En junio de 2014 se inauguró en la región Junin el denominado Yalpana Wasi – Wiñay Yalpanapa (Casa de la Memoria Para Recordar Eternamente), destinado a la reflexión y de información sobre el conflicto armado interno.
Sin embargo, hoy se denuncia que las nuevas autoridades regionales estarían buscando utilizar el museo para albergar las oficinas del Municipio de Chilca. Una posibilidad que ha generado una ola de indignación ya que se trata del primer museo de su género en el país.
El edificio de cinco pisos -que demandó más de siete millones de soles en su construcción- cuenta con un auditorio, zona de exposiciones temporales y áreas administrativas, además de espacio para las exposiciones estables o definitivas, además de un anfiteatro, biblioteca, entre otros ambientes.
El colectivo Basta De Impunidad Cci, compartió un pronunciamiento en el que explican los hechos.
DEFENDAMOS NUESTRA MEMORIA COLECTIVA
Diversas fuentes nos informan que las nuevas autoridades de la Región Junín quieren clausurar el Museo de la Memoria de Huancayo y utilizar el espacio para las oficinas del municipio de Chilca. Una hecho inaceptable. El Museo de la Memoria se implementó en la última gestión regional ante el anhelo de miles de personas que se han visto afectadas por la violencia armada y que buscan sanar ese trauma de manera colectiva para que no se vuelva a repetir. Las secuelas del conflicto político están pendientes de solución todavía. No se puede detener ese proceso iniciado en la región hace apenas seis meses. La Coordinadora Contra La Impunidad hace un llamado a todas las voluntades que bregan por justicia y contra la impunidad a estar alertas y no permitir que tremenda amenaza se concrete. Del Perú, Junín ha sido uno de los pueblos más castigados por la violencia basta mencionar a las centenares de víctimas de la Universidad Nacional del Centro y de comunidades campesinas. ¡BASTA DE IMPUNIDAD!
Discurso de Gisela Ortiz durante la inauguración del Museo de la Memoria de Huancayo, en la región Junín.
Por Dany Valdez
Yalpana Wasi – Wiñay Yalpanapa o casa de la Memoria Para Recordar Eternamente, es el nombre del Museo de la Memoria que fue inaugurado el lunes 2 de junio en Huancayo, un espacio que tiene como propósito que la ciudadanía conozca los acontecimientos de violencia política que vivió el Perú entre los años 1980-2000.
Foto: Facebook de Gisela OrtizEn el acto inaugurativo participó Gisela Ortiz, directora de Operaciones del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) y familiar de una de las víctimas del caso La Cantuta, quien pronunció el siguiente discurso:
Agradezco el gesto de mi hermano Vladimir Cerrón Rojas, Presidente Regional de Junín por permitirme ser parte de esta historia de memorias, desde la puesta de la primera piedra en octubre del 2012 hasta ver hoy concretada este compromiso político de la construcción de la memoria histórica.
En un país como el nuestro, donde persiste la impunidad, donde la justicia le da la espalda a las víctimas , exculpando a los responsables, donde hay ausencia del derecho; la memoria es quizás, la única forma de justicia que tenemos las víctimas. Es lo único que nos queda y atesoramos de nuestros familiares y que no podrán arrebatarnos.
Es importante asegurar los derechos humanos de todos y todas, eso nos exige el presente, pero para ello hay que revisar y aprender del pasado. En nuestro país hay más 15 mil desaparecidos, peruanos que nos hacen falta a todos, es incongruente hablar de desarrollo, de crecimiento económico cuando tenemos esta deuda con nuestro pasado.
La inauguración de este Museo de la Memoria es una reparación simbólica para todas las víctimas, es dignificar sus memorias, es valorar la lucha y dedicación de sus familiares. Por décadas hemos luchado contra el olvido, contra esa política de enterrar los hechos, de desconocer a las víctimas; de aquella falsa reconciliación que viene con olvido. Estas batallas por la memoria, no son del pasado sino que están presentes, abriéndose paso ante la indiferencia; esas memorias solo serán posibles si nosotros, ciudadanos y ciudadanas permitimos generar estos espacios para re encontrarnos con nuestro pasado y mirar hacia el futuro.
Hoy estamos aquí para dignificar a cada uno de quienes ya no están, aquí estamos de pie quienes creemos en la importancia de respetarnos, de incluirnos, quienes entendemos que abrir nuestros corazones para escuchar a las víctimas es una forma de entender la política, la tolerancia y el derecho del otro. Aquí estamos sintiéndonos parte de esta historia que ahora la escribe el gobierno regional de Junín y la muestra al país como ejemplo de que hacer memoria es posible.
La memoria ha llegado a la región Junín, ha llegado para quedarse en este distrito de Chilca, entre nosotros, para que nunca más se repita la barbarie entre los peruanos.
Fotos de las instalaciones de Yalpana Wasi – Wiñay Yalpanapa (tomadas del Facebook de Gisela Ortiz)
MUSEO DE LA MEMORIA UBICADO EN EL DISTRITO DE CHILCA
caída de agua recorre los 5 pisos del Museo y en tres pisos va mostrando fotos de las víctimas
Fotografías de algunas de las más de 2500 víctimas de la violencia armada que tiene junín
sala circular donde el público puede ver y escuchar los testimonios de los familiares de las víctimas que se reproducen al centro de la sala
Hace 31 años fallecieron ocho hombres de prensa y un guía cuando se trasladaban entre poblados ayacuchanos
Gremios de periodistas, familiares de las víctimas y algunos legisladores plantearon hoy reconocer como la “Ruta de la Paz y Reconciliación” al trayecto Toctto-Uchuraccay que recorrieron un grupo de hombres de prensa muertos en Ayacucho.
En Uchuraccay fallecieron, el 26 de enero de 1983, Willy Retto, Jorge Sedano, Eduardo de la Piniella, Amador García, Pedro Sánchez, Jorge Mendivil, Félix Gavilán y Octavio Infante, así como el guía ayacuchano Juan Argumedo.
En la conferencia de prensa donde se anunció la solicitud también participaron los familiares de los periodistas Oscar Retto, Emilia viuda de García, Paulina viuda de Gavilán y Gloria Trelles de Mendívil, madre de Jorge Mendívil.
La reunión tuvo por finalidad, además, dar a conocer las diversas actividades que desarrollarán, de manera conjunta y coordinada tanto en Lima como en Ayacucho, la Asociación Nacional de Periodistas, la Federación de Periodistas del Perú y el Colegio de Periodistas de Lima.
El programa de actividades incluye la realización de foros y ceremonias, romerías y conversatorios, para conmemorar la significativa fecha. Asimismo, la tradicional colocación de ofrendas florales en el Santuario de la Paz y la Reconciliación, erigido en Uchuraccay, en memoria de las víctimas, asi como la inauguración del Museo de la Memoria, que funcionará en la Casa Comunal de la localidad campesina.
Acha resaltó que el caso Uchuraccay se ha convertido en una memoria emblemática de lo que representó la violencia terrorista en Ayacucho hace varias décadas.
Dijo además, que los ocho periodistas asesinados son un ejemplo para una generación que buscó la verdad por encima del miedo y el terror sembrado por Sendero Luminoso.
Señaló que esa ruta es recorrida cada año, por periodistas locales, familiares de las víctimas, e incluso alcaldes, y parte desde el hostal Santa Rosa, en el que se alojaron los mártires.
El congresista José Urquizo a su vez resaltó la institucionalización de lo vivido en Ayacucho, a través de los años y a iniciativa de los familiares, las autoridades y la ANP local.
“Aún pese al tiempo transcurrido y al cansancio han trabajado para que en el país y el mundo se recuerde a un grupo de ocho jóvenes periodistas que llegó a esa zona convulsionada por la violencia, en busca de la verdad y encontró la muerte”, afirmó. (Con información de Andina)
“Para ellos ha sido difícil testificar”, dice Francisco Ochoa. “Entrar a una sala sin prepararse, sin conocer, es difícil”. Ochoa, presidente de la Asociación de familiares afectados por la violencia política del distrito de Accomarca, se refiere a los sobrevivientes de la masacre en esa localidad ayacuchana que testificaron en las audiencias itinerantes realizadas en la ciudad de Huamanga el pasado mes de octubre [2] . “Pero aún así”, continúa Ochoa, “han dado lo que tenían que dar, han dicho lo que tenían dentro.” Se queda pensando. “Todavía hay una herida ahí….”.
Sin duda. Veintiocho años después de la masacre de Accomarca, los sobrevivientes y deudos de las víctimas aún esperan justicia. Después de casi tres décadas de impunidad para los responsables de la masacre de más de 60 campesinos, el juicio penal contra 29 acusados empezó en noviembre de 2010. Este ha durado mucho porque la Sala Penal Nacional no da prioridad a los casos de derechos humanos. Por esta razón, las audiencias se realizan sólo una vez cada semana o cada diez días, por pocas horas, a lo que se suman las estrategias dilatorias de los abogados de la defensa.
Los testigos a que alude Ochoa se presentaron ante la Sala Penal Nacional en Huamanga el 24 y 25 de octubre del presente año. Las audiencias en Ayacucho son importantes pues corresponden a una iniciativa de dicha Sala para resolver la centralización de los juicios en Lima implementando las audiencias itinerantes o descentralizadas, que consiste en que la Sala en su conjunto se traslade al lugar donde ocurrieron los hechos y lleve a cabo audiencias para escuchar a los testigos que no pueden viajar a Lima o que prefieren testificar en su lugar natal. Con esta medida, se logra recoger una gran cantidad de testimonios en pocos días, lo cual no solo permite avanzar con el proceso, sino también brindar a las familias la oportunidad de estar presentes en una audiencia que busca justicia para sus seres queridos. Este mecanismo ha sido utilizado en otros casos como Cabitos, Chuschi y Agente Carrión. Es la primera vez que se da para el emblemático caso de Accomarca [3] .
Memoria, justicia y ciudadanía
La Accomarquinos esperando su turno para rendir su testificaciónAccomarquinos esperando su turno para rendir su testificaciónaudiencia itinerante ha sido muy esperada por los familiares del caso Accomarca. Si bien en Lima la Sala ha escuchado el testimonio de mujeres que eran niñas cuando presenciaron la masacre [4] , faltaba escuchar el testimonio de los adultos sobrevivientes, aquellos que lograron escapar de los militares y escondidos presenciaron la matanza de sus seres queridos, para luego enterrar sus restos.
Los familiares eran conscientes de la importancia de su testimonio. Por eso, un día antes de la audiencia, realizaron una conferencia de prensa en Huamanga para dar a conocer los avances y problemas del caso, así como sus expectativas. Participaron junto a los familiares los abogados Gloria Cano y Jorge Abrego, de Aprodeh; Carlos Rivera, de IDL; y José Chalco, todos ellos representantes de las víctimas [5] .
Tanto en la conferencia de prensa como en las audiencias estuvieron presentes muchos pobladores de Accomarca y los que llegaron de Lima. Este caso es uno de los que cuenta con mayor asistencia de familiares, entre 15 y 20 acuden semanalmente a las audiencias en el penal Castro Castro. En Huamanga asistieron cerca de 50 personas, algunos con sus hijos pequeños o mujeres y hombres muy ancianos. El juicio se convirtió en un espacio de encuentro entre accomarquinos y accomarquinas que aún residen en la localidad y los que fueron desplazados por la violencia u otros motivos. La mayoría de ellos viven en Ate Vitarte, un distrito popular de Lima.
Como documentó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la mayoría de las víctimas del conflicto armado interno fueron quechuahablantes y campesinos; personas que han sido históricamente excluidas [6] .En las audiencias que se realizaron en Huamanga, ocho de los nueve testigos fueron quechuahablantes, y algunos son analfabetos. Para estos peruanos, el proceso judicial se convierte en un espacio de reivindicación de su ciudadanía después de esperar 28 largos años por verdad y justicia. Algunos respondieron con tristeza o resignación; otros, con rabia. Y es que el juicio también les ofrece la posibilidad de expresarse con libertad después de tantos años de silencio y miedo. Una testigo, Aurelia Baldeón, mostró libremente su molestia durante su testimonio. Ella perdió a sus dos hijos en la masacre. Al finalizar explicó a la Sala por qué su cólera: “Señor, no hay quien me recuerde. No tengo hijos ni quién me lleve mis alimentos. Estoy sola, por eso estoy molesta”. De igual manera, Catalina Ochoa respondió con dureza las preguntas que le hicieron los abogados de la defensa: “Estoy amarga y con pena de tantos años por la muerte de mi madre”, dijo. “Tanto tiempo que lo niegan. Camino gastando mi plata”.
“He visto con mis ojos, por eso hablo”
Raymundo de la Cruz muestra su DNI luego de dar su testimonio a la SalaRaymundo de la Cruz muestra su DNI luego de dar su testimonio a la SalaCatalina Ochoa después de su declaración, acompañada de un famliar y una integrante de Redinfa
Desde temprano, el jueves 24 los nueve testigos contaron sus recuerdos de lo ocurrido aquel 14 de agosto de 1985: Aproximadamente a las 6 ó 7 de la mañana, cuando estaba amaneciendo, varios de los testigos coincidieron en que vieron a los militares bajar por la quebrada desde dos puntos, Accomarca y Pitecc, hacia Lloqllapampa. Raymundo De la Cruz (53 años) contó que cuando los militares llegaron a su casa, escapó a un río y se escondió en un hueco que divisó. “¿Por qué se escapó dejando a su familia?”, le preguntó el fiscal Luis Landa a Raymundo. Él respondió que su mamá le dijo que huya porque los militares eran malos con los varones, si se quedaba lo iban a golpear. Para Aurelia Baldeón, esconderse de los militares fue como un ‘acto reflejo’. Al verlos bajar por la quebrada hacia donde estaba ella, solo atinó a huir con sus hijos y esconderse en la quebrada.
Desde sus escondites vieron actos espeluznantes. Varias testigos presenciaron la violación sexual de mujeres o “señoras jóvenes”, hecho que ha sido también narrado en las audiencias realizadas en Lima. También presenciaron cómo sus familiares, que habían asistido a la supuesta reunión convocada por los miembros del Ejército, fueron acribillados y luego, para no dejar rastro del crimen, incinerados con explosivos y gasolina. Sixto Baldeón relató que se escondió en un huayco antes que los militares lleguen a su casa. Alrededor del mediodía salió rampando de su escondite y divisó a los lejos cómo los pobladores eran llevados a la casa de tejas de César Gamboa. “Con mis propios ojos he visto que los metieron a la casa y les prendieron fuego”, contó. “Mi esposa y mi hijo murieron ahí quemados” [1].
Al día siguiente, regresaron a sus casas. Algunos contaron que fueron al lugar donde sus familiares habían sido asesinados. Para recuperar los restos, Alejandro Quispe Báez (69) relató a la Sala que mojó con agua las cenizas, pero no quedaba casi nada de sus familiares. A la pregunta del fiscal sobre el número de restos que halló, él explicó con resignación: “No [los] conté, eran solo huesos ¿cómo voy a contar eso?”.
Lloqllapampa quedó desolada, con chozas humeantes y los restos carbonizados de más de 60 pobladores. Los testigos contaron que vieron a los soldados llevar sus mulas, vacas, caballos, alimentos, frazadas, hasta una radio, hacia la base militar de Vilcashuamán. Casi ningún sobreviviente se quedó en Accomarca, pues creían que los militares iban a regresar para matarlos y quemarlos. Algunos huyeron a Vilcashuaman, otros se fueron más lejos, hasta Lima.
Los problemas que persisten
EsCatalina Ochoa después de su declaración, acompañada de un famliar y una integrante de RedinfaCatalina Ochoa después de su declaración, acompañada de un famliar y una integrante de Redinfa importante mencionar los problemas que persisten en el desarrollo de las audiencias por casos de graves violaciones a los derechos humanos. Hemos documentando en otros reportajes la lentitud y demoras que caracterizan el proceso judicial.[7] En esta ocasión, el colegiado llegó casi una hora después de la hora programada para iniciar las audiencias, haciendo costumbre una práctica que se reproduce en Lima.
Otro aspecto a destacar es que persisten los problemas con las traducciones al quechua. Esto lo hemos visto en las audiencias del caso Cabitos, donde varios de los testigos eran quechuahablantes [8] y la traducción no era fiel al testimonio. Lo mismo ocurrió esta vez. Los abogados conocedores del idioma quechua tuvieron que llamar la atención sobre la traducción que no era literal. Igualmente, el público que conocía ambos idiomas reclamó y corrigieron con frecuencia la mala traducción.
Otro elemento sobre el cual los familiares mostraron una honda preocupación fue la ausencia injustificada de Juan Manuel Rivera Rondón, jefe de la patrulla Lince 6 y uno de los principales responsables materiales de la matanza de Accomarca. Si bien el colegiado excusó a varios de los acusados de asistir a la audiencia itinerante por problemas de salud o por cuestiones económicas y laborales, Rivera Rondón tenía la obligación de asistir junto con otros cuatro procesados [9] . Su abogado no supo explicar su ausencia y solicitó que se excluya su presencia en el juicio, lo cual fue aceptado por el colegiado. No es la primera vez que Rivera Rondón se ausenta de una audiencia sin previo aviso. Luego presenta supuestos certificados médicos u otras excusas que son aceptadas por los miembros del colegiado. Tomando en cuenta que Rivera Rondón se fugó de la justicia y fue deportado de Estados Unidos en 2008, es preocupante tanto consentimiento de la Sala con las obligaciones procesales de los imputados.
Finalmente está el tema de la estrategia dilatoria de la defensa. En otras ocasiones han presentado testigos que luego no aparecen. En este caso, de los tres testigos programados para la audiencia el día viernes 25, solo asistió uno. A parte, el Ministerio Público tuvo problemas con la presentación de los suyos. De los cinco testigos que ofreció, o no vivían en Huamanga o estaban fuera de la ciudad; por lo tanto, no acudieron a la audiencia. Esto generó mucha molestia entre los familiares del caso Accomarca puesto que el día anterior, sus testigos tuvieron que quedarse en una sesión maratónica hasta las 8 de la noche. Nos llama la atención que el Ministerio Público, quien hasta ahora ha actuado de manera correcta, cometa este tipo de errores que dilatan el juicio y desalientan a las víctimas y sobrevivientes en su larga lucha por hallar justicia y verdad. Esta descoordinación preocupa, pues ha habido muchas dilaciones en este proceso legal que ya cumple tres años.
A pesar de estos inconvenientes y problemas, los familiares del caso Accomarca quedaron satisfechos y contentos con el testimonio de sus seres queridos. Para Justa Chuchón, familiar que vino desde Lima para presenciar la audiencia, ésta fue “muy buena”. Dijo que los testigos, personas mayores, “han testimoniado lo que han visto”. Pedro Ochoa se quejó por la ausencia de Rivera Rondón, pero dijo que más allá de eso, lo importante es que “los testigos han venido y han declarado lo que han visto, lo que es la verdad.” Resaltó la firmeza de los familiares que han persistido por 28 años en la búsqueda de verdad y justicia.
NOTAS:
* Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política y directora del Programa de Estudios Latinoamericanos de George Mason University. Es autora del libro, Violencia y autoritarismo en el Perú: Bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (Instituto de Estudios Peruanos, 2011, 2nda ed.). En 2010 tuvo la cátedra “Alberto Flores Galindo” en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dirige el proyecto de investigación Human Rights Trials in Peru (www.rightsperu.net). María Rodríguez es historiadora egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado estudios de diplomado en Chile, España y Perú en derechos humanos, pedagogía de la memoria, y archivos, y es integrante del Taller de Estudios sobre Memoria Yuyachkanchik. Es asistente de investigación en el proyecto Human Rights Trials in Peru. (^^^)
Declaración de Catalina Ochoa. 24 de octubre de 2013. Audiencia del caso Accomarca, Corte de Huamanga, Ayacucho. (^^^)
Se programaron dos días audiencias (jueves 24 y viernes 25 de octubre) para recoger el testimonio de 17 testigos: nueve familiares sobrevivientes de la masacre, cinco peritos del Ministerio Público y tres testigos de la defensa de los acusados. Al final acudieron solo 10 testigos. 24 de octubre: Raymundo de la Cruz Baldeón, Aurelia Baldeón Palacios, Catalia Ochoa Ramirez de Quispe, Emiliana Chuchón Tecse, Alejandro Quispe Báez, Susana Sulca De la Cruz, Manuel Alberto Palacios Ramírez, Benedicta Medina Baldeón y Sixto Baldeón Pulido. 25 de octubre: Máximo Gómez Prado, ex subprefecto provincial de Vilcashuamán. (^^^)
Los cuatro acusados que asistieron al juicio fueron: José Daniel Williams Zapata, jefe de las compañías Linces; Helber Alejandro Gálvez Fernández, jefe de la base militar contraguerrillera de Vilcashuamán; Luis Armando Robles Nunura, subteniente jefe de la Patrulla Lobo; y Remo Daniel Salas Avila, soldado. (^^^)
RightsPeru—Está disponible aquí en inglés y español el nuevo libro, Justicia Transicional. Manual para América Latina / Transitional Justice Handbook for Latin America. El libro, editado por Félix Reategui, fue publicado por la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia de Brasil y el Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).
En el libro, destacados investigadores publican diversas notas sobre la justicia transicional desde la teoría y la práctica. Entre ellos están el actual relator de las Naciones Unidas para Justicia Transicional Pablo de Greiff; el reconocido defensor de los derechos humanos Juan Méndez; el ex presidente de la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos (CIDH) Santiago Cantón; el presidente de la Comisión de Amnistía de Brasil Paulo Abrão; y las académicas Ruti Teitel, Naomi Roht-Arriaza, y Jo-Marie Burt, la directora del proyecto Peru Human Rights Trials.
En su artículo, “Desafiando la impunidad en tribunales nacionales: juicios por derechos humanos en América Latina,” la Dra. Burt reflexiona sobre la trayectoría de la justicia transicional en América Latina, con especial enfasis en los esfuerzos de investigar y sancionar los responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Estudia en profundidad los casos del Perú, Argentina, Chile, y Uruguay, países en los cuales la autora argumenta que luego de varios años de impunidad se ha logrado llevar a los tribunales domésticos importantes cases de graves violaciones de derechos humanos.
Estos juicios exitosos por casos de graves violaciones de derechos humanos ilustran un cambio notable en una región por mucho tiempo caracterizada por una impunidad institucionalizada, esto es, con mecanismos formales o informales impuestos o apoyados por políticas de Estado que garantizan que los responsables por graves violaciones de los derechos humanos no sean castigados. Estos juicios son notables también dada la debilidad histórica de los poderes judiciales latinoamericanos, la notoria falta de voluntad por parte de las élites del poder de hacer que los responsables de tales crímenes rindan cuentas, y la creencia, aun entre algunos progresistas, de que los juicios por derechos humanos no eran factibles, que perpetuaban el conflicto, o que socavaban las oportunidades de reconciliación. Sin embargo, un cambio global en las normas que favorece la rendición de cuentas combinado con el activismo persistente de organizaciones de base en búsqueda de la verdad y la justicia, no obstante los tremendos elementos en contra y lo improbable de las victorias, algunas veces ha abierto espacios nuevos, por lo menos en algunas partes de América Latina, para que se den esfuerzos renovados para procesar a aquellos acusados de ordenar o llevar a cabo graves violaciones de los derechos humanos. (pp. 309-310)
También publican artículos dos colegas peruanos con una larga trayectoría de trabajo en la justicia transicional, Félix Reátegui, investigador principal del Idehpucp, y Eduardo González-Cueva, director del proyecto sobre Verdad y Memoria de ICTJ..
