Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

EVENTO: 30 años de Lucha por los Derechos Peruanos

La Coordinadora Nacional De Derechos Humanos celebrará su 30 aniversario este viernes 23 de Enero 2015. En el evento asistirá nuestra Directora y Asesora principal en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Dra. Jo-Marie Burt, también asistirán Coletta Youngers – asesora principal de WOLA, Vivian Krsticevic-directora del Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL) y Sofía Macher- ex comisionada de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Las cuatro harán un análisis sobre la CNDDDHH y sus aportes a la defensa de los Derechos Humanos en Perú y América Latina. Abajo puede encontrar el programa del evento.

Aquí el enlace de la reflexión de Roció Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH sobre los 30 años de lucha de esta admirable institución: http://derechoshumanos.pe/2015/01/30-anos-y-seguimos/

Ver Documento (docxClick Aquí257.62 KB)

.

Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

Deudos de Uchuraccay exigen justicia a las autoridades

Por Francesca García D.

Pese a las promesas de ayuda que recibieron desde el asesinato de los ocho periodistas el 26 de enero de 1983 en el poblado ayacuchano de Uchuraccay, los deudos de los mártires sostienen que 32 años después de la tragedia no solo no se concretó ningún ofrecimiento, sino que continúan en peregrinaje para hallar la verdad.

.

“Siento una impotencia terrible porque son 32 años de lucha sin conseguir justicia para mi hijo y sus compañeros, quienes murieron cumpliendo su deber”, refiere Gloria Trelles de Mendívil, madre de Jorge Luis Mendívil, el menor de los periodistas asesinados.

A seis días de recordarse la tragedia, los testimonios de Óscar Retto, padre de Willy Retto; Alcira Velásquez, viuda de Jorge Sedano, ex reportero gráfico de este diario; y Eudocia Reynoso, viuda de Félix Gavilán, giraron en torno a resaltar el sacrificio de los hombres de prensa y a exhortar al Estado para que añada este hecho en el currículum escolar, de modo que los estudiantes conozcan qué ocurrió.

Eudocia Reynoso subrayó que los familiares esperan que prospere la demanda admitida el 2010 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la que buscan reorientar las responsabilidades de las muertes de los campesinos (como lo determinó el Estado peruano) hacia los agentes de las fuerzas del orden.

A su turno, Emiliano Rojas, alcalde de Uchuraccay, recordó la diáspora y el proceso de desplazamiento que vivió el pueblo tras el asesinato de los periodistas y los asesinatos de 135 pobladores atribuidos a Sendero Luminoso y a las Fuerzas Armadas.

“Nosotros también buscamos justicia para los campesinos que fueron asesinados y para un pueblo que ha sido completamente olvidado. El Estado tiene una deuda con nuestro pueblo y queremos llevar la reconciliación a todos los familiares”, resaltó.

Eduardo Vega, Defensor del Pueblo (e), opinó que el mensaje que se debe resaltar de los testimonios es que no puede existir impunidad en casos de violación de derechos humanos.

“Las autoridades tenemos la obligación de honrar la memoria y evitar que estos hechos ocurran nuevamente”, dijo.

tercera caminata

Junto a los deudos, las autoridades de Uchuraccay y de la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) informaron que se realizará por tercer año la reconstrucción de la ruta que hicieron los ocho periodistas y su guía, que partirá el próximo lunes 26 desde el Hostal Santa Rosa en Huamanga hasta Uchuraccay, pasando por las alturas de Toccto en la provincia de La Mar.

Ese mismo día, a partir de la 1:45 pm, habrá una ceremonia en el Santuario de la Paz y la Reconciliación Nacional, alzado en honor a los periodistas en el viejo pueblo de Uchuraccay, lugar donde hallaron los cuerpos de los periodistas, y en la plaza principal del pueblo.

El congresista José Urquizo resaltó el inicio del proceso de distritalización de Uchuraccay e informó que dicho centro poblado ha sido nombrado capital histórica.

clave

El 26 de enero de 1983 fueron asesinados ocho periodistas y su guía en la comunidad de Uchuraccay. Ellos son: Jorge Sedano (La República); Eduardo de la Piniella, Pedro Sánchez y Félix Gavilán (Diario de Marka); Willy Retto y Jorge Luis Mendívil (El Observador), Amador García (Oiga), Octavio Infante (Noticias de Ayacucho) y Juan Argumedo.

Publicado en La República, el 21 de enero de 2014

Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

Fiscal Luis Landa Burgos: “Caso Daniel Urresti será resuelto en febrero”

  • Ministro del Interior, Daniel Urresti, está implicado en el asesinato del periodista Hugo Bustíos en Ayacucho.

El Ministerio Público resolverá a más tardar en febrero la situación del ministro del Interior, Daniel Urresti, quien es procesado por el delito de homicidio calificado, como presunto autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido el 24 de noviembre de 1988, en Ayacucho.

.

Textos: Karem Barboza Quiroz web@grupoepensa.pe | Fotos: Karina Mendoza
Textos: Karem Barboza Quiroz web@grupoepensa.pe | Fotos: Karina Mendoza
Textos: Karem Barboza Quiroz web@grupoepensa.peFotos: Karina MendozaAsí lo afirmó el titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, Luis Landa Burgos, quien manifestó a Correo que el caso ya se encuentra en “estudio”.

“Estamos trabajando, estamos a la mitad de la argumentación técnica. En febrero ya tendremos una decisión”, manifestó Landa Burgos.

Siete meses. Como se recuerda, la Sala Penal Nacional derivó hace siete meses a la Tercera Fiscalía Penal Nacional el caso de Urresti, para que actúe de acuerdo a sus atribuciones y decida si acusa, amplía o archiva la denuncia contra el ministro del Interior.

“Estamos avanzando, hemos tenido bastante carga procesal. Hace ya dos semanas que el caso ha entrado a estudio en mi despacho. Hay pasos previos al análisis que se tienen que dar”, explicó Landa.

“ARTURO”. El ministro del Interior fue imputado desde junio del 2013 como uno de los integrantes de la patrulla que emboscó a Bustíos y al periodista Eduardo Rojas Arce.

En ese entonces, el actual ministro, quien según las investigaciones era conocido con el apelativo de “capitán Arturo”, se desempeñaba como jefe de la sección de Inteligencia S-2 del Ejército en la base contrasubversiva de Castropampa, en la provincia ayacuchana de Huanta.

Bustíos y Arce habrían acudido hasta la base contrasubversiva a fin de pedir autorización para poder acceder al lugar donde habían sido asesinados los comuneros Primitiva Jorge Sulca y su hijo Gregorio, por elementos de Sendero Luminoso.

Fueron recibidos por el jefe político militar de la Base, el coronel EP Víctor La Vera Hernández, quien los envió a la zona de Quinrapa (lugar del atentado). Nunca llegaron, en el camino fueron emboscados y Bustíos asesinado.

Según notas de Inteligencia del S-2, Bustíos colaboraba con Sendero Luminoso, motivo por el cual habría sido asesinado.

Por este caso ya fueron condenados el coronel EP Víctor La Vera Hernández y el teniente coronel EP Amador Armando Vidal. Cada uno fue sentenciado con penas de 17 y 15 años de cárcel, respectivamente.

DATO

Posibilidad. El fiscal superior nacional, Luis Landa Burgos, podría confirmar que el asesinato del periodista Hugo Bustíos es de lesa humanidad.

Publicado en Correo, el 21 de enero de 2015

Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

Grupos internacionales condenan hostigamiento por parte de Ministerio del Interior a grupos de DDHH y estudiantiles

Pronunciamiento de WOLA y CEJIL

12 de enero de 2015

La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) condenan los recientes actos de hostigamiento e intimidación por parte del Ministerio del Interior del Perú y el Ministro Daniel Urresti hacia la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH); su Secretaria Ejecutiva, Rocío Silva Santisteban; y líderes sindicales y de movimientos sociales y estudiantiles que participaron en la manifestación del pasado 29 de diciembre de 2014 en Lima.

.

El 26 de diciembre de 2014 el Procurador Público en Delitos contra el Orden Público del Ministerio del Interior denunció preventivamente ante la Fiscalía Especializada en la Prevención del Delito a 20 personas identificadas como responsables de convocar públicamente a una manifestación para el 29 de diciembre de 2014 en contra de la recientemente aprobada Ley que promueve el acceso de Jóvenes al Mercado Laboral y a la Protección Social (“Ley Pulpín”). Entre los denunciados se encuentra la Secretaria Ejecutiva de la CNDDHH y líderes de algunas de las principales agrupaciones estudiantiles y gremiales del Perú.

La denuncia no se refiere a ningún hecho delictivo, sino que tuvo como objeto prevenir delitos que pudieran existir durante la protesta, advirtiendo que las personas denunciadas podrían ser responsabilizadas penalmente por su ocurrencia.

Sin perjuicio de que la manifestación del 29 de diciembre se llevó a cabo en forma pacífica y con gran concurrencia, las organizaciones firmantes consideran con preocupación que este tipo de denuncias preventivas podrían tener como efecto disuadir y limitar la protesta social y la disidencia, afectando el derecho fundamental de los miembros de toda sociedad democrática y pluralista de expresar libre y pacíficamente su acuerdo o desacuerdo con las decisiones y actitudes de sus gobernantes.

“Además, la denuncia representa un uso ilegítimo del sistema judicial penal para criminalizar y estigmatizar las actividades de los líderes de movimientos y organizaciones sociales, incluyendo defensores y defensoras de derechos humanos”, dijo Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL.

Asimismo, el 26 de diciembre de 2014 fueron difundidos por Radio Programas del Perú los comentarios despectivos con los que el Ministro Urresti se refirió a la CNDDHH en oportunidad de referirse a la exhibición artística “En tu nombre”. En dicha ocasión, Urresti acusó a esta organización de ser “un obstáculo para detener las acciones terroristas en tanto que defiende los derechos humanos” y acusó a la organización y a su Secretaria Ejecutiva de no dar cuenta adecuada de las fuentes de financiamiento.

Las firmantes lamentan estos dichos que pretenden desprestigiar la trayectoria de una organización que es referente en el Perú y en la región y que ha sido responsable de una fervorosa defensa de los derechos humanos de todas y todos los peruanos por más de 30 años.

“Resulta inadmisible que tales comentarios puedan ser esgrimidos impunemente por un alto representante del gobierno, especialmente teniendo en cuenta que la CNDDHH y organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional hemos solicitado en varias ocasiones la renuncia del Ministro Urresti por estar siendo procesado por delitos de lesa humanidad como autor mediato del asesinato del periodista Hugo Bustíos”, destacó Jo-Marie Burt, Asesora Principal de WOLA.

Estos episodios representan una preocupante injerencia por parte del Estado peruano en el ejercicio de la protesta social y en el trabajo de los y las defensoras de derechos humanos. WOLA y CEJIL llaman la atención al Perú sobre su deber de prevenir las descalificaciones y el uso indebido de denuncias penales en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos, en tanto éstas pueden causar estigmatización, afectación de la integridad psíquica y limitaciones al ejercicio de la defensa de los derechos humanos.

Web: WOLA

Leer más –> CEJIL, DPLF y WOLA expresan preocupación por nombramiento de Urresti como ministro del Interior

Publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 13 de enero de 2015

Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

La Cautiva es investigada por la Dircote por “apología al terrorismo”

  • En el documento, se acusa a los productores de la obra teatral de ser “proterroristas” y muestra como “pruebas” los cánticos y vivas que recitan los actores, sin tomar en cuenta el contexto.

Durante el 2014 el teatro La Plaza de Larcomar recibió a cientos de personas que acudieron a ver la que sería, a decir de muchos críticos de teatro, la obra más importante del año: “La Cautiva”. Sin embargo, la aclamación que esta recibió no significó nada para la Policía, el Ministerio del Interior y la Procuraduría Antiterrorismo que actualmente la investigan por supuestamente incurrir en el delito de “apología al terrorismo”.

.

La obra denuncia los crímenes perpetrados por miembros de las Fuerzas Armadas así como el dolor que produjo aquella época de violencia. (Foto: Difusión)La obra denuncia los crímenes perpetrados por miembros
de las Fuerzas Armadas así como el dolor que produjo
aquella época de violencia. (Foto: Difusión)
De acuerdo con una investigación realizada por el programa Panorama, un alto oficial inició una investigación sobre la obra, llena de simbolismos y metáforas.

“Se advierte la descripción de la violación sistemática de derechos humanos por las fuerzas del orden y dar a conocer los objetivos de la organización terrorista Sendero Luminoso”, se deja leer en el documento secreto al que tuvo acceso el conocido noticiero local.

El documento acusa a la obra de “apología al terrorismo resaltando sus fines, efectuando cánticos y vivas al partido de Sendero”. Asimismo, dicho documento acusó a los productores de “proterroristas” pese a que la obra se enfocaba en mostrar y denunciar la violencia de aquella época.

Incluso dicho oficial habría conversado con uno de los actores de ‘La Cautiva’, Carlos Victoria, haciendose pasar por un espectador más. Las palabras del actor de que “las FFAA debían asumir sus culpas y aceptar su responsabilidad” fueron tomadas por el oficial encubierto como una prueba del carácter “prosenderista” de la obra.

Al respecto, el escritor de la obra, Luis Alberto León, pidió que se analice la obra en su contexto.

“Si tienen que investigar, que investiguen. Sólo les pido que hagan un análisis del texto. Es una obra dramática, es ficción y debe verse en ese contexto”, dijo León.

Por otra parte, fuentes del Mininter confirmaron que esta se encuentra en “proceso de investigación”. Además el procurador antiterrorismo, Julio Galindo, también confirmó que su despacho esta investigando el caso y que dicha investigación tiene carácter “reservado”.

La puesta en escena escrita por Alberto León y dirigida por la aclamada directora Chela De Ferrari, cuenta la historia de una morgue ayacuchana a donde llega el cadaver de Maria Josefa, una joven de 14 años, hija de senderistas, asesinada por miembros de las fuerzas armadas. Una vez adentro ella interactúa con el joven auxiliar quien debe preparar su cadaver para que sea ultrajado por una tropa.

La obra cuenta la tragedia de la época del terror en el Perú desde la mirada de quienes se encontraban en el fuego cruzado entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas.

Publicado por La República, el 12 de enero de 2015

Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

2015: Un año decisivo en el sistema de justicia

Por Carlos Rivera Abogado, Coordinador del Área de Defensa Legal del IDL

El proceso de justicia y verdad sigue siendo una pieza fundamental de cualquier balance en el tema de derechos humanos en el Perú. La justicia es un bien sumamente esquivo para aquellos que han sido víctimas de graves violaciones contra los derechos humanos y los logros que se han conseguido en la última década. La presentación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación en agosto de 2003 ha significado el resultado de un consistente esfuerzo que ha tenido a los familiares de las víctimas como el factor de empuje para la acción de la justicia.

.

© La República© La RepúblicaUn primer dato que resulta necesario considerar para analizar el proceso de justicia en el Perú es que este ha cumplido una década. En su momento la presentación del Informe Final de la CVR significó un impulso fundamental para alentar el inicio de un proceso de judicialización de crímenes graves contra los derechos humanos. Ese aliento, ciertamente con menor fortaleza que hace diez años, aún continúa y ha tenido la virtud de encontrar posibilidades para renovarse y persistir. Esto no es poca cosa en el Perú.

Las sentencias de la Sala Penal Nacional

Desde la entrada en funcionamiento del sub sistema penal de derechos humanos en el 2004, la Sala Penal Nacional ha emitido 53 sentencias en casos de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. De todos esos años, este año ha sido el primero en el que se han dictado más sentencias condenatorias que sentencias absolutorias. Han sido cinco sentencias condenatorias y cuatro sentencias absolutorias. Anteriormente, durante todos los años siempre en cada uno de estos se habían dictado más sentencias absolutorias que condenatorias. Ciertamente es solo un dato estadístico, pero el hecho es que resulta muy importante precisarlo. Significa que ¿se ha producido al interior de la Sala Penal Nacional algún cambio sustancial en cuanto a la valoración de este tipo de casos? Sinceramente es difícil de responder una interrogante de esta naturaleza, pero si llama la atención el cambio de las estadísticas a favor de quienes han persistido en la acción de la justicia.

Si resulta de suma importancia destacar el contenido de tres sentencias dictadas en el presente año en los casos de a) los estudiantes desaparecidos de la Universidad Nacional del Centro; b) la matanza de Pucará; y c) la desaparición de Javier Tineo de la Cruz. En esas sentencias se incorpora al análisis y valoración probatoria un elemento que ciertamente a pesar del persiste pedido del Ministerio Público y las ONGs no había incorporado en anteriores decisiones judiciales. Nos referimos al complejo asunto del rol de la organización militar como elemento determinante y protagónico para la realización de los crímenes sistemáticos contra los derechos humanos.

Fue la sentencia dictada a fines de abril de este año en el caso de los estudiantes desaparecidos de la Universidad Nacional del Centro en 1990 la que incorpora este elemento de análisis y valoración y lo hace estableciendo que para la comisión de eventos criminales de carácter sistemático, como la desaparición forzada de varias decenas de dirigentes universitarios de esa casa de estudios, la existencia de una organización militar que responde a las decisiones y órdenes superiores cumple un papel fundamental para garantizar el resultado criminal de esas decisiones. De esta manera por primera vez la Sala Penal Nacional abordar un tema clave para el entendimiento y valoración en su real dimensión de crímenes que tienen la condición de crímenes sistemáticos que se ejecutaron a partir de la existencia de políticas de Estado o políticas institucionales para combatir la subversión.

Junto al rol de la organización militar, la misma sentencia destaca el rol de los aparatos de inteligencia militar en la estrategia militar contra el terrorismo y en la comisión de eventos criminales bajo la lógica del desarrollo de una estrategia de eliminación selectiva de personas, como la perpetrada desde inicios de los años noventa en el departamento de Junín. Estos dos elementos le permiten a la Sala Penal Nacional afirmar con consistencia que ambos determinan un rol protagónico de los jefes militares en la comisión de este tipo de eventos delictivos, ya que interpretan que la organización militar y los aparatos de inteligencia funcionan a partir de disposiciones y órdenes superiores emitidas por aquellos oficiales que mantienen una posición de comando.

Una reflexión de similar nivel la Sala Penal Nacional ha desarrollado en la sentencia emitida en el caso de la matanza de Pucará perpetrada en noviembre de 1991 en la localidad del mismo nombre en el departamento de Junín y en la sentencia emitida en octubre de este año en el caso de la desaparición forzada del profesor Javier Tineo de la Cruz, desaparecido en mayo de 1987 en el Cuartel Militar del Batallón de Pampa Cangallo (Ayacucho) y en la fue condenado el Comandante EP ® Abdón Eguía Dávalos.

Si bien en los últimos días la misma Sala Penal Nacional acaba de emitir una sentencia, en el caso de los desaparecidos en Chuschi en 1991, en la cual se sostiene una tesis que contradice esta reciente jurisprudencia, lo cierto que aquella significa un avance sustancial en la interpretación de los crímenes contra los derechos humanos.

Este año ha sido el primero en el que se han dictado más sentencias condenatorias que sentencias absolutorias

El ministro y el periodista: el caso Urresti

Pero si bien la justicia pareciera haber enviado este año un mensaje relativamente alentador lo cierto es que el Poder Ejecutivo hacia mediados de año envió el mensaje más lamentable, pero a la vez peligroso, respecto del tema de derechos humanos. Frente a la revelación periodística de IdeeleRadio de que el entonces recientemente designado Ministro del Interior Daniel Urresti estaba procesado nada menos que por su participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988, ocurrido en una localidad cercana a la ciudad de Huanta, el presidente de la república decidió cerrar filas a favor del ministro y afirmar que lo mantendría en el cargo, bajo el argumento de que si bien estaba procesado por semejante crimen, él –Urresti- gozaba de la presunción de inocencia.

No cabe ninguna duda que el mensaje político han sido simplemente desastroso no solo para las víctimas y sus familiares, sino lesivo y grave frente a las instituciones del sistema de justicia. Si el Presidente de la República apoya o respalda políticamente y al más alto nivel a alguien acusado del asesinato de un periodista es en la práctica un “blindaje” político para que ese personaje no sea tocado o cuestionado judicialmente. Adicionalmente, ese tipo de mensajes denigra la acción de la justicia, porque en los hechos la termina subordinando a decisiones políticas en las que se posterga de manera más arbitraria y abusiva los legítimos intereses de las víctimas.

El caso Rodrigo Franco debe comenzar de nuevo

El caso de los crímenes del Comando Paramilitar “Rodrigo Franco” perpetrados durante el primer gobierno del Presidente Alan García es, qué duda cabe, uno de los procesos judiciales emblemáticos de las graves violaciones a los derechos producidas en el Perú de los años ochenta. Por ello el hecho de haber logrado no solo judicializarlo y tener como principal acusado a Agustín Mantilla, quien se desempeñó como Ministro y Vice Ministro del Interior durante los cinco años de gobierno era un logro de la acción de la justicia que estaba en un franco avance hacia una condena contra los responsables de los crímenes. De hecho el juicio oral hacia octubre de este año tenía ya año y medio de desarrollo y el avance en cuanto a la determinación de las responsabilidades criminales de los imputados que se había conseguido era más que significativo.

Por ello, la noticia que dio cuenta que el juicio oral se había quebrado como consecuencia de la no asistencia a una sesión de audiencia de la magistrada María Vidal La Rosa -directora de debates de dicho proceso- como consecuencia de una enfermedad es un hecho particularmente grave y hasta peligroso para la acción de la justicia. El llamado quiebre de un juicio oral tiene como consecuencia la automática anulación de todo lo actuado y dicho hasta ese momento y por mandato legal el juicio debe ser realizado nuevamente desde el inicio. Eso es lo que tiene que ocurrir con el caso de los crímenes del Comando Paramilitar Rodrigo Franco. Sin duda se trata de un golpe muy severo a la acción de la justicia.

Las razones de la inasistencia de la mencionada magistrada no han quedado del todo claras y esa es, seguramente, la razón por la cual la propia presidenta de la Sala Penal Nacional ha decidido remitir un Informe para hacer de conocimiento estos hechos del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, instancia que ha remitido la información al Órgano de Control de la Magistratura para los fines pertinentes.

Las derrotas de Fujimori

El condenado Alberto Fujimori inauguró el año 2014 con nuevo abogado y con nueva estrategia de defensa. La pieza clave de esa nueva estrategia era, sin duda, la acción de revisión que según el nuevo representante legal demostraría la supuesta arbitrariedad de la condena impuesta en abril de 2009 contra el ex presidente de la república en el caso de violaciones a los derechos humanos. Junto a ello apareció la disparatada demanda de arresto domiciliario que reclamaba la defensa.

El hecho es que después de una corta pero intensa discusión en el tribunal de la Corte Suprema de Justicia sobre idoneidad del magistrado Javier Villa Stein para integrar el tribunal encargado de resolver la demanda de revisión durante el mes de noviembre ambas acciones legales encontraron el único desenlace que debían tener: la declaración de improcedencia. En ambos casos porque los argumentos no encontraban amparo en la normatividad procesal y penitenciaria vigentes. En concreto, porque las acciones eran abiertamente ilegales.

La pauta de la estrategia que la defensa de Fujimori ha desarrollado es eminentemente política. Y en ese sentido utiliza la acción legal y el propio sistema de justicia como un mero instrumento para alcanzar objetivos políticos personales de Alberto Fujimori. El ex presidente necesita mecanismos para mantener una presencia mediática y para mostrarse como una víctima de la supuesta acción abusiva del sistema de justicia. Para ello se ha conseguido un abogado que no tiene temor al ridículo y que está dispuesto a presentar las más descabelladas demandas al sistema de justicia. Lo más probable que este tipo de estrategia persista.

Bajo este panorama el año 2015 se muestra como un año en el que sin duda el proceso de justicia jugará un papel fundamental. El solo hecho de que será el año en que se dicten sentencias en los casos de la matanza de Accomarca y los desaparecidos en el Cuartel Los Cabitos en 1983 nos da cuenta de la envergadura de los casos que se resolverán. Pero adicionalmente, el próximo año se debe iniciar el juicio oral en los casos de la matanza de El Frontón (1986) y Cayara (1988), así como se debe reiniciar el juzgamiento del caso de los crímenes del comando paramilitar “Rodrigo Franco”. Todo en un año pre electoral. El asunto será complejo. Ojalá que el sistema de justicia y sobre todo el nuevo presidente del Poder Judicial, Víctor Ticona, quien varios días después de su elección no ha dicho una sola palabra sobre este tipo de asuntos, responda satisfactoriamente a los intereses de la víctimas y de la justicia.

Publicado en Ideele, el 11 de enero de 2015

Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

¡Alerta! Buscarían clausurar el ‘Museo de La Memoria’ en Huancayo

Por Ginno P. Melgar

En junio de 2014 se inauguró en la región Junin el denominado Yalpana Wasi – Wiñay Yalpanapa (Casa de la Memoria Para Recordar Eternamente), destinado a la reflexión y de información sobre el conflicto armado interno.

.

Sin embargo, hoy se denuncia que las nuevas autoridades regionales estarían buscando utilizar el museo para albergar las oficinas del Municipio de Chilca. Una posibilidad que ha generado una ola de indignación ya que se trata del primer museo de su género en el país.

El edificio de cinco pisos -que demandó más de siete millones de soles en su construcción- cuenta con un auditorio, zona de exposiciones temporales y áreas administrativas, además de espacio para las exposiciones estables o definitivas, además de un anfiteatro, biblioteca, entre otros ambientes.

El colectivo Basta De Impunidad Cci, compartió un pronunciamiento en el que explican los hechos.

© La Mula

DEFENDAMOS NUESTRA MEMORIA COLECTIVA

Diversas fuentes nos informan que las nuevas autoridades de la Región Junín quieren clausurar el Museo de la Memoria de Huancayo y utilizar el espacio para las oficinas del municipio de Chilca. Una hecho inaceptable. El Museo de la Memoria se implementó en la última gestión regional ante el anhelo de miles de personas que se han visto afectadas por la violencia armada y que buscan sanar ese trauma de manera colectiva para que no se vuelva a repetir. Las secuelas del conflicto político están pendientes de solución todavía. No se puede detener ese proceso iniciado en la región hace apenas seis meses. La Coordinadora Contra La Impunidad hace un llamado a todas las voluntades que bregan por justicia y contra la impunidad a estar alertas y no permitir que tremenda amenaza se concrete. Del Perú, Junín ha sido uno de los pueblos más castigados por la violencia basta mencionar a las centenares de víctimas de la Universidad Nacional del Centro y de comunidades campesinas. ¡BASTA DE IMPUNIDAD!

Publicado por La Mula, el 7 de enero de 2015

Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

Putis: 13 años de investigación, 92 cuerpos exhumados y no abren juicio oral

  • En el 30° aniversario de la matanza

Archivos negados y autorías. La información militar que permitiría individualizar a los responsables de la matanza de Putis se encuentra en los archivos permanentes del Ejército, pero Defensa la sigue negando. Un tribunal penal ha señalado ya en primera instancia a los oficiales que actuaron de función y muy cerca de los hechos. Y aun así continúa la dilación.

Por Edmundo Cruz

.

Camposanto 29 de agosto del 2009. Recién después de 25 años, Putis pudo dar cristiana sepultura a 92 cuerpos exhumados. De ellos, solo 28 han sido identificados © La RepúblicaCamposanto 29 de agosto del 2009. Recién después de
25 años, Putis pudo dar cristiana sepultura a 92 cuerpos
exhumados. De ellos, solo 28 han sido identificados
© La República
La matanza de Putis se produjo el 13 de diciembre de 1984, pero de ella se supo 17 años después. En noviembre de 2001, La República localizó en Huanta, Ayacucho (a 3,600 msnm), una fosa de 10 metros por 7. Debajo se hallaría enterrado un centenar de pobladores de los 9 anexos de la comunidad arrasada por el operativo militar. Deudos orando al pie del entierro y testimonios de sobrevivientes recogidos en la zona honraron el hallazgo periodístico.

Vendría luego la investigación confirmatoria de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Pero la excavación de las fosas tardó 7 años. En agosto del 2008, con el apoyo del Equipo Peruano de Antropología Forense y la ONG Paz y Esperanza, se exhumaron 92 cuerpos, solo 28 identificados, 48% menores de 18 años.

Recién a fines del 2011, después de 10 años de investigación preliminar, la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho formalizó la denuncia. Y el 14 agosto del 2012, un presto Tercer Juzgado Penal Nacional, a cargo del juez Miguel Loyola Florián, abrió proceso penal a cuatro jefes militares.

Por razones de función están procesados Wilfredo Mori Orzo, quien era general de brigada y jefe político militar de Ayacucho en ese entonces. Juan Briones Dávila, jefe de Estado Mayor Administrativo de la Segunda División de Infantería a cargo de la zona. Carlos Soto Mesinas, jefe de inteligencia. Y el capitán Luis Grados Bailetti, jefe de la Compañía “Lince”, que junto con la Base EP Putis serían las unidades ejecutoras del operativo.

En noviembre del 2014, un nuevo plazo ampliatorio de 60 días fue solicitado por la Primera Fiscalía Superior Penal. Pide que el Tercer Juzgado Penal realice 14 diligencias repetitivas y nada especificas. Si el plazo se concede y contadas las vacaciones judiciales (febrero y marzo) el caso “se patearía para adelante” más de 3 meses.

La información sí existe

Desde el 2002, la Fiscalía Mixta de Huanta pidió al Ministerio de Defensa la identidad del personal destacado en la Base Militar de Putis y la lista de bases militares de la época.

La respuesta fue negativa. Detrás de tal postura asoma una táctica orientada a obstaculizar la individualización de los actores del delito (y no solo identificación), que exige el artículo 77 del Código de Procedimientos Penales para abrir instrucción.

Se trataría de impedir que prospere el proceso abierto en primera instancia por el Tercer Juzgado Penal, opinaron expertos consultados.

La información negada existe. La historia de cada miembro del Ejército está registrada en el Legajo Personal del Oficial (LPO) y tiene dos versiones. Una que acompaña al oficial por todas las unidades donde es destacado. Y otra que es llevada por el Comando de Personal en Lima. Al concluir la carrera del oficial, los dos LPO se juntan y se guardan en el Archivo del Cuartel General del Ejército.

Es uno de los lugares donde está la información pedida.

La Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú en su obra “En honor a la verdad” (más conocida como “Libro Blanco”, página 65), al referirse a la gestión del general Mori Orzo en Ayacucho anota que los jefes de base y de patrulla “tenían que entregar obligatoriamente un informe de patrulla, el cual era recabado por el oficial de operaciones y servía para preparar resúmenes de inteligencia e informes diarios de operaciones”.

Los “ido” y los “idi”

Se trata de los documentos denominados IDO (Informe Diario de Operaciones) e IDI (Informe Diario de Inteligencia), que las grandes unidades reportan cotidianamente al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a sus respectivos comandos institucionales.

Allí se condensan las ocurrencias más importantes de las zonas bajo el mando de cada gran unidad, recogidas a la vez de los niveles inferiores. El IDO y el IDI no se archivan únicamente en las unidades sino que en el día se trasmiten al nivel más alto. Copias de estos informes se guardan en los archivos del Comando Conjunto y del Cuartel General del Ejército.

Archivos permanentes

Toda repartición del Ejército Peruano lleva tres clases de archivos: Activo (del año en curso), Pasivo (de los 5 años anteriores al año en curso) y Permanente.

Este último incluye los “documentos que por su importancia puedan tener empleo ulterior en lo administrativo, estadístico o histórico” (capítulo 2, sección I, párrafo 6 del “Sistema de Archivos del Ejército”, Código CE 345-1).

El párrafo 11 del mismo documento, al enumerar las normas de depuración de los archivos, define claramente dos formas de destrucción de los documentos: “Por incineración” y “Por fraccionamiento”. Y en su inciso “h” dice inequívocamente lo siguiente: “Del archivo permanente no se destruirán los documentos”.

Es lógico. Y si no, ¿cómo se escribiría la historia de la Guerra del Perú con Chile o con Ecuador o contra Sendero Luminoso?

De ahí que sea también discutible la nobleza del “Acta de incineración” remitida por el Ministerio de Defensa a la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho negándole la información relacionada con Putis.

O sea, existe información para que la Fiscalía identifique e individualice a los culpables.

Marcelina Limancca Solier y sus travesías para declarar ante el juez

“Tengo 54 años y nací en Putis. Sobreviví a la matanza del 13 de diciembre de 1984, pero seis de mis familiares: mi madre Ambrosia Solier Cusiche, mi hermano Ernesto Limancca Solier, mi cuñada Pastora Potosino Centeno y mis dos sobrinos Elfio y Uriol Limancca Potosino, no tuvieron la misma suerte. El año pasado el Poder Judicial nos notificó para ampliar las declaraciones que dimos hace varios años . Fui a pie hasta Huamanga porque, por razones de salud, no puedo viajar en carro. Bajé y subí 80 kilómetros. Once horas de ida y once horas de vuelta”.

“Llevé un vestido para cambiarme el día que iba a declarar ante el juez. Para el camino llevé una botella con mate que se me agotó a las pocas horas. Recorrí lugares donde años atrás había visto cadáveres regados. Iba pensando en las personas extrañas de terno y corbata que me iban a interrogar. Declaré durante una hora a través de un intérprete, y ese mismo día volví a Putis. No tenía donde quedarme ni dinero para comer en Huamanga”.

PROCESADOS

  • Wilfredo Mori Orzo
  • Juan Briones Dávila
  • Carlos Soto Mesinas
  • Luis Grados Bailetti

Publicado en La República, el 4 de enero de 2015

Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

Inician juicio a alcalde de San Borja por desapariciones forzosas

  • La Tercera Fiscalía Penal Superior, a cargo del fiscal Luis Landa Burgos, ha solicitado 20 años de pena privativa de libertad contra Marco Antonio Álvarez Vargas.

La Sala Penal Nacional iniciará el juicio oral contra el actual alcalde de San Borja, Marco Antonio Álvarez Vargas, por la desaparición forzada de Luis Manrique Escobar ocurrida en noviembre de 1989.

.

Foto: V. VásquezFoto: V. VásquezLa Tercera Fiscalía Penal Superior, a cargo del fiscal Luis Landa Burgos, ha solicitado 20 años de pena privativa de libertad contra Álvarez Vargas.

La audiencia se llevará a cabo desde las 9:00 de la mañana del 17 de diciembre en la sede de dicho local judicial, ubicado en la avenida Uruguay 145; en el Centro de Lima.

El nuevo juicio debió iniciarse el 1 de diciembre, pero fue suspendido ya que el alcalde no asistió justificándose en una reciente operación quirúrgica.

Familiares de Escobar junto a integrantes de la Coordinadora Contra la Impunidad realizarán un plantón a las afueras de la Sala Penal Nacional.

Publicado en Correo, el 16 de diciembre de 2014

Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

Peruanos que faltan, por Eduardo Vega

  • A 30 años de la masacre de Putis, Ayacucho.

Mañana se cumplirán 30 años desde el execrable crimen ocurrido en Putis, un alejado pueblo de Ayacucho donde fueron asesinadas más de 120 personas. Lamentablemente, solo se pudieron recuperar 92 cuerpos y apenas 28 de ellos fueron identificados; el resto fue sepultado como NN por la comunidad.

.

Ayacucho © El ComercioAyacucho © El ComercioJunto con los justos reclamos por lograr justicia, y por que los responsables sean debidamente identificados y sancionados, los familiares reclaman también encontrar a sus seres queridos. Esta es una demanda exigida desde hace muchos años por miles de peruanos y peruanas que hasta hoy desconocen el paradero de las víctimas de este crimen.

Es importante reconocer los esfuerzos impulsados por los sectores involucrados en recuperar, identificar y restituir los restos de las víctimas, pero la magnitud de la tragedia demuestra que lo hecho hasta hoy resulta insuficiente. Es indispensable, de cara al transcurso del tiempo, dar una respuesta adecuada y cumplir con la deuda moral que tenemos como Estado: entregar los restos de sus familiares.

La desaparición forzada es quizá el más vil de todos los crímenes contra los derechos humanos. Es la destrucción de un proyecto de vida, no solo de la víctima, sino también de quienes la rodean. A la persona desaparecida se le sustrae de toda protección legal, mientras que a sus seres queridos se les impone vivir con dolor, angustia e incertidumbre permanentes, se les niega la justicia en tanto no se conoce su paradero ni a los responsables y se les niega el derecho a darles sepultura conforme a sus costumbres y creencias. Se les niega, a todos, su dignidad.

No se sabe con exactitud el número de personas desaparecidas en el período 1980-2000. El Consejo de Reparaciones ya acreditó a más de 8.000 personas; el Ministerio Público ha señalado alrededor de 15.000. Ese es uno de los problemas del cual se parte: no contar con una cifra real de víctimas. En doce años, el Equipo Forense Especializado del Instituto de Medicina Legal recuperó 2.478 restos mortales y ha entregado cerca de 1.500 cuerpos a sus familiares, lo que demuestra que tendrían que pasar muchas décadas para dar una respuesta a todas estas familias.

Por ello, urge implementar una política integral, articulada, multidisciplinaria y coordinada con diversos sectores, con una mirada mucho más sensible y humana. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene, desde mayo del presente año y producto de reuniones de trabajo, una propuesta consensuada con diversas instituciones del Estado y de la sociedad civil involucradas en este tema.

Se trata de una política de búsqueda, identificación y restitución de restos que no se enmarque exclusivamente en el proceso penal y que atienda las necesidades emocionales, materiales, logísticas y de información de los familiares. Que fortalezca, además, la labor forense y que facilite un trabajo más coordinado que permita afrontar la dimensión y complejidad de la problemática.

Han pasado 30 años: no los hagamos esperar más. Estas familias merecen cerrar este ciclo de dolor e incertidumbre. Estas familias merecen una respuesta ahora.

Publicado en El Comercio, el 12 de diciembre de 2014