RightsPeru– Margarita Patiño, la viuda de Hugo Bustíos, periodista asesinada en 1988, publicó ayer una carta abierta al actual Ministro del Interior, Daniel Urresti. Urresti, un ex general del Ejército peruano, es actualmente procesado por el asesinato de Bustíos, quien investigaba las alegaciones de violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas durante el conflicto armado interno.
La Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA), junto con CEJIL y DPLF, publicaron una nota de prensa hace un mes expresando su indignación frente al nombramiento de Urresti como ministro del interior, y solicitaron al Presidente Ollanta Humala destituirlo hasta que se esclarezca su papel en la muerte de Bustíos. Aquí la nota de prensa
En la última década la economía peruana se ha hecho visible debido a sus tasas de crecimiento -entre las más altas de la región- y la atracción de inversión extranjera, especialmente en sectores primarios y construcción de infraestructura. Ello, sumado a las economías informales (narcotráfico, minería ilegal, contrabando) configura la imagen de una economía robusta, en la que disminuye la población en pobreza. Pero, tres lastres se han robustecido también este mes: los crímenes contra civiles cometidos por militares, la impunidad en casos antiguos de violaciones a los derechos humanos, y el debilitamiento y retroceso de las normas del sector ambiental.
La información de este boletín militar de mayo es falsa, y se está repitiendo esa práctica en PerúLa información de este boletín militar de mayo es falsa, y se está repitiendo esa práctica en PerúLa combinación de estos tres factores se consolida pese a las críticas y plantones de algunos líderes de opinión y organizaciones, no se genera un debate público ni contención: el Ejecutivo propone normas, el Congreso aprueba, el Ejecutivo promulga. Los militares matan y hieren a civiles durante acciones calificadas como lucha contra la subversión, pero se equivocan y asesinan a mujeres embarazadas, a niños u hombres no vinculados en absoluto al grupo terrorista Sendero Luminoso. También presentan como presuntos terroristas a jóvenes campesinos luego de que los han torturado: la Fiscalía refiere que no puede determinar responsabilidades, los familiares de los muertos y heridos permanecen con una nueva marca de vulnerabilidad y agresión por parte del Estado.
El sábado 12 de julio, el Gobierno promulgó un paquete de normas con el que pretende reactivar la economía -el crecimiento en abril y mayo ha sido el más bajo desde 2009 (2% y 1%, respectivamente)- y restablecer la confianza de los inversionistas y empresarios. Tres medidas disminuyen significativamente la autoridad ambiental. Perú creó en 2008 el ministerio de Ambiente, como una obligación derivada de las negociaciones para firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y una de sus entidades, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) era el encargado de realizar inspecciones, por ejemplo, de infracciones cometidas por empresas mineras, como el vertimiento de aguas contaminadas a fuentes de agua limpia, y podía luego detener las operaciones como parte de las sanciones que imponía. La nueva regulación dispone que durante tres años la OEFA no imponga sanciones ni interrumpa operaciones, solo podrá desempeñar acciones educativas y de difusión de la normativa ambiental.
En segundo término, la creación de nuevas Áreas Naturales Protegidas, una responsabilidad que era exclusiva del ministerio del Ambiente, es ahora de la Presidencia del Consejo de Ministros (oficina del primer ministro), es decir, se tratará de una decisión política.
l ministro de Ambiente de Perú, Manuel Pulgar Vidal, recibe en Berlín una carta con más de 130.000 firmas contra la deforestación en Perúl ministro de Ambiente de Perú, Manuel Pulgar Vidal, recibe en Berlín una carta con más de 130.000 firmas contra la deforestación en PerúAdemás, en adelante el plazo para la aprobación de los estudios de impacto ambiental se reduce a 45 días, y si los funcionarios públicos se exceden del mismo, podrán ser sancionados con falta grave (y un posible despido).
El presidente Ollanta Humala, sus ministros y los representantes del prinicipal gremio empresarial crearon un par de palabras para los supuestos obstáculos a los empresarios y las inversiones, y con estas nuevas normas quieren terminar con la ‘permisología’ o la ‘tramitología’.
Impunidad en el pasado y el presente
El 2 de julio, se conoció que el recientemente nombrado ministro de Interior, Daniel Urresti, está enjuiciado en un proceso por el asesinato en 1988 del corresponsal en Ayacucho de la revista Caretas, Hugo Bustíos. Ayacucho es el departamento donde surgió Sendero Luminoso en 1980 y es también la región donde la violencia del terrorismo y de la contrasubversión dejó más víctimas y daños. Caretas fue el medio que mejor cubrió el conflicto interno en Perú en las décadas de los años 80 y 90. Urresti, un general del Ejército hoy en el retiro, se desempeñaba como oficial de inteligencia (S-2) de la base del Ejército en Castropampa, de donde una patrulla salió a emboscar a Bustíos cuando realizaba una cobertura periodística.
El presidente peruano sabía del proceso judicial en el que está involucrado Urresti antes de nombrarlo ministro, dijo que le pidió los papeles del caso, y los hizo revisar por abogados. “No vemos su culpabilidad”, declaró Humala a la prensa el 4 de julio. Un fiscal superior debe decidir si el juicio pasa a la fase oral, numerosas organizaciones civiles y líderes de opinión han pedido que el ministro renuncie y pueda responder como cualquier civil ante la justicia.
Ésta es la forma en que dos militares en retiro con poder -el jefe de Estado peruano es un capitán en retiro y también sirvió en bases contrasubversivas en los 80 y 90- abordan un caso de violación de derechos humanos que ha pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que llegue al fuero civil, dado que en el fuero militar los oficiales fueron absueltos.
Infelizmente las muertes absurdas de civiles en operaciones contrasubversivas no terminaron en el año 2000. En mayo, en la sierra central del país, una patrulla disparó contra una mujer embarazada que descansaba en su casa y la asesinó delante de su hijo. Fue una de las viviendas a las que los militares entraron gritando, insultando, pateando, disparando, buscando una laptop y a un líder de Sendero Luminoso. Hirieron a otra mujer más en esa acción y luego detuvieron a cinco jóvenes que bebían cerveza en una tienda y los presentaron como “presuntos subversivos”. Los militares, en dos comunicados del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señalaban que ello ocurrió luego de un enfrentamiento con terroristas, pero las investigaciones indican que no hubo tal enfrentamiento y los jóvenes detenidos eran habitantes de Uchuy Sihuis que retornaban de trabajar la tierra. También refirieron que la mujer embarazada murió lejos del lugar del operativo militar. Un fiscal ha recabado las pruebas de lo contrario.
Extracto del primer boletín de prensa del Comunicado Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre el operativo contrasubversivo que causó la muerte de una mujer embarazadaExtracto del primer boletín de prensa del Comunicado Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre el operativo contrasubversivo que causó la muerte de una mujer embarazadaEn dos casos anteriores, de muertes de civiles en acciones contrasubversivas durante la administración Humala, la fiscalía ha archivado las investigaciones, alegando que no puede determinar responsabilidades. Las familias, los deudos y los heridos no obtienen reparación alguna ni justicia. El gobierno ha reaccionado cambiando de colocación a los oficiales responsables de las operaciones, pero la justicia no se ve.
La doctora Jo-Marie Burt, directora del proyecto Rights Perú, indica que de los procesos de justicia por crímenes de lesa humanidad -cometidos entre 1980-2000 en Perú- hay 167 personas absueltas y 77 condenados: de los 77 condenados 10 son exmiembros de comités de autodefensa (civiles) y otro es el expresidente Alberto Fujimori. El resto son militares. Varios de los condenados han salido en libertad antes de cumplir sus penas, como, por ejemplo, otros dos oficiales sentenciados por el asesinato de Hugo Bustíos. Burt es politóloga e investigadora de la Universidad George Mason.
Perú ha vivido la violencia contemporánea más terrible entre los años 1980 y 2000, y la crisis económica más grave entre 1983 y 1995. Hoy algunos sectores del país viven los beneficios de la mejora económica, sin embargo, en cuanto a los derechos, las libertades y la justicia, seguimos tan atrás que no sé a qué año retroceder en la historia. El ministro de Defensa, Pedro Cateriano, dijo el martes que la situación actual no se parece al pasado (desde el segundo 40 en el video) porque su sector da facilidades a jueces y fiscales para que estén presentes en operativos militares, pero en los casos de las muertes de civiles mencionadas en los tres últimos años no estuvieron jueces y fiscales en esos hechos, y los fiscales han archivado las investigaciones anteriores.
La hija del corresponsal de Caretas, asesinado en 1988 por una patrulla militar, refiere que el dolor de su familia ha revivido al saber que el general (r) Daniel Urresti, uno de los investigados por su muerte, ocupa el cargo de ministro del Interior.
Sharmelí Bustíos Hija del periodista asesinado.
Tras unos días de intentar lidiar con un remolino de emociones, que por momentos fueron asfixiantes, decido escribir estas líneas. Nada fácil cuando se trata de hablar desde el dolor, un dolor que se aviva con los aguijones de la impunidad y la injusticia. La impunidad no solo es una perturbación moral que banaliza y legitima el crimen, sino que provoca una especie de “empate” donde da lo mismo haber sido torturador que torturado.
Justicia. Sharmelí Bustíos recuerda que tras 19 años se condenó a dos responsables directos, pero ahora hay nuevos elementos para investigar al autor mediato ® La RepúblicaJusticia. Sharmelí Bustíos recuerda que tras 19 años se condenó a dos responsables directos, pero ahora hay nuevos elementos para investigar al autor mediato ® La RepúblicaGran impacto recibimos mi familia y yo al enterarnos de que el actual ministro del Interior de Perú, Daniel Urresti, está siendo imputado y procesado en el Poder Judicial como presunto autor mediato en el asesinato de mi padre, el periodista Hugo Bustíos Saavedra, el 24 de noviembre de 1988, en Huanta-Ayacucho. En ese entonces, Daniel Urresti se desempeñaba como jefe de la Sección de Inteligencia S-2 del Ejército, bajo el seudónimo de “capitán Arturo”.
La información trascendió por Ideele Radio, que publicó el expediente y una vez que se conoció su contenido causó gran revuelo en Perú, y mi madre, Margarita Patiño, desde entonces ha sido la cara visible y la vocera de la familia para rendir declaraciones a la prensa. Nada fácil, pues implicó remover un dolor que creíamos superado. Han sido diversas las reacciones en el pueblo peruano. Mi agradecimiento a la prensa y a quienes expresaron su solidaridad. Y a aquellos que no lo sintieron así, pues consideran que “es un juego sucio de la política” y se pretende “empañar la imagen del ministro”, los conmino a profundizar el caso para que cada quien llegue a la verdad con sus propios pies, claro está, si tienen el sano interés de hacerlo.
Hugo Bustíos Saavedra no murió producto de una bala perdida o en un accidente, Hugo Bustíos Saavedra fue asesinado con premeditación, alevosía y ventaja. No solo fue acribillado a balas por una patrulla del Ejército, sino que fue rematado con un explosivo que voló parte de su cuerpo, acompañado de una sentencia: “que te recojan con cucharita”. Eduardo Rojas Arce, quien acompañaba a mi padre, fue testigo del crimen, junto a otros más que vieron cómo estos hombres de prensa fueron atacados. Ambos iban en una motocicleta a cubrir el asesinato de Primitiva Jorge, de 61 años, y su hijo Guillermo Sulca, de 17 años, a manos de Sendero Luminoso. Rojas Arce sobrevivió milagrosamente a la emboscada, luego de recibir tres impactos de bala. Hugo Bustíos Saavedra, como iba conduciendo la moto, recibió todas las balas que le segaron la vida.
En Ayacucho, ejercer el periodismo en la década de los 80, la más violenta de Perú, era muchas veces pagar con su vida el deber de informar. Diecisiete periodistas fueron asesinados en pleno ejercicio de su deber en la región. El terror que se vivía a raíz de la declaración de la “Lucha Armada” por parte de Sendero Luminoso y la respuesta contrasubversiva de las fuerzas del orden, los describo con el testimonio de una mujer campesina, el cual fue recogido por un jesuita que hizo su servicio en Ayacucho: “Hasta los perros se esconden y los pajaritos huyen. ¿Será esto el fin del mundo?”.
Ser periodista en esas condiciones era una proeza, pues todo aquel que intentara investigar o denunciar violaciones de derechos humanos era castigado con la muerte y tildado de “terrorista” (por los uniformados) o “soplón” o “cabeza negra” (por los de Sendero Luminoso).
Hugo Bustíos Saavedra en su rol de periodista informó y denunció lo que pasaba en Huanta y por extensión en el departamento de Ayacucho, que prácticamente había sido invisibilizado por el resto del país que creía un problema exclusivo de la región. “Entonces, mi pueblo era pues un pueblo, no sé… un pueblo ajeno dentro del Perú”, declaró Primitivo Quispe, ciudadano ayacuchano que evidencia claramente el sentimiento de exclusión e indiferencia que experimentaron las personas y comunidades que fueron víctimas mayoritarias del conflicto armado. Este testimonio es uno de los centenares que documentó la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que tuvo la misión de esclarecer y elaborar un informe sobre lo que vivió el Perú durante el período de 1980 y 2000.
En consecuencia, no es contra la investidura de un ministro ni de sus planes de trabajo que se está formulando una denuncia, sino contra “el capitán Arturo”. Además, el presidente de la República, Ollanta Humala, fue informado por el propio Daniel Urresti, del proceso que se le seguía por el asesinato del periodista huantino, pero el mandatario peruano, tras solicitar “unos papeles que vieron los abogados”, señaló que era “un caso extraño”, por ende, Ollanta Humala declaró “no vemos su culpabilidad y creemos en la presunción de inocencia”. De manera que no vio impedimento para nombrarlo ministro del Interior del Perú.
No pretendo ser juez, ni fiscal ni verdugo, cosa que sí lo fueron quienes asesinaron a mi padre, pero así como Daniel Urresti tiene todo el derecho de que se presuma su inocencia y de ejercer su defensa legal, mi familia y yo, bajo el imperio de la ley, exigimos justicia y todas las garantías para que el asesinato de mi padre quede totalmente esclarecido, pues siempre hubo intenciones de que se archivara. Incluso su caso fue juzgado en el fuero militar, donde los responsables fueron absueltos, lo cual desató total indignación toda vez que por la naturaleza del delito –homicidio tipificado como delito común– el fuero correspondiente era el civil y no el militar. En el 2007 –y ratificado en el 2008– se logró finalmente sentenciar a dos implicados.
La batalla legal duró 19 años y contó con el apoyo de organismos de Derechos Humanos que hicieron posible para que los responsables de la muerte de Hugo Bustíos Saavedra fueran condenados. Entre ellos: Víctor Fernando La Vera Hernández, alias “Javier Landa Dupont”, quien en ese entonces ejercía como el comandante del Ejército en la base de Castropampa de Huanta, Ayacucho, y Amador Armando Vidal Sanbento, alias “Ojos de Gato”. Sin embargo, la fiscalía, años más tarde, reunió nuevos elementos de convicción que vinculan a Daniel Urresti entre los presuntos responsables.
Otra sorpresa que nos llevamos con la reapertura del Caso Bustíos fue que La Vera Hernández estaba libre y tenía aspiraciones de ejercer un cargo de especialista en doctrina de Seguridad y Defensa. Cuando la injusticia te abofetea, el grito de ¡Justicia sube de decibeles!… Hugo Bustíos Saavedra no es una fría estadística, es un crimen de lesa humanidad. Hugo Bustíos Saavedra era una vida, una trayectoria, un periodista, un abogado, un esposo, un padre de cuatro hijos, un amigo, un sueño, un futuro y todo quedó truncado por quienes ejercían en ese momento “la ley y el orden”.
“En caso de que suceda algo, espero que nunca callen (…) los hombres de prensa esperamos lo peor (pero) saldremos adelante porque nuestros principios así lo mencionan… Estoy seguro de que seremos el grano de arena que contribuya a lograr la paz para nuestros pueblos”. Hugo Bustíos Saavedra.
Bertetti Carazas indicó que solo acudió en calidad de testigo al juicio de dicho.
A dos semanas de asumir el cargo, el ministro del Interior, Daniel Urresti, enfrenta una nueva acusación. Esta vez por la contratación de Juan Alberto Bertetti Carazas como asesor de su despacho ministerial.
Al respecto Bertetti Carazas envió un comunicado a diversos medios en los que negaba tajantemente tener vinculación alguna con los sentenciados del caso La Cantuta, ni mucho menos haber tenido participación alguna.
“Mi intervención en el citado proceso fue solo en calidad de testigo, no teniendo responsabilidad penal alguna de los hechos que ahí se dilucidaron”, expresó en el comunicado.
“Nunca generé la orden, ni la impartí, para que el Teniente EP Portella dejara las instalaciones del Cuartel La Pólvora, pues esa orden de disposición de personal militar recae en el Comandante de Unidad, que a esa fecha no era el suscribiente”, agregó.
Hay que recordar que en la resolución ministerial Nº 0800-2014-IN del 07 de julio, se indica que está vacante el puesto de asesor 1 del Despacho Ministerial del Ministerio del Interior, por lo que se resuelve designar al exmilitar en el cargo público.
En las cuestiones del hecho de la sentencia al exdictador Alberto Fujimori por este caso, se señala que Bertetti Carazas ordenó al teniente Portella Núñez a que deje el cuartel de La Pólvora para dirigirse con el mayor Martín Rivas y lo ayude. Al regresar a la base, este le dio informe de lo ocurrido al propio Bertetti.
“A primeras horas de la noche se entrevistó con el general EP Pérez Documet y pidió el concurso del teniente EP Portella Núñez, de suerte que por intermedio del teniente coronel EP Miranda Balarezo, comandante del BIP 39, y del mayor EP Bertetti Carazas, jefe de cuartel, se dio la orden al teniente EP Portella Núñez, quien en esos momentos estaba a cargo del servicio de guardia del Cuartel “La Pólvora”, para apoyar al mayor EP Martin Rivas”, indica el documento.
La relación laboral entre Urresti y Bertetti no es nueva. En marzo del 2014, este brindó su apoyo profesional en temas de planificación a solicitud de la Oficina del Alto Comisionado en Asuntos de Formalización de la Minería, Interdicción de la Minería Ilegal y Remediación Ambiental, que en ese entonces estaba al mando del hoy ministro del Interior.
Los problemas por el nombramiento de Daniel Urresti en el Ministerio del Interior recién comienzan. El ex jefe de Inteligencia del cuartel de Castropampa tiene todo el apoyo del gobierno. El Fiscal de la Nación Carlos Ramos en una situación ventajosa.
Por Ricardo Uceda
El 2 de octubre del 2007 una Sala Superior del Poder Judicial sentenció a dos militares por el asesinato del corresponsal de la revista Caretas en Huanta, Hugo Bustíos. Un mes después, uno de ellos llamó desde el penal de San Jorge a Abilio Arroyo, periodista del mismo semanario.
Era Amador Vidal Sanbento, conocido como Ojos de Gato, quien había sido sentenciado a quince años de prisión como coautor del asesinato. Prestaba servicios en la base de Castropampa, cuyos efectivos lo cometieron. El otro sentenciado —a diecisiete años— era el jefe de la base, Víctor La Vera Hernández. Compartía prisión con Vidal en San Jorge. Pero cuando Arroyo fue a visitar a Vidal, La Vera no se hallaba con él.
Estaban peleados.
Según dijo Arroyo para esta nota, encontró a Vidal desencajado y profundamente disgustado con La Vera. Lo había convencido de que mantuviera en el juicio la versión de la inocencia de ambos, asegurándole que, al final, ambos serían absueltos por falta de pruebas. Pero el resultado fue desastroso. Y ahora Vidal quería que el semanario al que pertenecía la víctima supiera la verdad.
La Vera, en cambio, se mantenía fiel al libreto original. No habló con el periodista.
CITA EN SAN JORGE
Fue entonces cuando Arroyo escuchó por primera vez la incriminación que hizo Vidal de Daniel Urresti, el oficial a cargo de Inteligencia en la base de Castropampa. Dijo que Urresti había dirigido el operativo que produjo la muerte de Bustíos. El periodista, acompañado de su colega Eduardo Rojas, se dirigía en moto a recoger información sobre unas muertes, y en el camino fueron emboscados por los militares, quienes abrieron fuego sobre ellos. Rojas cayó al piso y pudo huir. Bustíos quedó malherido en el lugar. Uno de los asesinos hizo volar su cuerpo con un explosivo.
Con posterioridad a esta entrevista, Arroyo se entrevistó con un segundo militar que por entonces prestó servicios en Castropampa: Edgardo Montoya. Estaba a cargo de la logística de la base, y en lo sustantivo complementó la información que le había entregado Vidal. El día del asesinato Montoya, según dijo, vio partir a Urresti en un vehículo de la base, a la cabeza del equipo de inteligencia que dirigía. Montoya tenía, además, otras hipótesis sobre el móvil del asesinato, que por el momento el periodista mantiene en reserva. Arroyo nunca publicó sus diálogos, que le fueron dados en forma confidencial. No podía atribuir la incriminación a una fuente específica.
Pero después Vidal y Montoya le contaron su versión a un fiscal. El Ministerio Público había recibido de nuevo el expediente por mandato de la misma sentencia, con el encargo de continuar investigando hasta hallar al resto de responsables. Con estos testimonios el caso dio un vuelco. Sin embargo, la nueva información no llegó a convertirse en noticia hasta que Urresti fue nombrado ministro del Interior. Requerido por el fiscal, dijo básicamente lo mismo que aseguró en la prensa por estos días: que Vidal y Montoya eran oficiales a quienes descalificaba su mala conducta, y que le guardaban animadversión por haberlos puesto en evidencia.
MALAS RELACIONES
Ahora bien, Vidal y Montoya no solamente incriminaron a Urresti. También a Johnny Zapata Acuña, un sargento conocido como Centurión. Montoya dijo haberlo visto subir al vehículo que hizo el operativo. Centurión tiene otros antecedentes de violaciones de derechos humanos. Fue acusado de cometer la matanza de Chilcahuaico, en 1990, en la que hubo diecisiete víctimas. Sobre esta incriminación a Centurión, quien nunca fue habido, Urresti no ha dicho nada. Afirma que no lo conoce. ¿Los testigos también le tenían hostilidad?
Llegados a este punto, el Ministro del Interior tiene en favor suyo su propia versión y el aval del presidente Humala, quien antes de nombrarlo como ministro llegó a la convicción de que no es culpable. Es lo que ha declarado. Este es uno de los aspectos extremos de la situación, pues así como nadie puede decir que Urresti es asesino, pese a que dos testimonios directos lo incriminan, no hay cómo sacar la conclusión de que es inocente. La versión de Urresti es que él estaba a cargo de la inteligencia y contrainteligencia de su grupo, pero que no participó en el operativo dispuesto para matar al periodista. Y tampoco escuchó ni supo después nada sobre los sucesos. Esta posición la mantiene aún después de que la Corte Superior de Justicia haya sentenciado a La Vera, el jefe de la base, a diecisiete años de prisión.
De modo que Urresti, aparte de declararse inocente, como es su derecho, tampoco ha colaborado con la justicia.
NO SABE NADA
La noche del 3 de julio, en la reunión que tuvo Urresti con directivos del Consejo de la Prensa Peruana, el director de Caretas Marco Zileri le llamó la atención sobre este punto:
—Bien. Admitamos que usted no es culpable. Pero era el jefe de inteligencia. ¿Cómo ocurrió el asesinato?
Urresti dijo que no sabía y Zileri protestó, incrédulo. Es que con el asesinato de Bustíos ha ocurrido lo mismo que con tantos: un sistemático entorpecimiento de las investigaciones por parte de los militares. Luego del crimen, la policía y el Ministerio Público encontraron un escenario barrido. No hallaron pisadas ni cartuchos que hubiesen permitido la realización de pericias. El Ejército, a cargo de la seguridad, no dispuso una orden de búsqueda de los responsables del crimen, como era pertinente ante un hecho de esa naturaleza. Cuando aparecieron los nombres de Antonio Pacheco Aguado y Segundina Gálvez Porras como posibles testigos de cargo, quienes habían afirmado que los atacantes fueron militares, el Ejército los aprehendió. Fueron conducidos a viva fuerza al cuartel que se encontraba al mando del acusado La Vera. Allí se les conminó a variar su versión, y se les detuvo bajo la imputación de haber cometido terrorismo, como consta en la papeleta de libertad obrante en el Juzgado Penal de Huanta y en las manifestaciones rendidas por ambos.
Peor aún: en el juicio oral compareció el ex Juez Moisés Ochoa Girón, refiriendo que su domicilio fue objeto de allanamiento por miembros del Ejército, una vez que abrió proceso en el fuero común contra los acusados. En esta primera etapa las cosas estuvieron dirigidas a que el Fuero Militar asumiera el caso, lo que finalmente ocurrió. En 1991 declaró que no había pruebas para incriminar a ningún oficial de la base.
OLLA DE PRESIÓN
Diez años después, fue posible realizar un juicio en el fuero civil porque el gobierno peruano, durante la gestión de Valentín Paniagua, llegó a un acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar soluciones integrales a más de 156 casos de violaciones de derechos humanos cuyos expedientes estaban embalsados ante el organismo internacional. El de Bustíos era uno de ellos. Aunque el Ministerio de Defensa no proporcionó ninguna información útil al juzgado, el primer juicio pudo desarrollarse porque había testimonios que comprometían a La Vera y Vidal. Las nuevas evidencias resultantes de las declaraciones de Vidal y Montoya permitieron abrir un proceso ordinario cuya primera parte, la instrucción por parte de un juez penal y un fiscal provincial, ya se cumplió. El fiscal, de acuerdo con su investigación, lo considera autor directo del asesinato, y el juez que dictó el auto apertorio de instrucción, responsable indirecto o mediato. Un fiscal superior debe decidir si lo acusa o no. En caso afirmativo, Urresti deberá afrontar un juicio oral.
Pero ahora su nombramiento en el Ministerio del Interior lo distorsiona todo. Un ministro caro al presidente Humala, depende de una decisión de una Fiscalía de la Nación cuyo jefe, Carlos Ramos, necesita legitimarse por los cuestionamientos en su contra. El terreno para un entendimiento mayor entre ambos ya tiene una alfombra roja. Luis Landa Burgos, el magistrado que debe pronunciarse sobre la responsabilidad de Urresti, jugará su partido bajo una enorme presión. Humala también. El de Bustíos fue un caso llevado a la CIDH por importantes organizaciones mundiales, entre ellas el Comité de Protección de Periodistas (CPJ), que se encargarán de la campaña internacional que merece la condena a un nombramiento tan grotesco en el gabinete peruano.
Urresti es actualmente investigado por su participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988
Washington D.C., 8 de julio de 2014. Frente al reciente nombramiento realizado por el Presidente de la República del Perú, Ollanta Humala, del General en retiro Daniel Urresti como Ministro del Interior, las organizaciones firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por cuanto el nuevo Ministro está siendo objeto de una investigación penal por la comisión de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno peruano.
Tal como dio a conocer el Instituto de Defensa Legal (IDL) la semana pasada, Urresti está siendo investigado como presunto autor mediato del asesinato de Hugo Bustíos, periodista y corresponsal de la revista “Caretas”, ocurrido el 24 de noviembre de 1988. Bustíos, junto con su compañero Eduardo Rojas Arce, acudían a investigar el asesinato de dos civiles en las afueras de la ciudad de Huanta, tras haber pedido permiso para acceder al lugar al Jefe de la Base Militar de Castropampa, Víctor La Vera Hernádez. En la trayectoria a Huanta, Bustíos y Rojas Arce fueron atacados con proyectiles de fuego. Bustíos recibió un impacto de bala, perdió control de la moto que conducía y se cayó. Rojas Arce logró salvarse. Sobre el cuerpo malherido de Bustíos, los atacantes colocaron una carga explosiva, provocando su muerte. Urresti, capitán del Ejército en ese momento, se desempeñaba como jefe de la Sección de Inteligencia S-2 en la base de Castropampa en Ayacucho.
La investigación inicial del caso fue conducida por la justicia militar y eventualmente archivada. Ante ello, el caso fue llevado por CEJIL y otras organizaciones, entre ellas COMISEDH en sede interna, a la Comisión Inter-American de Derechos Humanos, que en 1997 encontró al Estado peruano responsable del asesinato de Hugo Bustíos y el ataque a Eduardo Rojas Arce.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación retomó la investigación de este caso, y en el año 2007, la Sala Penal Nacional condenó a los oficiales Víctor La Vera Hernández y Amador Vidal Sanberto a 17 y 15 años respectivamente, como autores del delito de asesinato y tentativa de asesinato en agravio de Bustíos y Rojas Arce. La investigación continuó para establecer la identidad de los otros responsables, y el 17 de junio de 2013 el Poder Judicial emitió un auto de apertura de instrucción contra Urresti. El mismo refiere que el 24 de noviembre de 1988, los dos periodistas fueron “emboscados y atacados por miembros del ejército peruano de la Base Militar de Castropampa al mando del oficial EP Daniel Belisario Urresti Elera conocido con el apelativo de ‘Arturo’, con la participación del Sargento Johny José Zapata Acuña conocido con el apelativo de “Centurión” y otros miembros del Ejército no identificados”.
El auto de apertura de instrucción se sustenta en varios elementos probatorios, entre ellos declaraciones de otros miembros del ejército peruano que laboraban en la Base Contrasubversiva de Castropampa en noviembre de 1988. Con base en ello, se investiga la responsabilidad de Urresti como autor mediato del asesinato de Bustíos y la tentativa de asesinato de Rojas Arce, ambos calificados como crímenes de lesa humanidad.
Como señala Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva de CEJIL, “la CIDH determinó que Perú era responsable por el asesinato de Bustíos y por la violación a la integridad personal de Rojas Arce, además de la violación a la libertad de expresión de ambas víctimas por cuanto eran periodistas. La decisión del Ejecutivo peruano de ofrecer un cargo público a una persona investigada por estos graves hechos, envía un mensaje de irrespeto a la labor del poder judicial en combatir la impunidad, además de ser una afrenta directa para las víctimas de graves violaciones de derechos humanos en Perú”.
Para Katya Salazar, Directora Ejecutiva de DPLF, “este caso es emblemático porque fue investigado por la Comisión de la Verdad del Perú, que recomendó la investigación y procesamiento de todos los responsables. La decisión del Presidente Humala de ‘evaluar el caso’ y concluir que no existen pruebas suficientes es un ataque a la independencia judicial y supone ‘recompensar’ a una persona acusada de estas graves violaciones”.
Al respecto, Jo-Marie Burt, Senior Fellow en WOLA, considera que “el Ejecutivo debe rectificar esta decisión porque es lesiva al proceso que se sigue en el Perú para lograr verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado interno peruano, y afecta gravemente la consolidación de las instituciones democráticas. Urresti debe ser removido de su cargo y debe responder ante la justicia por este caso, y el gobierno de Ollanta Humala debe reafirmar su compromiso de proteger la integridad física de familiares y testigos en este y otros casos bajo investigación”.
Con base en lo anterior, solicitamos respetuosamente a las autoridades peruanas que respeten la actuación del Poder Judicial y garanticen la independencia de las investigaciones y procesos que se siguen para determinar las responsabilidades de todos los autores del asesinato de Hugo Bustíos. Adicionalmente, instamos a que el Poder Ejecutivo separe al General Urresti de su cargo de Ministro del Interior en tanto se dilucida su responsabilidad penal en estos hechos.
En el 2007, los oficiales Víctor La Vera Hernández y Amador Vidal Sanbento recibieron 17 y 15 años de prisión cada uno, fueron confinados en un penal castrense y en el 2011 lograron la excarcelación sin pagar la reparación civil de 50 mil soles. Fiscalía de Ayacucho había pedido 20 años para cada uno de ellos.
Por Ángel Páez, María Elena Hidalgo y Doris Aguirre
El comandante La Vera y el capitán Vidal ejecutaron a Hugo Bustíos cuando cumplía labores de corresponsal de la revista Caretas en Huanta, Ayacucho.
Evadieron la justicia durante casi 20 años y al momento de enfrentar al tribunal negaron la autoría del crimen a pesar de los contundentes testimonios de los testigos. Jamás aceptaron su responsabilidad. Atribuyeron el asesinato a los senderistas.
Finalmente, fueron sentenciados por la muerte de Bustíos y el intento de homicidio de su compañero de trabajo, Eduardo Rojas Arce. Ambos apelaron, pero en la primera semana de septiembre del 2008, poco antes de que se cumplieran dos décadas del asesinato, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la condena. Parecía que La Vera y Vidal habían recibido su merecido.
Pero no fue precisamente así. No fueron enviados a una prisión para delincuentes comunes sino que los encerraron en el penal castrense Virgen de Fátima (ex cuartel Tarapacá), en Chorrillos. La República confirmó por fuentes oficiales que Víctor La Vera y Amador Vidal salieron del presidio militar en el 2011 bajo la figura de semilibertad.
Según la sentencia contra los oficiales del Ejército, La Vera debía cumplir carcelería en el 2024 y Vidal el 2022. O sea, el encierro en el penal Virgen de Fátima fue cortísimo.
Esto explica por qué Víctor La Vera obtuvo un nuevo DNI en 2012 y Amador Vidal en 2013. Este diario verificó que ambos no viven en las direcciones que consignaron.
Es más, como informó Ideele Radio, el ex jefe de la base militar de Castropampa, Víctor La Vera Hernández, ha postulado para una plaza de especialista en temas castrenses en la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional (Sedena), dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Al revelarse el hecho, la PCM anuló la postulación de La Vera.
SORPRENDENTE COLOFÓN
Originalmente, la fiscalía superior de Ayacucho solicitó 20 años para La Vera y Vidal.
El cinco de julio del 2007, después de varios años, Amador Vidal recién se entregó a la justicia. Los abogados de los dos militares apelaron la sentencia de la Sala Penal Nacional ante la Corte Suprema de Lima, la que confirmó el fallo.
¿Por qué sentenciaron a La Vera y Vidal como autores de un asesinato simple y no por delitos de lesa humanidad?
“En un primer momento se calificó el asesinato de Bustíos y el intento de homicidio de Rojas como delitos de lesa humanidad, pero la Corte Suprema cambió la figura penal”, explicó el abogado de la Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), Hernán Barrenechea Barca, encargado de la defensa de los deudos de Bustíos.
Amador Vidal Sanbento, a quien en el pueblo lo conocían como “Ojos de Gato”, fue reconocido como uno de los asesinos de Bustíos por varios testigos, entre ellos por Alejandro Ortiz Serna.
En la sentencia se consigna su declaración: “(Ortiz) observó a los periodistas Hugo Bustíos y Eduardo Rojas quienes a bordo de una moto venían por la carretera con dirección de Huanta a Erapata, en ese momento escuchó tres disparos y pudo ver que a Bustíos le disparaba un hombre (…) con una metralleta corta, identifcándolo como uno de los oficiales del Ejército de la Base de Castropampa, a quien conocen con el apelativo de ‘Ojos de Gato’. Luego observó que el mismo oficial arrojaba una granada sobre el cuerpo de Bustíos, artefacto que hizo explosión”. El objetivo era matarlo y desaparecer su cuerpo.
También reconoció a “Ojos de Gato” el periodista Eduardo Rojas Arce, quien logró escapar herido de tres balazos. En el fallo, se lee su testimonio: “(Rojas) reconoce mediante una fotografía que tuvo a la vista al capitán Amador Vidal Sanbento como la persona que participó en el asesinato de su colega Hugo Bustíos en el caserío de Erapata. (…) Mientras huía para salvar su vida logró ver que el acusado Vidal Sanbento se acercó al cuerpo de su colega y colocó algo debajo”.
Durante el juicio la revista Caretas aportó un documento excepcional: una fotografía de La Vera y Vidal tomada al día siguiente del asesinato de Hugo Bustíos vestidos con el uniforme del Ejército. La imagen echaba por tierra la defensa de La Vera, quien alegaba que no estaba allí porque se encontraba en el Hospital Militar recuperándose de una herida.
La sentencia también establece que el móvil de los militares homicidas fue que supuestamente Hugo Bustíos era un “colaborador” senderista. En realidad, el reportero investigaba el crimen de Primitiva Jorge Ayala y su hijo Guillermo Sulca Jorge, aparentemente a manos de militares. El Ejército le había dicho que los terroristas los ejecutaron por “soplones”. El reportero dudaba de la versión oficial.
Además, las autoridades establecieron que intervinieron a otras dos personas más, presuntamente militares, que hasta el momento no han sido plenamente identificados.
El fallo sobre la responsabilidad del ex jefe del cuartel de Castropampa, en Huanta, comandante Víctor La Vera Hernández, indica: “Se ha determinado que se hacía llamar ‘Javier Landa Dupont’ (…), habiendo tenido amistad cercana con el agraviado Hugo Bustíos, al punto que los hijo de este lo llamaban ‘Tío Javier’. (…) El acusado La Vera conocía el rumbo que seguirían los periodistas (Bustíos y Rojas) porque personalmente le pidieron permiso para cubrir la noticia de la muerte de Primitiva Jorge Ayala y su hijo Guillermo Sulca Jorge. No podía un grupo de miembros del Ejército a su mando actuar sin su previa autorización”.
Y sobre Amador Vidal, concluyó: “Ha sido reconocido como la persona que dirigió el ataque a los dos agraviados (Bustíos y Rojas), habiendo colocado la granada en el cuerpo de Bustíos”. La Vera y Vidal también fueron sentenciados a pagar una reparación civil de 50 mil soles, pero salieron en libertad sin haber completado la suma.
EN MANOS DE LA FISCALÍA
Después de la sentencia de los militares, Daniel Urresti Elera fue investigado por la fiscalía como presunto participante del homicidio del periodista.
El caso está en manos de la Tercera Fiscalía Superior Nacional que opinará si hay mérito para juicio, se investigue más o se archive el proceso.
El Presidente del Congreso, Fredy Otárola, dijo que no descarta la posibilidad de convocar a un pleno extraordinario para debatir el caso del ministro del Interior, Daniel Urresti.
Representantes de organizaciones de afectados de Ayacucho solicitaron el retiro inmediato de Daniel Urresti del cargo de Ministro del Interior, al que juramento recientemente, por estar comprendido en un proceso judicial donde se le acusa de ser el “autor mediato” en el asesinato del periodista Hugo Bustíos, corresponsal de la revista Caretas, ocurrido el 24 de noviembre de 1988, cuando el hoy Ministro del Interior se desempeñaba como jefe de la Sección de Inteligencia S-2 en Ayacucho.
Felimón Salvatierra, Presidente de la Coordinadora Regional de Afectados por la Violencia Política (CORAVIP), manifestó su indignación porque el gobierno de Ollanta Humala esté permitiendo el ingreso a cargos de alto nivel de decisión política a personas que estan presuntamente implicados en hechos de lesa humanidad como es el caso del Ministro del Interior, Daniel Urresti.
Asimismo el representante de la CORAVIP dijo que Daniel Urresti “debería dar un paso al costado” por dignidad para que pueda afrontar de forma independiente el proceso judicial en el cual se encuentra implicado. “Este señor debería renunciar para colaborar con la justicia y que en ella se determine su responsabilidad en el caso de la muerte del periodista Hugo Bustíos”, declaró.
Salvatierra dijo que Ollanta Humala al designar a Urresti como Ministro del Interior estaría buscando protegerlo ante estos procesos judiciales por hechos de lesa humanidad en la cual está comprendido. También dijo que en breve la CORAVIP emitirá un pronunciamiento con respecto a este caso, solicitando la salida de Urresti del cargo ministerial que ocupa.
Un sentimiento de indignación
Percy Huauya, integrante de las organizaciones de afectados, manifestó su preocupación por la forma de actuar del gobierno de Ollanta Humala con respecto a la designación de Urresti en la cartera del Interior teniendo en cuenta sus antecedentes.
“Tenemos un ministro que tiene que ver con violaciones de derechos humanos y eso preocupa a todos y ahí el gobierno tiene que pronunciarse y si tiene compromiso con el tema de derechos humanos Urresti tiene que dejar el cargo, a nosotros nos indigna su presencia en el gabinete”, expresó.
Por otro lado Huauya indicó que las organizaciones de afectados de Ayacucho rechazan enérgicamente a los ex militares que están vinculados en atropellos de los derechos humanos y “es por eso que nosotros como organización hemos vetado de la región en no apoyar al candidato militar que está postulando a la presidencia regional”.
Ideeleradio.- Espero que el gobierno de Ollanta Humala se dé cuenta de que un eventual indulto a Alberto Fujimori sería un legado del cual nunca podrá recuperarse porque no están dadas las condiciones morales ni legales para que se le otorgue esa gracia presidencial, sostuvo la politóloga Jo-Marie Burt.
“[…] Esa es mi opinión, y creo que es compartida por muchas personas, hemos escuchado los comentarios de [el escritor Mario] Vargas Llosa al respecto, y creo que no se lo van a dar, creo que sería un error muy grande”, anotó.
Muchísimos retrocesos en judicialización de casos
Al ser consultada por el proceso de judicialización casos de violación de derechos humanos ocurridos en el Perú de, indicó que esto tiene que ser puesto en perspectiva, pues se han notado muchísimos retrocesos.
“Ha habido avances muy importantes como el juicio y condena a Fujimori, ha habido otras condenas muy importantes como la desaparición de Ernesto Castillo Páez, un estudiante de La Católica, periodista Hugo Bustíos, las autoridades municipales de Chuschi. Hay casos importantes que están en juicio como el caso Accomarca, como el caso del cuartel militar Los Cabitos, pero sí hemos notado muchísimos retrocesos en el proceso de diversa índole”, refirió.
Todavía hay un margen para poder impulsar el proceso
Comentó que todavía hay margen para que la sociedad pueda impulsar el proceso de judicialización de los casos denunciados, al traer a colación la experiencia de Argentina, en la que se juzgaron a las juntas militares y se dejaron sin efecto leyes de amnistía e indultos.
“La experiencia argentina me mantiene optimista porque hubo un proceso político importante con la condena de las juntas militares en el proceso inicial, luego vinieron todas las leyes de amnistía, los indultos, y hubo impunidad total, pero hubo una lucha desde la sociedad civil, los organismos, los familiares, las víctimas, se movilizaron y no se quedaron con los brazos cruzados y, eventualmente, con el apoyo de la comunidad internacional, la Corte Interamericana, todo lo que hemos venido conversando se llega a un momento en que se tira abajo todas las leyes de amnistía y los indultos, y se vuelve a abrir el proceso”, indicó.
“Entonces, yo creo que en el Perú todavía hay margen de poder impulsar el proceso, pero eso depende mucho de una movilización social, de que la sociedad tome conocimiento de lo que está en juego porque en el Perú la víctima es indígena, rural y pobre, que eran consideradas personas de segunda clase. La sociedad peruana tiene la capacidad de parar cosas, […] pero todavía falta movilizarse para impulsarlo”, remarcó.
