras natales, en distritos populares como Villa María del Triunfo y que, por lo general, han sido olvidado por la sociedad.

Tal acto, de hecho condenable, nos hace recordar el vandalismo realizado por sectores del fujimorismo al monumento y santuario “Ojo que llora” en el distrito de Jesús María. Otra muestra de la intolerancia que algunos utilizan para despreciar y desconocer a los “otros” que no concuerdan con su visión de las cosas. En realidad se trata de un atentado contra los derechos de los ciudadanos de expresarse y de conmemorar una etapa triste de la historia reciente del Perú.

Perú es una sociedad “pos-conflicto”. Tal vez es difícil darse cuenta de ello: la propaganda oficial nos recuerda siempre que “El Perú Avanza” y las autoridades hacen muy poco por alimentar una discusión nacional sobre las secuelas de la violencia política y cómo, el Estado y la sociedad puedan concertar medidas para lidiar con el pasado y construir un futuro mejor. La intolerancia de algunos ciudadanos frente a la liberación de Lori Berenson, o de una autoridad local frente a una expresión artística de sus conciudadanos para conmemorar a las víctimas y sobrevivientes de la violencia, son una muestra de que en el Perú, todavía falta un largo camino para la ansiada reconciliación nacional.

 

Publicado por primera vez en NoticiasSER.pe, 2 junio 2010

 

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Montesinos: la culpa es de “ellos”

Por Jo-Marie Burt

Vladimiro Montesinos aún alucina con el poder. Desde su celda en la Base Naval del Callao, donde está también recluido su archienemigo Abimael Guzmán, ha escrito tres libros donde busca reivindicar su papel como el arquitecto de la política contrasubversiva durante el gobierno de Alberto Fujimori; el Maquiavelo que asesoraba al “Príncipe” Fujimori para tener y mantener el poder sin importar los métodos. Desde su celda también elaboró un Power point muy detallado que presentó como parte de su alegato final en el juicio en contra de él y 28 otras personas acusadas de participar en los crímenes de Barrios Altos, la desaparición forzada de nueve campesinos de Santa, y la desaparición del periodista Pedro Yauri, todos estos crímenes cometidos por el Grupo Colina entre los años 1991 y 1992.

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El juicio, que comenzó en 2005, ha sido excesivamente largo. En este caso, como tantos otros seguidos por violaciones a los derechos humanos, los jueces y las juezas tienen una carga procesal muy alta y por ello sólo pueden dedicar un par de horas, una o dos veces por semana, a cada caso. En contraste, en el juicio a Fujimori, los magistrados tenían dedicación exclusiva a para este caso, lo cual permitía que se podían llevar acabo sesiones tres veces por semana y que termine dentro de un año y medio. Asimismo se trata de un proceso muy complejo que abarca tres casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por el Grupo Colina y 29 procesados. Y si a esto le sumamos las maniobras de los abogados defensores para dilatar el proceso, encontramos la explicación de tanta dilación. Pese a estos obstáculos, hoy solo falta que unos cuantos procesados más realicen su alegato final para que termine el juicio oral y la Sala dicte su sentencia.

El pasado lunes 26 de abril fui a la Base Naval del Callao, donde el Juzgado Especial de la Corte Superior de Lima que tiene a su cargo ese juicio realiza las audiencias, para escuchar el alegato final de Montesinos. (Gloria Cano, abogada de la parte civil, me hizo notar que Montesinos guardó silenció durante el juicio, y por tanto nunca se sometió al interrogatorio del Ministerio Público.) Durante su alegato, se rehusó reconocer su participación en los crímenes de Barrios Altos, Santa y Pedro Yauri. Pese a lo extenso de alegación, sus argumentos francamente carecen de sentido.

Primero afirmó, con gran orgullo, que había sido designado por el gobierno peruano como interlocutor con los Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, cosa que Washington aceptó sin queja alguna. Según Montesinos ello sería prueba de que no es violador de derechos humanos, ya que Estados Unidos prohibe tener como interlocutores personas acusados de tales crímenes. Efectivamente existe legislación en ese sentido (no es parte de la Constitución, sin embargo, como habría dicho Montesinos) pero los diferentes gobiernos norteamericanos, tanto Republicanos como Demócratas, frecuentemente lo han ignorado de manera explícita o implícitamente alegando motivos de seguridad nacional. Que hayan aceptado trabajar con Montesinos dice mas sobre la política exterior de Washington que de Montesinos mismo.

Luego, Montesinos presentó un sin fin de organigramas y referencias a decretos leyes con el afán de demostrar de que él, como simple asesor (se olvidó que fue jefe de facto!) del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), tenía como mandato producir inteligencia para el Presidente de la República. La inteligencia producida por las Fuerzas Armadas, decía, pertencía a otro séctor, donde él no tenía nada que ver. Quienes recordamos cómo funcionaba el gobierno de Fujimori a lo largo de los años noventa sabemos que tal dicotomía no existía y que el SIN se convertió en el eje central de la política de Fujimori, sobre todo en términos de la lucha contrasubversiva. La intención de la distinción hecha por Montesinos busca que se le exculpe y se traslade toda la responsabilidad al General (r) Nicolás Hermoza Ríos, quien fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas durante buena parte del régimen fujimorista hasta agosto de 1998, cuando cayó en desgracias y fue relevado. Haste ese momento, vale la pena recordarlo, lo que hubo fue un triunvarato de poder, en el cual Fujimori, Montesinos, y Hermoza Ríos jugaron roles importantes donde se complementaron unos a otros a fin de mantener en pie un sistema autoritario y arbitrario.

Al final de su alegato, Montesinos terminó reconociendo que se cometieron los terribles crímenes de Barrios Altos, Santa y Pedro Yauri. Trató de echar la culpa en los últimos dos casos, al menos, al General Hermoza y su hermano Juan Hermoza (quién llamó al primero para deshacerse de unos campesinos que le estaba haciendo la vida imposible), pero no respondió nunca por su propio rol en la gestión y operación del Grupo Colina. Al contrario, aseguró de que él había sido artífice de la exitosa estrategia de pacificación, y acusó a “ellos” (¿Hermoza Ríos y su hermano? ¿Todos los miembros del Grupo Colina?) de “ensombrecer” el ejemplo de pacificación que él aseguraba sería modelo para el mundo si no fuese por estos hechos “lamentables”.

Lo que el Sr. Montesinos olvida mencionar es que la lucha contra la subversión que se llevó acabo durante la época de Fujimori, si bien produjo el arresto de los altos mandos de Sendero Luminoso, también consistía en la violación sistemática de los derechos humanos. Los casos del Grupo Colina —la desaparición forzada de nueve estudiantes y un profesor de La Cantuta, la masacre de Barrios Altos, la desaparición de los campesinos de Santa y el periodista Pedro Yaura, la muerte de la familia Ventocilla, entre otros— no fueron hechos aislados, ni tampoco excesos de unos cuántos sanguinarios descontrolados. Fueron parte de una política sistemática de violación a los derechos humanos que desde algunos sectores se siguen negando, pero que han sido documentados y denunciados por organismos de derechos humanos, la Comisión de la Verdad y Reconciliación y organismos internacionales. Consisten en mas de 1,000 casos de desaparición forzada, además de ejecuciones extrajudiciales, torturas, y la detención arbitraria de miles de inocentes.

A pesar del delirio de Montesinos y quienes defienden el fuji-montesinismo —y para la evaluación de quienes duden de su inevitable correlación, sólo menciono que en su alegato Montesinos declaró nula la sentencia a Fujimori, como si aún fuera él quien maneja el Poder Judicial a su antojo— se va aclarando la forma cómo se manejó el poder en el Perú durante el mandato de Fujimori. Ello gracias a la labor de muchos especialmente familiares, defensores de los derechos humanos, y operadores de justicia que, a pesar de las enormes dificultades y la terrible indiferencia de muchos, se mantienen firme en su búsqueda de verdad y justicia.

Publicado por primera vez en NoticiasSER.pe, 28 abril 2010