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¿Por qué endulzamos el recuerdo de Belaúnde?

Por Wilfredo Ardito Vega *

8 de setiembre de 2012

Todos los años, cuando les pregunto a mis alumnos en la universidad durante qué gobierno se cometieron las mayores violaciones a los derechos humanos, me responden lo mismo: en el de Fujimori… y se quedan sorprendidos cuando se enteran que fue en el gobierno de Belaúnde.

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© Vera LentzNo hay que culparlos de su ignorancia. Mientras Fujimori está preso por su responsabilidad como autor mediato en diversos crímenes, Belaúnde es oficialmente recordado como un presidente democrático. Llevan su nombre una importante carretera en la selva, un auditorio del Congreso de la República y diversos colegios. En estos días, debido a que el 7 de octubre se cumple el centenario de su nacimiento, el Congreso ha convocado a un concurso escolar para celebrar su legado, además de programar un calendario de actividades protocolares.

Si algún estudiante (y al parecer algún congresista) quisiera saber más sobre Belaúnde, debería darse un salto por la majestuosa Casa Rímac, ubicada en el jirón Junín, precisamente frente a uno de los locales del Congreso. En este restaurado local se exhibe, en el marco de la I Bienal de Fotografía, la exposición No se Puede Mirar, que reúne cientos de imágenes que Vera Lentz captó durante los años del conflicto armado.

Las imágenes muestran con crudeza los crímenes que cometían los senderistas, pero también reflejan la extrema violencia que ejercían las fuerzas del orden sobre la población civil, especialmente sobre los campesinos ayacuchanos.

Por ejemplo, se expone fotos de la masacre de Soccos, en la cual un grupo de policías irrumpió en una celebración de pedida de mano y asesinó a decenas de personas inocentes. En una fotografía aparece el cuerpo de una campesina asesinada debido a que se atrevió a denunciar lo ocurrido.

¿Era Belaúnde responsable de estas atrocidades? Con seguridad, no dispuso que se cometieran estos crímenes, pero los autores se comportaron con tal ensañamiento que demostraron estar convencidos que no serían castigados. Años después, el gobierno se encargaría de dar protección legal a todos los militares acusados de violar los derechos humanos, convirtiendo torturas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en simples “delitos de función” que implicaban penas mínimas.

Durante el gobierno de Belaúnde, las violaciones a los derechos humanos se produjeron de manera sistemática e indiscriminada. Ya desde 1981, los sinchis, el cuerpo especial de la policía, violaba a las mujeres (una fotografía de Vera Lentz muestra a una de las víctimas con su hija, ahora adolescente). En Huaychao, un grupo de pastores evangélicos, que predicaba que los senderistas seguían los mandatos del demonio, fue asesinado. En masacres como Putis, los campesinos fueron obligados a cavar su propia tumba, señalándoles que sería para una piscigranja. En Umasi, las víctimas fueron decenas de escolares secuestrados por los senderistas y los militares violaron a las niñas antes de matarlas. Gracias a la protección legal que otorgó el gobierno, todos estos crímenes están impunes.

“Súbitamente”, recuerda un amigo de Huanta “las señoras que llegaban los domingos a vender al mercado empezaron a llegar todas de negro. Así de niño comprendí que habían matado a sus familiares”.

El Perú tuvo durante el gobierno de Belaúnde, el trágico primer lugar en desaparecidos a nivel mundial, superando a Guatemala, Irán o China. Sin embargo, pese al clamor internacional, el democrático presidente se jactaba de que arrojaba “al tacho de basura” las cartas de Amnistía Internacional, hablando como si fuera un dictador irracional.

Resulta además interesante que en 1983, cuando se extienden las primeras noticias sobre violaciones masivas de derechos humanos en Ayacucho, se produce el famoso asesinato de los nueve periodistas y su guía en la comunidad de Uchuraccay. La muerte es atribuida a la confusión de los propios comuneros, que habrían pensado, por alguna extraña razón, que los periodistas eran terroristas, pero a raíz de este hecho, nunca más los periodistas se atrevieron a recorrer la zona. La masacre, por lo tanto, resultó funcional a una estrategia contrainsurgente que no quería testigos incómodos. Y aún para quienes se quedaban en las ciudades, la situación era arriesgada: Jaime Ayala, corresponsal de La República en Huanta, desapareció en las instalaciones militares de dicha ciudad.

En otra de las fotos de Vera Lentz se muestra una exposición fotográfica, realizada por la Municipalidad de Ayacucho con imágenes de los desaparecidos a los que sus familiares buscaban… La exposición fue realizada en 1985 y mostraba las fotos de las personas desaparecidas en los primeros meses de ese mismo año.

Con estos antecedentes, parece increíble que a mis alumnos les digan en sus casas que Belaúnde fue un gobernante débil, que no reaccionó con firmeza frente al terrorismo, pues, en su gran ingenuidad, habría confundido a los terroristas con abigeos.

A mi modo de ver, la imagen edulcorada de Belaúnde es parte de un proceso en que los peruanos tuvimos la intención evidente de olvidar el periodo de la violencia política, así como de reconstruir una manera de percibirla que no nos molestara.

Mi impresión es que después de la captura de Abimael Guzmán, líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, la sociedad peruana hizo un pacto colectivo de olvido, para no pensar en lo que había ocurrido durante esos terribles años. Era comprensible que muchos limeños quisieran olvidar los crímenes cometidos por los senderistas, por todo el sufrimiento que habían causado. Hacia 1992 el Perú parecía un país inviable, donde no había futuro ni esperanza. Recuerdo que en 1994, a dos años de la mencionada captura, ya muchas personas hablaban de la “época del terrorismo” como si se refirieran al tiempo de los virreyes.

Sin embargo, ese pacto de olvido tenía muchos beneficiarios: en primer lugar, quienes cometieron crímenes desde el Estado. Se repitió que habían sido “necesarios para derrotar al terrorismo”, aunque ni Soccos, Umasi, Putis o las demás masacres de los años ochenta, ni las ejecuciones del Frontón ni los crímenes del Grupo Colina tuvieron ningún impacto en la derrota de los terroristas. Es más, las masacres de Ayacucho deslegitimaron totalmente al Estado, que se comportó como un sanguinario ejército de ocupación.

Otros grandes beneficiarios del pacto del olvido fueron los partidos políticos, comenzando por Acción Popular, que reivindica la gesta de su fundador como impulsor de la democracia en tiempos del General Odría. En aquellos años, Belaúnde era considerado revolucionario o hasta “comunista”. Curiosamente, pese a que sus dos gobiernos concluyeron en medio del más profundo descrédito, muchos jóvenes ahora creen que fueron gestiones exitosas.

Ahora bien, precisamente remontarse al primer gobierno nos permite comprender mejor las contradicciones de Belaúnde: en los años sesenta, los matsés o mayorunas, un grupo indígena en la selva amazónica, fueron bombardeados por la Fuerza Aérea como parte del proceso de colonización que Belaúnde impulsaba. ¿Cómo así se permitió este crimen? Yo creo que para Belaúnde los nativos amazónicos no eran ciudadanos peruanos o al menos no en la misma categoría que su aristocrático entorno familiar. Bajo esta misma lógica, Belaúnde pudo avalar la muerte de miles de campesinos, aunque no estuvieran involucrados en ningún hecho de violencia. Era el precio que había que pagar para garantizar que subsistiera el régimen democrático. De esta manera, el régimen de Belaúnde era en realidad un régimen dual, como lo fue el de Sudáfrica: democrático para unos, pero autoritario y violento para otros, cuya vida no valía nada, fueran mujeres, niños o ancianos.

Ahora bien, yo creo que el pacto del olvido es exitoso porque beneficia también a los cómplices de Belaúnde, es decir todos los peruanos que durante su gobierno guardaron silencio, prefirieron mirar a otro lado o fueron indiferentes frente a los crímenes… Cuando se insiste en que Belaúnde “no sabía nada”, es una forma de decir que uno “tampoco sabía”, lo cual en realidad resulta imposible.

Para un grupo de personas, inclusive, las noticias de la violencia, según revela Jorge Bruce, eran percibidas con una secreta satisfacción, porque los cholos se estaban matando entre ellos y, si desaparecían, podrían vivir en un país mejor.

Como sucede con los tabúes existentes en las familias, este pacto de silencio buscaba evitar confrontarse con situaciones dolorosas, que no solamente reflejan responsabilidades, sino también complicidades… y aunque los buenos limeños que prefieren olvidar los crímenes de Belaúnde no mataron a nadie, su complicidad encarna un problema que todavía existe: el racismo que les permitía pensar que la vida de sus compatriotas no valía nada.

Este racismo permitió que se cometieran crímenes tan terribles hacia quienes eran percibidos como inferiores. Con todo el horror cometido por las dictaduras en Argentina y Chile, éstas se caracterizaban por una política selectiva, donde se secuestraba y torturaba a las personas por sus ideas políticas. En los tiempos de Belaúnde simplemente se actuaba de manera indiscriminada, sin tomar en cuenta más que los rasgos físicos. Esto es lo que explica la muerte de bebés y niños pequeños, lo que ni siquiera hacían los militares argentinos, pero sí los nazis. De hecho, los militares ni siquiera podían entender a muchas de las víctimas, porque no hablaban quechua.

Existe un dato adicional: las mismas masacres indiscriminadas que se produjeron en Ayacucho ocurrieron en aquellos años lejos del Perú, en Guatemala, con el mismo ensañamiento y crueldad. ¿Por qué en Ayacucho y el Quiché dos ejércitos diferentes llevaron a cabo la misma táctica de “tierra arrasada”?

Al parecer, existía una coincidencia porque el ejército guatemalteco y el peruano seguían los lineamientos de la Escuela de las Américas, a lo cual se suma el terrible racismo que existía en los dos países.

Años después, Fujimori terminaría siendo víctima de su propio discurso autoritario, y el mismo quiso considerarse representante de la “mano dura”, mientras Belaúnde pasaba al olvido. En el fondo, la percepción de Belaúnde es un poco la percepción que tenemos de nosotros mismos: es mejor pasar por un ignorante que por cómplice de un genocidio.

Este año, el 7 de octubre, centenario del nacimiento de Belaúnde, será una fecha crucial para ubicarnos frente al pacto del olvido y la impunidad. En mi opinión, exigir justicia para las víctimas de su gobierno es una obligación de quienes queremos una sociedad mejor. Para ello la sociedad peruana tendría que aprender a ser menos racista, tendría que ver a los campesinos como seres humanos y tendría que aceptar que su sufrimiento no es aceptable. ¿Será posible que lleguemos a tanto?

* Abogado y escritor peruano. Activista en derechos humanos y en la lucha contra el racismo en el Perú. Magister en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Doctor en Derecho. Profesor en diversas universidades. Ha trabajado con población indígena en Guatemala y Perú. Autor de la novela El Nuevo Mundo de Almudena, de diversos libros sobre racismo y discriminación, así como del blog Reflexiones Peruanas. Este artículo fue originalmente publicado en la revista Manicomio Suyay, que dirige Juio Martín Meza Díaz.

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El silencio de los ausentes

Por Ramiro Escobar / IDEHPUCP

Gregoria Gastelú está sentada en un murito de la puerta de su casa, ubicada en una avenida algo polvorienta de Huamanga, durante un día cálido pero que, en su mirada, adquiere un destello nebuloso. Cuando pronuncia el nombre de Cesáreo, su hijo ausente, un torrente de palabras en quechua, tristemente tiernas, fluyen de manera incontenible…

-En mi sueño, él aparece y me dice “ya, mamita, no llores, quédate tranquila”-relata, envuelta en llanto.

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No olvidar. Actividad organizada por familiares de desaparecidos. Muchos se conforman con recuperar los restos y ya no buscan otro tipo de reparaciónNo olvidar. Actividad organizada por familiares de desaparecidos. Muchos se conforman con recuperar los restos y ya no buscan otro tipo de reparaciónAl muchacho, un devoto del fútbol, se lo llevaron un 10 de julio de 1984, alrededor de las dos de la mañana, cuando varios individuos de aspecto militar, y cubiertos con un pasamontañas negro, ingresaron a la casa trepando por una pared de la vivienda vecina. Empujaron al resto de la familia a la sala y fueron al cuarto de Cesáreo para sacarlo.

Al día siguiente lo buscaron en el cuartel Los Cabitos, en la comisaría, en la Fiscalía. Pero Cesáreo, el estudiante de la Universidad San Cristóbal, el hincha de la “U”, el hijo cariñoso, no apareció más. Su padre también lo buscó en el ‘Infiernillo’, un barranco cercano a Huamanga donde arrojaban cadáveres, pero igualmente naufragó en el dolor.

Gregoria fue a Lima y se embarcó a la isla El Frontón, cuando todavía albergaba inocentes y presos subversivos. Caminó llorando y preguntando por los pasillos del penal, sin resultado alguno. Volvió a Huamanga, siguió buscando, mientras su aura de tristeza crecía. Solo ha vuelto a ver a Cesáreo en sus dolientes y reiterados sueños…

Números macabros

Se estima que en el Perú, durante el conflicto armado interno (1980-2000), desaparecieron entre 13.000 y 15.000 personas. Inicialmente, el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) sostuvo que recibió “testimonios que dan cuenta de 4.414 casos de desaparición forzada de personas atribuidas a agentes del Estado” (2003).

Al año siguiente, la Defensoría del Pueblo presentó –recogiendo cifras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y otras organizaciones– el informe “Los Peruanos que faltan”, que eleva el número de desapariciones a la alarmante y escandalosa cifra de 8.588 personas.

Posteriormente, la CNDDHH lanzó la campaña “Construyendo una esperanza”. Con ella, logró recopilar 3.301 testimonios más, que aumentaron la curva a 12.859 personas, hasta el año 2005. Según un documento del Centro Andino de Investigaciones Antropológico-Forenses (CENIA), “este número es, aparentemente, el más cercano a la realidad”.

El Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), en su libro Desaparición Forzada en el Perú informa que, entre el 2006 y el 2007, consolidó los listados de la CVR y diferentes instituciones, por lo que el número de desaparecidos aumentó a 13.721. A ello, según José Pablo Baraybar, director de la entidad, deben agregarse 1.452 casos más reportados por la Defensoría.

Toda la sumatoria da la espeluznante cantidad de 15.173 personas que desaparecieron durante el conflicto armado interno, bajo distintas modalidades. El número es, por ejemplo, muy superior al dado por la Comisión Rettig en Chile, que reportó 2.279 muertos o detenidos-desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

El Instituto de Medicina Legal (IML), la instancia estatal que asume el tema, se maneja con la cifra de entre 15.000 y 16.000, y trabaja bajo este parámetro. Pero la relativa nebulosidad de los números parece ser lo que impide que se ponga en marcha, y en serio, el Plan Nacional de Investigaciones Antropológico-Forenses (PNIAF) propuesto por la CVR.

O una Oficina para Personas Desaparecidas (OPD), como plantea el EPAF. A noviembre del 2011, se habrían exhumado solo 1.921 cuerpos, 881 habrían sido identificados y 761 entregados a sus familias. En los 4.644 sitios de entierro existentes en el Perú yacen todavía miles de peruanas y peruanos. Desaparecidos como si fueran un irrelevante numerito.

De cómo morir no oficialmente

Fosas. A noviembre de 2011 se habrían exhumado solo 1.921 cuerpos en el PerúFosas. A noviembre de 2011 se habrían exhumado solo 1.921 cuerpos en el Perú“Yo nunca me he separado de mi padre”, afirma, con un gesto de calidez andina, Mardonio Nalvarte (34), un agricultor de la comunidad de Canayre, centro poblado del distrito de Llochegua, en la provincia de Huanta, parado junto al ataúd blanco donde yacen los restos de su padre, Modesto, asesinado el 27 de febrero de 1989.

En el recinto del local huamanguino de la Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) hay siete ataúdes más, con flores encima, con velas, con niños que revolotean entre ellos. Mardonio lleva su memoria 23 años atrás, cuando alrededor de la una de la tarde escuchó el motor de unos botes que llegaban, surcando el río Mantaro, a su localidad.

Se trataba de senderistas disfrazados de policías que, primero, procedieron a victimar a las autoridades a pedradas. Luego, tras preguntar a los jóvenes “si estaban dispuestos a formar una patrulla para ir en busca de subversivos”, degollaron a los que respondieron que sí ante el engaño. Modesto, el padre de Mardonio, estaba entre ellos.

Él, desde su desprotegida pequeñez, alcanzó a ver la escena al auparse en una ventana. Cuando la tarde ya entraba, la matanza había concluido. Los sobrevivientes, aterrorizados, huyeron al campo, pero volvieron al día siguiente y encontraron 40 muertos, regados por el pueblo, a los que enterraron en una fosa común.

Cada cuerpo fue puesto con una separación de tres metros. En 1991, la base militar de Canayre fue reactivada y la fosa quedó dentro. Tuvieron entonces que sacar algunos de los cadáveres y trasladarlos a un cementerio formado en el pueblo. Unos 15 cuerpos fueron llevados allí, entre ellos el de Modesto, aunque, como antes, informalmente.

No tenía aún certificado de defunción, algo que afectó la vida de Mardonio. Durante años, tuvo que dedicarse a exhumarlo, a trasladarlo y a velarlo. Por fin, en esta fría noche del 2012, su padre descansa en paz. “Acá estoy, a su lado”, sentencia, ahora con cierto viento de tristeza, junto al cajón blanco, y seguro de que su padre ya no es, finalmente, un desaparecido.

Entresijos del alma

¿Qué se anuda en los surcos interiores del familiar de un desaparecido? Como ha escrito Federico Andreu, jurista que participó en la redacción de la “Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, promovida por la ONU, se trata de un crimen que “transforma al ser en un no-ser”.

Pena. Gregoria Castelú y Máxio Cueto aún mantienen la esperanza de recuperar el cuerpo de Cesáreo, su hijo desaparecidoPena. Gregoria Castelú y Máxio Cueto aún mantienen la esperanza de recuperar el cuerpo de Cesáreo, su hijo desaparecidoSegún Rosalía Chauca, de la Red por la Infancia y la Familia (Red INFA), algo que se suele perder de vista es que, con frecuencia, el familiar de un desaparecido es una víctima múltiple. “Además de perder a alguien, sin que le den una explicación –precisa–, puede haber sido torturado o incluso haber sufrido violencia sexual”. Una ruma de desgracias.

Raúl Calderón, quien trabaja con ella, y que ha visto de cerca varios casos en Ayacucho, describe una suerte de itinerario tenebroso de la víctima. “Primero –explica– viene un periodo de no aceptación, de creer que, en realidad, no ha pasado nada grave y que el ser querido está en un cuartel o en una comisaría. Y que un abogado será la solución”.

Pero la ausencia que aparece después apaga esa ilusión. Viene entonces la etapa de búsqueda desesperada, agotadora, que puede dejar exhausta el alma y hasta el cuerpo de la persona. “La persona –explica Rosalía– repara en detalles, en pequeños datos de alguien que pudo haber dicho o visto algo”. No hay un familiar que no sea minucioso.

Si la búsqueda se torna inútil, es posible que baje el esfuerzo pero nunca, nunca, decae. El familiar siempre está atento a una pista, un rumor, alguna leve noticia. La angustia se instala entonces en la vida y, a veces, sobreviene la soledad porque, en su entorno, no entienden esa persistencia o le recomiendan el olvido.

Eso no parece posible, al menos para la mayoría de familiares, porque el hueco en el alma permanece. Y solo se alivia parcialmente cuando el cuerpo aparece. En el mundo andino, como apunta Rosalía, “el ritual de despedida” es paradójicamente vital. Eso se sentía, como un vaho espiritual colectivo, en el velorio de las víctimas de Canayre.

Hay, sin embargo, un trance que es particularmente desolador. Se da cuando, como le ocurre ahora a Gregoria, la víctima ha reconocido, tras una exhumación, una prenda o algo que la convence de que ese es su hijo, su esposo, su hermano. Pero la ciencia forense no lo confirma todavía. “Ese es uno de los peores momentos”, observa Rosalía.

Es un tiempo de angustia mayor, de llanto, de estallidos desgarradores. Y es que el hallazgo de un cuerpo suele ser más importante que la búsqueda de justicia penal. Maritza Guzmán, del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) de Ayacucho, comenta que esa es la mayor reparación que buscan los deudos. Les interesa más cerrar el círculo del dolor que ir a un tribunal.

Selva de espanto

Final. Huamanga, julio 2012, ocho de los cuerpos de la masacre de Canayre, centro poblado de Llochegua, HuantaFinal. Huamanga, julio 2012, ocho de los cuerpos de la masacre de Canayre, centro poblado de Llochegua, Huanta“Acá hay cerca de 650 desaparecidos”, afirma Luzmila Chiricente, dirigente asháninka de 58 años, en el local del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP) de Satipo. Afuera, un calor tórrido parece traer una brisa terrible del pasado, cuando por estas selvas SL se ensañó, de manera mortal y despiadada, con su pueblo.

De acuerdo a la CVR, unos 10.000 asháninkas fueron desplazados en los valles de los ríos Ene, Tambo y Perené. Más de 5.000 habrían permanecido cautivos del movimiento maoísta, que andaba por este monte en busca de huestes forzadas. En ese curso de espanto, al menos 6.000 asháninkas sucumbieron a las balas, el hambre, los maltratos.

Decenas de ellos se perdieron, no se sabe bien cómo, tal como aconteció con Beto Juan, el hijo de 15 años de Luzmila, en 1988. Desde Cushiviani, su comunidad de origen, había sido enviado a estudiar al colegio Atahualpa de Satipo, para lo cual le alquilaron un pequeño cuarto. Normalmente, iba y venía de la casa familiar, pero un día desapareció.

Fue en septiembre de ese año. Luzmila se dio cuenta cuando fue a visitarlo y encontró su espacio vacío, sin que el dueño del predio le diera razón. Lo más probable era que SL, que merodeaba por la zona, se lo había llevado. Sumida en una honda tristeza, lo buscó por todo el pueblo, puso avisos en las radios, preguntó a vecinos y autoridades.

Pagó para que le dieran datos, se endeudó. Pero nada. Nunca más volvió a saber de Beto Juan, hasta hoy, 24 años después, cuando rememora con dolor paciente lo ocurrido. “Él era un chico cariñoso”, cuenta, mientras rebusca en otros recuerdos de espanto, como la vez en que una columna senderista entró a su aldea y casi la mata.

La crueldad se desató en el monte e incluyó, según testimonios recogidos por el Instituto de Defensa Legal (IDL) entre las mujeres asháninkas, masacres, asesinatos de niños y hasta crucifixiones. Luzmila, sin embargo, no retrocedió en su lucha, llevando encima, además, el recuerdo de Beto Juan en su corazón selvático.

La Ley y la ausencia

De acuerdo a Dafne Martos, del CICR, lo que define la condición de “desaparecido” es “la ausencia”. Rafael Barrantes, de la misma organización, explica más el concepto y afirma que “una persona puede desaparecer debido a que fue víctima de desaparición forzada, pero también por haber caído en acción, o como producto de una masacre”.

Asimismo, por un asesinato extrajudicial. Cualquiera de esas situaciones puede causar la desaparición de una persona, de modo que un asunto a precisar es que, en el arco de los presuntamente 16.000 desaparecidos que hay en el Perú, no todos se han debido a secuestros como el que sufrió Cesáreo Cueto Gastelú, el hijo de Gregoria.

Es difícil, incluso, saber cuántos casos corresponden a esta práctica infame, perpetrada por agentes del Estado y muy generalizada en la América Latina de las últimas décadas. Además de Chile, se ha presentado en Argentina, Brasil, Uruguay y Guatemala, país que tendría el mayor número de desaparecidos en la región (serían unos 45.000).

Pero lo esencial es que, durante los tiempos de la violencia política, perdimos a miles de peruanos, de distintas maneras, y no aparecieron más. El caso de los asháninkas, por ejemplo, corresponde a desapariciones en el contexto de la guerra, provocadas por la acción criminal de SL. En el caso de Canayre, se trata de muertos no reconocidos por la Ley.

Todo esto marca esa “megatragedia” que vivimos y que ha sido encarada, desde distintos ángulos, por instituciones como la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y el Instituto de Defensa Legal (IDL) así como los ya mencionados COMISEDH, EPAF, CENIA y la CICR, que realiza esta labor humanitaria en todo el mundo.

Desde el punto de vista legal, existe la Convención Internacional de las Naciones Unidas para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada recientemente por el Congreso de la República; falta que el Ejecutivo emita el Decreto Supremo respectivo para que sea ratificada por el Perú.

Según el jurista Miguel Huerta, de COMISEDH, ello ayudaría a enfrentar este gravísimo problema, a poner en marcha un Plan de Búsqueda y a incentivar la actuación de la Fiscalía de la Nación. Se trata de un crimen de lesa humanidad que ha sido masivo en el Perú, que no prescribe y que debe implicar medidas legislativas de parte del Estado inmediatamente.

Un llanto interminable

Gregoria saca las fotos de Cesáreo en ropa deportiva. Lo mira, lo acaricia, le toca el rostro, como si fuera real. Saca luego un pantalón de color beige que le pertenecía y enseña la basta, dice que siempre la hacía así. Suelta por tercera vez sus lágrimas, mientras se vuelve a acordar de cada detalle, de cada fecha, de cada episodio.

Dice que ya tiene 80 años y que lo único que le interesa, antes de morir, es “encontrar a su hijo”. Vuelve a relatar un sueño en el cual él le dice que ya no llore y que tranquilice a su papito. Insiste en que las prendas que le mostraron hace poco, tras la exhumación de unos cuerpos en una zona vecina al cuartel Los Cabitos, eran de él. Y llora otra vez.

Cuenta que solo le tocaron 1.000 soles de reparación. Pero eso no importa. Le importa encontrar el cuerpo de su hijo, ya no en sueños, sino en la realidad. Porque ella lo quería mucho, porque era bueno, porque, en sus palabras tan tristes, se empoza todo el dolor de un tiempo de espanto, que no debería desaparecer jamás de nuestra memoria…

 

Fuente: Revista MEMORIA/ Publicado en La República 2 de setiembre de 2012

 

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Caso Los Cabitos: “Ya te fregaste, estás en el cuartel”

Juicio por el caso Los Cabitos. Crónicas de las audiencias en Ayacucho (II) *

por Jo-Marie Burt y María Rodríguez

Por segunda vez en lo que va del juicio oral del caso Los Cabitos (1983), la Sala Penal Nacional recogió las declaraciones de testigos en la ciudad de Huamanga entre el 21 y el 24 de agosto. En cuatro días de audiencias públicas, 32 testigos —entre sobrevivientes, familiares de víctimas, y testigos de los crímenes que están siendo judicializados— narraron diversos episodios de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, y tortura sufridos dentro de las instalaciones del cuartel Los Cabitos y la prolongada y casi siempre inútil búsqueda de justicia desde hace casi 30 años.

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Los testimonios fueron desgarradores e intensos. A pesar del tiempo transcurrido los testigos compartieron recuerdos detallados que han marcado sus vidas para siempre. Algunos habían dado su testimonio ante la CVR, sin embargo, para otros era la primera vez que se acercaban al Estado a contar su historia. Así, hemos logrado encontrar puntos coincidentes sobre el modo de operaciones del Ejército en cuanto a las detenciones y desapariciones forzadas ocurridas en Huamanga en el año 1983 que son una prueba más de lo que realmente significó el cuartel Los Cabitos en Ayacucho durante el Conflicto Armado Interno.

Vale la pena mencionar que el juicio en el caso Los Cabitos comenzó en mayo de 2011. Es un caso complejo. Se trata de establecer la responsabilidad penal de los altos mandos militares responsables de los abusos que ocurrieron en el cuartel Los Cabitos, que fue el centro operativo del Comando Político-Militar (CPM) de Ayacucho desde de fines de 1982. No está encausado ningún autor material, pues resulta casi imposible identificar quien cometió los crímenes individuales. En este juicio, enfocado sólo en el año 1983, siete oficiales militares están procesados, acusados de cometer crímenes contra la humanidad, detención arbitraria y retención ilegal de un detenido, vejaciones, secuestro agravado, tratos humillantes, lesiones agravadas y desaparición forzada. Sólo dos de ellos estuvieron presentes en las audiencias de Huamanga: el Teniente Coronel (r) Edgar Paz Avendaño, ex-jefe de la “Casa Rosada”, y Humberto Orbegozo Talavera, ex-jefe del cuartel Los Cabitos. Cuatro de los militares implicados en este caso fueron eximidos de asistir por motivos de su avanzada edad y/o estado de salud: Carlos Briceño Zevallos, Julio Coronel Carbajal D’Angelo, Carlos Millones D’Estefano, y Roberto Saldaña Vásquez. El séptimo acusado, Arturo Moreno Alcántara, se encuentra prófugo, supuestamente en Chile.

La crónica siguiente se basa en estos cuatro días de audiencia presenciadas por las autoras.

Detenciones selectivas, detenciones fortuitas

La mayor cantidad de las detenciones en el año 1983 se dieron irrumpiendo de forma violenta en los hogares de Huamanga, en horas de la noche y la madrugada, sin duda aprovechando el toque de queda impuesto por el Comando Político Militar entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Los testigos describieron con detalle cómo militares, a veces en combinación con las fuerzas policiales, con uniformes de color verde claro y verde olivo, botas negras, armas largas y encapuchados, ingresaban a las viviendas y en medio de insultos, gritos y golpes, entraban a las habitaciones y se llevaban detenidos sin dar mayor razón ni explicación a las familias. Ante las preguntas de las esposas, los hijos, los padres sobre por qué los llevaban: ‘Porque son terrucos’, respondían, acompañado de algún insulto, pero nada más. Algunas veces eran detenciones selectivas, pues los militares llegaban a las casas buscando a una persona en particular, de nombre y apellido, o a veces sólo con el sobrenombre del “camarada”. En algunos casos se llevaron a varios miembros de una misma familia el mismo día o en diversas oportunidades.

Otros testigos narraron como fueron detenidos en las calles, porque pasaron cerca a un lugar donde hubo una explosión y los vieron corriendo, huyendo del atentado y sus consecuencias. Uno de los declarantes manifestó que caminaba por donde se encontraban algunos militares y cuando le pidieron sus documentos, al ver que era estudiante, fue detenido. “Tuve la mala suerte de sacar el carnet universitario que indicaba que era estudiante de educación,” dijo. “A los ojos de los militares, ser universitario era sinónimo de ser terrorista.”

También hubieron testimonios de y sobre personas que fueron detenidas siendo menores de edad, adolescentes, hombres y mujeres, entre los 14 y 17 años -algunos desaparecidos hasta ahora-, aun cuando llevaban puesto el uniforme escolar, fueron maltratados y vejados en Los Cabitos con la misma severidad e indolencia. Era un contexto donde la edad y el sexo fueron irrelevantes.

Los métodos de inteligencia

Un aspecto de la estrategia contrasubversiva en esa época que se hace evidente a luz de los testimonios es el deficiente servicio de inteligencia militar en la búsqueda de subversivos y su incapacidad de diferenciarlos de la población civil. Todos eran considerados sospechosos, más aún si eran docentes, comerciantes o estudiantes universitarios. Lo que cuentan los testimoniantes, es que la práctica común era torturar a todo sospechoso y observar su comportamiento. Quienes se quebraban fácilmente no eran considerados terroristas. Por ello en este juicio hay varias personas que pasaron por el circuito de torturas al interior del cuartel Los Cabitos pero luego fueron liberados.

En algunos casos, la detención de personas se debía a que otro detenido lo señalaba como terrorista. En las audiencias, hubo tres casos en la que el detenido fue confrontado con su sindicador dentro del cuartel Los Cabitos; en cada caso el sindicador retractó su acusación al ver a la persona. En el caso de Víctor Luis, en ese momento estudiante universitario de 23 años, el joven fue detenido y golpeado, practicaron simulacro de asesinato con él, y luego lo torturaron con la “colgadura”. Fue confrontado con su acusador, quien no pudo identificarlo. El militar encargado le increpó enérgicamente al sindicador al darse cuenta que no conocía al joven: “Por qué mientes, cómo dices que lo conoces,” le dijo el militar. “Tú estas tirando dedo a personas que no conoces, que no están involucradas”. Seguidamente golpeó y pateó al sindicador, y eventualmente soltaron al joven. Nos pareció sorprendente esta historia pues en estos años las Fuerzas del Orden operaron de la misma manera, en base a acusaciones y rumores y suposiciones, para desbaratar a las organizaciones subversivas. Todos eran considerados ‘terrucos’ hasta que se demostrara lo contrario, causando un miedo generalizado en la población.

Las torturas y los torturadores

Los testimonios comprueban que el cuartel Los Cabitos no sólo fue un centro de detención, sino que fue principalmente un centro de torturas. Si bien los testigos relataron que estuvieron la mayor parte del tiempo, encapuchados y atados de manos, ellos han logrado identificar ambientes especiales para ambas situaciones. Las detenciones duraban 15 días aproximadamente, siendo depositados en reducidas covachas con techos de calamina, donde tenían que permanecer sentados casi sin poder moverse, en medio de la pampa del cuartel; otros fueron ubicados en ambientes más amplios donde cabían mayor cantidad de personas (lo sentían por el calor humano), siempre en condiciones infrahumanas de vivienda y alimentación.

Los testigos narraron que las torturas eran sufridas en horas de la noche, a partir de las 10 u 11. Sentían que hacían cola para ser torturados y oían gemidos y gritos de hombres y mujeres. Al principio, las torturas consistían en golpes, patadas y puñetes en el estómago, la cabeza, la espalda. Algunas veces eran desnudados completamente, otras sólo el torso o quedaban en ropa interior. Luego, dependiendo quizás del nivel de sospecha o para medir la resistencia del detenido o detenida, se realizaban tres tipos de tortura: el colgamiento, el ahogamiento o submarino y la electricidad, en noches diferentes y espaciadas prudentemente para que la víctima se recuperase de las lesiones sufridas.

Durante las torturas, el interrogatorio era muchas veces impreciso: pedían a los detenidos nombres de terroristas, participantes de los atentados, dónde estaban las armas, buscaban que confiesen que eran tal o cual ‘camarada’, preguntaban quién era Edith Lagos o Abimael Guzmán. La generalidad de las preguntas hace pensar que los militares no tenían mayor claridad sobre quiénes eran ni a quiénes buscaban.

Un aspecto importante de los testimonios es la coincidencia al momento de describir a los torturadores. Por las voces, casi todos los testigos lograron identificar que eran entre tres y cuatro, con un acento costeño diferente al de “los cabitos” –como suelen describir a los soldados— que los cuidaban durante el día, quienes tenían un acento más provinciano o del oriente. En algunos casos, al momento de la tortura, los captores quitaban la capucha al detenido y en ese momento los testigos lograban ver los rostros de sus agresores, o por lo menos al que estaba más cerca. Eran de contextura gruesa y altos, dos de ellos ‘blancones’ y otro de tez trigueña con bigotes. Este último al parecer era el encargado de las torturas y a quien la mayoría de los testigos logró identificar con más claridad.

El silencio cómplice de las instituciones del Estado

La indolencia e inoperancia de las autoridades civiles y militares en este período es abrumador. Ha sido desgarrador no sólo escuchar el daño físico y sicológico que se hacía a otro ser humano, sino también el calvario de los familiares que buscaban a sus seres queridos en todas las instancias donde podían estar detenidos: la PIP (Policía de Investigaciones del Perú), la Comisaría, la Comandancia y el cuartel Los Cabitos. En todos ellos casi siempre negaron la presencia de sus familiares, fueron echados, insultados y tildados de terroristas. Eran en su mayoría mujeres, madres o hermanas que iban con sus niños en brazos, llorando desconsoladamente porque no encontraban respuesta sobre su ser querido. En algunos casos, sin embargo, los testigos relataron que algunos de los soldados se compadecieron y les hicieron llegar noticias de los detenidos. Sin embargo no necesariamente lograron encontrar a la persona identificada.

Las instituciones de justicia como la Fiscalía y el Poder Judicial también estuvieron ausentes. En algunos casos denunciaron los hechos ante estas instancias, pero casi siempre era letra muerta, pues nunca lograron que se abriera una investigación o un proceso para averiguar dónde estaban sus familiares. En otros casos no lo hicieron por las amenazas o porque se calculaba que no tendría ningún resultado. Por ejemplo, los testigos sobrevivientes de torturas contaron que al ser liberados fueron obligados a firmar cuadernos donde aseguraban que no habían sufrido ningún tipo de tortura o que se comprometían a no hablar, lo que acrecentó el temor a denunciar. Así mismo, el sentido común de muchos ex detenidos les hacía ver que la denuncia era inútil, pues “cómo se iba a denunciar a quien lo había retenido”. El temor y la desconfianza hacia el Estado en todas sus instancias, era generalizado. Había una impunidad institucionalizada, y el poder militar fue un poder autoritario y abusivo que había desarrollado niveles altísimos de deshumanización y desprecio por la vida.

La defensa militar

Es particularmente interesante analizar las intervenciones de la defensa de los militares, que busca probar que Ayacucho vivía una situación social tan convulsionada que cualquiera podía ser miembro de Sendero Luminoso. La defensa pregunta a los testigos en cuanto tiempo retomaron sus estudios y trabajos después de haber sido torturados en Cabitos, como si dicho tiempo determinara la gravedad de las torturas; hacen preguntas a las víctimas sobre si hicieron las denuncias luego de ser liberadas, como si el Poder Judicial funcionara de manera normal y no existiera un miedo generalizado en la población. Preguntan si había música a la hora de las sesiones de tortura; tal vez para argumentar que los altos mandos no escucharon los gritos humanos provenientes de las salas de torturas. Buscan banalizar los testimonios, minimizar el daño causado, justificar la reacción de las fuerzas del orden pues se vivía una época de terrorismo, bombas y atentados.

Las secuelas

Casi todos los testigos lloraron mientras narraban sus historias; algunos mostraron las cicatrices físicas y psicológicas de lo vivido. Algunos fundaron ANFASEP (Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos) para continuar la búsqueda de sus familiares desaparecidos, mientras que los reaparecidos continuaron con sus vidas estudiando, trabajando, conviviendo con la violencia y buscando como sobreponerse al recuerdo de lo vivido.

A pesar de que el miedo es la secuela más notoria entre quienes dieron su testimonio, es destacable la valentía de estas personas, de relatar sus historias de horror frente a un juzgado en una audiencia pública y frente a los militares acusados como autores mediatos. Por ejemplo, Sergio, quien fue acusado de ser causante de una explosión de una cisterna cerca a su casa, cuando fue detenido sólo tenía 16 años. A pesar de su edad, fue torturado en Cabitos: Fue colgado por los brazos y luego duramente golpeado; otra noche lo sumergieron en un pozo de agua; finalmente le aplicaron la picana (electricidad). “¿Quiénes son los compañeros?” me preguntaron. “Das nombres y te vas a tu casa,” le dijeron, pero no sabía de que hablaban.

Durante una de las sesiones de tortura, le sacaron la capucha. “Vi con mis ojos a una niña de más o menos 16 años,” dijo. “No la conocía. Vi que violaron a la niña”. El mismo militar que lo había torturado era quien había violado a la niña. Días después, Sergio fue llevado junto con unos veinte detenidos a Infiernillo, un botadero donde los militares habrían echado a los muertos. Obligaron a todos arrodillarse al pie de la quebrada. No veía nada excepto el piso pues estaba encapuchado. “Sin preguntar metieron bala a uno y cayó a la pista. Lo pude sentir. Ahí sí preguntaron, vas a hablar! Groserías dijeron. Pero no hablaba nadie. Boom. Boom. Iban matando a las personas uno por uno. Uno a mi ladito cayó”. Aunque tuvo la venda en los ojos pude ver su cuerpo en el piso. Al final, Sergio y cuatro personas más volvieron con vida al cuartel. Cuando fue liberado, estuvo postrado en una cama por dos años recuperándose de las lesiones, pues como él mismo relató, “quedé destrozado”.

Es destacable también la historia de la familia de unos panaderos, quienes perdieron a dos de sus hermanos cuando los sinchis irrumpieron en su negocio, el 3 de setiembre y el 15 de diciembre de 1983 para secuestrar y desaparecer a sus hermanos César y Celestino. El testimonio de la hermana fue estremecedor, más aún cuando contó que años después en Rancha encontraron el buzo verde y el polo azul que Celestino llevó la madrugada que los militares lo sacaron de su habitación, mientras preguntaba “jefe, por qué a mí”. Quiso ponerse su reloj y recoger su Libreta Electoral, pero le dijeron “ya no es necesario”. Su familia veló las prendas esa noche.

Asimismo, la denuncia y testimonio de la hija, hermana y cuñada de Eladio Quispe Mendoza, desaparecido en noviembre de 1983. Los testimonios se dieron en Lima y Ayacucho, y demuestran que el terror y la impunidad prevalecieron en Ayacucho durante muchos años. Guadalupe Ccollacunto, la esposa de Eladio, quien se encargó de buscar a su esposo desaparecido y se convirtió en una importante miembro de ANFASEP, fue también desaparecida en la madrugada del 10 de junio de 1990, día de la segunda vuelta electoral entre Vargas Llosa y Fujimori, de la misma manera cobarde e impune: militares irrumpieron en su casa en horas de la madrugada, la llevaron, y nunca mas fue vista. La historia de la hija de Eladio y Guadalupe es aún más sorprendente y demuestra la valentía de las familias al momento de buscar respuestas sobre el paraderos de sus seres queridos, pues en audiencia pública en Lima, contó que cuando cumplió la mayoría de edad y asumió el caso de sus padres, descubrió que en el libro Muerte en el Pentagonito se hizo mención a su padre. Con esta información busco y logró entrevistarse varias veces con Jesús Sosa Saavedra, apodado ‘Kerosene’ y cuyo testimonio fue recogido en el libro mencionado. El admitió haber matado a su padre Eladio Quispe Mendoza, y haber destrozado su cadáver años después cuando le ordenaron desaparecer las evidencias de los años anteriores.

Después de oír los testimonios de los sobrevivientes de la tortura en Los Cabitos, después de escuchar los dolorosos testimonios de las esposas, hermanas y hermanos, padres y madres, que salieron en búsqueda de sus seres queridos y hasta ahora no encuentran respuesta, uno queda mudo por el espanto. Pero el proceso judicial obliga a narrar lo vivido, lo sufrido, obliga a contar las experiencias para encontrar y castigar a los culpables. Aún el juicio por el caso Los Cabitos tiene mucho por recorrer, faltan muchos testigos más, incluso habrá una nueva ronda de audiencias en Huamanga, probablemente antes de fin de año. En una siguiente entrega haremos otra crónica del horror que fue Los Cabitos.

 

Para ver la primera crónica sobre las audiencias en Ayacucho relacionadas con el caso Los Cabitos, haga clic aquí

 

Originalmente publicado en Noticias SER, 29 de agosto de 2012

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WOLA se pronuncia sobre la audiencia del Perú ante la CIDH

La Corte Interamericana de Derechos Humos (CIDH) se encuentra revisando el controversial fallo de la Corte Suprema del Perú, el cual, podría erosionar las bases de los avances de la justicia contra crímenes de Derechos Humanos (DD.HH.). El pasado 20 de julio, la Corte Suprema redujo la sentencia a conocidos criminales, incluyendo a Vladimiro Montesino, contraviniendo los mandatos previos del Poder Judicial peruano y de la CIDH.

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Más allá de la notoria reducción de sentencia, la parte civil de los casos de violación a los DD.HH. critican la sentencia por argumentar que el asesinato de 15 personas en el Caso Barrios Altos, la desaparición forzada del periodista Pedro Yauri y la desaparición y asesinato de 9 líderes campesino en El Santa. Los abogados de la parte civil han demostrado que ninguna de las víctimas de estos casos pertenecían a los grupos subversivos; más aún, si las víctimas estuvieran involucradas en actos delictivos, esta no sería razón suficiente para violar sus derechos –debemos recordar que todas y todas estamos protegidos por la legislación internacional que salvaguarda nuestros DD.HH.-.

La Corte Suprema del Perú ha puesto en duda la propia legislación internacional, en espacial, en lo que refiere al concepto de “autoría mediata”, el cual sostiene que los líderes de cualquier organización comparten la culpabilidad de los crímenes perpetrados por sus subordinados. Si bien en el 2009, la Corte Suprema había utilizado dicho concepto en el proceso que se le siguió al exPresidente Alberto Fujimori por crímenes de DD.HH., la actual sentencia abre la posibilidad de que Alberto Fujimori pida una revisión de su condena.

La CIDH se encuentra supervisando la sentencia, pues si bien no tiene mecanismos que fuercen a los Estados miembros, si tiene la capacidad de anular los dictaminado por la Corte Suprema si esta va en contra de los compromisos del Perú con la CIDH aceptados en la sentencia de la corte en el Caso Barrios Altos en marzo del 2001. WOLA y sus aliados en el Perú han propuesto a la CIDH la anulación de la sentencia y, de esta manera, dejar un alto precedente el proceso de justicia contra la impunidad en el país.

“Las víctimas de la violencia política en el Perú han luchado largo y tendido contra la impunidad institucionalizada en su país” afirma la Investigadora de WOLA Jo-Marie Burt, además agrega que: “Han sido muchos los obstáculos que han surgido en los últimos años, frustrando los esfuerzos por la justicia en casos de DD.HH.”.

Para leer el comunicado original en inglés puedes hacer click aquí (enlace en nuestro sitio), y para leer el pronunciamiento de APRODEH puedes hacer click aquí (enlace en nuestro sitio).

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Grave Retroceso en los Esfuerzos por Alcanzar la Verdad y la Justicia en el Perú

Por Jo-Marie Burt, Asesora Principal, WOLA

25 de julio de 2012, Lima – El 20 de julio, la Corte Suprema del Perú emitió una sentencia altamente polémica en un caso que involucra a integrantes del escuadrón de aniquilamiento conocido como el Grupo Colina. Según defensores de los derechos humanos y víctimas de los casos en cuestión, la sentencia constituye un considerable retroceso en la tortuosa búsqueda de la verdad y la justicia en el Perú, en casos de atroces violaciones a los derechos humanos. Desde hace muchos años, WOLA viene apoyando los esfuerzos desplegados por la comunidad de derechos humanos y las víctimas de violaciones a los derechos humanos para alcanzar la verdad y la justicia en el Perú y, por lo tanto, condenamos enérgicamente este paso atrás en la lucha por acabar con la impunidad en el país.

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La sentencia está enfocada en tres crímenes cometidos por el tristemente célebre Grupo Colina, unidad militar responsable por una serie de violaciones a los derechos humanos cometidos entre 1991 y 1992: la masacre de Barrios Altos en 1991, en la cual fueron asesinadas 15 personas, incluyendo un menor de ocho años de edad, y otras cuatro resultaron gravemente heridas; la desaparición forzada del periodista Pedro Yauri en 1992; y la desaparición de nueve dirigentes campesinos de la comunidad de Santa.

El veredicto de la Corte Suprema no sólo reduce las sentencias de reconocidos criminales, incluyendo al ex-Jefe de Inteligencia Vladimiro Montesinos, sino que también supone un revés respecto a la jurisprudencia establecida por dictámenes previos de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional Peruano y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El Ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor (recientemente nombrado Primer Ministro), criticó la decisión, calificándola como “vergonzosa”. El Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, declaró que el veredicto representaba un “grave retroceso” en relación a los esfuerzos realizados en el Perú para llevar ante la justicia a los responsables por serias violaciones a los derechos humanos, e hizo un llamado por una rectificación de la sentencia. También el Presidente Ollanta Humala hizo notar su sorpresa ante el veredicto. Grupos de derechos humanos han criticado la sentencia y han declarado que entablarán acciones legales para impugnar la decisión, dentro del país y a nivel internacional.

Antecedentes

La investigación inicial de la masacre de Barrios Altos fue cerrada en 1995, luego que el gobierno de Fujimori promulgase dos leyes de amnistía que otorgaban impunidad a agentes del Estado acusados de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980-1995). Las víctimas y sus representantes legales llevaron el caso ante el sistema Interamericano y, en 2001, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un veredicto en el caso, determinando la responsabilidad del Estado peruano por la masacre y ordenando una investigación, procesamiento y castigo para quienes resultasen responsables. El mismo dictamen determinó que las leyes de amnistía de 1995 violaban el derecho internacional y carecían de efecto legal.

Como resultado de ello, el caso de la masacre de Barrios Altos fue reabierto. Se trata de un caso complejo, que involucra a 15 víctimas fatales y 31 acusados; luego, los casos de Pedro Yauri y de Santa fueron incorporados a los procedimientos legales como parte de un “mega-proceso” contra los integrantes del Grupo Colina. Ello no obstante, el proceso estuvo plagado de retrasos. La investigación demoró años antes que el juicio se iniciara en 2005; luego, debido a una serie de factores, pero especialmente como resultado de las tácticas dilatorias de los abogados defensores de los acusados, el juicio público demoró otros cinco años. Finalmente, en octubre de 2010 se emitió una sentencia, declarando culpables por los crímenes a 19 de los 31 integrantes del Grupo Colina. Las sentencias más severas, la mayor de ellas de 25 años de cárcel, estuvieron reservadas para los autores intelectuales de los crímenes—Vladimiro Montesinos, jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN); General (r) Julio Salazar Monroe, jefe oficial del SIN; General (r) Nicolás Hermoza Ríos, ex-Comandante del Ejército; y General (r) Juan Rivero Lazo, ex-jefe de Inteligencia del Ejército—; así como para los jefes operativos del Grupo Colina, ex-Mayor del Ejército Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingüe. Los acusados apelaron la sentencia.

La Polémica Sentencia

La Corte Suprema anunció su sentencia sobre este caso el 20 de julio de 2012. Las medidas más polémicas incluyen una reducción en las sentencias para virtualmente todos los sentenciados, incluyendo a Montesinos y Hermoza Ríos. Javier Villa Stein, juez de la Corte Suprema y quien presidía el tribunal que emitió la sentencia, dijo que esta medida constituía una “compensación” por el dilatado proceso legal. Pero los defensores de los derechos humanos aducen que las medidas más cuestionables están relacionadas a una serie de argumentos legales que anulan la determinación de la sentencia original, en el sentido de que la masacre de Barrios Altos y las desapariciones forzadas de Pedro Yauri y de los campesinos de Santa constituían crímenes de lesa humanidad; de que estos crímenes fueron cometidos por un aparato organizado del Estado que constituía una asociación ilícita para delinquir; y de que Montesinos, Hermoza Ríos, Rivero Lazo y Salazar Monroe fueran responsables comoautores mediatos de este delito—el mismo concepto legal empleado para juzgar a Alberto Fujimori por la masacre de Barrios Altos, los asesinatos de La Cantuta, y dos secuestros. Según el parecer de defensores de los derechos humanos, resulta especialmente preocupante que la sentencia declare que la masacre de Barrios Altos no constituye un crimen de lesa humanidad; aunque se reconoce que los delitos cometidos por el Grupo Colina fueron parte de una política oficial del Estado, se indica que dicha política no estaba dirigida contra la población civil sino contra terroristas.

Reacciones

Grupos de derechos humanos han cuestionado cada uno de esos argumentos, punto por punto. La naturaleza sistemática de los crímenes cometidos por el Grupo Colina fue documentada por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú, y ha sido reconocida en las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto en el caso de Barrios Altos como en el de La Cantuta. La sentencia emitida por la Sala Penal Especial que vio el caso Fujimori, la cual fue ratificada en diciembre de 2009 por la Corte Suprema, reconoció los casos de Barrios Altos y La Cantuta como crímenes de lesa la humanidad, no sólo debido a que fueron dirigidos contra civiles sino porque formaron parte de una política oficial del Estado, fueron planificados con anterioridad, y porque tuvieron lugar en un contexto de sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Adicionalmente, el Tribunal Constitucional del Perú reconoció en 2005 que los crímenes cometidos por el Grupo Colina—incluyendo la masacre de Barrios Altos—constituían “crímenes de lesa humanidad”.

La reciente sentencia de la Corte Suprema ha recibido agudas críticas, provenientes de amplios sectores. El Vice Ministro de Justicia y Derechos Humanos Daniel Figallo Jiménez Mayor presentó una Acción de Amparo ante el Tribunal Constitucional, la cual es el único recurso legal en el Perú para impugnar un veredicto de la Corte Suprema. Varios congresistas han planteado la posibilidad de denunciar constitucionalmente a los jueces que emitieron la sentencia. Diversos grupos de la sociedad civil, desde organizaciones sindicales hasta grupos de derechos humanos, criticaron la sentencia en una serie de terrenos, y dijeron que solicitarían a la Corte Interamericana su anulación.

Gloria Cano, abogada y jefa de el área legal de APRODEH, una de las organizaciones que representan a las víctimas en los procesos penales, cuestionó agudamente la sentencia por los sofismas legales en que ésta incurre y por su evidente intención de favorecer no sólo a los sentenciados en este proceso legal sino, en última instancia, al ex-Presidente Alberto Fujimori Fujimori, quien en 2009 fuera sentenciado a 25 años de prisión por los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Sobre este aspecto, Carlos Rivera, abogado y jefe del área legal del Instituto de Defensa Legal, otra ONG que representa a las víctimas en este caso, declaró: “El tribunal de Villa Stein ha brindado una magnífica herramienta política [a Alberto Fujimori] para impugnar su veredicto inculpatorio”.

Tal como WOLA ha señalado con anterioridad, la legislación internacional impide el otorgamiento de indultos para delitos de lesa humanidad. Al eliminar la condición de “crimen de lesa humanidad” en la masacre de Barrios Altos, la sentencia de Villa Stein podría proporcionar nuevos argumentos para que los partidarios de Fujimori planteen, si no una impugnación al veredicto inculpatorio, entonces un indulto para el ex-Presidente Fujimori. Sin embargo, es importante reconocer que según la legislación peruana, una persona con sentencia por secuestro agravado, como es el caso del exPresidente, tampoco puede recibir el beneficio del indulto.

También preocupante resulta la actitud asumida por el Juez de la Corte Suprema Javier Villa Stein, considerado como el arquitecto de la sentencia. A consecuencia de la ola de críticas contra la sentencia relacionada a los casos de Barrios Altos-Yauri-Santa, Villa Stein asumió un tono combativo, acusando al Ministro de Justicia Jiménez Mayor de “atizar el fuego” y de ser “un polarizador” por sus comentarios de crítica al veredicto. Villa Stein dijo que le agradaría un pedido de impugnación de su sentencia ante la Corte Interamericana, pedido que fuera anunciado por defensores de los derechos humanos. Lo que resulta más chocante, Villa Stein se ha burlado de los grupos de derechos humanos, diciendo que no deben seguir “lloriqueando” por la sentencia.

Resulta importante señalar que anteriormente APRODEH había tratado de recusar a Villa Stein de éste y otros procesos legales que involucraban casos de derechos humanos, debido a sus posturas políticas. Según APRODEH, en relación al caso de Chavín de Huántar —otro proceso legal tremendamente polémico que involucra la acusación contra Montesinos y otras personas por perpetrar al menos una ejecución extrajudicial en los hechos que sucedieron inmediatamente después de la operación de rescate de rehenes de la residencia del embajador japonés en 1997— Villa Stein aseveró que las ONG que defendían a las víctimas en casos de derechos humanos estaban motivadas por un deseo de perseguir políticamente a las Fuerzas Armadas peruanas. El Tribunal Constitucional rechazó el pedido de APRODEH, aduciendo que Villa Stein tenía derecho a emitir sus puntos de vista políticos personales y que éstos no perjudicarían los procedimientos legales. Ello no obstante, a consecuencia de la sentencia, así como debido a los desdeñosos comentarios de Villa Stein, amplios sectores de la sociedad civil están haciendo un llamado por su remoción del cargo de Juez de la Corte Suprema.

La Justicia Es Llevada a los Tribunales

Las víctimas de la violencia política en el Perú han luchado incansablemente y por largo tiempo para vencer diversas formas de impunidad institucionalizada, incluyendo dos leyes de amnistía, que les impedían conocer la suerte que habían corrido sus seres queridos, así como procesar judicialmente y castigar a los responsables por esos delitos. Al culminar su Informe Final en 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación recomendó el procesamiento penal de varios casos de graves violaciones a los derechos humanos y la creación de instancias especiales en la Fiscalía y el Poder Judicial para investigar y procesar legalmente estos crímenes, y para facilitar el derecho de las víctimas a acceder a la verdad y la justicia. Se constituyó tales instancias a partir de 2004 y en 2005 se fueron emitiendo las primeras sentencias en casos de graves violaciones de derechos humanos. A pesar de que el sistema especializado de derechos humanos ha emitido fallos importantes —más allá del juicio a Fujimori— en años recientes, organizaciones de derechos humanos en el Perú han denunciado una serie de obstáculos que han surgido para socavar el trabajo de estos tribunales especiales de derechos humanos, y el proceso más amplio de búsqueda de la justicia para las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado en el Perú. La sentencia de Villa Stein constituye un factor más que contribuye a nuevas formas de impunidad en el Perú de hoy.

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De confesiones y culpas. El juicio por el caso Accomarca

Por Jo-Marie Burt y Kristel Best Urday*

Las calles alrededor del penal Castro Castro, ubicado en la parte alta del distrito de San Juan de Lurigancho en las afueras de Lima, son de tierra y polvo. Ni la lejanía ni la aridez merman la voluntad de los familiares del caso Accomarca. Ahí están, durante todas las audiencias del juicio, en el cual se juzgan a 29 militares por la masacre de 69 campesinos, cometida el 14 de agosto de 1985. En la entrada del penal, están parados los familiares, desplegando carteles en donde figuran todos los nombres de las víctimas, así como sus exigencias de verdad y justicia, postergadas desde hace 26 años.

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El juicio, iniciado en noviembre de 2010, no ha llamado tanto la atención de los medios de comunicación, pero en las últimas semanas ha estado en primera plana por las declaraciones de Telmo Hurtado, ex oficial del Ejército considerado como el principal responsable material de la masacre, que ha reconocido su participación en el operativo militar que dio muerte a 69 campesinos, entre ellos más de 20 menores de edad.

La declaración de responsabilidad de Hurtado no es novedad. Hace años, cuando fue interrogado ante una comisión investigadora del Congreso, la admitió. Su caso fue trasladado al fuero militar, donde fue sancionado a 6 años, no por homicidio sino por el delito de ‘abuso de autoridad’. A pesar de la condena, Hurtado no cumplió los 6 años, además fue ascendido e incluso fue condecorado durante el gobierno de Alberto Fujimori. En 1995, se benefició de la Ley de Amnistía, y permaneció en servicio activo del Ejército. En 2001, luego de la anulación de esta ley por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Hurtado huyó a Estados Unidos. El 2007 fue detenido, y luego de varios años, fue extraditado al Perú e incorporado al juicio ya en curso el 22 de julio de 2011.

Lo que es nuevo en su testimonio fue que reconociera el papel de sus superiores tanto, en el diseño del Plan Huanccayoc, como en la transmisión de las órdenes del operativo militar; así como el reconocimiento de las órdenes que habría recibido de sus superiores para encubrir los hechos. De este modo, el testimonio de Hurtado cuestiona no sólo el argumento de los altos mandos militares imputados en esta causa, sino también el argumento de la institución militar sobre la lucha contrasubversiva en general, que dice que no hubieron violaciones sistemáticas de derechos humanos sino tan sólo ‘excesos’ cometidos por algunos ‘malos elementos’ de las Fuerzas Armadas. Según esta argumentación, la responsabilidad de los abusos cometidos no caería sobre los altos mandos sino sobre los soldados y oficiales de rango menor que actuaron en las zonas de emergencia.

Habla el “Carnicero de los Andes”

Mientras daba su testimonio, Hurtado mantuvo una postura firme y habló mirando de frente. No dialogó con ninguno de los otros acusados que estaban a sus espaldas. Se limitó a describir las órdenes y sus ejecuciones en términos castrenses “bajas”, “eliminación”, “limpieza”, detallando fechas, horarios y nombres. No hizo apreciaciones subjetivas, morales ni humanitarias.

Tras el vidrio, el público, conformado en su mayoría por los familiares, podía observar a los acusados de espaldas. Algunos tomaban nota mientras escuchaban las declaraciones, otros se encorvaban irremediablemente, otros murmuraban.

El fiscal Luis Landa inició su interrogatorio con la pregunta sobre su estado de salud mental hace 27 años y en la actualidad. El General José Cabrejos Samamé afirma en su libro La verdad sobre Accomarca que Hurtado habría sufrido de “psicosis de guerra” y que, por ello, torturó y asesinó con saña a los pobladores. Ésta, vale anotar, también es la tesis principal de los abogados defensores de los altos mandos militares imputados en esta causa, entre ellos el Gral. Wilfredo Mori Orzo (uno de los miembros del Estado Mayor en aquel momento) y el Gral. José Daniel Williams Zapata (en ese momento Mayor de Infantería y Jefe de la Campaña Lince y, en 2005, Jefe del Comando Conjunto).

En una de las audiencias iniciales, el abogado de esos militares, César Nakasaki —conocido por defender, y perder, las causas por violación de derechos humanos y corrupción del ex presidente Fujimori— sostuvo precisamente esta tesis. Sus defendidos, advirtió, no sabían nada ni tenían responsabilidad. Sostuvo que Hurtado habría enloquecido luego de tanto tiempo en las zonas de emergencia, por lo tanto la masacre sería producto de un “exceso” individual y no de un plan enmarcado en la lucha contrasubversiva.

En aquel momento Hurtado estaba en Miami esperando la extradición. Tal vez imaginaron que no sería extraditado. O que llegaría después de este juicio. Pero ahora, se encuentra en el mismo banquillo de los acusados.

Al contrario de la tesis de Cabrejos y Nakasaki, Hurtado declaró que no sufría de “locura” ni en aquel momento ni en el presente. Ante dicha teoría, respondió claramente que a un oficial lo preparan para estas situaciones, para cumplir órdenes, por eso se les denomina “profesionales de la guerra”.

Según Hurtado, el 12 de agosto de 1985 se ideó el Plan Operativo 17, que tenía como finalidad “eliminar” una Escuela Popular en la zona de Accomarca y capturar al “camarada Marco”. El Estado Mayor se reunió con los jefes de patrulla para impartir la orden de eliminar al “personal subversivo” en caso de un enfrentamiento. El 13 de agosto, el “G2” Teniente Coronel de Infantería César Martínez Uribe Restrepo, oficial de Inteligencia, le ordenó a Hurtado que elimine a todo elemento subversivo y que no retorne con ningún capturado. Hurtado explicó que la quebrada de Llocllapampa estaba categorizada como Zona Roja, por lo tanto, todos los habitantes eran considerados indefectiblemente delincuentes terroristas, en consecuencia, todos debían ser “eliminados”. Asimismo, remarcó que la contraorden que dio el “G2” Martínez Uribe no podía comunicarse ni realizarse sin el pleno conocimiento del General Mori, quien era Jefe del Estado Mayor. Enfatizó que el operativo se realizó con el conocimiento del Comando Político Militar, del Poder Ejecutivo y del Estado.

Hurtado admitió y se responsabilizó de la muerte de cinco hombres ejecutados en el camino, del camarada “Genaro” y de aproximadamente 25 personas. De las demás muertes, dijo que otros comandos tenían la responsabilidad.

Encubrimiento de los hechos

Hurtado también declaró sobre este tema. Luego de que las denuncias de la masacre llegaran a Lima, en setiembre de 1985, los altos mandos militares, comandados por el Gral. Mori, ordenaron “limpiar” la zona, es decir, borrar las huellas y asesinar a los testigos de la masacre. El 16 de setiembre, Hurtado, el Comandante Sotero Navarro, un Sub-oficial de comunicaciones y el Mayor Jurídico fueron llevados en helicóptero a la quebrada de Huancayocc. Se dirigieron al lugar caminando, pero antes de llegar, Sotero Navarro se quebró el pie, entonces emprendieron la vuelta hacia Huambalpa. Debido a ello, relató Hurtado, no participó en la “limpieza”. Pero, afirmó, otras patrullas en la zona se encargaron de la operación entre el 13 y 15 de setiembre. Recuerda que a lo lejos se veían fogatas.

Asimismo, señaló que el 17 de setiembre de 1985, el Coronel de Infantería Nelson González Feria lo ordenó a mostrarse como “loco” ante la prensa y frente a la comisión investigadora del Congreso que iba a viajar a la zona.

Con estas declaraciones, Hurtado ha quebrado el plan de encubrimiento que lleva 26 años de existencia. En algún momento reflexionó sobre su confesión: “Las lealtades cambian, las amistades se van,” dijo. Sin embargo, Hurtado no muestra signos de arrepentimiento ni de crítica a la política contrasubversiva. “¿Por qué continuó en el Ejército?”, le preguntó el abogado de Rivera Rondón, otro de los imputados. Hurtado respondió: “Mi único grado y meta era la defensa de la soberanía nacional, la pacificación del país. Amo mi institución, amo mi carrera”. Ante las preguntas “¿Usted sabía que era ilegal asesinar? ¿Sabía si era ilícito matar a personas?” Hurtado dijo que se le preguntara al Estado Mayor que estuvo a cargo.

El contrainterrogatorio de Nakasaki

César Nakasaki, el abogado que se hizo famoso representando a Alberto Fujimori en todos los casos por los cuales fue extraditado de Chile en 2007, defiende a los altos mandos militares en el caso Accomarca, como Wilfredo Mori Orzo, César Martínez Uribe Restrepo, entre otros. En su contrainterrogatorio a Hurtado, apuntó a que éste aceptara que sus declaraciones en 1985 ante la inspectoría de la II División del Ejército, así como ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, eran las que valían. En esas declaraciones, Hurtado indicó que nadie del Estado Mayor tuvo responsabilidad en los hechos de Accomarca.

Sin embargo, el militar se mantuvo firme en su posición. Afirmó que estuvo presionado a mentir en aquellas declaraciones y conminado a hacerse el loco y a guardar silencio para proteger a la institución. Cambiando de estrategia, Nakasaki repitió la pregunta que otro abogado defensor, Hugo Robles Castillo, hiciera a Hurtado en una sesión previa: “¿Usted mataría a su padre?” a lo que respondió positivamente. Esta vez, respondió de manera distinta. Dijo que Robles hizo una pregunta extrema para demostrar cómo funcionaba la obediencia debida dentro de la institución militar. Explicó que su familia se había visto muy afectada por su situación y que su padre había muerto en 1988.

En las declaraciones de Hurtado se desentraña toda una estrategia contrasubversiva dirigida desde los altos mandos militares quienes tuvieron pleno conocimiento y control sobre cada operativo. Con sus declaraciones se está corroborando la sistematicidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, tesis ya establecida por la CVR en su Informe Final. Ahora, se espera que culminen los interrogatorios y de que por fin se haga justicia para los familiares de las 69 víctimas de la masacre de Accomarca.

Nota:

* Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política en la Universidad de George Mason y asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Es autora del libro, Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (IEP, SER, 2009, 2011). Kristel Best Urday es bachiller en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es estudiante de la Maestría de Historia y Memoria de la Universidad Nacional de la Plata en Argentina. Ambas han presenciado numerosas audiencias del juicio Accomarca (^^^)

Artículo publicado en la revista Retablo. Nro. 46. Junio 2012. Ayacucho. Asociación SER

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Los Cabitos

Por Eduardo Dargent – Diario16

Esta semana pensaba escribir sobre el casi seguro retorno del PRI al poder en México. Ya con el artículo avanzado leí la crónica de Kristel Best y Jo Marie Burt sobre el proceso judicial por violaciones a los derechos humanos cometidas en el cuartel Los Cabitos de Ayacucho hace más de dos décadas. La Sala Penal Nacional se encuentra en estos días recogiendo testimonios de víctimas y familiares en dicha ciudad. Creo que el viejo saurio puede esperar una semana, más urgente es resaltar este caso que ha recibido poca atención de la prensa local.

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No le cuento los detalles del proceso, puede leerlos en la impactante crónica de Best y Burt. Quiero discutir, más bien, el significado de las audiencias y el valor de trabajos como el realizado por estas autoras. No importa cuántos testimonios o trabajos académicos uno haya consultado sobre la violencia en el país. Hay algo en la lectura de estas narraciones que indigna y entristece, y creo que no pasa solamente por las tragedias que allí se cuentan. Considero que parte importante del impacto de estos testimonios radica en que al enfrentarnos a la voz de las víctimas tomamos conciencia, precisamente, de lo poco que hemos escuchado en el país a los directamente afectados por la violencia.

A diferencia de Argentina, Chile, Uruguay o Brasil, en el Perú las víctimas han tenido poca oportunidad de contar sus historias. Las hemos visto en algunas entrevistas y en las audiencias de la CVR, pero no son invitados habituales en los medios de comunicación. No tienen redes políticas que pongan sus demandas en la agenda, ni un partido fuerte que represente sus reclamos. Una segunda vejación a su dignidad ha sido el silencio o abierto desprecio con los que el Estado y gran parte de la sociedad los castigaron.

La razón es, en buena cuenta, su procedencia social. Muchos de los muertos y desaparecidos de otros países pertenecían a la clase media o a sectores pobres más organizados. Tenían contactos, redes dentro y fuera del país, pertenecían a partidos políticos. Les resultaba más fácil ejercer presión, escribir cartas, demandar entrevistas. Exigir empatía por su tragedia. Aquí las víctimas y sus familiares carecían, en la mayoría de los casos, de recursos para demandar justicia. Y aun así algunos, como varios de quienes testificaron esta semana, lucharon por lograr justicia.

Hace ya una década me tocó conocer en forma directa algunos casos de inocentes en prisión. Conocí a una persona condenada por repartir propaganda senderista. Alguien le dio unos volantes a cambio de una propina. Nadie, ni la policía, ni el fiscal, ni los jueces, se percataron de que esta persona tenía un evidente retardo mental, pasaron años antes de que recibiera un indulto. Conocí también a un agricultor que fue encarcelado por un caso de homonimia. Ni siquiera vivía en la misma región donde se cometió el delito por el que se le procesaba, ni había pruebas en su contra: su nombre bastó para tenerlo más de un año encerrado. Son esas historias las que no hemos escuchado y de las cuales nos serviría mucho conocer como sociedad para entender varios de nuestros desencuentros actuales.

Cuando leo estos testimonios se me hace más difícil entender la visión maniquea e insensible de quienes ven los derechos humanos como una agenda contraria a las Fuerzas Armadas, y que, por tanto, debe ser silenciada. Muchos líderes de opinión pasan por encima abusos, violaciones, maltratos y racismo con una rápida respuesta como “En toda guerra hay excesos” o criticando su “teatralización”. No, al escuchar estos casos vemos cómo unos seres humanos utilizaron sus poderes para ejercer crueldad contra semejantes en posiciones vulnerables. Y, espero, algo aprendemos. Entre tanto bloque de noticias estúpidas en los programas del domingo, entre tantas noticias frívolas sobre Al fondo hay sitio en medios que se autodenominan serios, ¿no hay espacio para una conversación respetuosa y abierta con las víctimas de Los Cabitos?

 

Publicado por primera vez en Diario16 el 24 de junio 2012

 

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Juicio por el caso Cabitos: Crónicas de las audiencias en Ayacucho (Parte I)

Kristel Best Urday y Jo-Marie Burt*

  • A continuación presentamos una crónica de los dos primeros días de declaraciones de los testigos y agraviados del Caso Cabitos 1983.

18 de junio de 2012

El juicio oral del Caso Cabitos se inició el 26 de mayo de 2011 en la Sala Penal Nacional en Lima. Habiendo interrogado a los inculpados -entre ellos altos mandos militares de las fuerzas armadas- esta semana el colegiado presidido por el juez Broussett se ha trasladado a la ciudad de Huamanga para escuchar los testimonios de 32 testigos que viven en el departamento de Ayacucho.

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Las audiencias se vienen realizando en el Poder Judicial de Ayacucho, en el jirón 28 de julio, frente a la Plaza de Armas. Bajo el cielo diáfano de Ayacucho las madres de Anfasep asisten a la audiencia por el caso Cabitos; varias de ellas son testigos.

Cabitos fue un cuartel militar que sirvió de centro operativo para el las fuerzas armadas en Ayacucho a partir de fines de 1982, cuando todo el departamento fue declarado zona de emergencia. Según la imputación del Ministerio Público, el cuartel Cabitos fue un centro de detención clandestina de opositores políticos, donde se torturó a los detenidos y se desapareció a un número indeterminado de personas.

Son siete mandos militares acusados de los delitos de lesiones graves y desaparición forzada en el caso Cabitos por el año 1983. Cada año se cambiaba los mandos militares, por lo tanto, hay investigaciones por Cabitos 1984, 1985, 1986, etc.

En las audiencias en Ayacucho, sólo están presentes dos imputados: Humberto Bari Orbegoso Talavera y Pedro Edgar Paz Avendaño. La Sala Penal Nacional eximió a los otro cuatro de asistir por motivos de salud. Un acusado se encuentra prófugo de la justicia.

Desde su constitución en 1983, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) recibió numerosas denuncias de casos de desaparición y tortura en el cuartel Cabitos. Desde ese momento, Aprodeh ha acompañado a Anfasep, a los familiares y agravados en la búsqueda de justicia. El caso viene siendo representado por las abogadas Gloria Cano, Gisela Astocóndor y el abogado Ernesto Ambía.

La primera testigo que declaró fue Angélica Mendoza de Ascarza, más conocida como Mama Angélica, fundadora de ANFASEP. Su hijo, Arquímedes Ascarza Mendoza, fue detenido en 1983 y llevado a la base militar Los Cabitos; nunca más se supo de él. La siguió su esposo Estanislao Ascarza Barrón y, finalmente, la señora Epifania Infante Rodríguez.

Mama Angélica, como 75% de las víctimas de la violencia política, según al CVR, tiene el quechua como su primer idioma. La Fiscal Superior del caso, Luz del Carmen Ibáñez, insistió en el derecho que tienen los declarantes a pronunciarse en su lengua materna. El tribunal aceptó tal derecho y asignó una traductora, lo cual permitió que Mama Angélica declarara en su lengua materna, el quechua. Hubo bastante desasosiego entre el público sobre la calidad de la traducción. Varias personas dijeron que la traductora abreviaba las declaraciones o no traducía exactamente las preguntas.

En su relato, Mama Angélica contó cómo las fuerzas combinadas de la policía y del ejército ingresaron a su casa en la madrugada del 2 de julio de 1983 y se llevaron a su hijo Arquímedes, de 19 años de edad. Relató su recorrido por la comandancia, la comisaría de la guardia republicana, por investigaciones (PIP), por el cuartel Cabitos, lugares en donde no obtuvo ninguna información sobre el paradero de su hijo. En su búsqueda por quebradas y lugares desolados halló cuerpos sin manos y pies y decapitados y las cabezas desperdigadas.

Mama Angélica mostró a la Sala la nota, escrita en un papel rasgado, que le hizo llegar Arquímedes a los 15 días de su desaparición, a través de un soldado del cuartel. En la nota Arquímedes pide a su mamá que busque un abogado. Mama Angélica no tuvo más comunicación con su hijo desde entonces.

Mama Angélica estuvo serena durante su testimonio, el cual duró alrededor de dos horas. Cuando la fiscal le preguntó si quería agregar algo más, respondió que quiere alcanzar justicia y quiere saber si su hijo está vivo o muerto.

El padre de Arquímedes, el señor Estanislao Ascarza Barrón, fue el siguiente testigo. Profesor de educación primaria, de 92 años, decidió declarar en castellano. Contó su versión con una gran lucidez y fue coherente con lo antes expuesto por su esposa.

“Toda es una verdad lo que decimos, no podemos engañar ni mentir ante ustedes los funcionarios del gobierno”, dijo el señor Estanislao. Precisó detalles sobre la desaparición de su hijo y la interminable búsqueda. Asimismo, declaró que en aquel tiempo los abogados no querían defender las denuncias por desaparición forzada por temor a sufrir represalias. Al final dijo: “Queremos que nos entreguen sus restos mortales y que los culpables sean juzgados”.

La siguiente testigo fue la señora Epifania Infante Rodríguez. Tenía 24 años cuando su madre Candelaria Rodríguez Gómez y su tía Gregoria Rodriguez Gómez fueron capturadas el 10 de junio de 1983. Sus hermanos Marcialina Ludeña y Teodoro Infante Rodríguez presenciaron la detención. Las hermanas Rodríguez Gómez fueron vistas por última vez en un camión portatropas del ejército en Juisa, localidad ayacuchana. Posteriormente los familiares fueron informados que habían sido trasladadas al cuartel Los Cabitos. Epifania señaló que su hermano Teodoro Infante Rodríguez fue detenido mientras buscaba a su madre y a su tía. Fue llevado a Los Cabitos, donde lo torturaron y luego fue liberado. A causa de la desaparición y del constante amedrentamiento, la familia se desplazó a Lima.

La señora Antonia Dipas de 83 años de edad también declaró sobre la desaparición de Candelaria y Gregoria Rodríguez Gómez. La señora Antonia, al igual que la señora Epifania, son analfabetas y además no dominan el castellano, por ello declararon en quechua. Los dos interrogatorios fueron muy complejos, puesto que, hubo graves falencias en el trabajo de traducción.

Finalmente, declaró el señor Esteban Canchari Cacñahuaray, nacido en 1937 en el distrito de Huancaraylla. El señor Esteban es uno de los pocos sobrevivientes del cuartel Los Cabitos. Su testimonio es de suma importancia porque habla desde la experiencia directa. El señor Esteban anda a muletas a raíz de un problema en la pierna que no le permite caminar;, para llegar hasta la sala del juicio oral, ubicada en el segundo piso, tuvo que ser cargado por dos jóvenes. A pesar de su avanzada edad y de las dolencias fìsicas, el señor Esteban declaró de manera precisa, detallada y lúcida.

Relató que al momento de su detención era profesor de primaria en el anexo de Yanayacu en Socos. En pleno toque de queda, a las 11:45 de la noche, un carro frenó en la esquina de su casa. Ingresaron hombres armados y se lo llevaron diciendo, “marche usted, terruco de mierda”. Fue llevado con los ojos vendados al cuartel Los Cabitos. Al ingresar al cuartel, fue registrado en un cuaderno de ingreso el cual tuvo que firmar. Se dio cuenta que el profesor Cárdenas había sido detenido junto a él. Le volvieron a colocar la venda y fue llevado a una celda. Luego lo trasladaron a la sala de torturas, en donde debido a los golpes se le cayó la venda y pudo ver los implementos de tortura que colgaban del techo: cables, cadenas, sogas. Fue torturado por tres hombres. Sus gritos no fueron oídos, pues la música sonaba a todo volumen. Durante los interrogatorios le preguntaron por otros dos profesores: Cárdenas y Ortega. También le preguntaron si conocía al presidente Gonzalo. Después fue conducido a una sala más grande en donde se encontraban los demás prisioneros torturados. Recuerda que una noche todos fueron sacados al campo para marchar. El señor Esteban estima que estuvo entre 8 o 9 días preso. Al momento de ser liberado lo amenazaron, no podía denunciar los maltratos. Por ello decidió no ir al hospital ni al médico. Se reincorporó a su labor docente en la misma comunidad.

Contó a la sala que era profesor de primaria, que en su comunidad integraba el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho y había sido dirigente del partido Acción Popular.

La jornada fue larga en horas e intensa en emociones. Al finalizar la audiencia las madres de ANFASEP y el público realizaron una vigilia por la justicia en la esquina de la plaza de armas de Ayacucho.

19 de junio de 2012

En el segundo día de audiencias, entre los familiares, los abogados de la parte civil y el público acompañante se respiraba un aire más tranquilo y optimista porque las audiencias se desarrollaban correctamente y porque la posibilidad de ser escuchados ante el aparato judicial se viene haciendo realidad. Se presentaron siete testigos, tres de ellos sobrevivientes de la detención y tortura en el cuartel Los Cabitos.

Luis Alberto Canchari fue el primero en testificar. En 1983 tenía 15 años de edad cuando vio al Ejército entrar a su casa y secuestrar a su padre, el señor Esteban Canchari Cacñahuaray, quien había testificado el día anterior. Luego de alrededor de 12 días de persistente búsqueda por parte de su madre, el señor Esteban volvió a su casa muy flaco y herido. Su hijo recuerda que el carácter de su padre cambió. Se alteraba y su trato se volvió más duro con sus hijos.

Luego, llegaron juntos a la audiencia la pareja Edgar Noriega Ascue y Olga Gutiérrez Quispe. En 1983, Edgar, artesano de 28 años y Olga, 20 años, con un mes de embarazo, ambos fueron secuestrados y desaparecidos en el cuartel Los Cabitos. Primero declaró Edgar. Narró minuciosamente cómo fue secuestrado y cómo fueron sus días en el cuartel. No recuerda la fecha exacta, pero sí los detalles: a la una de la mañana los militares ingresaron a su casa en el barrio San Juan Bautista, cubrieron su cuerpo con una frazada y lo condujeron a Curacuti, donde simularon fusilarlo. Luego lo llevaron al cuartel Los Cabitos —el mismo lugar donde años atrás había cumplido el servicio militar.

En el cuartel lo interrogaron. Lo acusaron de ser jefe de Sendero Luminoso en el barrio San Juan Bautista, lo cual el señor Edgar negó tajantemente. Al no aceptar la acusación, otros militares se encargaron de torturarlo: lo colgaban del pie, de los brazos, le pasaron electricidad, lo golpeaban, una vez lo colgaron desde un helicóptero, otra vez lo despertaron de madrugada, lo sacaron de su celda y le hicieron cavar una fosa diciéndole que allí iba a ser enterrado. Incluso, al momento de torturarlo le hicieron escuchar los gritos de dolor de su esposa, quien también estaba detenida en el cuartel.

Recuerda que en otro momento se le cayó la venda y pudo ver a los torturadores: hombres altos y blancones con un dejo que describió como “extranjero”, un dejo que no era ayacuchano.

Asimismo, recordó que a través de un soldado pudo hacer llegar una nota a su familia. El soldado ingresó a su celda y le dijo que era el único que no confesaba; otros hablaban con apenas un lapo. El señor Edgar le pidió agua. El soldado le llevó agua en su casco de metal y le quitó la venda. Vio a través de la ventana a un hombre que repartía gaseosas por su casa. Le pidió al soldado mandar una nota con este hombre. El soldado accedió y le llevó un trozo de papel de azúcar y un lapicero. El señor Edgar escribió una nota para su familia. El soldado la llevó al repartidor de gaseosas y éste se la entregó a la madre de Edgar. A partir de esta nota la familia tuvo certeza que Edgar estaba detenido en el cuartel y su madre empezó a realizar denuncias en diferentes instituciones.

El señor Edgar recuerda que se dio cuenta del paso del tiempo por la bulla, por los ruidos del cuartel, pues todo el tiempo permaneció con los ojos vendados. Luego de alrededor de 15 días lo trasladaron a la PIP (Policía de Investigaciones) en el jirón Lima, en donde permaneció otros 15 días aproximadamente. Desde este momento su familia se enteró de su paradero. Un fiscal fue a tomar su declaración, pero no para que declare sobre el secuestro y tortura del cual fue víctima, sino para confirmar si estaba implicado con Sendero Luminoso.

Después declaró el señor Braulio Américo Noriega Ascue, hermano menor de Edgar, quien estuvo presente al momento de la detención.

La señora Olga Gutiérrez Quispe, esposa de Edgar, fue la siguiente en testificar. Luego de tres días de incertidumbre, recibieron la nota de su esposo y fue con su suegra al cuartel Los Cabitos, Los militares negaron que estuviera detenido. Después su suegra fue a la Fiscalía con la nota de Edgar para denunciar el secuestro de su hijo. Esa misma noche ingresaron a la casa de Olga militares armados, la cubrieron con una frazada y se la llevaron al cuartel. La acusaban de confeccionar banderas y estampar polos para Sendero Luminoso. Al negar la acusación, fue golpeada y quisieron abusar sexualmente de ella. Le preguntaron si tenía hijos; ella no sabía qué responder, pues tenía un mes de embarazo. Dijo que tenía dos meses para que no abusen de ella. Al final no la violaron sexualmente, pero fue agredida: la golpearon en los pechos y la obligaron a desnudarse. En otro momento la volvieron a torturar y le hicieron escuchar los gritos de su esposo. Le dijeron que él había confesado, y que él la acusó. La amenazaron diciendo que si no decía la verdad los iban a matar. Después de un día en el cuartel, la liberaron bajo la amenaza de que iba a estar vigilada.

Tanto la señora Olga como el señor Edgar señalaron que reiteradas veces los militares fueron a su casa a amedrentarlos.

Durante su testimonio la señora Olga sufrió un momento de profunda angustia. Lloraba sin poder hablar. En la sala durante estos días están asistiendo profesionales del Grupo de Acompañamiento Psicoemocional de Ayacucho, del Ministerio de Salud y del Ministerio Público para dar apoyo psicológico a los testigos. La sala realizó un receso y la señora Olga pudo continuar con su valiente testimonio.

El siguiente testigo fue el señor Remigio Mendoza Auca. Él fue convocado por la desaparición de su hermano Simón el 19 de setiembre de 1983. Durante su testimonio se refierió a la desaparición de otro hermano, Domingo Leonardo Mendoza Auca, hecho del cual no se ha realizado ninguna denuncia hasta el día de hoy. Por ello la fiscal solicitó que se registre la denuncia en las actas del juicio. Domingo Leonardo realizaba el servicio militar obligatorio en Pichari desde el año 1982. La familia le comunicó sobre la detención de su hermano Simón, con la esperanza de que él pudiera averiguar algo puesto que estaba en el Ejército. Domingo Leonardo pidió licencia para buscar a su hermano, luego se reincorporó al servicio, que concluyó en 1984. Ese mismo año, los militares lo sacaron de su casa, después de dos meses de su desaparición, su familia halló su cuerpo en Huatatas.

El señor Armando Prado Gutiérrez entró a la sala con su sombrero de campesino. Decidió declarar en quechua, pero sí entiende el castellano. Contó que el 5 de octubre de 1983 fue detenido en su casa junto a su primo Jaime Gamarra, actualmente desaparecido, y a su tío Vicente Canchari. Los militares ingresaron a su casa rompiendo la puerta, gritando insultos y acusaciones de que eran “terrucos”. Los cubrieron con frazadas para que no puedan ver, les hicieron caminar dos cuadras hasta un camión, al que fueron obligados a subir y los llevaron a un lugar cerca del aeropuerto, en donde se escuchaba el ruido de los aviones. En el cuartel llevaron a los tres al baño, donde les amarraron las manos, los colgaron y les pasaron corriente eléctrica. Mientras los golpeaban les decían “ustedes terrucos a cuánta gente han matado” y “dónde están los terrucos como ustedes”. Él se sentía agonizante, temblaba y perdió la conciencia. Durante la detención no les dieron comida ni agua. Luego de algunos días, que no puede precisar cuántos, fue liberado junto a su tío Vicente. Ambos fueron sacados de espaldas y soltados por la entrada del cuartel. Ahí pudieron ver el arco y supieron que estaban en el cuartel Los Cabitos. Los militares les gritaban que corran y los persiguieron con un camión.

El señor Armando tenía 20 años cuando lo secuestró el ejército. Actualmente, sufre graves secuelas por la tortura. Le rompieron la cabeza, le dislocaron el codo y tiene un bulto en el abdomen, por ello no puede trabajar bien. Mostró sus cicatrices y secuelas físicas a la fiscal y a los jueces. Fue un momento de estremecimiento entre el público. El señor Armando se mostró íntegro durante todo su testimonio. Actualmente se dedica a trabajar en su chacra.

Finalmente, se presentó la señora Dorisa Canchari Gutiérrez, hermana de Jaime Gamarra. En 1983 tenía 13 años y fue testigo de la detención de su hermano Jaime Gamarra. La señora Dorisia relató todo el recorrido de búsqueda que hicieron ella y su madre. Temiendo de que haya sido asesinado, buscaron su cuerpo en los lugares donde se hallaban cadáveres. La señora Dorisa recuerda que encontraban muertos como leñas y que algunas veces los chanchos y perros se los comían. Ellas buscaron en Curacuti, Lambrashuayco, Huatatas, Infiernillo, en donde no encontraron a su hermanos Jaime, aún desaparecido.

* Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política en la Universidad de George Mason y asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Es autora del libro, Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (Instituto de Estudios Peruanos, 2009, 2011). Kristel Best Urday estudió Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Maestría de Historia y Memoria de la Universidad Nacional de la Plata en Argentina. (^^^)

 

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Audiencias del Juicio Oral caso “Los Cabitos” en Ayacucho

  • 18 de junio se reinicia juicio oral del caso “Los Cabitos”

Por Omar Rosel

Los miembros de la Sala Penal Nacional se trasladarán a la ciudad de Ayacucho, el próximo 18 de junio, para la continuación del juicio oral en el caso “Los Cabitos 83”. Entre los primeros testigos que declararán ante esta instancia se encuentra Angélica Mendoza, conocida como Mamá Angélica y fundadora de la Asociación Nacional de Familiares de Detenidos, Secuestrados y Desaparecidos del Perú-ANFASEP, quien es una de las agraviadas por la desaparición de su hijo Aquiles Ascarza. La Sala Penal Nacional habría previsto, en esta visita de trabajo de cuatro días, atender alrededor de 30 a 35 testigos.

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La Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional ha solicitado para los responsables entre 30 y 35 años de pena privativa de la libertad y de 10 millones de soles de reparación civil a favor de las familias de las víctimas, en este proceso que incluye 38 casos de desaparición forzada y 17 de tortura.

Según Ernesto Ambia, responsable de la sede regional de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) la Sala Penal se trasladará a Ayacucho –en primera fase- a pedido de su institución y la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional que lleva el caso, porque “todas las familias de la víctimas son ayacuchanos, por eso estamos pidiendo que la sala instale su sede en nuestra ciudad para facilitar los testimonios de las familias de las víctimas”, manifestó.

Por otro lado, Ambia dijo que APRODEH está pidiendo que en esta primera visita se prioricen los testimonios de los familiares que son de la tercera edad. De la misma forma, indicó que ya se tiene constituido a un grupo de instituciones para que realicen el acompañamiento psicológico y emocional a los que brinden su testimonio.

Los acusados de “Cabitos 83”

Se informó que en esta primera visita de la Sala Penal Nacional no concurrirán los acusados por los hechos de tortura y desapariciones forzadas en el caso “Cabitos 83”, sino sólo sus abogados defensores.

Los acusados son: General EP Carlos ArnaldoBriceño Zevallos, Comandante General de Ejército y Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; Julio Carbajal D´Ángelo, Segundo Comandante de la Zona de Infantería; Carlos Enrique Muñones D´Estefano, Jefe de Estado Mayor Operativo; Roberto Sauñe Vázques, Jefe del Estado Mayor Administrativo; Pedro Pasa Avendaño, Oficial del Destacamento del Servicio de Inteligencia de Ayacucho, Jefe de la Casa Rosada; Humberto B. Orbegoso Talavera, Jefe del Cuartel Los Cabitos; y Arturo Moreno Alcántara, Sección Contrasubversiva de la Casa Rosada.

Percy Huauya, representante de la Coordinadora Regional de Afectados por la Violencia Política de Ayacucho, saludó que el proceso “Cabitos 83” llegue a esta instancia y que la Sala Penal Nacional se traslade a Ayacucho para recoger los testimonios de las víctimas y agraviados por hechos cometidos por agentes de las Fuerzas Armadas en el cuartel Los Cabitos en el año 1983. “Los familiares de los desaparecidos son de diferentes lugares, no solamente de Huamanga. Asimismo sería importanteque los autores de los delitos por los menos pidan perdón y hablen como sucedieron las cosas”, dijo Huauya.

Publicado en NoticiasSer el 6 de Junio de 2012

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La Masacre de Accomarca: El My Lai Peruano

por Jo-Marie Burt

“Accomarca fue el My Lai peruano.” (1) Así describió el embajador interino de Estados Unidos en el Perú, Charles Brayshaw, la peor masacre de la época de la violencia política peruana, el asesinato de 69 campesinos de la comunidad Ayacuchana de Accomarca, en un documento oficial desclasificado.

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E© rightsperu.netl documento continúa, haciendo referencia al entonces capitán del Ejército Telmo Hurtado, prinicipal responsable material (siendo entonces subteniente) de la masacre de Accomarca: “Hurtado confesó ser el autor de los asesinatos, pero dijo que hasta los niños de tres años eran potenciales miembros de Sendero Luminoso y entonces se justificaba su eliminación. A su vez, muchos oficiales pensaban que Hurtado sólo hacía su trabajo; hasta uno de ellos dijo al Consejero Político [de la Embajada] que su error fue no haber escondido a los cuerpos.” (2)

La justicia militar absolvió a Hurtado del delito de homicidio calificado, condenándolo tan sólo por ‘abuso de autoridad’ a 6 años de prisión. El argumento de la justicia militar: Hurtado no podía ser considerado culpable de homicidio pues tenía la misión de combatir la subversión; tan sólo se ‘excedió’ en sus funciones. A pesar de la condena, Hurtado no sirvió los 6 años: ascendió en la institución militar e incluso fue condecorado durante el gobierno de Alberto Fujimori. En 1995, se benefició de la ley de amnistía promulgado por Fujimori, y permaneció en servicio activo del Ejército. (3) En 2002, luego de que la ley de amnistia fuera anulada después de un fallo de la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos y se abrió la posibilidad de un nuevo juicio por Accomarca, Hurtado huyó a Estados Unidos. Cinco años después, fue detenido en Miami, para ser finalmente extraditado en julio de 2011.

Hoy día, el 15 de agosto —26 años casi al día del aniversario del ‘My Lai peruano’— le toca a Telmo Hurtado, extraditado de Estados Unidos y ahora preso en el penal Castro Castro, responder por sus actas ante la justicia. (4)

Telmo Hurtado ante la Sala Penal Nacional. Penal Castro Castro, 2 de agosto de 2011Telmo Hurtado ante la Sala Penal Nacional. Penal Castro Castro, 2 de agosto de 2011

Telmo Hurtado declara ante el tribunalTelmo Hurtado declara ante el tribunal

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El juicio Accomarca

El juicio por el caso Accomarca comenzó en noviembre de 2010, 25 años después de los hechos. Hurtado es uno de 29 imputados en el proceso, todos militares. Entre ellos, hay desde altos mandos militares hasta los soldados que habrían participado directamente en los hechos. El día que Hurtado fue incorporado al juicio, el 22 de julio, había —a cambio de sesiones previas— mucha prensa. La presencia del “Carnicero de los Andes” llamó la atención de los medios, que duda cabe.

Hurtado entró al salón judicial del penal Castro Castro y se paró ante los tres jueces de la Sala Penal Nacional encargados del caso. Luego de algunas instrucciones de la jueza directora de debates, el fiscal Luis Landa leyó la acusación en su contra. Se conoce bien los detalles de la masacre, una litanía terrible de abominaciones cometidas en el nombre de la lucha contra la subversión: el fiscal narró, con horror genuino, como los militares torturaron a los varones y violaron sexualmente a las mujeres de la zona; como luego los encerraron en varias viviendas, donde acusaron a todos —sin distinguir entre ancianos y niños— de ser terroristas, los balearon y luego prendieron fuego a las casas, para finalmente lanzaron granadas para destruirlas totalmente; y finalmente regresaron a la zona unas semanas después a cazar a los testigos de la masacre para matarlos también y para desaparecer a todas las pruebas. Vale notar que, según la CVR, “durante esta operación no se produjo ningún enfrentamiento, por lo que no hubo heridos ni muertos en las filas de las fuerzas del orden… Sin embargo, los efectivos militares actuaron violentamente contra las personas que encontraban…. [N]o se encontraron armas, municiones, explosivos o propaganda de Sendero Luminoso.” (5) El fiscal pidió la pena máxima, 25 años de prisión efectiva.

Era difícil notar la reacción de Hurtado, pues estaba parado con su espalda hacia la galería. Pidió a la Sala que le de tiempo para consultar con su abogado antes de responder a los cargos, cosa que la Sala consentió. En la siguiente sesión, el 2 de agosto, Hurtado nuevamente pidió, y conseguió, más tiempo para consultar con su abogado. La jueza directora de debates fijo la siguiente sesión para el día de hoy, el 15 de agosto, exhortando a Hurtado que ese día tendría que responder sin falta a los cargos. Seguramente ni cayó en cuenta lo simbólico de la fecha, pues ayer se conmemoró 26 años de este terrible y hasta hoy impune masacre.

¿Que dirá Hurtado hoy día?

El día después de que leyeron los cargos contra él, en una breve entrevista publicada en La República, Hurtado prometió decir “su verdad”. Dijo que en el momento de la masacre de Accomarco él tenía sólo 23 años y era un subteniente, y que los suboficiales sólo responden a los órdenes de sus superiores.

Eso respresenta un problema para los altos mandos militares también imputados en el proceso judicial, entre ellos el General (r) Wilfredo Mori Orzo, otros integrantes del Estado Mayor en ese entonces, y el General José Daniel Williams Zapata, en ese momento un mayor de Infantería y jefe de la Campañia Lince y, en 2005, jefe del Comando Conjunto. Mori Orzo habría ordenado al Estado Mayor del Comando Político-Militar de Ayacucho a elaborar un plan —el famoso Plan Huancayocc— para intervenir en la zona para ‘capturar y/o destruir’ los elementos terroristas existentes en la zona. También sería quien impartió las órdenes a Hurtado y otros a regresar a la zona para encubrir los hechos ante la llegada inminente de una comisión investigadora parliamentaria. (Mori Orzo, así como el General Sinesio Jarama, fueron dados de baja por el recientemente inaugurado Presidente Alan García por su responsabilidad en los hechos.)

Mientras Hurtado estaba en su celda en Miami esperando los resultados del proceso judicial que terminaría finalmente con su extradición al Perú, los abogados defensores de Mori Orzo y los demás mandos militares involucrados en el proceso afirmaron que ellos no ordenaron la masacre de los campesinos; que al haberse dado la masacre ello se debería a que quien lideraba la patrulla, Telmo Hurtado, sufría del ‘síndrome de Vietnam’, ya había estado mucho tiempo haciendo operaciones contrasubversivas, lo cual le provocó una locura temporal con el resultado de la lamentable masacre en cuestión. No hay duda de la responsabilidad de Hurtado, pues él mismo ha admitido su responsabilidad. Pero el en fondo se trata de un tema sumamente contensioso en la política peruana: si Accomarca representa un caso aislado en el cual un suboficial se alocó y cometió un ‘exceso’ o —como ha sostenido la Comisión de la Verdad y Reconciliación— la masacre de Accomarca fue planificada por los altos mandos militares y como tal constituye parte de un patrón sistemático de violación a los derechos humanos. Según la CVR, Hurtado declaró en el Fuero Militar que se había reunido con el General Mori Orzo y aceptó asumir la responsabilidad de los hechos para no perjudicar la carrera del citado General. En esa misma reunión Mori habría ordenado que regresar a la zona para “limpiar” la zona, i.e. desaparecer las personas que fueron testigos a los hechos así como cualquier evidencia.

En suma, está en juego en el caso de Accomarca dos interpreteaciones distintas de lo que pasó en el Perú a mediados de los años ochenta: en una versión, si bien reconoce que hubo algunos excesos, considera que fueron hechos aislados y en todo caso el daño colateral que ocurre en toda guerra; en otra versión, la masacre de Accomarca formaba parte de un patrón de comportamiento de parte de las fuerzas de orden en el contexto de la lucha contrasubversiva de violación sistemática de los derechos humanos. Hasta hoy en día, las fuerzas armadas peruanas niegan rotundamente esta última versión, a pesar de las evidencias ampliamente documentadas por la CVR y otras instancias. Ahora le toca a la justicia peruana emitir su veredicto.

La justicia tarda pero llega

Según otro documento desclasificado de la Embajada de Estados Unidos en el Perú, con fecha 19 de Septiembre de 1985, la decisión de García de relevar a Jarama y Mori de sus comandos como resultado de la masacre de Accomarca despertó mucha preocupación entre oficiales militares de que habría una “caza de brujas” de parte del gobierno aprista hacia los militares por violaciones a los derechos humanos. Hay que recordar —a pesar del triste récord del primero gobierno de Alan García en materia de derechos humanos— que a inicios de su mandato, García había prometido establecer una nueva política de lucha contra la subversión basada en el respeto a los derechos humanos, resumido en la famosa frase: “No combatiremos la barbarie con la barbarie.” El documento asegura:

“Existe mucha preocupación sobre la posibilidad de que la administración de García podría, luego de Pucayacu [otra masacre que ocurrió unas semanas antes de Accomarca] y Accomarca, buscar investigar casos de derechos humanos que tuvieron lugar entre 1983 y 1984 [de hecho los años de mayor violaciones a los derechos humanos cometidos por parte de las fuerzas armadas peruanas según la CVR]. Un número significativo de oficiales del Ejército han estado involucrado en EZ [zonas de emergencia] en los últimos dos años y medio y posiblemente esten comprometidos, directa o indirectamente, en operaciones antisubversivas que resultaron en muertes civiles. Sin duda los peruanos están observando la cobertura de prensa sobre hechos similares en Argentina con particular interés.” (6)

Se refiere, obviamente, al juicio a los miembros de las juntas militars que tuvo lugar durante 1985 y resultó en condenas largas para 5 de 9 de ellos.

Se demoró dos décadas y medio para llegar a este momento de la verdad. Hoy día sabremos si Telmo Hurtado ayudará a desvelar qué ocurrió aquel 14 de agosto de 1985 y durante el mes siguiente cuando se intentó encubrir los hechos negando la existencia de la masacre, y luego asesinando a testigos y desapareciendo evidencias, o si el sólo asumirá la responsabildiad del “My Lai peruano”.

Notas

(1) La masacre de My Lai ocurrió en el sur de Vietnam en 1968, cuando un batallón de Infantería del Ejército norteamericano mató a unos 400 campesinos de esa aldea. Esa masacre marcó un hito en la guerra de Vietnam, generando repudio alrededor del mundo hacia los Estados Unidos por la actuación de sus tropas y en general por su política intervenciónista en el país sudasiático (^^^)

(2) Documento desclasificado No. 1993LIM02301, fecha 26 de febrero de 1993, firmador por el Chargé d’Affaires Charles Brayshaw. Documento obtenido por el National Security Archive (^^^)

(3) “Las Ejecuciones Extrajudiciales en Accomarca (1985)”, Tomo VII, Capítulo 2.15 del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Lima, 2003) (^^^)

(4) Es importante notar que tanto Hurtado como otro de los principales responsables materiales de esta masacre, Juan Rivera Rondón, fueron extraditados de Estados Unidos y ahora se encuentran como procesados en este juicio. Hurtado y Rivera Rondón lideraron las patrullas Lince 6 y 7 y son sindicados como los principales autores materiales de la masacre, al igual que David Castañeda, quien aún se encuenta prófugo en Estados Unidos. Fuentes cercanas a su caso aseguran de que probablemente no será extraditado al Perú, aunque todavía podría ser expulsado de Estados Unidos (^^^)

(5) “Las Ejecuciones Extrajudiciales en Accomarca (1985)”, Tomo VII, Capítulo 2.15 del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Lima, 2003), p. 159 (^^^)

(6) Documento desclasificado No. 1985LIMA10721 obtenido por el National Security Archive (^^^)

 

Publicado originalmente en el blog de la autora, A Contracorriente, el 15 de agosto de 2011