El 14 de agosto de 1985 la comunidad de Accomarca vivió uno de los hechos más dolorosos de su historia, 69 campesinos: ancianos, mujeres, jóvenes y niños fueron asesinados por una patrulla del Ejército, al mando del entonces Teniente Telmo Hurtado. 24 años después, este hecho trágico sigue presente en la memoria de sus comuneros pero también de quienes se desplazaron hacia Lima tratando de sobrevivir del fuego cruzado desatado por Sendero Luminoso y reprimido, con la misma violencia, por el Estado.
Mientras conversábamos, don Julio se pone de pie y nos dice: “Me van a disculpar pero tengo que enviar esta encomienda a Lima, ya va a llegar el bus de Trasandino.” Nos muestra un saco negro que contenía flores, plantas de maíz entre otras vegetaciones propias de la zona.
TODOS EN LA FIESTA
Los carnavales son una fiesta de integración: adultos y niños, varones y mujeres participan con entusiasmo; los accomarquinos, desde su tierra, enviando los materiales para la presentación y en Lima, los accomarquinos se han preparado durante meses, ensayando, convocando a los adultos, jóvenes y niños para formar parte de la comparsa. Este año representarían la matanza ocurrida en Llocllapampa, conocida como el caso Accomarca.
La plaza de Acho luce colorida, cientos de ayacuchanos de los distritos de Vilcashuamán se han congregado para concursar y elegir al distrito que representará a su provincia en el Carnaval de toda la región llamado “Los Vencedores de Ayacucho”. Uno a uno los distritos se presentan: Concepción con una comparsa entusiasta y numerosa, Sahurama, Vischongo, Huambalpa, Accomarca y Vilcashuamán; niños con sus trajes típicos bailan con alegría Shaciendo sentir que hay esperanza de que estas tradiciones no se pierdan.
LLEGÓ LA HORA
Es el turno de Accomarca, con emoción se despliegan en el ruedo. La escenografía se compone de una casa hecha de carrizos con papel, se representa una pequeña chacra con maíces tiernos que los comuneros van sembrando, una pequeña pastora recorre el ruedo con sus tres ovejas representadas por niños, algunas mujeres preparan los alimentos para la fiesta; el baile es ordenado y se realizan una serie de representaciones de la vida cotidiana en Accomarca cuando, de pronto, esta armonía es interrumpida por una ráfaga de metralletas. Entran los militares ordenando detener a todos los terrucos y llevarlos hacia la escuela donde son asesinados, quienes se oponen son asesinados en el camino. El nombre de Telmo Hurtado, el teniente que estuvo a cargo de esa incursión y que está en juicio por este crimen, se dice en voz alta como el responsable de dar las órdenes.
¡Justicia para Accomarca! Dice la cantante del grupo que acompaña la comparsa; y es el grito de justicia que levanta, uno a uno, a los caídos y siguen bailando. Vuelve el orden, la música, las coreografías, vuelve el canto: se vuelve a la vida. Así es el hombre andino, se levanta ante la adversidad, ante el dolor, y ríen, cantan, bailan para que las penas no los ahoguen.
Accomarca nunca se rindió ante la muerte, supo levantarse como los integrantes de la comparsa, continuaron trabajando la chacra, celebrando sus fiestas, cantando, bailando.
EN LIMA
Quienes llegaron a Lima también lo hicieron, trajeron consigo el recuerdo de la muerte de sus seres queridos, su pueblo abandonado, herido pero también trajeron esperanzas: se organizaron, se representaron para exigir Justicia, logrando extraditar al principal responsable de ese crimen desde los Estados Unidos.
Al finalizar la presentación conversamos con el apurimeño Demecio Merino Acuña, de 78 años. Le preguntamos sobre su opinión acerca de la danza representada por el distrito de Accomarca y su respuesta nos sorprendió: “La última danza me tocó en lo profundo, pues a mi comunidad también entraron los terroristas. Una noche ingresaron, reunieron a toda la población en la municipalidad de Toraya, provincia de Aymaraes, y fueron asesinados. Yo me encontraba en mi casa, pero no ingresaron. Mis vecinos también fueron asesinados. En esa matanza perdí un hermano y algunos primos. La verdad, es la primera vez que vengo a los carnavales y no esperaba ver esta masacre, me hizo acordar y me puse a llorar.”
La señora Zulema Merino nos dice: “Me hubiera gustado traer a mis hijos para que vean estas cosas y saber quéfue el terrorismo, mis hijos no saben, piensan que el terrorismo fue como un juego y no saben que estas cosas fueron reales, han pasado y que puede volver a pasar.”
Podemos notar que esta representación activó las memorias de aquellas personas que fueron víctimas del conflicto, ya sea directa o indirectamente, muchos comentan, relacionan lo que ven con lo que han vivido, con lo que ha ocurrido en sus pueblos. Y es que es importante recordar.
LA LECCIÓN
Los carnavales son una ocasión para que las comunidades representen sus vivencias, sus costumbres, los danzantes, músicos y cantantes dan todo de sí por representar bien a su comunidad, lo hacen con orgullo; esta vez también nos dieron una lección de convivencia con sus muertos, nuestros muertos que no se van, nunca se van mientras dura la injusticia. Accomarca decidió representar el triunfo de la vida sobre la muerte, de la memoria sobre el olvido.
Quizá cada uno de los accomarquinos que baila sea familiar de alguna víctima: hijos, nietos, sobrinos. Quizás ninguna de las víctimas pensó antes de morir, hasta dónde llegarían sus memorias, quienes las conocerían, ni quienes se encargarían de transmitirlas.
El colegiado “B” de la Sala Penal Nacional presidido por la vocal superior Rosa Bendezú Gómez y conformado por las magistradas Miluska Cano López y Emma Benavides Vargas, emitirá mañana viernes 21 de marzo a las 2.30 p.m., la sentencia del caso de la matanza de los campesinos de Lucmahuayco (ubicado en el Valle de la Convención del Cusco), ocurrido en el año 1984.
Gráfico cortesía de Mauricio Delgado, Un día en la MemoriaGráfico cortesía de Mauricio Delgado, Un día en la MemoriaEl Fiscal Superior Luis Landa Burgos solicitó se les imponga 25 años de pena privativa de la libertad al General EP ® Juan Antonio Gil Jara, ex jefe del Comando Político Militar de Andahuaylas y a Leoncio Cáceres Ballón, ex jefe de la 34 Comandancia de la ex Guardia Civil de Quillabamba, acusados de ser los autores mediatos. De igual modo, al Coronel PNP ® Víctor Salas Lozano (jefe del operativo) y a otros 18 policías, 4 militares del ejército peruano, así como a 5 ronderos del valle de Incahuasi de la Convención, acusados de ser los autores directos del asesinato y de la desaparición Forzada de Alejandro Ccorahua Aspur y otros 27 pobladores de la zona.
Para el abogado de la parte civil, Juan José Quispe, la sentencia deber ser condenatoria pues durante todo el proceso -especialmente en el juicio oral- se han presentado diversos testimonios e instrumentos que comprueban los hechos.
El caso:
Los asesinatos y desapariciones en la localidad de Lucmahuayco -ocurridos a fines de septiembre y noviembre de 1984 por parte de militares, policías y ronderos- no fue un hecho aislado sino que se debió a un plan estructurado, diseñado y ejecutado desde las más altas esferas de las autoridades militares y policiales quienes coordinaron estrechamente para la ejecución de estos dos operativos con la finalidad de dar golpes importantes, inmediatos y urgentes para la lucha contra la subversión.
Para estos operativos se utilizó información de inteligencia así como la denuncia de los propios pobladores de Incahuasi la que fue suficiente y necesaria para la elaboración de los planes operativos que culminaron con las operaciones realizadas en primer lugar, la de fines de septiembre de 1984 en donde el Coronel Juan Antonio Gil Jara entonces Jefe del Comando Político Militar de Andahuaylas (Jefe del Área de Seguridad Nacional de Andahuaylas), ordenó al Comandante Roque Augusto Yupanqui Salaverry Pereyra para que conjuntamente con el Mayor Hugo Armando Figueroa Gonzales, el Teniente Jorge Eduardo Valdés Rodríguez y el capitán Edinson René Terrones Fernández conformaran una patrulla militar todos provenientes de la Base de Andahuaylas con la finalidad de presuntamente formar comités de autodefensa pero que en la práctica terminaron por arrasar con personas presuntamente vinculadas a la subversión ubicadas en las localidades de Vacrachacra, Milhar y Pintocc.
En un segundo momento, el 26 de noviembre de ese mismo año, la Jefatura de la 44 Comandancia de la Guardia Civil que en esa época estaba a cargo de Leoncio Fritz Cáceres Ballón diseñó y distribuyó los roles del plan operativo denominado “Patrulla Móvil” por lo que los miembros de la ex Guardia Civil del Perú jefaturados por el Capitán Víctor Salas Lozano y los tenientes Serafín Daniel Bendezú Pumasunco y Julio David Estrada Robles conjuntamente con 17 efectivos policiales más y aproximadamente 100 comuneros entre ronderos y pobladores de la comunidad de Incahuasi incursionaron en la localidad de Lucmahuayco y Cacaopampa con la finalidad de erradicar la subversión en dicha localidad, en este operativo se dio muerte y desapareció a Pablo Alarcón Vargas, Juan Ccorahua Aspur entre otros y se detuvo a 27 personas acusadas de pertenecer a la organización subversiva de Sendero Luminoso, las que luego de varios y dilatados juicios orales fueron absueltas del delito de terrorismo, confirmando la mala sindicación realizada por los policías toda vez que se demostró que éstas personas fueron secuestradas, obligadas y forzadas a colaborar con Sendero Luminoso.
Por Rocío Silva Santisteban Secretaria Ejecutiva, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
“Parecía increíble lo que nos contaron las mamitas de ANFASEP durante las gestiones de las audiencias de la CVR en Ayacucho: la existencia de un horno en la zona del cuartel Los Cabitos” comentó José Coronel, ex director de la CVR-Ayacucho, en la presentación del libro Cuartel Los Cabitos: lugar de horror y muerte, publicado por APRODEH, “pero cuando se produjeron las exhumaciones y nos dimos cuenta de que, en efecto, muchos de los cadáveres habían sido incinerados para no dejar huella tuvimos que confirmar esa historia”.
Cuando Wilfredo Mori decide incinerar los cadáveres en 1985, al parecer había ya más de 500 enterrados. En el 2005 cuando se empezaron a realizar las exhumaciones, el general Clemente Noel negó la existencia del horno y de los cadáveres. “Serán de carneros”, dijo. En el 2011 el Instituto de Medicina Legal pudo ubicar restos óseos de hombres, mujeres y ¡¡niños!!, incluso con sus prendas de vestir, muchos de ellos con orificios de bala en la parte posterior del cráneo, un total de 109 personas. Pero además se encontró el horno, los tubos galvanizados, los conductos del gas y restos óseos quemados junto con cauchos y ladrillos. ¿Cuántos cadáveres habrán desaparecido de esa manera?
Hoy podemos decir con absoluta certeza, gracias a las investigaciones de fiscales valientes como Carmen Luz Ibáñez y al proceso que se está desarrollando en la Sala Penal Nacional, que el Cuartel Los Cabitos fue un centro de clandestino de reclusión, torturas, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de personas. Uno de los que desaparecieron en él fue Arquímedes Ascarza Mendoza, hijo de “mama Angélica”, la fundadora de ANFASEP. El hijo le envió a la madre una nota, desde adentro del cuartel, en la que le pedía que le busque abogado. Nunca más se supo nada de él. El testimonio de una mujer, designada como OKZ en el proceso Cabitos 83, narró que fue violada por su torturador “Me bajó mi buzo, todo me sacó, se bajó su pantalón, me sentó en su escritorio… abusó de mí […] Cuando a una niña de 10 años la violan de [esa] manera, cómo cree que puede sentir una niña, no he tenido una infancia feliz”.
Hoy en Ayacucho la población exige que ese centro de exterminio se convierta en el Santuario de La Hoyada. Por eso el Gobierno Regional y la Municipalidad, junto con el Minjus y el Ministerio de Agricultura, están haciendo los trámites correspondientes. Pero un sector se opone: el Ministerio de Defensa. No quieren un santuario, ni un espacio de memoria, ni nada que haga recordar esos crímenes. A diferencia de Alemania, que tanto ha luchado por inculcar una cultura de paz luego del exterminio nazi, en el Perú solo queremos olvidar. Cuidado: el que olvida su historia está condenado a repetirla, ¿o no, ministro Cateriano?
Acusados por atentado que dejó 25 muertos, serán interrogados el jueves
El Segundo Juzgado Penal Nacional dispuso el interrogatorio del líder de Sendero Luminoso (SL), Abimael Guzmán para este jueves, en el marco del juicio oral que enfrenta por el caso del atentado de Tarata cometido por sus huestes, el 16 de julio de 1992, y que dejó 25 muertos y 150 heridos.
Ellos son junto a Elena Iparraguirre, Margie Clavo, Osmán Morote, Margot Liendo, Florentino Cerrón, Edmundo Cox, Laura Zambrano, Elizabeth Cárdenas y Moisés Límaco, parte de la cúpula de SL. Son acusados por la Fiscalía como autores mediatos del ataque terrorista de Tarata, en Miraflores, ejecutado con dos coches bomba cargados con 500 kilos de explosivos.
En la pasada audiencia, la titular del referido juzgado, Mercedes Caballero, declaró fundado el pedido de prisión preventiva para la mayoría de la cúpula de la agrupación terrorista, aunque rechazó el pedido de acusación por narcotráfico contra ella.
Al ser consultado, Alfredo Crespo, abogado de Guzmán, insistió en la inocencia de su patrocinado al referir que el atentado en “Tarata” fue consumado por un destacamento del comité zonal centro de SL, “cuyos autores directos ya fueron condenados”.
DATO:
Además del interrogatorio a los principales cabecillas de SL, se ha programado para este juicio la visualización de la entrevista que brindó Guzmán y su pareja Elena Iparraguirre a Montesinos.
El pedido de prescripción de los crímenes que se les imputa en el caso de la masacre de presos del Frontón, ocurrida en 1986, presentado por dos procesados en ese caso, será visto hoy por el Primer Juzgado Penal Nacional. Los abogados de Héctor Lazo Galliani y Carlos Trevejo Rojas, expondrán sus argumentos.
Los acusados afirman que los delitos que se les imputa han prescrito al haber transcurrido 27 años de sucedido los hechos, cuando –según ellos– el plazo máximo es de 20.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH), uno de los representantes legales de las víctimas, señaló que esta pretensión debe declararse infundada, ya que se trata de un crimen de lesa humanidad.
Recordó que la fiscalía asegura que el accionar de los procesados “vulnera los derechos fundamentales del individuo”, efectuado “como parte de asesinatos masivos”. Remarcó que el Tribunal Constitucional recomendó que el Poder Judicial continúe con la investigación.
En nueva audiencia, exministro Bergamino confirmó que Economía y Finanzas destinaba dinero a Defensa que iba directamente al SIN.
El exministro Carlos Bergamino ratificó que el expresidente Alberto Fujimori tenía conocimiento de los desvíos de fondos de las instituciones armadas y hasta el Ministerio de Defensa hacia el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para su reelección del 2000.
Alberto Fujimori. Foto: EFEAlberto Fujimori. Foto: EFEEn una nueva audiencia del juicio por los denominados ‘diarios chicha’, Bergamino Cruz relató que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con la anuencia del Gobierno, destinó partidas especiales hacia la cartera de Defensa.
Sin embargo, estos fondos iban directamente al SIN, al existir una disposición, desde 1992, para que las partidas de Defensa pasen esta institución, tal como se lo dijo el exasesor Vladimiro Montesinos.
Al ser consultado sobre las partidas al SIN, indicó que estas iban de 1 a 10 millones de nuevos soles.
La audiencia duró menos de media hora, al no asistir el exfuncionario del SIN, Abel Villalobos. Este testigo fue citado de grado o fuerza. El juicio se reiniciará el miércoles 19 con la presencia del exministro fujimorista César Saucedo.
HABLA EL ABOGADO
El abogado de Alberto Fujimori, William Castilla, indicó que su cliente no conocía que se desviaban fondos al Servicio de Inteligencia Nacional.
“No estoy negando el desvío de fondos, lo que estoy negando y demostrando es que el señor Alberto Fujimori, entonces presidente del país, no autorizó, no ordenó, no tenía conocimiento que a través del SIN se desviaran fondos para temas de reelección y diarios chicha”, dijo.
Las nuevas peripecias del único sobreviviente de la matanza de Lurigancho. Un caso que demuestra que la reconciliación nacional aún tomará muchos años más.
Por Ricardo Uceda
Una de las más asombrosas historias personales es la de Efrén Ticona Condori, de 56 años, encarcelado sin sentencia en el centro penitenciario Castro Castro. El 18 de junio de 1986 era uno de los 125 presos por terrorismo amotinados en Lurigancho. Ese día los penales El Frontón y Santa Mónica también habían sido tomados por los senderistas. La brutal recuperación militar produjo más de doscientos cincuenta muertos, la mayoría asesinados. En Lurigancho no se reportó ningún sobreviviente.
En la primera narración pública que hizo del suceso, publicada en 2004, Ticona refirió haber escuchado los disparos que a su costado iban descargando los policías, los diálogos entre ellos para rematar a los que parecían vivos: “Mira, mira, este respira”. Y ¡pum! Estaban apretujados, y Ticona yacía pegado a un recluso que agonizaba y emitía una especie de ronquido. Un guardia lo escuchó. La bala del remate le pasó rozando y la sangre caliente del muerto se derramó por su cuello. Al despuntar el alba los republicanos se retiraron y en un instante en que la vigilancia de las torretas prestaba atención a los camiones que ingresaban para recoger a los cadáveres, Ticona brincó como un gato hacia el Pabellón Industrial aun humeante.
También fue prodigiosa su historia posterior. Del semidestruido Pabellón Industrial pudo pasar subrepticiamente al sector de los presos comunes, donde estuvo varios meses escondido. En ese momento su condición era la de fallecido en el motín. Antes era un recluso que esperaba juicio. Finalmente escapó de Lurigancho disfrazado de agente penitenciario. Retornó a Tacna, donde había vivido casi toda su vida y se había hecho senderista. Allí fue recapturado años después. Pero nadie asoció al Ticona que se detenía con el que estaba oficialmente muerto en junio de 1986. Él tampoco lo dijo.
En este anonimato respecto de los hechos de 1986 es que transcurrió la segunda etapa de su vida en prisión. Lo consideraban un senderista más, aunque la organización lo había expulsado y estaba al margen de toda acción delictiva. Lo conocí en 2002, mientras estaba detenido en Tacna y yo recogía material para mi libro Muerte en el Pentagonito. Cuando lo abordé se sorprendió de que conociera su verdadera historia.
La información me la había entregado originalmente Guillermo Catacora, quien en 1993, junto con Justo Arizapana, proporcionó al congresista Róger Cáceres Velásquez la localización exacta de los cuerpos de los estudiantes desaparecidos de la Universidad La Cantuta, asesinados por el Ejército el año anterior. Arizapana vio el entierro. A su vez, Cáceres hizo llegar la información a la revista Sí, que yo dirigía. Pero los periodistas del semanario ignorábamos quiénes eran los informantes de Cáceres y recién lo supe en 2002, cuando entrevisté por primera vez a Catacora para mi libro. Tenía aún la boca abierta por la revelación cuando me dijo:
—Oiga, no es lo único terrible que conozco. ¿Sabía que hubo un sobreviviente en la matanza de Lurigancho?
Resultó que en 1986 Catacora le había abierto a Ticona la puerta para que pudiera entrar del Pabellón Industrial a la cuadra de los presos comunes. Pero no conocía su nombre. Con su testimonio extraordinario recurrí a los senderistas de Castro Castro, a quienes entrevistaba en busca de información histórica, con resultados disímiles. Luego de varios meses me dijeron quién era y dónde estaba.
—Es un renegado —dijo la fuente— pero puede ayudar a desenmascarar la masacre.
¿Por qué volver a Efrén Ticona en 2014?
Porque actualmente es un emblema de lo que ocurre con muchos peruanos empantanados sin razón valedera en litigios por su participación en la lucha contrasubversiva. Hay de ambos lados, y El Informante procurará reportarlos. En ocasiones son militares acusados de violaciones de derechos humanos contra quienes las pruebas no son suficientes o simplemente no son culpables. Otros casos involucran a quienes han sido senderistas —o lo son— y han cumplido su pena. Una corriente quizá mayoritaria desearía que el sistema judicial se valga de cualquier triquiñuela para no administrar justicia. Como esta posición es indefendible nadie la enarbola públicamente. Lo que ocurre con Ticona indica que hay jueces que practican esta perversión.
Lo habíamos dejado en Tacna, tras ser recapturado luego de su fuga de Lurigancho. Salió en libertad en 2005, absuelto de un juicio por falta de pruebas. Volvieron a capturarlo en 2009, por una requisitoria que desconocía. Por entonces era chofer de una compañía de transporte turístico en Tacna y estaba completamente regenerado. Su empleador y vecinos atestiguaron su buena conducta y laboriosidad. En el expediente visto el 2009 se lo incriminaba genéricamente de atentados terroristas en Puno, Cusco y Arequipa. Todos los acusados habían sido absueltos y Ticona aún no, porque estaba ausente en la lectura de sentencia. La única prueba que ofrecía la fiscalía era la declaración del policía que hizo el atestado. Después de mucho tiempo fue ubicado en algún lado del país. Ante la Sala Penal Nacional, a cargo del juzgamiento, el policía declaró que la firma del atestado era efectivamente suya pero que no se acordaba de los hechos.
—¿Para esto hemos venido a juicio oral? —le preguntó al fiscal la jueza Susana Castañeda.
En 2010 Ticona fue absuelto. Cuando se iba a consumar la excarcelación, el INPE dijo que había tres órdenes de captura en su contra, correspondientes a otros tantos atestados. Todos correspondían a la Sala Penal Nacional. Algo así es posible porque en esta instancia judicial, que es compuesta por varias subsalas que se denominan Colegiado A, B, C, D, E y F, la información sobre los procesados no está uniformizada. Mientras Ticona llevaba más de dos años alegando su inocencia ante uno de ellos, ignoraba lo que se le imputaba en los otros. Nunca había sido notificado. Su defensa pidió unificar todos los procesos adicionales pendientes, reuniendo todas las vagas acusaciones que la fiscalía había copiado de los atestados. La unificación demoró año y medio más. Cuando faltaban dos meses para que se cumpliera el límite legal de cuatro años en el que una persona puede estar detenida sin sentencia, el abogado de Ticona solicitó juzgarlo en situación de comparecencia.
Los jueces no resolvieron el pedido y el límite legal de detención sin sentencia venció. Luego, ante la ilegalidad, la Sala Penal Nacional decidió otorgarle arresto domiciliario —debía excarcelarlo como manda la ley— pero la medida nunca pudo ser ejecutada. La policía opinó que las viviendas que Ticona ofrecía, una de ellas facilitada por una comunidad cristiana, no brindaban adecuadas condiciones de seguridad. Uno de los reparos era la existencia de cabinas de internet en las inmediaciones. Junto con su tercera objeción, la policía reportó la existencia de ocho nuevos juicios en los que el hombre que debía morir estaba incurso. La Sala retrocedió y se rehusó a ejecutar el arresto domiciliario. El abogado de Ticona hizo notar al colegiado que no había ocho sino únicamente dos nuevos expedientes. Uno de ellos se acumuló al proceso y el otro fue archivado porque los delitos estaban prescritos. En esta situación, con todos los expedientes pendientes acumulados, el colegiado decidió excarcelar a Ticona. Entonces apareció otra dificultad: el INPE informó sobre un novísimo proceso con mandato de detención. Otro caso del cual, supuestamente, no se tenía noticia.
No era novísimo, sino uno que ya estaba acumulado desde finales del 2013. Pero el colegiado, que ya no era el mismo sino otro que lo reemplaza por vacaciones, decidió que ante este “nuevo proceso” no cabía excarcelación. Finalmente es posible que un recurso de hábeas corpus la otorgue, pero ya surgirá algo en el camino para impedirlo. En el fondo nadie quiere liberar a alguien que ha sido senderista. Aunque haya pagado su culpa y pronto cumpla cinco años preso sin sentencia condenatoria. Quizá Ticona muera en la cárcel y la venganza se consume. Quizá pierda una pierna por falta de un tratamiento adecuado. Tiene una úlcera varicosa profunda, con infección e insuficiencia venosa, causantes de dos trombosis graves. Habrá quienes se alegren, porque la reconciliación nacional aún tomará muchos años más.
La Comisión de Extradiciones Activas y Traslados de Condenados del Ministerio de Justicia (Minjus) inició los trámites para solicitar al gobierno chileno la ampliación del cuaderno de extradición del exmandatario Alberto Fujimori para juzgarlo por la matanza en Pativilca.
16:57. Lima, feb. 24. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) expresaron hoy su preocupación por el pedido de la defensa de Alberto Fujimori de revisar la sentencia aplicada al exmandatario.
Foto:ANDINA/archivoFoto:ANDINA/archivoAmbos organismos especializados en la defensa de los derechos humanos emitieron un pronunciamiento conjunto donde recuerdan que la condena a Fujimori expedida por la Corte Suprema, si bien apeló al tema de la lesa humanidad, se basó en los delitos por los que su similar chilena autorizó la extradición correspondiente.
El argumento del abogado de Fujimori para pedir la revisión del fallo es que el exmandatario no ha sido sentenciado por la justicia peruana por los ilícitos por los que se le extraditó desde Chile, en 2007.
Al respecto, la directora del Cejil, Viviana Krsticevic dijo que este proceso fue considerado “ejemplar” por la comunidad internacional al haberse llevado a cabo “de manera justa imparcial y con pleno respecto al debido proceso y los derechos del acusado”.
La condena judicial a Fujimori ha sido materia de pronunciamientos desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recuerda el comunicado de Wola y Cejil.
En tal sentido, Jo-Marie Burt, asesora principal de WOLA, pidió que “cualquier recurso judicial que cuestione la condena contra Fujimori sea considerado en el marco de las obligaciones internacionales de Perú y en apego a los principios de imparcialidad y debido proceso para todas las partes”.
Ambas entidades también hacen referencia en el documento a declaraciones de Javier Villa Stein, presidente de la Sala Permanente de la Corte Suprema; ente que vería el anunciado pedido de revisión.
Se recuerda que el mencionado magistrado ha señalado a una radio local que “da la razón” al argumento de que Fujimori no fue extraditado por el delito expreso de lesa humanidad.
Frente a la pretensión del abogado de Alberto Fujimori, William Castillo, de que se anule la sentencia condenatoria a su patrocinado como autor mediato de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta, el tema del juicio y condena a Fujimori vuelven a los titulares en el Perú. A continuación reproducimos tres artículos publicados al respecto, incluso una entrevista con el juez que condenó a Fujimori y el ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Entrevista con César San Martin, el juez que presidió la Sala Penal Especial, que condenó Fujimori a 25 años de prisión por homicidio agravado, asalto agravado, y secuestro agravado.
Se necesita mucha prueba nueva para anular condena a Fujimori
César San Martín. Ex presidente del Poder Judicial y director de debates de la sala que condenó a Alberto Fujimori por delito de lesa humanidad.
Se ha desatado una nueva campaña en su contra. Pareciera que el juicio a Fujimori por violación de derechos humanos no termina. ¿Cuál es su visión de este tema?
Pretenden crear esa impresión a partir de un concepto, que en sociología se llama el negacionismo. Desde esa línea tratan de hacer ver que fue un juicio inexistente desde el momento en que, según ellos, no se actuó frente a un tribunal imparcial. Por consiguiente, la decisión que emergió debe ser anulada. Entonces, el núcleo de este psicosocial, ya conocido por nosotros desde los años ’90, es el desprestigio de los jueces, en especial de quien fue director de debates.
Se plantea una revisión de la condena, ¿eso es posible?
La cosa juzgada tiene una sola excepción, la revisión penal. Son dos los únicos motivos generales para conceder una revisión y anular una condena firme. Primero, cuando se incorpora pruebas que no estuvieron presentes en el momento en que los jueces deliberaron y votaron la causa. En segundo, lugar cuando se produce una condena amparada en una prueba falsa, ya sea porque los testigos eran perjuros o mentirosos, así declarados por sentencia firme, o porque algún documento resultó siendo falso o cuando los testigos han sido objeto de presiones o delitos en su contra para que digan una versión que no se corresponde con la verdad.
¿Entonces, no se requiere cualquier prueba nueva?
Lo fundamental es que sea de tal nivel, de tal fuerza, que analizada en contraste con la prueba ya incorporada permita concluir por la inocencia. Además, debe ser una prueba lícitamente obtenida, una prueba legal desde el punto de vista formal y, desde luego, constitucional.
En un juicio, como el de Fujimori, ¿qué prueba podía haberse quedado oculta por allí hasta hoy?
La vida es muy rica en sucesos que pueden presentarse de un modo tan extraordinario, que sería muy peligroso analizar un caso concreto. Tendría que ser no una, sino un conjunto de pruebas nuevas, que los documentos resulten ser falsos, que el grupo Colina nunca existió, que los muertos están viviendo.
¿La conducta de los jueces entra en las causales para una revisión?
No. Las causales que señala nuestro Código no van por ese lado.
¿Qué se busca entonces con esta campaña contra usted?
Quieren lograr, mediante mecanismos de presión pública, no solo desprestigiar al juez, sino además introducir en la conciencia colectiva que el fallo fue injusto, al considerar que puede ser prueba nueva la conducta judicial de los jueces antes o durante el juicio.
El nuevo abogado de Fujimori fue magistrado. Debería saber todo esto muy bien
Este abogado es muy confuso y de limitados recursos. Por un lado, dice esta sentencia se redactó antes del juicio, con apoyo de jueces o juristas españoles y, en segundo lugar, que se vulneró el principio de especialidad extradicional porque se condenó por un delito que no autorizó la Corte Suprema de Chile. Son hasta ahora los dos únicos argumentos que han introducido y que los tres jueces hemos puntualmente esclarecido y rechazado.
¿En qué circunstancias usted realizó las consultas con juristas españoles?
En abril y mayo del 2008, tuve intercambio epistolar electrónico, no con juristas españoles, sino con peruanos discípulos míos que estaban estudiando doctorado en la universidad de Alicante. Les pedí dos cosas: que analicen la acusación fiscal, desde el punto de vista del título de imputación, no si era responsable, y en segundo lugar que procuren que el departamento de derecho penal de esa universidad realice un seminario interno, a la vista de la acusación y la sentencia de la Corte de Chile, que hablan de la autoría mediata.
¿Pero, eso no generaría un adelanto de opinión?
No, era absolutamente dogmático. No pido responsabilidades. Se produjo un seminario, se debatió y los chicos me mandaron sus impresiones, no tuve yo diálogo directo con ninguno de los profesores. Eso fue antes de que comenzara el juicio. Un juez está autorizado a solicitar un debate sobre un posible cambio del título de imputación y eso fue lo que sucedió.
¿Para que el acusado también pueda defenderse?
Claro, eso está perfectamente previsto en el código, eso no es ningún problema. Fue una incorporación de datos y he pedido muchos y a muchos una serie de informaciones técnico jurídicas. Pero, ojo, aquí viene la primera desgracia de los acusadores. Esa parte de la sentencia y otras no fueron redactadas por mí, sino por Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo. Cuando fuimos objeto de ratificación por el Consejo Nacional de la Magistratura, en audiencia pública, debidamente grabada, los tres dijimos lo mismo. La sentencia fue dividida en títulos y capítulos y encargamos, cada parte y cada título, a cada vocal.
¿Entonces, la comunicación por correo electrónico con España se dio?
Reconozco que tuve correspondencia epistolar, pero rechazo la integridad de lo que se ha publicado; además, no es un correo electrónico, es un impreso. Cuando pretendieron frustrar mi camino a la presidencia del Poder Judicial yo dije no estoy en condiciones de afirmar o negar. Ahora que se da esta segunda ola, presenté una denuncia, porque primero se había ingresado a mi cuenta personal desde el servidor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. En segundo lugar, noté que muchos párrafos estaban alterados.
¿Dice que hubo una adulteración de los correos?
Tenemos el acta de visualización de los correos donde se establece que es una empresa radicada en Estados Unidos la que está metida en este asunto. Han fotocopiado o escaneado el impreso que tenían antes y lo han colgado en la página “ana_freitas_777”. Se establece que son documentos obtenidos vía fotocopia y que existen suficientes motivos para sostener que ha habido una adulteración de esos documentos. El parte policial determina que ese documento no es prueba válida.
Pero ¿sí sirve para una denuncia?
Como quiera que la interceptación de las comunicaciones es un delito, ese documento ilegalmente obtenido se convierte en el cuerpo de un delito. Y cuando la víctima lo pide y denuncia el hecho, actuarse diligencias, para determinar quién es el autor y sancionarlo como corresponde.
¿Quién hizo estos peritajes?
Los han hecho dentro de una denuncia, con participación de la fiscalía y en el órgano competente que es la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la DININCRI. Lo he hecho porque ya superaron los límites, al punto que en el Congreso formularon una denuncia falsa en mi contra. Felizmente, ya demostré que el domicilio era falso y que el supuesto denunciante vivía en las serranías de Arequipa y que los hechos no tenían ninguna razón, que se ha archivado.
El caso Almenara ya se había visto antes…
Son refritos que le quieren dar otra vueltita. Los correos ya se conocían, pero el abogado, que se cree un genio, quiere darle un sentido nuevo. Luego, pomposamente se va a Chile y le dan una patada, al darle las copias de las dos sentencias. Hasta ahora no han presentado una denuncia por los correos ante el Congreso, pero lo podrían hacer. Si quieren pelea, no me arredro, como buen chalaco, no me asusto tampoco. El caso Almenara incluyó una consulta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fue resuelto por la Sala Plena de la Corte Suprema, donde como presidente no voté.
¿Y cómo se encuentra el caso ante el Consejo Nacional de la Magistratura?
Tras la inhibición del consejero Pablo Talavera por una cuestión de decoro, no porque tenga que ver conmigo, sino porque su señora esposa, que es fiscal, participa en el juicio a Fujimori por los diarios chicha, se ha nombrado al reemplazante, que es el ingeniero Gonzalo García, que está en la Comisión, junto a Gastón Soto Vallenas y Luz Marina Guzmán. Allí está, listo para el dictamen, pero estoy tranquilo. Además, hay otra cosa que es muy importante, que no la voy a invocar por razones morales: la denuncia está caducada. La Ley dice que la denuncia debe ser presentada a los seis meses de ocurridos los hechos y, cuando es de oficio, cuatro años, que han pasado. Pero con estas pericias y este parte policial claramente determinó que aquí hay delito.
¿Dice que va a haber una tercera ola de ataques contra usted?
Nada puede mantenerse en secreto, como dice el dicho popular, secreto de más de dos no es secreto. Estos aún se creen que están en los años ’90 y son los capos de los sicosociales, pero las cosas han cambiado y no se han dado cuenta de que no están luchando contra mí, sino contra todo un movimiento. Hay un libro que se publicó en enero del 2008, antes de los correos, sobre “Prueba Ilícita y Lucha contra la corrupción, el caso del allanamiento y secuestro de los vladivideos”, cuyo director es el doctor Ascencio Mellado, jefe del departamento de derecho procesal de la universidad de Alicante, y el coordinador fue José Ugaz Sánchez Moreno, a partir de lo cual quieren hacer ver que los pedidos que hice yo no eran una pura búsqueda de información, sino una búsqueda de argumentos para condenar. Están tratando de unir agua con aceite, para, como alquimistas que son, tratar de decir que esta es otra prueba de que busqué elementos fuera para que me redacten la sentencia.
Pero el tribunal fue de tres magistrados, ¿en qué condición quedan los otros dos jueces?
Este fue un caso muy especial, el caso republicano más importante y el modelo de la justicia transicional en América Latina, hecho en democracia, no en la época nazi o en dictadura. Fue un juicio tan complejo, que requirió el apoyo de todos nosotros. Era una discusión diaria, teníamos papeles de trabajo, fotocopias, que llenaban un cuarto e intercambiábamos documentos, si hubieran hackeado eso, sería una cosa terrible.
¿Cómo se llega a establecer la calificación de lesa humanidad a los delitos cometidos por Fujimori?
La consideración de crímenes de lesa humanidad no fue una creación nuestra, ya estaba dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Barrios Altos, que permitió anular la amnistía. También por el TC en numerosas sentencias del grupo Colina. El 2012 cuando se produjo una polémica, luego que un sector de la Corte Suprema calificó que no era de lesa humanidad, el 7 de setiembre del 2012, la Corte IDH dictó una resolución donde ratifica que es una violación de derechos humanos y que al no hacerse así se vulneró el orden internacional. Que no digan que esto no es delito de lesa humanidad y que eso fue un agregado nuestro. La jurisprudencia en derecho internacional es muy clara e impone a los jueces, esté o no descrito en la jurisprudencia interna, a analizarlos y hacer un pronunciamiento, eso es lo que hicimos. El título de la condena no varió, a Fujimori se le condenó por tres delitos.
¿Pudieron recurrir a Chile cuando se discutió el recurso de nulidad de la condena?
La única autoridad o sujeto jurídico que puede reclamar que no hay congruencia entre lo sostenido en la sentencia de entrega y la sentencia que emitió la jurisdicción que requirió, es el que entrega: Chile, que no ha dicho nada.
¿Presentarán el recurso de revisión?
Hace meses lo han anunciado. Ahora dice que cuando culminen las vacaciones, veremos pues. Lo que pasa es que no tienen argumentos.
¿Quién verá la revisión?
Aún no está decidido qué Sala Suprema Penal verá este tema. Hay un error cuando se dice que como quiera que la Sala Penal Especial que dictó la sentencia emergió de la Sala Penal Permanente esta debe ser la que resuelve. Pero, olvidan que esa no es la sentencia que vale. Vale la ejecutoria suprema que la dictó la Sala Penal Transitoria y, entonces, se podría decir que ésta es la que tendría que pronunciarse sobre la revisión. Pero no es así. La revisión es un proceso autónomo, el sistema que siempre se ha seguido es el aleatorio, el pedido de revisión entrará a mesa de partes y allí con los procedimientos computarizados, y con veeduría de la OCMA, va a establecerse a cuál Sala Penal Suprema le corresponde resolver el pedido, si se presenta.
Si llega a la Sala Penal Transitoria que integran usted y los otros dos jueces que condenaron a Fujimori, ¿qué pasará?
Se iniciaría una recusación, lo mismo si va a la Sala Penal Permanente, recusarán al que tanto ha hablado del tema. También puede haber una inhibición, pero cada cosa en su día, no la van a tener fácil.
Trabajé con Vega Santa Gadea, no tengo de qué avergonzarme
¿Estas denuncias perturban su labor jurisdiccional?
Desde luego, porque tienes que dedicar tiempo y esfuerzos en defenderte. Pero esto ha reavivado mi lógica abogadil. Yo ejercí la defensa durante 12 años. He hecho calle en los tribunales. Soy abogado y estaré permanente en mi caso. Manco no soy, cobarde menos, solo no estoy. Así que estamos en equilibrio, yo diría que estamos más fuertes que ellos. Firmes contra esta campaña miserable de quienes no tienen argumentos jurídicos y lo único que hacen es sicosociales para manchar honras, destruir a las personas. Por eso, les dijo, no les tenemos ningún miedo.
Usted estuvo fuera de la magistratura, ¿se arrepiente de haber regresado a trabajar como juez?
Regresé por concurso, no por acciones de amparo, por concurso. La vocación es la vocación, quien se metió a bombero, que las llamas lo busquen. Todo este asunto me fastidia por supuesto, pero estoy en lo mío. No me arrepiento de ser juez. El paréntesis fue como abogado y me demostré a mí mismo que en el ejercicio profesional puedo estar muy bien, fui un abogado de éxito, no soy juez por temor a desempeñarme como abogado. Pero ganó mi vocación. Claro, tampoco pensé que tendría a cargo este juicio a Fujimori y lo mucho que me iban a querer estos señores, pero así es la vida y hay que continuar.
Cuando sale de la magistratura el año ’92, usted trabajó con el ministro fujimorista Fernando Vega Santa Gadea. ¿Es un fujimorista encubierto?
Las cosas son claras, creo que muchos pensaron: como ha trabajado allí, este es un fujimorista y nos va a dar la razón y por eso no me recusaron. Una estupidez. Yo trabajé una línea profesional, en la Gerencia Técnica de Naciones Unidas, para trabajar temas que tenían que ver con perfilar un sistema penal más acorde con el sistema de derechos humanos. Siempre mantuve mi independencia, siempre decía lo que tenía que decir y hacía lo que debía hacer y acabé abruptamente al cabo de 9 meses, por un conflicto de discrepancias y actuaciones. ¿Me equivoqué o no al estar allí? No sé, pero gané mucha experiencia y nunca lo he ocultado, no tengo de qué avergonzarme.
Entrevista con Salomón Lerner Febres, ex presidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y presidente del Instituto de la Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP).
Seria barbaridad verguenza nacional si anula condena Fujimori
Las clases de Filosofía que él imparte recién empiezan en marzo, por lo que, digamos, tenía tiempo libre para conversar. ¿El tema? La evidente campaña política y legal del fujimorismo para traerse abajo la sentencia de 25 años de prisión que le impuso la Sala Penal Especial que presidió el juez César San Martín.
En algún momento del diálogo Lerner Febres recordó una de las contradicciones del fujimorismo: “Si se pide el indulto (a favor de Fujimori) es porque se está aceptando la culpa, ¿no es cierto?”. Respondí con una pregunta: ¿no hay otra posible interpretación? “No”, sentenció. Ni siquiera la filosofía, que él quiere tanto, podría cuestionar ese hecho concreto.
Con un tono de voz calmado –como siempre–, Lerner Febres sostiene que “más prejuicios tiene Javier Villa Stein que César San Martín. (Villa Stein) no ha demostrado prudencia”. Él, además de ser doctor en Filosofía, se graduó en Derecho. A continuación sus apreciaciones sobre el caso Fujimori.
Diego Hernández
-En las últimas semanas, el fujimorismo, desde todos sus frentes, ha vuelto a cuestionar al juez César San Martín y la sentencia que emitió en contra de Alberto Fujimori…
Es evidente que hay una campaña (en contra de San Martín) que desgraciadamente mezcla lo político con lo judicial, que son ámbitos bien diferentes. Esta especie de intromisión no es aceptable porque se mezclan los criterios y, además, a partir de una cierta postura política, se cuestiona lo que es la recta administración de justicia, lo que es, a mi juicio, lo que ocurrió en el caso Fujimori.
-En términos jurídicos, ¿se puede cuestionar el fallo que condenó al expresidente a 25 años de prisión?
Desde un punto de vista legal, nosotros estamos hablando de cosa juzgada, ratificada en las más altas instancias, y la sentencia ha sido reconocida internacionalmente por su fundamentación. Además, resulta paradigmático tratándose de un enjuiciamiento a un jefe de Estado. Todos los principios fueron respetados en el juicio, que además fue público. La sentencia fue absolutamente razonada y se estableció que no hay impunidad y eso honra a la justicia peruana.
-Pero la defensa legal de Fujimori tiene el derecho de solicitar un pedido de revisión de la sentencia.
El derecho a solicitar una revisión lo tienen, pero creo que la justicia tiene que pronunciarse no en función del derecho que uno pueda tener, sino analizando con objetividad el estado de la cuestión y ver si ese derecho efectivamente puede ser atendido o no.
-Si no existe un motivo legal para que se revise la sentencia…
-Comprendo que existe una cuestión política que, además, es respaldada por un sector de la población. Pero también tenemos al juez Javier Villa Stein, quien constantemente critica el fallo y a San Martín.
Pero es un juez muy especial, ¿no? La rebaja de la pena a los miembros del grupo Colina, tratándose de crímenes realmente terribles y en donde la justicia internacional les negaría esa especie de beneficio; eso de algún modo no habla muy bien de su conducta. Y yo lo escuché el otro día en radio adelantando opinión sobre ciertas cosas y utilizando algunos adjetivos que una persona que administra justicia pues debería tener mucho cuidado en usarlos. Hablaba de los caviares y esas cosas. Eso indica una serie de prejuicios en alguien que tiene que hacer juicios.
-Incluso existe la posibilidad de que se llegue a anular la condena a Fujimori…
Yo no soy un perito en materia judicial, pero en nuestro país son posibles muchas cosas que parecieran imposibles en otro lado. Pero creo que en el fondo, si sé que actúa con un mínimo de objetividad, eso no podría pasar. Cometerían una barbaridad y sería una vergüenza nacional si se anulara la sentencia.
-El abogado de Fujimori, William Castillo Dávila, critica el fallo por una serie de correos y consultas que hizo San Martín a juristas españoles.
Los mails por los cuales se cuestiona a San Martín han sido adulterados. Y el hecho de que se consulte para de esa manera tener mayor ilustración, llegado el momento de dar una sentencia, es una práctica común. Eso indica, más bien, la conciencia que tienen los jueces de estar mucho más empapados en materia jurídica y no es la autosuficiencia de aquel que dice yo lo sé todo.
-Entonces, ¿por qué cuestionan la sentencia utilizando esos argumentos?
El juicio y la sentencia obedecen a lo que llaman los juristas el principio de legalidad. Él ha sido condenado por homicidio, por torturas. ¡Por Dios! No pueden llegar a decir que porque se ha usado el término “lesa humanidad” en algún momento (del fallo), eso invalida el pronunciamiento judicial.
-Fujimori ha dicho que como él no fue extraditado de Chile por “lesa humanidad” no debió de ser juzgado por eso. Su abogado ha sostenido lo mismo. Pero ha quedado demostrado que “lesa humanidad” no es un delito que está tipificado como tal en nuestro país. ¿Es un argumento válido o cree que somos tontos y quiere tomarnos el pelo?
No es un argumento, esa es una excusa y se están buscando excusas desde hace tiempo. Si este fuera un real argumento, el señor (César) Nakazaki, que creo que como abogado tiene bastante más pericia, calidad y sagacidad que el actual abogado del señor Fujimori, ya lo hubiera sacado mucho antes. Se está buscando anular el juicio porque Fujimori desea, a pesar de que es un reo que tiene una situación privilegiada en la cárcel, salir libre y me imagino que para seguir haciendo política.
-¿Qué consecuencias podría generar la revisión de la sentencia y una posible anulación de la misma?
¡Uy! Yo creo que ese día el prestigio del Poder Judicial, por causa de unos pocos magistrados, va a caer por los suelos. Quizás en el Perú los fujimoristas se alegren, pero no se trata del número de personas, sino de aquello que se va a pensar en el extranjero sobre el Estado de derecho, que implica la independencia de poderes, y si algún poder tiene que ser el primero en lo que toca a independencia ese es el Poder Judicial.
-Si el pedido de revisión del fallo llega a la sala que preside Javier Villa Stein, ¿es posible que anule la condena de Fujimori?
De acuerdo a la conducta que él ha tenido hasta ahora, eso sí es posible, porque creo que es un poco exaltado el señor.
-¿Eso se puede evitar? Porque él también tiene el derecho, al ser un juez supremo, de tomar esa decisión y para ello debería tener argumentos…
¿Pero qué argumentos? Dígame…
-Bueno, ya lo hizo reduciendo la pena al grupo Colina y donde le quitó el calificativo de “lesa humanidad” a sus crímenes.
Pero esos no son argumentos, pues, esas son triquiñuelas y leguleyadas.
-Pero a lo que voy es a que eso ya ocurrió…
Ocurrió. Y podría ocurrir, con lo cual se pondría en cuestión no un fallo que ha sido alabado y juzgado de manera muy positiva por la comunidad internacional, sino que se caería también la opinión que se tiene sobre la justicia en el país por culpa de un señor que tiene cercanía política con el fujimorismo, porque eso es claro, ¿no? Hay que ver sus declaraciones.
-Él (Villa Stein) puede tener una inclinación política.
En absoluto. Él tiene derecho a la opción política que buenamente elija. A lo que no tiene derecho es a mezclar su militancia política y sus simpatías por determinadas personas con su labor jurisdiccional.
LO DIJO
“En el gobierno de Fujimori hubo mucha corrupción, violaciones a los derechos humanos, un golpe a la Constitución, y esas cosas no están bien”. (Salomón Lerner Febres)
La justicia suprema chilena, en efecto, respondió un oficio que el mes pasado le había hecho llegar el abogado Castillo para que le “aclaren” si en la sentencia con la que ese país resolvió la extradición de Fujimori estaba considerado el delito de “lesa humanidad” o “crimen contra la humanidad”. La respuesta llegó desde Santiago el 11 de febrero y Fujimori y su predecible abogado la presentaron cual eureka, afirmando: el exjefe de Estado no había sido extraditado por lo que sus sentenciadores habían dictado. Y fue así como Castillo anunció que pediría la nulidad de la condena de cinco lustros.
¿En verdad respondió eso la Corte de Justicia chilena? No pudo haberlo hecho ni lo hizo. Documentos que empiezan a llegar desde el vecino país del sur desmienten categóricamente al letrado y a su patrocinado, y como en este asunto hay un cúmulo de medias verdades y versiones interesadas, a continuación diario16 pone en conocimiento de la ciudadanía un documento catalogado de “secreto”, para que advierta qué es lo que ha dicho exactamente Chile respecto de Fujimori y contraste esta información con lo que ha venido sosteniendo la defensa legal del expresidente en las últimas semanas.
“VINO UN ABOGADO”
El 11 de febrero pasado, un comunicado firmado por Fujimori y por William Castillo llegó a los medios de comunicación. Decía: “Hemos recibido respuesta oficial (de la Corte de Chile) a los términos de nuestra solicitud, con la remisión de las copias de la sentencia”. La solicitud era: señores, ¿aprobaron o no la extradición de Alberto Fujimori para ser juzgado en el Perú por crímenes de lesa humanidad?
El comunicado seguía diciendo: “Luego de su revisión, se concluye que la denominada sentencia de extradición no autoriza en modo alguno el juzgamiento por el Poder Judicial del Perú del ciudadano Alberto Fujimori por ningún delito contra la humanidad ni de lesa humanidad”.
Eso, que en principio fue una fundada sospecha de algunas autoridades y abogados de derechos humanos vinculados a los procesos contra Fujimori, ahora está confirmado.
Un documento catalogado de “secreto”, de Relaciones Exteriores, fechado el 18 de febrero de 2014 y dirigido a autoridades del Estado peruano desde Chile, así lo señala.
Se trata de un oficio que recoge información directa que fuentes de la Corte Suprema chilena ofrecieron a funcionarios de la Embajada del Perú en Santiago sobre el asunto Fujimori. Está suscrito por el jefe de la Oficina de Cooperación Judicial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Elmer López Chirinos, y contiene dos párrafos con información proveniente de nuestra embajada en dicho país.
Punto seguido, hay más: “Al respecto, los citados funcionarios (chilenos) señalaron que el señor presidente de la Corte Suprema (de Chile) se ha limitado a remitirle copia de las sentencias de primera y segunda instancia dictadas en el mencionado proceso de extradición”.
Las dos frases finales no dejan lugar a la especulación, salvo la interesada: “Por lo tanto, no existe un pronunciamiento pendiente. La respuesta se concretó en el envío de las copias de dichos fallos judiciales”.
Es decir, en lenguaje amigable, los jueces chilenos le dijeron a William Castillo: “Ahí tienes, lee, no hay más”.
PARA CASTILLO FUE “CONSPIRACIÓN”
A pesar de la cortante respuesta de los jueces sureños, el defensor y su patrocinado presentaron el hecho como el gran hallazgo jamás advertido, y William Castillo se refirió al fallo del tribunal que presidió el juez San Martín como “político, producto de una conspiración”.
Incluso, en virtud a la respuesta que le dio Chile, el letrado anunció que interpondría acciones constitucionales para conseguir la nulidad de la condena de 25 años y lograr una absolución.
Desde la semana pasada las autoridades peruanas tienen en sus manos el documento que estamos presentando. Según fuentes de este diario, habría otros así de reveladores. O sea que el doctor William Castillo deberá afinar su estrategia y pensar en algo mejor, porque esto que intentó, al parecer, no tendría en qué sostenerse.
