Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

Descarga gratis este libro esencial: Violencia y autoritarismo en el Perú

Por Jorge Frisancho

Violencia y autoritarismo en el Perú. Bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori, el libro de Jo-Marie Burt co-publicado en 2009 por el Instituto de Estudios Peruanos y Servicios Educativos Rurales (SER), es un libro clave para entender los procesos políticos y sociales del Perú de los últimos 30 años. Y ahora se puede descargar gratuitamente, colocado por su autora en el portal Academia.edu.

.

Para descargarlo, haz click aquí.

Violencia y autoritarismo en el Perú. Bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori, el libro de Jo-Marie Burt

Jo-Marie Burt es doctora en ciencias políticas por la Universidad de Columbia, docente en George Mason University (Virginia, Estados Unidos) e investigadora principal en WOLA, la Washington Office for Latin America. En Violencia y autoritarismo en el Perú, Burt se enfoca en los nexos, puntos de contacto y espacios de confrontación entre el Estado peruano y la sociedad civil, en particular las que denomina “zonas grises” generadas por la histórica debilidad del aparato estatal y que permitieron el crecimiento de Sendero Luminoso, todo ello en el contexto de la violencia política de los años 80 y 90.

Ahora que las formas autoritarias de hacer política vuelven a ser cosa de todos los días en el Perú, la lectura de este libro es obligada para quienes quieran tener una perspectiva sobre los riesgos que implican y las consecuencias que traen, y que ya han traído, para la vida colectiva de los peruanos. Imperdible.

Publicado en La Mula, el 21 de marzo de 2015

Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

La justicia condena a Perú

Por Jacqueline Fowks

.

Una mujer adorna con flores la tumba de un familiar. / rodrigo abd (AP)Una mujer adorna con flores la tumba de un familiar
rodrigo abd (AP)
Cada vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordena al Estado peruano indemnizar a familiares o a miembros de los dos grupos terroristas que desataron la violencia en el país entre 1980 y 2000, Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), se reavivan los pedidos de políticos y militares en retiro para que Perú se aparte de esa jurisdicción supranacional. Esta vez ha vuelto a ocurrir tras conocerse la sentencia de la CIDH a favor de Gladys Espinoza Gonzales, condenada en 2004 a 25 años de prisión por terrorismo, pero torturada y violada en 1993 en una dependencia policial después de ser capturada en Lima.

La sentencia obliga a Perú a pagar a la mujer, en el plazo máximo de un año, 60.000 dólares; 40.000 a la madre de Espinoza, y 5.000 al hermano; habiendo fallecido la madre, el dinero será entregado a sus descendientes, indica la Corte. Sin embargo, Gladys Espinoza debe al Estado una reparación civil de unos 11.200 dólares por los daños que causaron sus acciones en el MRTA, dedicado en los años 90 a la extorsión y secuestro de empresarios, y la procura de armas para una insurrección.

La agrupación subversiva se formó en 1982, liderada por Víctor Polay Campos, y hacia finales de esa década se expandió desde Lima hacia la selva central.

Espinoza y su pareja, también emerretista, fueron detenidos por la policía en 1993, durante el Gobierno de Alberto Fujimori, como supuestos responsables del secuestro de un empresario del ramo de la vidriería, Antonio Furukawa. Ella fue trasladada a la División de Secuestros de la policía, donde la golpearon y violaron.

El ministro de Justicia, Fredy Otárola, ha indicado que la cantidad que adeuda Espinoza al Estado “debe actualizarse e incluir el concepto de intereses a la fecha”.

Sin embargo, Gloria Cano, la abogada de la mujer, indicó a este periódico que su defendida está de acuerdo en que le descuenten —de la reparación que espera—, el monto que ella adeuda al Estado. Pero no se le debe aplicar intereses, si pretenden hacerlo podríamos presentar un recurso ya que desde que fue detenida ha sido sometida a un tratamiento de alta seguridad con prohibición de trabajo”, anotó.

El catedrático y abogado especializado en derechos humanos Carlos Rivera destacó que “desde 1995, ha habido 30 sentencias de la Corte Interamericana en las cuales el Estado peruano ha perdido, y la suma de las reparaciones asciende a aproximadamente18 millones de dólares. Habría que preguntarnos por qué ha perdido tanto”.

“Perú fue buen pagador de las reparaciones ordenadas por la Corte hasta el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006), pero después de la sentencia por el caso Castro Castro (de miembros de Sendero Luminoso asesinados en una prisión) se produce un quiebre y es difícil conocer en qué casos Perú ha cumplido con sus obligaciones (deudas)”, dijo Rivera a EL PAÍS.

Durante el Gobierno del presidente Alan García, el ministro de Justicia indicó en 2010 que no se destinó “ningún pago de reparaciones en los casos derivados de terrorismo. Debemos señalar que como política del Ministerio, ocupan el último lugar entre estas prioridades”. En esa línea, uno de los portavoces del Partido Aprista, el congresista Mauricio Mulder, criticó la semana pasada la sentencia a favor de Espinoza. “Creo que debe haber una protesta por parte del Gobierno de Perú y tiene que haber un proceso por el cual se revise este tipo de sentencias en el ámbito de la misma corte”, sugirió.

Además, un polémico magistrado, el presidente de la Sala Permanente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, sugirió que se someta a referéndum la permanencia de Perú en el ámbito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y calificó la sentencia de inaceptable, aberrante y antijurídica. En contraste, el ministro de Interior, José Luis Pérez Guadalupe, lamentó la sentencia, pero también lamentó el hecho que la originó.

Publicado por El País (España), el 17 de marzo de 2015

Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

Identificado – “Capitán Arturo” fue denunciado hace 26 años por desaparición

  • Familiares de Víctor Araujo Garzón lo acusaron ante la Fiscalía Superior de Investigación de Desaparecidos de Ayacucho. El documento está en uno de los 67 expedientes que se abrieron en la Fiscalía Especial encargada de los Asuntos de la Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos. La República encontró testigos de estas detenciones arbitrarias que también lo mencionan. Son casos para la Fiscalía.

Por María Elena Castillo H. y Elías Navarro, Huamanga

“Él es el capitán Arturo”, dice muy segura María Araujo Aroni, al ver la fotografía del exministro del Interior, Daniel Urresti. En ese momento su memoria retrocede casi 26 años, al 14 de diciembre de 1988, cuando su padre, Víctor Araujo Garzón, fue detenido por una patrulla militar.

.

Juana Araujo identificó al ex ministro Daniel Urresti como el "capitán Arturo". Recuerda que en 1988 su madre, Melchora Aroni, le increpó: "Tú has venido y lo has traído a mi esposo". (Foto: FOTOS: ELÍAS NAVARRO)Juana Araujo identificó al ex ministro Daniel Urresti como
el “capitán Arturo”. Recuerda que en 1988 su madre,
Melchora Aroni, le increpó: “Tú has venido y lo has traído
a mi esposo”. (Foto: FOTOS: ELÍAS NAVARRO)
Esa mañana el campesino de 65 años trabajaba en su chacra de maíz, ubicada en el anexo de Huayhuas, en las afueras de Huanta. Cerca del mediodía una patrulla del Ejército llegó al lugar y se lo llevó en un vehículo militar rumbo al Cuartel de Castropampa.

“Mi mamá, Melchora Aroni Santa Cruz, llegó desesperada a Huanta y buscamos abogado pero no quiso asumir la defensa. Nos dijo: entren ustedes solas. Entonces fuimos llevando comida y cuando llegamos a la puerta del cuartel estaba este capitán Arturo”, relata a La República.

Cuenta que les gritó que no había ninguna persona detenida y las conminó a marcharse.

“Mi mamá le increpó diciéndole: ¡Tú le has traído!”, refiere María. Respondió amenazante: “¡retírense, carajo!”. El oficial tenía un fusil en el hombro y una pistola en la cintura.

Al día siguiente, doña Melchora –entonces de 70 años y hoy fallecida– acudió a la Fiscalía Provincial Mixta de Huanta y presentó la denuncia, tal como figura en el Expediente N° 624-88, que terminó remitiéndose a la Fiscalía Especial encargada de los asuntos de Defensoría del Pueblo y Derechos Humanos.

Cinco días después de la detención, el jefe político militar de Huanta, Víctor La Vera Hernández –utilizando el seudónimo “Javier Landa Dupont”–, negó que personal bajo su mando lo haya intervenido.

Sin embargo, don Víctor no aparecía. Por el contrario, el 29 de diciembre, otra patrulla militar ingresó a la casa de la familia Araujo Aroni y se llevó a Sofía, su hija de apenas 14 años. En ambas acciones se identificó la participación de un oficial apodado ‘Mataperro’.

ACUSACIÓN DIRECTA

María recuerda que mientras esperaban, salió de la base un hombre que disimuladamente les aseguró que había personas detenidas, “dentro de rejillas”.

“Mi mamá fue a Huanta a comprar para el almuerzo, diciendo quizás me hagan entrar con la comida. El capitán se molestó y nos apuntó con su arma diciendo que nos iba a disparar si no nos íbamos”, refiere.

El oficial siguió negando que hubiera detenidos en la instalación militar y que él haya ido con la patrulla a Huayhuas, pero doña Melchora lo había visto y pese al temor, le insistió: “¡Tú has venido y lo has traído a mi esposo!”, le enrostró.

Su acusación directa quedó registrada en la denuncia escrita por detención arbitraria que presentó su nuera, Aurelia Ricra Chocce, el 17 de marzo de 1989, a la Fiscalía Superior de Investigación de Desaparecidos, en Ayacucho, y que por primera vez sale a la luz.

“Interpongo denuncia por la detención arbitraria de mi suegro, Víctor Araujo Garzón, quien fue detenido el 14 de diciembre de 1988, en la localidad de Huayhuas, de comprensión de la provincia de Huanta, por los miembros del Ejército acantonados en la base militar de Castropampa capitaneado por el capitán apodado Arturo”, dice el documento que hasta ahora estaba olvidado en el expediente que se guarda en el Centro de Información para la Memoria Colectiva de la Defensoría del Pueblo.

Por la fecha en que fue presentado este recurso, no se puede argumentar que tuvo un trasfondo político, como afirmó el ex ministro Daniel Urresti cuando el mayor (r) Amador Vidal Sanbento, uno de los condenados por el crimen del periodista Hugo Bustíos (en noviembre de 1988), lo involucró en el asesinato.

DIFÍCIL INVESTIGAR

Por esos años, la máxima autoridad en la zona era el jefe del comando político militar y no era sencillo investigar las denuncias sobre desapariciones que llegaban a la fiscalía provincial, principalmente las que responsabilizaban a miembros de las fuerzas del orden.

El expediente por la desaparición de Víctor Araujo y su hija Sofía tiene apenas 31 folios: solo hay declaraciones de doña Melchora; la denuncia de Aurelia; un oficio del jefe militar de Castropampa y otro del Cuartel Los Cabitos, de Huamanga, negando las detenciones; varios pedidos de las fiscalías provincial de Huanta y superior de Ayacucho, así como dos partes de la entonces Policía de Investigaciones del Perú (PIP), dando cuenta de las diligencias que realizaron sobre estos casos.

El documento policial en torno a Víctor Araujo señala escuetamente que su nombre no estaba en el Libro de Detenidos de esa institución, ni en la Comisaría de la Guardia Civil y que no tiene antecedentes.

Como parte de su análisis, indica que no se ha podido probar que fuera intervenido por efectivos militares porque mediante un oficio “informó el jefe político militar que el personal a su mando no había intervenido a la persona en mención”. Sin embargo, no se hizo ninguna inspección en el lugar. Algo similar determinó para el caso de Sofía.

SON 67 CASOS

Casi la misma historia se repite en las 67 denuncias por desaparición forzada ocurridas durante 1988 en Huanta, que mostraría un patrón de operaciones ilegales como parte de la lucha contrasubversiva como ocurrió en 1983 en el Cuartel Los Cabitos, en Huamanga, y por los que se está procesando judicialmente a todo el Estado Mayor.

En 1988 el Estado Mayor del Cuartel de Castropampa, en Huanta, estaba formado por el jefe político militar, Víctor La Vera Hernández –condenado por el asesinato del periodista Bustíos–; el jefe de la Sección de Personal (S-1), Manuel Contreras Rodríguez; el ex ministro Daniel Urresti como jefe de Inteligencia (S-2); el jefe de Instrucción y Operaciones (S-3), José Salinas Zuzunaga; y el jefe de Asuntos Civiles, Amador Vidal Sanbento, más conocido como ‘Ojos de Gato’.

A todos ellos les toca responder por las desapariciones, entre ellas la de Julio Tinoco Sánchez, de 33 años, quien fue sacado la noche del 25 de mayo de 1988 de la casa de sus padres, en el anexo de Cangari, donde pernoctaba tras haberlos ayudado en las faenas agrícolas.

Al día siguiente su esposa, Remigia Muñoz Rimachi, denunció su secuestro ante el fiscal provincial de Huanta. Tanto allí como en Huamanga relató que se lo llevaron miembros de una patrulla militar.

Como en todos los casos, el jefe del Comando Político Militar de Huanta negó el operativo, lo que fue suficiente para que la PIP concluya que el Ejército no lo intervino.

Sin embargo, Tinoco era sospechoso de terrorismo, pues en enero de ese mismo año fue detenido y acusado de ser mando político de Sendero Luminoso. Estuvo detenido nueve días, saliendo con libertad incondicional mientras el proceso se veía en el Poder Judicial. Al ser consultado por la fiscalía que investigaba su desaparición, el Juzgado de Instrucción de Huanta respondió que en su informe final no se le encontraba responsable del delito que se le imputaba. La absolución llegó muy tarde.

Doña Remigia cuenta a La República que los militares ingresaron primero a su casa y al no encontrar nada fueron a la vivienda de sus suegros. Ella vio a los militares, y después se enteró de que a uno de ellos lo llamaban “capitán Arturo”.

“Al día siguiente, embarazada y con mis seis hijos, fui al cuartel a que me entreguen a mi esposo. Me dijeron burlándose que no lo habían traído y me amenazaron diciendo que si no me iba me matarían. Los militares disparaban al aire y nos regresamos asustados y llorando con mis hijos”, cuenta demandando justicia y que le entreguen el cuerpo de Julio.

MÁS DENUNCIAS

© La República© La RepúblicaEn la mañana del 10 de setiembre de 1988 militares uniformados y otros vestidos de civil llegaron a Huayhuas y encontraron a Rufino Limaquispe Huamán, de 22 años, levantando muros en la casa de una vecina.

Su esposa, Rosa Pineda Ccasapuma, fue testigo de la detención.

“Haciendo disparos al aire uno de ellos dijo: ¡salgan afuera y échense, carajo! Y empezaron a golpear. A mi esposo lo amarraron las manos hacia atrás con soga y a mí me encerraron en un cuarto junto con mi concuñada y mis dos hijas”, refiere, y agregó que se lo llevaron con dirección a Huanta.

Cuando fue a buscar a su esposo al cuartel, encontró a varias personas que decían que el ‘capitán Arturo’ se había llevado a sus familiares.

Unas semanas antes, exactamente el 16 de agosto, fue detenida Felícita Sánchez Delgadillo, de 24 años, en el Pago de Pampachacra. Su hermana, Paulina, no ha podido olvidar ese día, aún llora porque no pudo hacer nada para evitarlo.

Como no aparecía, Paulina y su esposo, Feliciano Ccapcha Medina, buscaron al periodista Hugo Bustíos, que era muy amigo de Filomena, para que los ayude a encontrarla.

“Hizo un escrito para presentar en cuartel Castropampa. Bustíos me dijo: si lo han llevado al cuartel ya lo van a desaparecer. Pero de todas maneras hay que presentar”, comenta Feliciano.

Y efectivamente, como en todos los casos que hemos mencionado, la joven nunca más volvió a aparecer.

Congresista Gutiérrez: Denuncian a Urresti por entrar en la política

El vocero de la bancada de Gana Perú y dirigente del Partido Nacionalista, Josué Gutiérrez, sostuvo que el pecado del ex ministro del Interior Daniel Urresti ha sido incursionar en política, aclarando que en este momento no se está pensando en candidaturas presidenciales.

“Hay adversarios políticos que nos miran como enemigos y quieren desprestigiarlo”, manifestó, calificando ese hecho de “politiquero”.

Refirió que si fuera abogado seguramente buscarían si está ligado a la red mafiosa de Rodolfo Orellana, pero como es militar lo quieren responsabilizar de las violaciones de derechos humanos cometidas en los años 80 y 90. “Dicen: hay que ver cuántos muertos y desaparecidos hay para achacárselos. Estos temas deben aclararse y sin duda lo va a hacer “, expresó.

Gutiérrez, elegido por Huánuco, contó que tiene un tío desaparecido en los años de violencia y que lo importante debería ser ubicarlos y devolverlos a sus familiares.

La República se comunicó con el exministro Urresti, quien se excusó de declarar porque tiene un proceso judicial (por el asesinato del periodista Hugo Bustíos) y que lo hará su abogado, cuando contrate uno.

Publicado por La República, el 16 de marzo de 2015

Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

Fiscalía presentó acusación en caso Manta y Vilca

Por Carlos Rivera Paz

El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) presentó al país una verdadera tragedia ocurrida en el Perú durante las dos décadas que duró el conflicto armado interno y en el que la comisión de delitos graves como el asesinato, la tortura y la desaparición forzada fueron eventos perpetrados de manera constante y que afectaron, principalmente, a la población campesina. Pero este Informe nos develó también la presencia de un crimen tan horrendo como los ya mencionados: la violación sexual de mujeres.

.

La CVR da cuenta de una práctica generalizada en la ejecución de este delito y expone la existencia de cientos de testimonios que señalan, de manera muy concreta, los lugares en los que se perpetró. La CVR identificó 538 casos de violación sexual perpetrados durante el conflicto armado interno y de hecho, entre los 47 casos que la CVR denunció al final de su mandato, incluyó dos casos emblemáticos de violación sexual de mujeres.

En ese sentido el Informe de la CVR no solo constituyó un punto de inflexión sino que, además, permitió tener la capacidad de conocer la envergadura de la comisión de este crimen, al punto de dar cuenta que no se trató de eventos criminales aislados, sino de crímenes generalizados y, en algunos casos, sistemáticos, circunstancias que determinan que las violaciones sexuales perpetradas en aquellos años tienen la condición de crímenes contra la humanidad.

De los casos investigados por la Comisión de la Verdad, el caso de las mujeres abusadas sexualmente en las bases militares de Manta y Vilca (Huancavelica), sin duda es el caso más complejo y el que mejor muestra la generalidad de la práctica de la violación sexual por parte de elementos militares. Los hechos que registró la CVR comprenden casi una década, que va desde mediados de los años 80 hasta mediados de los años 90. La CVR postula que durante un lapso de tiempo considerable los elementos militares de las mencionadas bases militares –oficiales y subalternos- utilizaron la violación sexual como un método de tortura y como castigo contra las mujeres de las comunidades de Manta y Vilca.

Es importante destacar que si bien durante los años ochenta y noventa el Ministerio Público y los familiares de las víctimas presentaron denuncias por crímenes de asesinato o desaparición forzada, ciertamente con las conocidas dificultades, el hecho concreto es que durante las dos décadas de la violencia solo existió un caso de violación sexual que fue denunciado ante el Ministerio Público, pero que rápidamente resultó archivado. Por lo tanto, también nos encontramos con un tipo de crimen y un tipo de víctimas frente a los cuales el sistema de justicia literalmente no hizo nada.

El caso Manta y Vilca

Por ello la denuncia del caso Manta y Vilca ante el Ministerio Público de Huancavelica significó el inicio de un proceso de investigación complejo y difícil para la fiscalía ya que hasta ese momento no existía ningún de experiencia de investigación en este tipo de delitos. Decimos esto porque no cabe duda que si bien las investigaciones de los crímenes contra los derechos humanos son siempre complejas, el hecho es que las investigaciones por casos de violación sexual del pasado son doblemente complejas.

Así, el año 2003, la Fiscalía Provincial Penal de Huancavelica dio inicio de las investigaciones y desde el Instituto de Defensa Legal pronto nos dimos cuenta que en el curso de la investigación eran más dificultades que la fiscalía tenía por delante. Desde la falta de confianza de las mujeres agraviadas hasta la sistemática falta de información del Ministerio de Defensa han sido algunos de los principales problemas que se debió afrontar.

Aun bajo esas condiciones se logró avances notables en los resultados de la investigación, sobre todo por el impulso que desde el IDL se dio al caso, y ello permitió que hacia finales del año 2008 el Fiscal Juan Borja presente denuncia penal contra un grupo de elementos militares por la comisión del delito de violación sexual de un conjunto de mujeres de las comunidades de Manta y Vilca.

Esa denuncia determinó que el Juzgado Penal Supranacional de Lima, en abril de 2009, emitiera una resolución abriendo proceso penal contra los elementos militares denunciados por la comisión del delito de violación sexual. Esta resolución ha significado todo un verdadero precedente judicial no solo en el Perú, sino en la región, al no existir antes de este un caso de violación sexual en conflicto armado interno que haya sido judicializado hasta ese momento.

La acusación fiscal

Durante varios años las investigaciones judiciales se han venido desarrollando ante el juzgado penal supranacional de Lima instancia en la cual las pruebas de cargo se han ratificado y se han incrementado sustancialmente. Por ello, luego de culminada la etapa de la instrucción el año 2014 el caso fue remitido a la Tercera Fiscalía Superior Penal Nacional, a cargo del fiscal Luis Landa Burgos, quien el 24 de febrero pasado ha presentado acusación contra 14 elementos militares como autores del delito de violación sexual de varias mujeres naturales de las comunidades de Mantra y Vilca. La acusación ya se encuentra en la Sala Penal Nacional, instancia judicial encargada de desarrollar el juicio oral.

Una primera consideración que expone la acusación es que considera a la violación sexual como un crimen de lesa humanidad sobre la base de las consideraciones y normatividad del derecho penal internacional. Para la Fiscalía Superior las características del caso determinan la existencia de eventos criminales sistemáticos y generalizados.

Una segunda consideración que introduce la fiscalía es la relacionada al bien jurídico protegido. Ciertamente si hablamos de un delito de violación sexual nos estamos refiriendo a la libertad sexual como bien jurídico tutelado, pero a ello la fiscalía incorpora como bien jurídico tutelado la dignidad humana, justamente por su condición de crimen de lesa humanidad.

Una tercera consideración relevante es que por la fecha de la comisión de los delitos la Fiscalía establece que resultan aplicables las disposiciones normativas del Código Penal de 1924 y del Código Penal de 1991. Ambos códigos tipifican y sancionan el delito de violación sexual, ciertamente con una marcada diferencia en los márgenes de la sanción penal aplicable al autor.

Los crímenes sexuales acarrean una particular dificultad probatoria justamente por constituir un crimen que suele cometerse en espacios cerrados que permiten al autor desarrollar estrategias de negación y ocultamiento de los hechos, por lo que la sólida presentación de los cargos hecha por la Fiscalía contra cada uno de los perpetradores es un aspecto que se debe destacar. Esto será determinante al momento de la realización del juicio oral.

Teniendo en consideración la gravedad de los hechos la Fiscalía ha considerado que los autores del crimen deben ser sancionados de manera proporcional al daño cometido. Por ello, solicita se imponga a los acusados penas que van desde los 8 años hasta los 20 años de prisión.

Luego de haberse presentado esta acusación corresponde a la Sala Penal Nacional emitir el auto de enjuiciamiento y señalar fecha de inicio del juicio oral.

Publicado por JusticiaViva.org.pe, el 12 de marzo de 2015

Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

Extrañas coincidencias en el quiebre del juicio contra el Comando Rodrigo Franco

Por Lilia Ramírez Varela

Casi cuatro meses estuvo detenido el proceso contra el Comando Rodrigo Franco y el ex ministro Agustín Mantilla. Recién el jueves 26 de febrero se volvió a iniciar el juicio oral de esta emblemática causa que involucra delitos de lesa humanidad cometidos durante el primer gobierno aprista.

.

© La República
© La República
© La RepúblicaEste proceso ha pasado por todas las trabas existentes: una dilación de más de veinticinco años, una rarísima recomposición de la Sala Superior a cargo del caso y, finalmente, el quiebre del proceso luego de año y medio de juicio oral por la también extraña inasistencia de una de las juezas. Pero ese solo es el comienzo.

El jueves la audiencia solo duró diez minutos, pues la abogada de las víctimas, Gloria Cano, recusó a la presidenta de la Sala, Mirtha Bendezú, por posibles vínculos con el partido de la estrella. ¿La razón? Bendezú es esposa del abogado Ricardo Chumbes Paz que es socio del estudio de Luis Edmundo Peláez Bardales, un reconocido aprista que fue abogado ad honorem de Alan García Pérez (ver: Ideeleradio, 24/01/2011).

Y los hechos que narraremos a continuación nos llevan a tener más certezas que dudas sobre el triste futuro de esta causa.

La historia

El jueves 30 de octubre de 2014 se tenía que reiniciar el juicio oral contra el Comando Rodrigo Franco y el ex ministro Agustín Mantilla, a cargo del Colegiado A de la Sala Penal Nacional. De acuerdo a ley, no pueden pasar más de doce días entre audiencias en esta etapa; si esto sucede todo tiene que volver a empezar.

El 28 de octubre ya se había suspendido la audiencia por la delicada salud de la doctora María Delfina Vidal La Rosa Sánchez, quien además se desempeñaba como directora de debates del caso. La Presidenta de la Sala, Inés Villa Bonilla, buscando continuar el proceso programó para el 30 de octubre a las 10 de la mañana el reinicio de la audiencia, a fin de buscar que la doctora Vidal mejore y no se produzca la desgracia del quiebre del juicio. El plazo era límite.

Como ya se sabe la jueza Vidal no llegó en la mañana del 30 de octubre, pese a comprometerse a no dejar que el juicio caiga. Señaló que estaba con fiebre. La presidenta de la Sala, esperando ya un milagro, pospuso la audiencia para las 3 de la tarde. Sólo se necesitaba que Vidal se sentara unos minutos para evitar la anulación de la causa. Pero no llegó, pues según ella su doctor le señaló que si salía a la calle era peligroso.

A las cuatro de la tarde las dos magistradas asistentes, Inés Villa y Edita Condori, tuvieron que aplicar el artículo 267 del Código Procesal Penal y quebrar el juicio oral. La consecuencia de este hecho es que año y medio de audiencias se fueron al agua. Las declaraciones de los procesados, incluido el comprometedor testimonio del ex ministro Agustín Mantilla, quedan en nada. El interrogatorio había llegado a una situación en la cual el abogado de Mantilla pidió a la Sala que su patrocinado haga uso de su derecho a guardar silencio.

La reconocida doctora Inés Villa Bonilla, con fama de ser incorruptible, tuvo que apartarse de este caso tan importante. Pues, por ley, el nuevo juicio oral lo tiene que conocer un tribunal totalmente distinto. Ahora sabemos que es la “Sala B”, integrada por las jueces: Mirtha Bendezú (presidenta), Miluska Cano y Marco Cerna. De acuerdo a los abogados de las víctimas de violaciones de derechos humanos (Carlos Rivera y Gloria Cano), la Sala de la doctora Bendezú se ha caracterizado por absolver sistemáticamente a los procesados por estos graves delitos (Casos Matero, Caso Agente Carrión, Caso Constantino Saavedra, Caso Chipana Huauya), junto a ello está el dato adicional que la doctora Bendezú tiene como esposo al socio del abogado de Alan García y por eso la han recusado.

Sin duda fue una tragedia lo ocurrido. Una vez más el sistema judicial terminaba favoreciendo a ciertos funcionarios integrantes del partido de la estrella, derivando el caso a un tribunal del que desconfían los abogados de las víctimas.

No hay que olvidar que en la acusación fiscal Agustín Mantilla está imputado como coautor del delito de lesa humanidad por haber creado el Comando Rodrigo Franco y coordinado con éste las eliminaciones selectivas de los líderes sindicales Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García, además, de los asesinatos de Miguel Pasache Vidal y Sócrates Porta Solano.

Jesús Ríos Sáenz (alias ‘Chito Ríos’), Jorge Huamán Alacute, Enrique Melgar Moscoso, Carlos Farfán Yacila, Oscar Urbina Sandoval, Gino Fiori González y Walter Lauri Morales son también acusados por este caso, por presuntamente pertenecer al grupo militar. Contra ellos el fiscal ha pedido 25 años de cárcel y el pago de una reparación civil de 200 mil soles a cada acusado.

Por esas fechas, el testigo clave, Miguel Aurelio Exebio Reyes, señaló en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio que “le parece muy raro que justo cuando, esta semana, me tocaba testimoniar y que se enfrentaran a mí [los procesados], donde les iba a acusar directamente porque yo los conozco, estuve con ellos y sé cuál es su accionar, se ha quebrado esto”.

La salud de la jueza Vidal, en otras ocasiones, había jugado malas pasadas en las audiencias y éstas habían tenido que ser suspendidas, pero ella siempre se cuidaba de no llegar a niveles de quebrar un juicio. Además, la jueza, hasta ese momento, era conocida por su buena trayectoria en el Poder Judicial. La situación era bastante extraña, pero todos asumían que el estado de salud de la magistrada era de un nivel altamente grave.

También es cierto que desde abril el entonces Presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, sin causa justificante, venía realizando cambios en las salas de derechos humanos que han llevado a dilatar injustificadamente estos procesos pendientes por más de veinticinco años (Ver: Operación Limpieza para Alan). Todo indicaba que, pese a la gravedad del hecho, no se le podía acusar a la jueza por enfermarse y quebrar un proceso.

Sin embargo, la sorpresa vino el sábado 1° de octubre, un día después de la trágica inasistencia de la doctora Vidal. La Sala Penal Nacional convocó a una audiencia en el caso de la matanza en Accomarca y a esta asistió la doctora Vidal La Rosa; que integra el tribunal junto a los jueces Ricardo Brousset (presidente) y Mirtha Bendezú. A la audiencia la jueza Vidal fue muy abrigada, comentan, pero no mostró signo alguno de padecer enfermedad grave. Las suspicacias que ya existían en torno a su inasistencia empezaron a aumentar.

Al analizar el descanso médico, a cargo del doctor Arnaldo A. Andrade Otaya, otorrinolaringólogo de la Clínica Internacional, la causa de su inasistencia no queda clara. Pero en conversación directa con éste, nos indicó como diagnóstico una laringotraqueítis, una afectación al aparato respiratorio y si bien la condición de la jueza no era necesaria para internarla en la clínica, sí ordenó descanso médico domiciliario del 28 al 31 de octubre. Nos señalaba que esta es una enfermedad distinta al cuadro de asma que es conocido sufre la magistrada.

Vidal la Rosa, compañera de carpeta de Nava y Soller

Pero lo que vino a sorprender aún más es este otro hecho que se convierte en una coincidencia de terror: la doctora Vidal la Rosa, fue doctoranda de la Universidad San Martin de Porres entre los años 2004 al 2005 y apadrinada por Alan García Pérez. Los estudios fueron consignados en la hoja de vida que presentó ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM):

jueza

“Como lo revelan estas fotos, la doctora María Vidal La Rosa también habrìa formado parte de la promoción: Scire Ad Trascendere (saber para trascender) que apadrinó Alan García”

Como se recordará por esas fechas también estudió el mismo doctorado el juez Jesús Manuel Soller, quien integró la Primera Sala Civil de Lima, que ya tiene un voto en lo sustantivo a favor de Alan García y en contra de las investigaciones de la Megacomisión. Este magistrado tiene serios cuestionamientos por haber conocido un caso para el que está impedido, dado que tiene a la esposa y a los hermanos partidarios del APRA y el artículo 40 de la ley de carrera judicial se lo prohíbe (ver artículo):

Como lo revelan estas fotos, la doctora María Vidal La Rosa también habrìa formado parte de la promoción: Scire Ad Trascendere (saber para trascender) que apadrinó Alan García Pérez en mayo del año 2007, tal como lo señala el propio portal web de la universidad. Tres magistrados han reconocido a la doctora como participante de la foto.

Otro que también llevó el doctorado junto a estos magistrados que vienen conociendo procesos que implican al APRA, es Luis Nava Guibert, asesor personal de García Pérez, ex secretario general de la Presidencia, ex ministro de la Producción, y además profesor de la Universidad San Martín de Porres.

Sin duda este nuevo dato viene a sembrar más certezas que dudas sobre las razones por las cuáles la jueza Vidal La Rosa ocasionó que un juico emblemático como este vuelva a iniciar de cero; y va más allá, pues revela el conflicto de intereses que desde el inicio tenia esta doctora al llevar un procesos contra uno de los casos más graves en violaciones de derechos humanos que se les ataca al primer gobierno de Alan García Pérez.

De acuerdo a la información que hemos recabado. La jueza Vidal la Rosa en ningún momento del proceso que llevaba el caso Rodrigo Franco comentó que había sido apadrinada de García. Su inasistencia y todo este embrollo dió lugar a que se inicie una investigación en la OCMA contra la magistrada. IDL-Justicia Viva intentó comunicarse desde diciembre del año pasado con ella por diversos medios: visitas a su oficina, llamadas telefónicas y hasta correos electrónicos y sólo obtuvimos una negativa absoluta a dar su versión y a conversar con nosotros.

¿Cómo era el dicho?: las coincidencias no existen.

Lamentablemente todo indica que el fantasma de la impunidad ronda en esta causa.

11018884 10153102559911420 2884750658521785571 n

Publicado originalmente en Ideele Revista Nº 247

Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

Corte IDH encuentra responsable al Estado por no investigar denuncia de violación a mujer sentenciada por terrorismo

Por Ginno P. Melgar

El titular que encabeza esta nota, aunque un poco largo, es quizá el que debió aparecer en la mayoría de medios de comunicación este lunes al informar de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) de sancionar el que no se haya investigado las denuncias hechas por Gladys Espinoza González, quien sostiene haber sido víctima de actos de violación sexual y tortura cuando fue detenida en el año 1993 por terrorismo.

.

© La Mula
© La Mula
© La MulaHoy, Espinoza González purga una condena de 25 años y es quizá esta la razón por la que los encabezados que daban cuenta de lo dispuesto por la Corte han presentado la noticia como gritando ‘¡qué barbaridad! el Perú le tiene que pagar más de cien mil dólares a una terrorista’.

Lo cierto es que la decisión de la Corte no se refiere a la sentencia por la que Espinoza está tras las rejas al haber sido hallada culpable. Nadie ha puesto eso en discusión. Pero pretender que por ello se pase por alto la obligación de los jueces de investigar que haya sido violada y torturada en una dependencia policial, es algo que rayaría en lo absurdo.

¿El que una persona sea detenida y acusada -al momento de su captura- de terrorismo, da derecho a que se cometan abusos contra ella? Gloria Cano, directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), fue clara al marcar de la diferencia.

“Gladys fue violada sexualmente durante el tiempo que paso en manos de la policía. Durante todos estos años ella así lo denuncio, sin embargo solo se inició una investigación hace un par de años y se abrió un proceso judicial el año pasado. Por eso el caso fue a la Corte IDH, porque a ninguna persona, culpable o no, acusada, sentenciada por terrorismo, robo, homicidio o cualquier otro hecho, puede ser torturada y violada durante su reclusión”

Criticó, además que César San Martín, quien estuvo a cargo de la Sala que debió hacer las investigaciones, señalara que se trata solo de la versión de la víctima, cuando los certificados médicos y el peritaje médico ginecológico evidenciaron ‘coito contra natura’.

“La llamaron mentirosa, manipuladora, y la condenaron a 15 años. Luego el expediente fue elevado a la suprema donde el juez San Martín elevó la pena a 25 años porque las penas, según su razonamiento, deben imponerse de acuerdo a las características personales y como ella, según el psicólogo de la policía nacional, era una manipuladora que buscaba ventaja (porque había denunciado la violación y la tortura), le aumentaron la pena a 25 años. Por eso la Corte IDH señala que hubo un sesgo de género, porque las mujeres mentimos, porque cuando decimos que nos han violado no nos creen y si tenemos un certificado médico que corrobora lo dicho, dicen que somos histrionisas. ¿se puede fingir, actuar un coito contra natura?”

Algo que también llama la atención de la información difundida hoy, es que los medios prácticamente han asegurado que se juzgará a los jueces José Lecaros Cornejo, Hugo Molina Ordóñez, Pastor Barrientos Peña y Eduardo Palacio Villar, además de César San Martín, cuando lo cierto es que en el documento no se les menciona. Así lo hace notar el abogado Marco Huaco.

“¿Alguien que me diga en qué página de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se dice que ‘el Estado peruano debe abrirle proceso al juez César San Martín y otros’ por ‘haber sentenciado terroristas’?. Porque yo no lo encuentro por absolutamente ninguna parte”

¿Estamos cayendo entonces en justificar los abusos cometidos contra una mujer y la vista gorda del Estado por no actuar frente a estos hechos, solo para hacer gala de la demagogia que nos obliga a satanizarla por una sentencia en su contra?

Gloria Cano resume la respuesta perfectamente.

Como en este país muchos periodistas lo reducen todo al pago del dinero y no a lo que tuvo que sufrir la víctima al ser torturada, violada, y encima que nadie le crea, nuevamente le llamarán mentirosa y el violador seguramente será absuelto. Ayer todos se llenaban la boca hablando de los derechos de las mujeres, de la no violencia, y hoy avalan la violación y la tortura.

Publicado por La Mula, el 9 de marzo de 2015

Recomendamos leer también:

Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

El llanto de los recién nacidos después de los cuerpos en batalla

  • Testimonio de Rebeca Gamboa, hija de una de las víctimas de la violencia sexual durante el conflicto armado

Por Cecilia Podestá

.

1

Testimonio de Rebeca Gamboa, hija de una de las víctimas de la violencia sexual durante el conflicto armado © Nelly Plaza / Archivo Diario 16 / Juan Osorio
Testimonio de Rebeca Gamboa, hija de una de las víctimas de la violencia sexual durante el conflicto armado © Nelly Plaza / Archivo Diario 16 / Juan Osorio
Vuelvo sobre la imagen. En ella, las dos mujeres posan juntando las manos, cada una pareciendo proteger su espacio de la otra sin lograrlo, sabiendo que la historia de ambas empieza entre hombres gritando dentro de una noche desgraciada muchos años antes. Ellas son Georgina Gamboa y Rebeca Gamboa -madre e hija- y enfrentan el lente de la fotógrafa Nelly Plaza -en el 2002- quien retrató en “Testimonios de Dolor y coraje” a mujeres víctimas del terrorismo y del Estado durante la guerra interna en el Perú entre 1980 y el 2000. Muchas relataron también los abusos sexuales a los que fueron sometidas. Pero en la fotografía Rebeca es solo una chica de veintiún años, es testimonio y una pieza al lado de su madre que retrata siempre la misma denuncia.

2

Dentro de una casa modesta y a medio construir en el distrito de San Juan de Lurigancho, Georgina Gamboa me recibe y me da un fuerte abrazo. Es la segunda vez que nos vemos, sin embargo, meses antes, cuando la entrevisté parecimos tener un acercamiento más íntimo. Ella me contó su historia y yo la escribí. Cuando lo hice intenté evitar descripciones exactas de su respiración cuando ésta aceleraba para no pronunciar algunas cosas. Yo le comenté antes de hacerle cualquier pregunta que hacía mucho tiempo había visto su fotografía junto a la de otras mujeres y no solo sabía de su caso sino que quería saber más, investigar, lograr algo. Ella bajó la mirada y después levantó la cabeza para decirme con un solo movimiento que todos lo saben, que cada persona que conoce ya está enterada de lo que le pasó.

Su vida gira alrededor de la noche en que fue violada por siete policías en una comisaría de Vilcashuaman, en Ayacucho. La acusaban de ser cómplice en el asesinato de un hacendado, de ser una terrorista, de esconder armas y encubrir a su padre. Era solo una chiquilla campesina de 15 años, aturdida entre tantas preguntas y tantos gritos. Treinta y tres años después vive muy lejos de su pueblo entre la abrumadora bulla de una ciudad gigante como Lima. Migró como muchos que escapaban tanto de la violencia terrorista como la del ejército y sigue dándole paredes y techo a lo que era un terreno en medio de un pampón que creció hasta convertirse en uno de los distritos más grandes y populosos de nuestra ciudad. Estar en su casa es ver un retrato de la fuerza con la que se levantó sabiendo que su vida y su risa habían cambiado para siempre. La casa es oscura y muy modesta, está llena de niños: sobrinos, sus nietos. En el primer piso hay un pequeño restaurante de menús. Ese es su trabajo ahora. Cocina para sus vecinos, para los trabajadores, para cualquiera que pase frente a su casa y decida entrar. Así mantiene a su familia. “¡Rebeca! Ya te ha venido a buscar la señorita”, grita llamando a su hija.

3

Testimonio de Rebeca Gamboa, hija de una de las víctimas de la violencia sexual durante el conflicto armado © Nelly Plaza / Archivo Diario 16 / Juan Osorio
Testimonio de Rebeca Gamboa, hija de una de las víctimas de la violencia sexual durante el conflicto armado © Nelly Plaza / Archivo Diario 16 / Juan Osorio
Cuando Rebeca y yo nos sentamos en una sala pequeña del segundo piso, sabemos bien lo que pasa por nuestras cabezas y volvemos a escuchar los gritos que diera su madre treinta años atrás. Los imaginamos, claro, pero algo los hace reales y están entre nosotras y alrededor de cada palabra que vayamos a pronunciar. Ella debe recordar el testimonio que dio su madre a la Comisión de la Verdad y lo que yo recuerdo es la lectura del mismo pero en madrugadas en las que releía testimonios de víctimas que migraron desde el mismo lugar que yo: Ayacucho.

Amarraron sus manos contra la espalda, pusieron un trapo sucio dentro de su boca, rompieron su fustán, su ropa interior, su pollera. La desvirgó el primero de ellos y después abusaron de Georgina toda la noche. La muchacha contó alrededor de siete hombres de uniforme, encapuchados pero a los que pudo reconocer porque al día siguiente le preguntaban en tono de burla si estaba bien. Cuando amaneció alguien más entro y le pidió que se limpiara. Tenía sangre entre las piernas por la penetración anal y vaginal, también en los labios y bajo la nariz. La sangre seca había puesto duras las prendas con las que apenas se cubría. Uno de esos hombres además la había embarazado.

4

Sé que no es la primera vez que una persona extraña te pide que hables sobre tu madre, pero ahora que el caso podría ser admitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo que podría ser importante, le comento.

Rebeca me mira, se toca el cuello y siento su fastidio. Le hablo de una posibilidad que quizá no se dé. Podrían pasar hasta dos años antes de que la Corte resuelva algo y emita un fallo a favor de Georgina y que las beneficie a ambas.

“Desde chiquita me he sentido fastidiada. Siempre han venido a entrevistar a mi mamá. Vienen pero no ayudan a que tu caso avance, no saben lo que pasa. Llevamos tantos años en lo misma. Cuando era niña no sabía nada. Venían a entrevistarla de otros países, le tomaban fotos… yo tenía seis años, después siete y así. Hasta iban a mi colegio”.

Cuando Rebeca tenía diez años empezó a hacer preguntas, a exigir, a dudar, entonces se lo dijeron. Su madre vivía con un hombre al que llamaba papá y al que adoraba como tal. Ambos la sentaron en el sofá de la casa, -la misma en la que me recibe- y le dijeron la verdad. “¿Qué recuerdo de eso? Hablaban primero como entre ellos y después ya a mí… dijeron que mi papá no era mi papá, que tenían que decirme la verdad porque me iba a enterar igual. Y venía tanta gente… decían que podía ser peligroso que no supiera, que eso me iba a hacer las cosas más difíciles ya cuando fuera señorita”. Entonces Georgina narró sin mucho detalle la violación, la detención. Le dijo a su hija que era producto de ese ataque.

Rebeca pone una cara de desconcierto y me dice que no entiende por qué, pero en ese momento no sintió absolutamente nada. “Ya, les dije y seguí llamando papá a mi papá, ¿que más iba a hacer? Yo a mi papá lo quería más que a todo. En él confiaba”.

Testimonio de Rebeca Gamboa, hija de una de las víctimas de la violencia sexual durante el conflicto armado © Nelly Plaza / Archivo Diario 16 / Juan OsorioTestimonio de Rebeca Gamboa, hija de una de las víctimas
de la violencia sexual durante el conflicto armado
© Nelly Plaza / Archivo Diario 16 / Juan Osorio
Sin embargo, los vínculos a pesar de no quebrarse se hicieron difusos cuando Georgina quedó embarazada nuevamente. “Tuvieron un hijo. Y eran solo ellos mi mamá, mi hermano y él. Tuve celos porque él era el hijo de mi papá con mi mamá. Me sentí aislada”.

El niño nació cuando Rebeca tenía doce años y a esa edad ya podía contrastar lo que iba imaginando sobre el embarazo de su madre en una cárcel de Ayacucho, con el embarazo calmo y feliz de un hijo deseado. (Georgina permaneció en la cárcel hasta los cuatro meses de embarazo. Al salir viaja a Lima a hacer la denuncia al Ministerio Público).

Hoy la relación entre hermanos es complicada, confiesa Rebeca. Viven en la misma casa pero no tienen mayor comunicación. “Mi papá murió hace quince años. Hacía taxi y no comía bien. Cáncer al páncreas… mi hermano era pequeño y casi ni notó su muerte. A mí en cambio eso me chocó muchísimo”.

5

El 8 de abril del 2002 Georgina Gamboa dio su testimonio a la Comisión de la Verdad en la ciudad de Ayacucho.

“…esos militares, las Senchis, quentraron, durante toda la noche golpiarme, maltratarme, tú tine que hablar, tú las has visto, tú eres es terroco, tú tine que hablar. Golpiaron, me golpiaron después comenzao a abusarme, violarme, a mí me violaron, (…) siete eran, siete, siete militares o sea los siete Sinchis entraron violarme (….) Abogado se pidió para que me llevara médico, examen de médico, bueno examen médico, me dijo que estás abusada, estás embarazada (…) Después me, cuando salí me fui pa Lima quería matarme, quería tomarme algo, (…) yo pensaba que entre mí, ese producto, es cuántos, como un mostros será, cuántas tantas personas que me han abusado, yo pensaba que tenía mostro, depente qué clase, cómo estarán creciendo en mi adentro. Yo no quería vivir. (…) Entonces médico hasta hospital li hemos llegado, para que me pueda sacar, y no, no quiso. Ya la bebe está grande, normal, no tiene nada, me dice, ya pue, que está creciendo que ya está grande. No puedes hacer nada”.

6

“Mientras mi madre daba su testimonio para la comisión yo la escuchaba. Estaba ahí, a su lado. Solo en ese momento me dolió de una manera que no puedo explicar. Lo sentí por primera vez. Mi mama fue a Ayacucho a que le hagan la entrevista allá y yo quise acompañarla. Escuche todo con más detalles, fue más preciso… y yo… ¡estaba al lado! Me chocó bastante. Es lo mismo que me había dicho cuando tenía diez años pero…”

Rebeca hace una pausa, se toca la frente, toma aire, “ultrajada así” continúa, pero de pronto se calla. Su hija viene a sentarse sobre sus piernas, a tocarle el cabello, a mostrarle un juguete y decirle algo al oído. Tiene cinco años y quizá algún día también su madre le narre la historia de su abuela. Cuando la niña se va, Rebeca se queda mirando como camina por el corredor y continúa “fue ultrajada y así le paso. Le pasó lo peor y recién entendía. Por primera vez se lo dije. Le dije que entendía. Estuvimos con una psicóloga que me preguntaba cómo estaba. Yo quería llorar, pero con rabia. Necesitaba desahogarme. Hasta sentía vergüenza. ¿Qué van a decir en el cole? Ese era mi temor. ¿Miedo? A que me señalen. Entonces me puse Rebeca Gamboa Gamboa, en vez de solo Rebeca Gamboa. Mi padre quería darme su apellido, pero no quise. Usé los dos apellidos de mi mamá y después usé su segundo apellido: García. Mi nombre es Rebeca Ruth Gamboa García”.

7

Testimonio de Rebeca Gamboa, hija de una de las víctimas de la violencia sexual durante el conflicto armado © Nelly Plaza / Archivo Diario 16 / Juan Osorio
Testimonio de Rebeca Gamboa, hija de una de las víctimas de la violencia sexual durante el conflicto armado © Nelly Plaza / Archivo Diario 16 / Juan Osorio
“Sé que en COMISEDH hay un archivo con las fotos de los que violaron a mi madre. Uno de ellos debe ser mi padre, pero no he querido ir a ver. Yo soy igualita a mi madre, eso siempre me han dicho. Además si las veo, yo voy a saber porque esas cosas se sienten y para qué si es un hombre tan malo”.

Son catorce los hombres que fueron denunciados no solo por la violación sexual a Georgina Gamboa sino también por secuestro y abuso de autoridad ya que ella es detenida no solo siendo menor de edad, sino sin documentos que prueben su identidad y fecha de nacimiento. Los dieciséis los cumplió en la cárcel, me comentó cuando la entreviste.

Pero volviendo a Rebeca, sí, hay un registro de los agresores en las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos, sin embargo las fotos no existen y Rebeca no lo sabe. Ella cree que la posible imagen de su padre está al alcance de su rechazo. Esos hombres fueron enjuiciados y liberados por un tribunal Ayacuchano en 1992 sin que se ordenara nunca una prueba de ADN.

“Si en algún momento me dijeran éste señor es tu papá… yo no quisiera. Prefiero ver una foto. A mi mama le he dicho que no quiero estar frente a frente con ese hombre nunca. A veces peleamos y nos decimos cosas feas que tienen que ver con él y sin que sepamos siquiera quién es. ¿Cuáles? Tengo un temperamento muy fuerte y cuando mi madre me lo reclama, le digo, si pues, por algo seré hija de militar como dices ¿no?”

Rebeca imagina fotos en blanco y negro que no existen y me dice que su abuela también estuvo presa. El archivo del caso sin embargo narra la fatal historia de esta familia con hechos que ella misma ignora. Su abuela estuvo presa durante dos años después de su detención junto a su bebe de dos años de edad. Estaba embarazada también y no se sabe mucho sobre eso. Su abuelo fue asesinado a golpes durante la tortura. “Una vez fui al pueblo de mi mamá. Parcco en Vilcashuamán, antes de que diera su testimonio. Me enseñó la casa destruida donde vivía. Ya no quedaba nada”. La familia fue migrando a Lima poco a poco, esperando a que sus integrantes salieran de la cárcel o aparecieran. “El hijo de mi abuelita está desaparecido hasta el día de hoy, por ejemplo. Creemos que está muerto. Clider, se llama. Lo conocemos por fotos nada más, así le queremos”.

8

Testimonio de Rebeca Gamboa, hija de una de las víctimas de la violencia sexual durante el conflicto armado © Nelly Plaza / Archivo Diario 16 / Juan Osorio
Testimonio de Rebeca Gamboa, hija de una de las víctimas de la violencia sexual durante el conflicto armado © Nelly Plaza / Archivo Diario 16 / Juan Osorio
Rebeca Ruth Gamboa García tiene 33 años, ha aprendido a sobrellevar no solo su historia familiar sino la embestida de las personas que la reconocen, la señalan y le preguntan. Fue dada en adopción a una familia extranjera, sin embargo antes de que Georgina Gamboa firmara el último papel, la cargó en sus brazos y se dio cuenta que tenía una bebé sana y no el monstruo con el que soñaba y que tendría la misma cantidad de ojos de sus atacantes, con varios brazos y piernas, bocas deformes y llantos multiplicados. Pensaba realmente que tendría un bebe cuyo cuerpo fuera la suma de todos los que la violaron.

Georgina conservó a su hija y ahora ambas esperan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda darles un fallo a favor ya que la propia justicia peruana no ha sido capaz de hacerlo además de encubrir a los asesinos y violadores a los que vistieron de uniforme dándoles el poder sobre campesinos inocentes.

“Pienso que es una historia mía, pero también es de mis hijos, por eso te la cuento. Quiero que lo sepan alguna vez para que aprendan y vean la lucha de su abuela… mira cuantos años. No, ella no se cansa y pasan los años y sigue, trabaja, construye aquí, allá y por nosotros. ¿A veces le pregunto ya para que tanto luchas? Pero cuando le digo eso me acuerdo… cuando era chica dormíamos todos en la misma cama, no había paredes, solo esteras. Todos juntos en un cuarto. Me duele. Mi mamá trabajaba limpiando en casas, después cocinando. Ella lucha y a veces parece que no sirve para nada, pero… seguimos juntos y avanzando”.

Cuando Rebeca recuerda su infancia me dice que tuvo muchas privaciones y las lágrimas caen poco a poco. Su hija ha vuelto al sofá y la observa llorar. La niña me mira con cierta desconfianza hasta que su madre le sonríe y le pide que se vaya a jugar con la abuelita al restaurante del primer piso. Al salir pasando entre las mesas Georgina Gamboa se despide de mí y me presenta a su madre quien también me da un fuerte abrazo y me pide que vuelva pronto, que hay mucho de qué conversar.

Foto: Nelly Plaza / Archivo / Juan Osorio

This is a grey box. Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer rutrum dignissim et neque id. Interdum pharetra in a metus congue In Sed Pellentesque tincidunt pharetra.

Publicado por Diario 16, el 11 de enero de 2015

Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

“La magistrada Bendezú debe apartarse del caso Cayara”

Por Omar Rosel

El 14 de mayo de 1988 y los días que le siguieron, las localidades de Erusco, Mayopampa y Cayara fueron escenario de dramáticas violaciones de derechos humanos, que, según los sobrevivientes, habrían sido parte del operativo “Persecusión”, con el que el Comando Político Militar de Ayacucho habría respondido a un previo ataque de Sendero Luminoso a un convoy militar. En la siguiente entrevista, Gloria Cano, directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), habla sobre el proceso judicial del caso Cayara. Asimismo, opina sobre los casos Accomarca, Cabitos y la denuncia fiscal contra Daniel Urresti.

.

En el 2005, el Cuarto Juzgado Supraprovincial inició la etapa de instrucción del caso Cayara, en el 2009 lo derivó a la Fiscalía Superior Nacional, y recién este 5 de marzo se iniciará la etapa oral. ¿Por qué ha demorado tanto este proceso?

Gloria Cano © La República
Gloria Cano © La República
Gloria Cano © La RepúblicaEfectivamente, ha transcurrido mucho tiempo a pesar de que hemos insistido ante el Ministerio Público para que realice la acusación. Lamentablemente, el fiscal de ese entonces, Víctor Cubas, no inició la acusación, sino hasta mucho después; luego ésta ha sido objeto de control, porque había algunas imprecisiones que tenían que ser corregidas. De igual manera, nosotros hemos presentado una apelación recientemente, en la última acusación, y en las resoluciones emitidas, tanto por la Fiscalía como por el Poder Judicial, porque se ha separado de la acusación fiscal a varios miembros de las patrullas que operaron en el caso.

¿Cuál es la razón para que el Ministerio Público haya resuelto acusar sólo a una patrulla y no a todos los que participaron de la matanza de los campesinos de Cayara, así como en la posterior desaparición de los cadáveres?

Creo que ahí hay una mala comprensión de lo que es un operativo militar, porque cuando hay un operativo, sale una patrulla y se tiene una división del trabajo: Unos hacen de contención, otros de rastreo y diversos tipos de tareas como parte del operativo. Entonces, no necesariamente todos acudieron al mismo Cayara. De acuerdo a la comprensión del fiscal Víctor Cubas, solamente se tenía que acusar a los que ingresaron a Cayara y no a todos los que formaron parte del operativo. Nosotros creemos que no todos los militares o soldados que participaron en esas tareas podían ser acusados, pero sí los jefes, porque formaron parte de un plan común que tenía que haber sido de conocimiento y aprobación de todos ellos, porque tenía que ver con las acciones para golpear a la población de Cayara. Este operativo habría sido aprobado desde la jefatura político militar.

¿Hay alguna explicación para que no se haya tomado en cuenta en el proceso la desaparición de los testigos, posterior a la masacre de Cayara, a pesar de las evidencias y testimonios existentes?

Ahí hay una responsabilidad del Ministerio Público al momento de la calificación y la investigación; incluso le exigido que se coloque como agraviados a los testigos que fueron desaparecidos, pero lamentablemente, desde que se hizo la denuncia, el Ministerio Público no tomó en cuenta estos hechos, porque decían que no había evidencias, salvo algunos testimonios. Vamos a seguir insistiendo, hasta el final en el juicio oral, en que estas desapariciones existieron y, que hubo alguna complicidad y encubrimiento de algunas autoridades.

¿Es posible ampliar la acusación a otros militares que actualmente no son parte del proceso, pero que tendrían alguna responsabilidad en la matanza?

Nosotros hemos presentado una apelación y esperamos que la Corte Suprema corrija esta situación. Sin embargo, eso corre por cuerdas separadas y nosotros tenemos que iniciar el juicio oral. También nosotros hemos presentado una recusación contra una de las magistradas que compone la Sala Penal donde se ventila el proceso. La magistrada Bendezú debe apartarse del caso Cayara, porque es esposa del abogado Ricardo Chumbes, que tiene una vinculación muy cercana al estudio Peláez Bardales, porque ha sido socio del mismo, y Peláez Bardales ha sido abogado de Alan García Pérez. Entonces, creemos en la posibilidad de que no haya imparcialidad. Ante estas dudas, preferimos que un juicio como el del caso Cayara, por el que han esperado tantos años los familiares, tiene que desarrollarse con total transparencia. Por ello, es necesario que Mirtha Bendezú se aparte del proceso.

¿Dicha recusación podría impedir el inicio del juicio oral?

Sí. No creo que se inicie el juicio oral este jueves, por el pedido de la recusación y veremos qué decide la sala. Pero para el juicio oral se ha citado a unos 40 testigos. Faltarían las pruebas que tiene que ofrecer el Ministerio Publico. Asimismo, ya no estará el fiscal Víctor Cubas, sino otro, y no sabemos qué tanto ha avanzado este nuevo fiscal con el estudio del caso. Hacemos un llamado al Ministerio Publico para que este nuevo fiscal tenga capacidad para trabajar un caso tan complejo.

¿Existe la posibilidad que la Sala Penal pueda trasladarse a la ciudad de Ayacucho?

Nosotros vamos a hacer el pedido, como ha sucedido en otros casos de procesos por hechos de lesa humanidad, en los que la Sala está haciendo itinerancia a los lugares donde fueron cometidos los hechos. En el caso Cayara, creemos que por su importancia, la Sala Penal tiene la obligación de hacer itinerancia en la zona.

¿Cómo va el proceso judicial de los casos Accomarca y Cabitos?

Tanto en Accomarca como en Cabitos se continúa con el juicio oral. Lo que preocupa en el caso de Cabitos es que esté tardando tanto, y varios de los acusados están muriendo. Primero fue Clemente Noel, de ahí Carlos Torres, ahora falleció Julio Carbajal. Asimismo, hay dos personas con diagnóstico de Alzheimer: Armando Briceño y Guillermo D´Estefano. También están falleciendo las madres de los desparecidos. El Poder Judicial está dilatando mucho los procesos por violación de los derechos humanos, a pesar de que tiene una deuda con todas estas personas afectadas. En el caso de Accomarca, se continúa con el juicio oral (miércoles) y se realizará lectura de piezas, y esperamos que haya rapidez en ello.

¿Qué opina respecto a la denuncia fiscal en contra de Daniel Urresti por la muerte del periodista Hugo Bustíos?

Es cierto que el fiscal señaló que realizará la denuncia, pero no sé por qué ha tardado tanto en hacer la acusación contra Urresti. Asimismo, no entiendo cómo es que podría ser autor mediato, porque, de acuerdo a lo que he leído en los medios, Urresti habría tenido una participación directa. Sin embargo, creemos que sí hay evidencias de su participación y eso tiene que ser aclarado en un proceso judicial, y que todos los responsables, sean mediatos o inmediatos, tienen que responsabilizarse y ser sancionados por sus malos actos.

Publicado por Noticias SER.pe, el 4 de marzo de 2015

Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

El crimen por el que se acusa a Urresti

  • Ministro niega participación en asesinato de periodista, pero fiscal pide 25 años de prisión para él. Todos los detalles del caso.

La situación judicial del exministro del Interior Daniel Urresti se ha complicado, más allá de eventuales movidas tras bambalinas, por testimonios que lo implican en el asesinato del corresponsal de Caretas en Huanta, Hugo Bustíos, el 24 de noviembre de 1988.

.

© Diario Uno© Diario UnoPara la fiscalía de Ayacucho el actual ministro fue autor material del asesinato; mientras que para el juez que abrió instrucción, Urresti fue autor mediato pues cree que dirigió el operativo y estuvo presente en el crimen.

En la Base de Castropampa, en Ayacucho, Daniel Urresti era S2, jefe de inteligencia y contrainteligencia. Carlos Tapia, exmiembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), explica que la misión de un S2 en la lucha contraterrorista era “la de detectar, planificar, capturar y eliminar a los sospechosos de ser miembros de Sendero Luminoso”.

EL CRIMEN

De acuerdo a la acusación fiscal, tras el asesinato de los comuneros Primitiva Jorge de Sulca y su hijo Guillermo Sulca en Ayacucho el 1988, aparentemente a manos de Sendero Luminoso, Hugo Bustíos, corresponsal de Caretas, decide hacer la investigación periodística y, acompañado de su esposa, Margarita Patiño, y el periodista de la zona Eduardo Rojas Arce, se dirige a la Base de Castropampa para solicitar al jefe de ese destacamento, comandante Víctor La Vera Hernández, que le permita el ingreso a Erapata, donde había sucedido el asesinato.

En ese momento La Vera lleva a un lado a Bustíos y le dice que el capturado senderista “Sabino” lo había sindicado como colaborador de Sendero Luminoso y le indica que vaya a Erapata, que él iba a autorizar su ingreso vía radio.

Momentos antes, la esposa de Bustíos ve que de la base sale un vehículo con cuatro militares vestidos de civil con polo blanco.

Cuando Bustíos y Rojas llegan a Erapata son acribillados por los militares que salieron de la base. Rojas logró escapar, pero Bustíos fue alcanzado por los proyectiles y en estado agonizante le colocaron una granada en el pecho que destrozó su cuerpo. La idea era culpar del asesinato a Sendero Luminoso.

En el proceso judicial Urresti ha negado su participación en este operativo, sin embargo tres militares afirman que sí estuvo, y uno de ellos asegura que participó directamente en la ejecución de Bustíos. Carlos Tapia asegura que es prácticamente imposible que siendo el jefe de Inteligencia, Urresti no haya estado al tanto del operativo.

¿POR QUÉ SE ACUSA A URRESTI?

La denuncia contra Daniel Urresti se basa en cinco declaraciones testimoniales que aparecen en el expediente 01145-2013-00501-JR-PE-02. Una de ellas es la del sentenciado capitán Amador Vidal Sanbento, quien asegura que Víctor La Vera dio la orden para atacar a los periodistas y tanto Urresti “Capitán Arturo” como Zapata “Centurión” dispararon a Bustíos. La acusación es directa, pero Urresti y sus defensores señalan que Zapata hizo la declaración no en el juicio original sino años después y que en el asunto hay animadversión a Urresti.

Los militares Pedro Mujica León y Edgardo Montoya Contreras, confirmaron que Urresti salió al mando de la comitiva que ejecutó a Bustíos. La cuarta manifestación es de Abilio Arroyo Espinoza, periodista de la revista Caretas, dijo haber recibido información de oficiales del cuartel de Castropampa en el sentido que Urresti y Zapata participaron en el ataque.

También se tomó en cuenta la manifestación de la esposa de Bustíos, Margarita Patiño, quien vio salir la patrulla militar que luego acabaría con la vida de su esposo. Según la Sala Penal Nacional, inteligencia victimó a Bustíos pues lo consideraba como un colaborador de Sendero Luminoso en base a la declaración de “Sabino”.

EL PROCESO

El caso ha merecido dos procesos, uno que terminó el 2007 con la sentencia emitida por la Sala Penal Nacional que condenó al coronel EP Víctor La Vera Hernández y el teniente coronel EP Amador Vidal Sanbento a 17 y 15 años de cárcel, aunque ahora están en libertad tras acogerse a los beneficios penitenciarios.

Ambos apelaron la sentencia pero la Corte Suprema ratificó la condena el 2008 y consideró que hay más involucrados, por lo que ordenó que el expediente regrese a la Fiscalía de Ayacucho para que se determine quiénes son los otros responsables.

El 2009 el Ministerio Público de Ayacucho recibe los testimonios de La Vera Hernández y de Vidal Sanbento (conocido como ‘Ojos de Gato’) y determinó que quien dirigió el operativo que terminó con el asesinato de Bustíos fue Daniel Urresti, junto a Johnny Zapata (ya fallecido) conocido como “Centurión”.

Ante ello el Ministerio Público formuló una denuncia fiscal señalando que “en la presente investigación se ha llegado a establecer que los directos o inmediatos de los ilícitos penales denunciados son el capitán Daniel Urresti y el sargento Johnny Zapata”.

En junio del 2013 el juez de Ayacucho Bladimiro Chuquimbalqui Maslucán dispuso la apertura de instrucción (expediente 01145-2013-00501-JR-PE-02) contra Urresti como autor mediato en la comisión del delito de asesinato y crimen de lesa de humanidad en agravio de Hugo Bustíos (es aquí donde se inicia el segundo proceso).

ADEMÁS

Dada la importancia del caso, se remitió los actuados a la Sala Penal Nacional y esta a su vez los derivó al Ministerio Público. El caso está en manos del titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, Luis Landa Burgos, quien ha pedido 25 años de prisión para Daniel Urresti.

Publicado en Diario Uno, el 1º de marzo de 2015

Categories
News Reports on Transitional Justice in Peru

Caso Hugo Bustíos: Fiscal pide 25 años de prisión para Daniel Urresti

  • El fiscal Luis Landa acusó al exministro del delito de lesa humanidad de autoría mediata por la muerte del periodista en 1988.

Por Jorge Paucar Albino

.

© La Mula© La MulaEs el candidato del Partido Nacionalista y dejó el Ministerio del Interior con un alto nivel de aprobación. Pero tiene muchas cosas que aclarar. Uno de los casos más graves es la muerte del periodista Hugo Bustíos en 1988, cuando Daniel Urresti era “Capitán Arturo” en Ayacucho.

En el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio, Glatzer Tuesta informó que el fiscal Luis Landa ha acusado a Daniel Urresti del delito de lesa humanidad de autoría mediata por la muerte de Hugo Bustíos y de tentativa de asesinato del periodista Eduardo Rojas Arce. El Ministerio Público pide 25 años de prisión para Urresti y el pago de una reparación civil de 500 mil nuevos soles.

 

 

 

 

 

 

Publicado en La Mula, el 27 de febrero de 2015