Esto se debió a que la defensa de las víctimas recusó a una de las integrantes del tribunal por sus presuntos nexos con el Partido Aprista.
La Sala Penal Nacional decidió suspender el inicio del nuevo juicio oral, previsto para hoy, a los presuntos miembros del comando paramilitar Rodrigo Franco, que habría operado en el primer gobierno de Alan García, cuando Agustín Mantilla era ministro del Interior.
En declaraciones a la agencia Andina, la abogada de las víctimas, Gloria Cano, sostuvo que debe primar la transparencia y la imparcialidad en este caso que tiene más de 25 años sin resolverse.
“Hemos pedido un recurso de recusación para la magistrada Mirtha Bendezú Gómez, porque ella es esposa del señor Ricardo Chumbe, quien tiene una fuerte ligación con el estudio Peláez Bardales, que defendió a Alan García Pérez”, comentó.
Gloria Cano consideró que se deben cumplir todas las garantías para las partes involucradas y remarcó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está pendiente de lo que ocurra en este proceso.
“La corte señaló que el Estado está en la obligación de investigar de forma seria, oportuna e imparcial la causa. Lo que está pasando ahora con la presencia de esta magistrada es una duda sobre la imparcialidad que pueda haber en el proceso”, agregó.
Cano aseguró que este nuevo acontecimiento en el proceso será reportado a la CIDH para dejar constancia del proceder del sistema de justicia.
La abogada indicó que para la próxima semana se espera que la sala encargada del caso discuta si la recusación presentada es procedente.
Como se recuerda, el denominado comando Rodrigo Franco fue un escuadrón que, entre 1985 y 1990, habría cometido crímenes de lesa humanidad y asesinado a civiles como parte de la lucha contra el terrorismo.
En el proceso está vinculado el ex ministro Agustín Mantilla, junto a otros procesados como Jesús ‘Chito’ Ríos Saénz, Jorge Huamán Alacute, Enrique Melgar Moscoso, Carlos Farfán Yacila, Óscar Urbina Sandoval, Gino Fiori Gonzales, Juan Pampa Quilla y Walter Lauri Morales.
Al comando Rodrigo Franco se le responsabiliza por los supuestos secuestros y ejecuciones del abogado Manuel Febres Flores, los estudiantes Miguel Pasache Vidal y Javier Porta Solano, así como del dirigente sindical Saúl Cantoral, entre otros.
Es uno de los casos emblemáticos ocurridos durante el primer gobierno de Alan García
Por Henry Campos
El próximo jueves 5 de marzo se iniciará el juicio oral por el caso Cayara, referido al proceso judicial contra las Fuerzas Armadas por la masacre de campesinos el 14 de mayo y días siguientes, en 1988, en la localidad del mismo nombre y en las zonas de Huancapi, Erusco, San Pedro de Hualla y Huancaralla, en Ayacucho.
La masacre –se indica en la denuncia– fue ordenada por el general José Valdivia Dueñas y en ella habrían participado cerca de 200 soldados distribuidos en diez patrullas, quienes serían responsables de torturas y muertes.
El caso Cayara es uno de los casos emblemáticos de abuso de derechos humanos ocurridos en el primer gobierno de Alan García en que las fuerzas del orden habrían eliminado de manera selectiva a presuntos terroristas y testigos de la masacre, como Fernandina Palomino, Justiniano Tinco, Antonio García Tipe y Jovita García Suárez. Además –indican reportes periodísticos–, los militares desenterraron los cuerpos de los pobladores asesinados y luego los desaparecieron con el propósito de evitar que la Fiscalía pudiera encontrar prueba alguna para incriminarlos.
Sin embargo, a pesar de las pruebas y múltiples testimonios, que han sido recogidos en el informe de la Comisión de la Verdad, el Ministerio Público resolvió acusar solo a una patrulla de soldados y no a todos los que participaron en la matanza de los campesinos y la desaparición de los cadáveres y testigos.
“La matanza de Cayara fue obra de un operativo donde todos tuvieron un rol. Pretenden ahora decir que solo hubo un abuso de una patrulla y que no fue un ataque planificado por los jefes de las patrullas, a quienes se les ha limpiado”, dijo lamentándose Gloria Cano, representante de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), a diario16.
El desarrollo del proceso judicial del caso Cayara estuvo plagado de amenazas a quienes investigaron esta masacre como las que sufrió el entonces fiscal especial para casos de Desaparición forzada de personas en zonas de emergencia, Carlos Escobar. Este fiscal, que terminó asilado en los Estados Unidos trabajando como operario en una fábrica de muebles y cortinas, denunció en su momento que el gobierno de Alan García se coludió con el Ejército para desaparecer pruebas que inculpaban a esta institución.
La Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) y la familia del periodista Hugo Bustíos, asesinado en Huanta en 1988, exhortan al fiscal Luis Landa a que formalice acusación contra el ex ministro del Interior Daniel Urresti antes de fin de mes, como declaró a inicios de año.
“Hay suficientes elementos de prueba para que se pase a juicio oral por este execrable crimen y se pueda avanzar en restablecer el derecho a la justicia de la familia”, precisó Miguel Huerta, el director general de COMISEDH, institución a cargo de la defensa de los deudos del periodista.
Por su parte, Margarita Patiño viuda de Bustíos respecto al anuncio de Urresti de participar en la política, consideró que el ex ministro con este lanzamiento busca impunidad.
“Dependerá de los ciudadanos de ver las cosas y decidir sobre ello. Yo pienso que él está buscando impunidad”, advirtió.
Daniel Figallo, Daniel Urresti, Carmen Omonte y Eleodoro Mayorga dejaron las carteras de Justicia, Interior, Mujer y Energía y Minas, respectivamente. En tanto, Fredy Otárola renunció a ministerio de Trabajo para asumir cartera de Justicia. Gabinete de Ana Jara da bienvenida a nuevos ministros.
Las salidas involucran a los titulares de Justicia, y de la Mujer, Daniel Figallo y Carmen Omonte, respectivamente. Además, al ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, y del Interior, Daniel Urresti.
Desde la mañana se venían rumoreando los cambios, sin embargo, a las 4 de la tarde, con la llegada de Ollanta Humala a Palacio de Gobierno, se confirmaron las renuncias, las que fueron oficializadas horas después en una ceremonia en el Salón Dorado.
Uno a uno iban llegando los salientes ministros y sus sucesores a la Casa de Pizarro. A las 7 de la noche, la juramentación empezó con José Luis Pérez Guadalupe, quien dejó la jefatura del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para asumir el cargo de ministro del Interior, en reemplazo de Daniel Urresti.
El uso de armas de fuego por la policía en la protesta en la ciudad de Pichanaki puso la soga sobre el cuello de Urresti, y en los últimos días la oposición exigió su renuncia inmediata. El saliente ministro del Interior admitió su responsabilidad política en el enfrentamiento que dejó un muerto y varios heridos.
Curiosamente, la renuncia de Urresti también coincide con el próximo fallo del Ministerio Público sobre su presunta participación en el asesinato del periodista Hugo Bustíos, ocurrido el 24 de noviembre de 1988, en Ayacucho.
“Yo no tengo nada que ver en ese caso, así que esperaré la decisión que determinen las autoridades”, refirió Urresti con respecto al caso Bustíos al término de la ceremonia.
El segundo en jurar fue el nacionalista FredyOtárola, quien asumió la cartera de Justicia, en reemplazo de Daniel Figallo, para lo cual renunció a su cargo de ministro de Trabajo.
Figallo deja el gabinete ministerial en medio de cuestionamientos sobre su presunta intervención a favor del prófugo empresario Martín Belaunde Lossio en el caso “La Centralita”. Este hecho le generó, en su momento, un pedido de censura que se esperaba debatir en las primeras semanas de marzo en el Congreso.
Maurate criticado
Ante la salida de Otárola del Ministerio de Trabajo, el viceministro Daniel Maurate asumió la cartera en su reemplazo.
No obstante, las críticas contra Maurate no demoraron en surgir al recordarse que fue denunciado por falsificar datos en su Hoja de Vida ante el Jurado Nacional de Elecciones sobre sus méritos académicos. Este hecho ocasionó su despido de la jefatura de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Dicscamec).
En declaraciones a la prensa, Maurate manifestó que su primera gestión al frente de la cartera de Trabajo será convocar a los jóvenes para tratar en conjunto una nueva ley laboral que no afecte sus derechos.
“Mañana convocaremos a todos los jóvenes para conversar y armar una propuesta conjunta. Los jóvenes tienen mucha capacidad e ideas interesantes”, refirió.
Otro de los cambios se dio en el Ministerio de Energía y Minas. La tan ansiada salida de Eleodoro Mayorga ha sido saludada por varios líderes de la oposición. Desde sus cuestionamientos por presuntos conflictos de intereses en el caso Interoil hasta su mal manejo en las protestas en la ciudad de Pichanaki, provincia de Chanchamayo, región Junín, generaron el rechazo de las fuerzas políticas que pidieron en varias ocasiones su renuncia.
Mayorga asistió hasta en tres oportunidades al Congreso de la República, en donde intentó explicar su decisión de extenderle por 12 meses el plazo de explotación de los lotes petroleros III y IV a la firma noruega Interoil, de la cual había sido asesor, pero no logró convencer a los parlamentarios.
En su reemplazo se designó a la abogada Rosa María Ortiz Ríos, quien hasta la fecha se desempeñaba como jefa del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).
Se espera que Ortiz Ríos viaje el día de hoy a Pichanaki con el propósito de integrarse a la Comisión de Alto Nivel del Ejecutivo que se encuentra en el lugar a fin de dialogar con los pobladores que rechazan las actividades que realiza en la zona la empresa Pluspetrol.
De antemano, la nueva ministra de Energía y Minas invocó a los pobladores de esta ciudad apostar por el diálogo y no por la violencia.
“Estos conflictos sociales se generan por la falta de prácticas de comunicación. Hemos tenido malas experiencias, pero hoy hay un respeto por el medio ambiente y los derechos humanos”, sostuvo.
Ortiz Ríos consideró que este tipo de enfrentamientos traban las inversiones en el país, por lo que aseguró se sumará al diálogo con el propósito de prevenir futuros conflictos. “El Perú sigue siendo un país interesante para las inversiones extranjeras”, declaró.
¿Se rompe alianza?
Finalmente, el alejamiento de Carmen Omonte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables respondería a una posible fractura en la alianza entre Perú Posible y el nacionalismo.
Si bien Omonte afronta una denuncia por no haber pagado beneficios laborales a su empleada del hogar María Vásquez Rafael, este no habría sido el detonante de su renuncia.
Trascendió que Perú Posible, partido en el que la ex ministra se desempeña como secretaria nacional, se encuentra elaborando su plan de campaña con miras a las elecciones presidenciales del 2016, lo que descarta una posible alianza con el Partido de Gobierno.
En reemplazo de Omonte se designó a Marcela Huaita Alegre, quien se desempeñara como secretaria general de la Presidencia del Consejo de Ministros.
Debe precisarse que varios de los cambios suscitados ayer fueron solicitados al jefe del Estado por los líderes de diversas fuerzas políticas durante el denominado Diálogo Nacional. Desde entonces, Humala anunció una evaluación de la performance de algunos ministros. Al final removió a cuatro.
Urresti: Me van a extrañar
Al culminar la juramentación, y haciendo gala de su sarcasmo e ironía, el saliente ministro del Interior, Daniel Urresti, gritó hasta tres veces: ¡me van a extrañar!
“¡Soy libre al fin!”, anadió, advirtiendo que comenzará a “refrescar la memoria” a través de sus tuits.
Agregó que con su salida del gabinete, los apristas y fujimoristas “ya tienen mi cabeza”, por lo que ya no hay excusas para que no asistan al diálogo convocando por el Gobierno.
A su salida de Palacio de Gobierno, y ante la pregunta de los periodistas, reveló que ha recibido invitaciones para ser candidato a la presidencia en el 2016, y que en dos semanas anunciará si se lanza a la carrera presidencial.
LOS NUEVOS MINISTROS
JOSÉ PÉREZ GUADALUPE
Experto en tratamiento penitenciario, ocupó por más de tres años (desde agosto del 2011) la jefatura del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Es licenciado en Educación, doctor en sociología y máster en Teología.
El doctorado lo obtuvo con una tesis sobre las cárceles en América Latina, lo que le llevó a investigar sobre las condiciones en que viven los reos, a quienes asistió con su labor pastoral por 25 años.
Siempre ha abogado por la prevención delictiva y porque se aumente la capacidad de albergue en los penales.
MARCELA HUAITA
Se desempeñaba como secretaria general de la Presidencia del Consejo de Ministros, desde agosto del 2014, luego de ejercer por casi dos años como viceministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables durante la gestión de Ana Jara.
Es abogada experta en temas de género, derechos humanos y políticas públicas. Ha sido jefe de asesores de la PCM en el 2003 y ejercido diversos cargos públicos. También se desempeñó como investigadora, docente y consultora de organismos internacionales sobre derechos políticos de la mujer.
ROSA ORTIZ RÍOS
Hasta ayer fue jefa del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenible, organismo adscrito al Ministerio del Ambiente.
Es una abogada especialista en derecho civil, administrativo, societario, marítimo e hidrocarburos. En los dos últimos años ha sido miembro de Proinversión y del gabinete de asesores de la presidencia de la República. Presidió el directorio de Perúpetro. Ha sido también asesora del despacho ministerial en Transportes durante la gestión de Juan Castilla, en el gobierno fujimorista.
DANIEL MAURATE
Abogado y máster en administración pública que en agosto pasado fue nombrado viceministro de Promoción del Empleo y Capacitación Laboral por Fredy Otárola. También fue vocal de la Corte Superior de Huaura.
Tres años antes Maurate debió dejar la dirección de la Dicscamec. El nuevo ministro de Trabajo es docente universitario y asume varios retos y tareas. Entre ellos el de lograr que se promulgue la Ley General de Trabajo y concretar el aumento del salario mínimo anunciado por Humala.
ENFOQUE
Luis Benavente Director de Vox Pópuli
Ahora jara podrá seguir con el diálogo
Con estos cambios ministeriales el gobierno está cediendo a las presiones de la oposición. Se van dos de los tres ministros más populares, pero le da la oportunidad a la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, de no “cargar” con los ministros que eran cuestionados y ahora podrá llevar por buen cauce el diálogo que ha iniciado con los sectores políticos.
Las salidas de Daniel Figallo y Daniel Urresti debieron darse hace varios meses. Sobre todo Figallo que no quiso entender el mensaje político de la oposición que exigía su cabeza por su cuestionada intervención en el caso “La Centralita” como denunció la ex procuradora Yeni Vilcatoma. Y Urresti por su constante enfrentamiento con la oposición sin demostrar efectividad en su función, principalmente en materia de seguridad ciudadana.
Tras muchos años de reclamos, movilizaciones y exigencias a las instancias gubernamentales de parte de las organizaciones locales de afectados por la violencia política, finalmente el Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) ha dado inicio a la construcción del cerco perimétrico de los terrenos de La Hoyada. En este lugar, fueron hallados, en el año 2005, más de cien cuerpos enterrados y calcinados que pertenecían a personas desaparecidas entre los años 1984 y 1985, cuando Ayacucho vivía azotada por la violencia.
Por otro lado, Percy Huauya, vicepresidente de la Coordinadora Regional de Afectados por la Violencia Política de Ayacucho (CORAVIP), manifestó que en el 2005, La Hoyada constaba de poco más de nueve hectáreas de terreno, por lo que se planteó la construcción allí de un Santuario de la Memoria, en conmemoración de las víctimas de la violencia. “Pero por la dejadez de las instancias gubernamentales, el área de estos terrenos se ha reducido a sólo cuatro hectáreas, porque muchos invasores han construido sus casa sobre las fosas, y nadie se interesaba en por lo menos construir un cerco perimétrico, mientras se gestionaba un presupuesto para el santuario”, se quejó el dirigente.
Primera piedra
En la ceremonia de colocación de la primera piedra del cerco perimétrico, realizada el pasado 9 de febrero, participaron el presidente regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, así como las representantes de la ANFASEP, los miembros del Movimiento Ciudadano de Derechos Humanos de Ayacucho, el alcalde de Andrés Avelino Cáceres y representantes de la municipalidad de Huamanga.
La autoridad regional de Ayacucho saludó a los integrantes de ANFASEP por el esfuerzo realizado para lograr la construcción del cerco perimétrico. “Quiero felicitar a cada uno de ustedes, que nunca desmayaron, que nunca renunciaron a esta gran demanda. Su esfuerzo ahora es una realidad”. Asimismo, aseguró que en el lapso de 45 días el cerco estará culminado.
El Movimiento Ciudadano por los Derechos Humanos de Ayacucho, colectivo integrado por organizaciones de afectados y organizaciones de la sociedad civil, saludó la decisión “tantas veces postergada por el gobierno regional de Ayacucho, de atender el pedido de las madres de ANFASEP”, pero precisaron que ahora se debe buscar financiamiento para la construcción del Santuario de la Memoria.
Esta provincia ayacuchana es una de las que mayor número de muertos y desaparecidos registra, producto de la violencia política que azotó el país entre 1980 y el 2000. Pese al paso de los años, los familiares de las víctimas aún no hallan justicia. Se sienten olvidados y reclaman más atención del Estado.
Por María Elena Castillo Hijar
En Huanta todos han sido, de alguna u otra manera, afectados por la violencia política. Algunos son víctimas directas, otros tienen un familiar o conocido que ha sido torturado, desaparecido o asesinado en medio de la guerra interna. El terror llegó a tal punto, que miles dejaron sus tierras con el fin de escapar de la muerte; otros se quedaron y sobrevivieron como pudieron.
Eugenia Quispe Araujo llora junto a su hijo. Tuvieron que huir de Culluchaca y refugiarse en Huanta. En 1984 se llevaron a su esposo, Antonio Cabezas, y sigue desaparecido. (Foto: Virgilio Grajeda)Eugenia Quispe Araujo llora junto a su hijo. Tuvieron que huir de Culluchaca y refugiarse en Huanta. En 1984 se llevaron a su esposo, Antonio Cabezas, y sigue desaparecido. (Foto: Virgilio Grajeda)Ahora, todos comparten la imperiosa necesidad de curar esas heridas.
Según los testimonios recibidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) el 47.4% de víctimas de la guerra interna que asoló a nuestro país vivían en Ayacucho. Las provincias con mayor incidencia fueron Huanta y La Mar. Juntas reportaron 5,186 muertos y desaparecidos, lo que significa la mitad de todas las víctimas de Ayacucho.
Santa Isabel Llantoy Gutiérrez es una de ellas. En 1987 sus padres fueron asesinados en las alturas de Santillana.
A su padre lo mataron en la comunidad de Llajuas “unos hombres vestidos de militar”.
“Papá salió en vigilancia y lo llevaron a una casa. Había bastante gente, muchos varones. Uno por uno sacaban, preguntaban, golpeaban y mataban. A algunos ahorcaron, a otros metieron cuchillo”, relata Santa con tristeza.
Poco después huyó junto a su madre y sus cinco hermanitos a la comunidad de Chacca, donde el horror los volvió a alcanzar. Cuando apenas tenía 11 años vio que una noche los terroristas entraron y mataron a su madre y a otros pobladores.
“Hemos quedado solos, sin educación; hemos crecido en diferentes familias”, dice en su quechua natal. A su lado está la presidenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Torturados de Huanta, Herminia Oré, quien traduce cada una de sus palabras.
La vida tiene precio
Santa Isabel y sus hermanos sólo han recibido S/. 1,500 cada uno como reparación por el crimen de su padre. “Por su madre no les reconocieron nada. Igual que ellos, tenemos 35 miembros con múltiple afectación, que perdieron a más de un familiar”, refiere, doña Herminia, cuyo esposo fue torturado en 1984 por efectivos de la Marina acantonados en el estadio de Huanta. “A otros les han dado menos”, agrega indignada.
Recuerda que en el 2011, cuando era candidato, el presidente Ollanta Humala fue a Huamanga y las recibió en la Casa del Maestro para escuchar sus necesidades. “Nos prometió incrementar las reparaciones a 10 UIT, pero hasta ahora no se cumple”, lamenta.
Además, remarca que a pesar de que tienen derecho a la atención de salud, cuando van al hospital solo les dan pastillas para el dolor, pero si quieren que les hagan análisis, tienen que pagar porque eso no cubre el Seguro Integral de Salud (SIS).
“También está pendiente el tema de educación. Por los años que han pasado, muchas víctimas somos mayores, ya no podemos estudiar. Por eso hemos pedido que pase a nuestros hijos a través de la sucesión de derechos”, demanda.
Doña Herminia indica que en el 2013 fueron en marcha a Lima para presentar sus demandas, tras lo cual autoridades de varias instituciones se comprometieron a modificar la norma para que sus hijos accedan a becas de estudios, pero hasta ahora no han cumplido.
“En diciembre he vuelto a presentar el pedido al Ministerio de Justicia y a la CMAN, a ver si nos atienden”, comenta bastante incrédula.
Con las manos levantadas, los demás integrantes de la asociación de víctimas y familiares respaldan la demanda. Es el caso de Olimpia Gavilán Barboza, cuyo esposo fue asesinado en 1984 por militares en la zona de Llochegua; pocos meses después también mataron a su mamá, y hasta ahora no se sabe quién fue el responsable.
“No quiero acordarme de eso”, dice angustiada, mostrando los estragos que el terror dejó en ella. “Mi cabeza me duele, me olvido las cosas. Todo lo que quiero es que mis hijos salgan adelante”, sostiene.
Como pudo sacó fuerzas para criarlos: vendía comida, tejía ropas, iba a la selva huantina a cosechar. “Yo ya no puedo estudiar, pero mis hijos sí”, señala.
Difícil de olvidar
Prudencia Taipe Quispe tenía 17 años cuando perdió a sus padres y tres hermanos. En 1991 una columna terrorista atacó la comunidad Sector Mantaro Río Apurímac. A su padre lo mataron, junto a una veintena de miembros de autodefensa que trataron de repeler el ataque. Ella, su madre y sus hermanitos fueron llevados como “prisioneros de guerra”.
“Como a 50 nos llevaron. Nos hicieron caminar por cerros, lejos, varios días, y nos tuvieron secuestrados. Primero murieron dos de mis hermanitos, después mi mamá, que le agarró desnutrición. Mi otro hermanito hasta ahora no sé dónde está. Después de siete meses me pude escapar”, intenta resumir el horror que le tocó vivir.
Tras su huida pudo reencontrarse con dos hermanitas a las que no llegaron a secuestrar. Cada una han recibido S/. 1,250 como reparación por la muerte de su padre. No les dieron más porque en el registro figuran también su abuelita y su madre como beneficiarios, a pesar de que ellas también han fallecido, trámite que está pendiente de aclararse.
“Con todo lo que me pasó no he podido estudiar y ahora tengo siete hijos. Yo quisiera que les den los estudios a ellos, para que tengan más oportunidad que yo”, indica.
Viviendas dignas
La violencia política hizo crecer demográficamente a Huanta. Tal como ocurrió en Lima, un gran número de desplazados comenzaron a poblar la periferia de la ciudad y empezaron a organizarse para levantar sus viviendas y acceder a servicios básicos.
Así nació la Asociación de Huérfanos y víctimas de la comunidad de San Juan de Parccora residentes en Huanta, que se instalaron en el Barrio San Miguel y actualmente acoge a familias de otros anexos. Allí encontramos a Eugenia Quispe Araujo, pobladora de Culluchaca, cuyo esposo fue desaparecido en 1984 por efectivos de la Marina; después los senderistas mataron a su madre y sus hermanos.
“Mi hijo me cuida ahora. No ha podido estudiar, yo no le he podido dar nada por falta de economía y ahora tiene sus hijitos, que como sea tiene que sacar adelante. Yo pido que le den la beca a mis nietos y una casita donde vivir”, solicita con lágrimas en los ojos.
El dirigente de esta organización, Jesús Quispe Farfán, explica que todos tienen el mismo pedido. Él quedó huérfano de padre y madre a los 8 años, porque los terroristas los mataron.
“Aquí nos hemos agrupado desde el 2007 para tener donde vivir. Después de siete años de gestiones hemos logrado siquiera agua potable, pero todavía no tenemos desagüe. Necesitamos que nos capaciten en proyectos productivos, para tener trabajo y vivienda digna”, argumenta.
A 15 minutos están los miembros de la Asociación Pro Vivienda Chaccas-Santillana, en la zona conocida como Ulluyauycco. Ellos tienen similares problemas. Su dirigente, Javier Quispe Lonasco, nos muestra las rústicas viviendas que están levantando solos.
“Nosotros también necesitamos apoyo. Queremos curar las heridas y en pensar en el futuro. Pedimos que no nos sigan discriminando”, demanda en nombre de todos.
Huanta en cifras
2,313 muertos y desaparecidos fueron reportados a la CVR.
39% de víctimas son de la región.
1,402 fueron asesinados o secuestrados por Sendero Luminoso.
Exministro aprista y los presuntos miembros del grupo paramilitar acusados por crímenes de lesa humanidad volverán al banquillo. Proceso se quebró el año pasado con aparente artimaña de una jueza.
Por Henry Campos
El Poder Judicial dispuso el reinicio del juicio por el caso Rodrigo Franco, presunto comando paramilitar del primer gobierno del expresidente Alan García, para este 26 de febrero, luego que el mismo se quebrara el año pasado por supuestos graves problemas de salud de una de las juezas que dirigía el referido proceso judicial.
Foto: Archivo / La RepúblicaEl Ministerio Público imputa en esta causa al exministro aprista Agustín Mantilla y a los supuestos miembros del comando Rodrigo Franco del secuestro y asesinato del abogado Manuel Federico Febres Flores y los dirigentes populares Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo García Santa Cruz. Además, de los asesinatos de los estudiantes Miguel Pasache Vidal y Sócrates Porta Solano.
El reinicio del juicio supone volver todo a cero. Por tanto, la mayoría sindicada como los miembros del grupo paramilitar, entre ellos, Franco Jesús Ríos (alias ‘Chito Ríos’), Jorge Huamán Alacute, Enrique Melgar Moscoso, Carlos Farfán Yácila, Óscar Urbina Sandoval, Gino Fiori Gonzales, Juan Pampa Quilla y Walter Lauri Morales, volverá a ser interrogada en este nuevo juicio, pero esta vez por la sala que preside la jueza Mirtha Bendezú Gómez.
Asimismo volverán a ser citados el propio expresidente Alan García, los periodistas César Hildebrandt, Gustavo Gorriti y Ricardo Uceda, el congresista Yehude Simon y el exparlamentario Fernando Olivera que investigaron los hechos relacionados con este presunto grupo de aniquilamiento, así como Marco Miyashiro, exoficial del Grupo Especial de Inteligencia de la Policía Nacional-GEIN. También desfilará la exministra aprista Nidia Vílchez.
Así, de no mediar ningún inconveniente, el fiscal superior titular Luis Landa reiterará su solicitud de 25 años de prisión y el pago de una reparación civil de 200 mil soles para Mantilla y sus exsubordinados por ser calificados sus supuestos delitos como crímenes de lesa humanidad al haberse ejecutado de manera cruel, sistematizada y generalizada.
COSAS EXTRAÑAS
El juicio por el caso Rodrigo Franco quedó trunco el pasado 30 de octubre, fecha en que debía celebrarse audiencia, conforme a ley. Ese día, extrañamente, la magistrada María Vidal La Rosa se enfermó. Ya había faltado a la sesión convocada del 28 de octubre. Entonces, el emblemático juicio referido a crímenes de lesa humanidad ocurridos en el aciago primer gobierno aprista, que había cumplido entonces año y medio de proceso, fue declarado nulo.
Hasta esa fecha, casi se había culminado el interrogatorio a todos los miembros de Rodrigo Franco y estaba programada próximamente la declaración del principal testigo de este caso: Miguel Exebio Reyes, el famoso testigo clave, con código WPM20028. Este sindicó públicamente a Mantilla y a sus operadores de esas ejecuciones extrajudiciales, e incluso aseguró que Alan García estuvo detrás de estos asesinatos y que en total habrían sido 60 los crímenes de este comando paramilitar durante su primer mandato. El quiebre del juicio impidió a Exebio contar su verdad ante un tribunal de justicia y encarar a los acusados.
Para muchos resultó extraña la enfermedad de la jueza Vidal y, lamentablemente, la magistrada Mirtha Bendezú que dirigirá este proceso tampoco brinda absoluta confianza. Resulta que esta jueza tiene afinidad con el Apra. Su esposo es el abogado Ricardo Chumbe Paz, socio de Edmundo Peláez Bardales, quien ejerció la defensa en diversas ocasiones del expresidente Alan García.
DATO
Actualmente, la cuestionada jueza María Vidal La Rosa viene siendo investigada por la Oficina de Control Interno de la Fiscalía por supuesta inconducta que obligó lamentablemente el quiebre del juicio por el caso Rodrigo Franco.
MANTILLA LO DIJO:
“Es un hecho ineludible, porque hubo un asesinato (de Manuel Febres Flores) reivindicado por este supuesto grupo Comando Rodrigo Franco. Existió (el comando Rodrigo Franco) por ese hecho, pero después no hubo ningún acto que fuera reivindicado por este supuesto comando. Por eso la investigación final determina que no hubo ningún comando organizado. Como lo dice la Comisión de la Verdad, fueron muchos grupos que tomaron ese nombre para cometer tropelías”. (Setiembre, 2013).
Lo que dijo la Comisión de la Verdad
Grupo paramilitar integrado por estudiantes y policías
De acuerdo a la Comisión de la Verdad, el comando Rodrigo Franco (nombre del dirigente aprista asesinado por Sendero Luminoso, en 1987) estuvo constituido principalmente, por estudiantes reclutados de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, liderados por Jesús “Chito” Ríos y contó con la participación de efectivos del GRUDE de la Dirección de Operaciones Especiales (DOES) y del Delta 5 de la Dirección Contra el Terrorismo (DIRCOTE) de la Policía.
La sentencia emitida por la Sala Penal Nacional en el caso Gerson Falla puede terminar significando un nefasto precedente en la justicia nacional para los casos de tortura. Después de varios años de proceso judicial, el tribunal absolvió a cuatro de los cinco acusados y condenó a ocho años de pena privativa de la libertad a Diopoldo Aguilar Camacho por el delito de lesiones graves. Cabe señalar que la fiscalía había solicitado 15 años para los acusados.
La sentencia desconoce la múltiple evidencia incorporada en el proceso judicial y determina que la muerte de Gerson Falla no fue consecuencia de los golpes y maltratos físicos sufridos en el interior de la comisaría de San Borja, sino más bien, establece que fue causa de una supuesta intoxicación por el consumo de cocaína y alcohol ingerido antes de su muerte. La Sala Penal Nacional sin explicación alguna, desconoce el certificado médico legal y considera, en cambio, un certificado emitido por la misma Policía Nacional que carece de rigor técnico y científico.
El dictamen señala también que no está demostrado que los maltratos físicos contra Gerson Falla fueron perpetrados con la finalidad de castigarlo por la resistencia que este había tomado desde el momento de la intervención.
El Instituto de Defensa Legal (IDL) considera que el tribunal se ha inclinado por otorgar validez a las versiones de los policías y no ha considerado las diversas pruebas ofrecidas por la fiscalía y la parte civil como el certificado médico legal que establece que la causa de la muerte de Gerson Falla son los múltiples golpes corroborados además con los informes emitidos por los médicos del hospital Arzobispo Loayza y Casimiro Ulloa.
De igual forma, el tribunal no valora las versiones de diversos testigos quienes han detallado las lesiones sufridas por Gerson Falla desde su intervención policial hasta su permanencia en la comisaría. Tampoco considera las versiones de los policías que refieren que los acusados Diopoldo Aguilar Camacho, Alfredo Huaman Álvarez golpearon a Gerson Falla en varias oportunidades, lo que se demuestra en los diversos videos que difundieron los medios de comunicación
Por otro lado, el tribunal no se pronuncia ni valora la versión del propio agraviado quien antes de morir expresa que los que le ocasionaron los golpes en su cuerpo fueron los efectivos policiales de la comisaría de San Borja.
Finalmente, sobre las absoluciones de los policías Julio Obeso Milla, Cristian Sánchez Méndez, Grover Rojas Quispe y Pablo Oyola Castillo, el tribunal establece que no existen pruebas que acrediten los delitos de complicidad en el delito de tortura, encubrimiento personal y omisión de denuncia, haciendo una escasa valoración del tipo penal y lo que es más grave señala que el Capitán Oyola Castillo (comisario encargado) cumplió con el protocolo policial, sin señalar que Gerson falla estuvo retenido cuatro horas en la comisaría con muestra de evidentes lesiones producto de las torturas que fueron propinadas por los policías y que estaban bajo sus responsabilidad y custodia.
Durante el gobierno de Alberto Fujimori, más de 2000 mujeres fueron esterilizadas forzosamente bajo el marco del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar presentado el día de la juramentación de su segundo periodo de mandato y ejecutado a partir de 1996. El caso lleva abierto casi 20 años y desde enero de 2014 la Fiscalía Provincial de Lima decidió archivar las investigaciones contra el ex mandatario y los médicos responsables de la mencionada política de Estado.
Sin embargo, el nuevo fiscal designado hace un año será trasladado a otra plaza, lo que genera una designación de fiscal provisional para la investigación del caso. Organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, APRODEH, Cejilo, Demus, la Casa de la Mujer Flora Tristán, IAMAMC y la MAM Fundacional expresaron su preocupación por el devenir del caso y de esta nueva designación, que alarga más el proceso de espera. “Esta dilación, sumada a los 18 años que ya tiene el caso sin solución, sin haber salido de la etapa preliminar, es un hecho incontrovertible de impunidad”, afirma Julio Arbizú, abogado de algunas de las víctimas de esterilización forzada.
Desde el exterior, algunas organizaciones internacionales se han pronunciado sobre el archivamiento, entre ellas el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), se han referido a la labor del Estado peruano como una investigación que no se ha realizado de manera efectiva porque aun no se han identificado al total de víctimas ni a los principales responsables de las acciones del programa. Asimismo, exhortan al Estado iniciar las compensaciones adecuadas a las mujeres y procesar y sancionar a los perpetradores de estos actos contra los derechos humanos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) escuchó hoy en una audiencia pública a las partes involucradas en la demanda contra el Estado de Perú por la supuesta desaparición forzada de 15 campesinos de la comunidad de Santa Bárbara en 1991 a manos de militares.
El caso que comenzó a juzgarse hoy en la CorteIDH se remonta al 4 de julio 1991, cuando miembros del Ejército peruano adelantaron un operativo militar dentro de dos sectores de la comunidad en las montañas de Huancavelica.
En la audiencia pública, los jueces escucharon las declaraciones de la presunta víctima Zenón Cirilio Osnayo, quién perdió durante esa supuesta desaparición forzada a su esposa y tres hijas.
Osnayo fue sentenciado a 45 años de cárcel acusado de ser un aparente cabecilla de un grupo terrorista, pero cumplidos 10 años de la condena, en el año 2004, fue absuelto de toda culpa.
“El daño moral nunca me lo van a reparar, esa herida que tengo nunca va a sanar (…) Quiero que me hagan la entrega de los restos para yo tener un lugar donde poner una vela y una flor”, declaró hoy Osnayo a los jueces.
La demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) indica que durante el operativo 15 miembros de la comunidad, entre ellos siete niños de edades entre los ocho meses y siete años, fueron fusilados.
Los detenidos fueron aparentemente golpeados y sus viviendas fueron incendiadas, mientras que sus pertenencias fueron robadas por miembros del operativo militar, según alegó Osnayo.
Posteriormente, las supuestas víctimas fueron llevadas a la Mina Varallón, llamada popularmente como la mina “Misteriosa”, donde fueron ejecutadas por los militares con fusiles y en donde, el Ejército, según la denuncia, empleó dinamita para hacer desaparecer los cuerpos.
A pesar de que en el marco de las investigaciones internas, habría quedado demostrada la responsabilidad penal de los militares denunciados, según la Comisión, tras la reapertura del proceso penal en el año 2005, los hechos se encuentran en la impunidad.
El representante de las presuntas víctimas, Francisco Quintana, explicó a Efe que el caso es un “plan de exterminio de personas que posiblemente eran consideradas como subversivas” y sus autores han quedado en la impunidad.
“Actualmente hay una persona condenada a 20 años de prisión, pero había una patrulla militar en la que estaban una decena de oficiales, entonces, ¿en dónde están ellos?, algunos están prófugos en Argentina”, aseveró Quintana.
El defensor añadió que lo que piden a la CorteIDH es que se avance en las investigación y que se brinde la dignificación con la entrega de los restos a la presunta víctima.
Los representantes de las víctimas también presentaron al perito José Pablo Baraybar, director ejecutivo de la ONG del Equipo Peruano de Antropología Forense, quien aseguró que el Estado no cumplió con los estándares mínimos internacionales de recuperación de restos.
Baraybar expresó que, de momento, no se tiene conocimiento de cuánto excavaron los forenses en la mina para recuperar todas las partes de los cuerpos humanos y criticó que no existe una congruencia entre el informe entregado al Ministerio Público y la cantidad de supuestas víctimas.
El perito añadió a Efe que más allá del caso sobre la Comunidad de Santa Bárbara, Perú debe fortalecer los mecanismos para identificar a las víctimas de desapariciones forzadas y planificar intervenciones antropológicas forenses.
Por su parte, el Estado presentó como testigo el arqueólogo forense del Ministerio Público de Perú, Luis Alberto Rueda, quien participó en una excavación de los cuerpos en el año 2010.
“En la recuperación de los cuerpos se comprobó que fueron ejecutados y dinamitados ya que encontramos fragmentos de cuerpos y no cuerpos enteros (…) Todo el proceso (de recuperación de restos) se llevó a cabo siguiendo las pautas internacionales”, afirmó Rueda.
Agregó que la recuperación tuvo muchas “dificultades”, debido al deslizamiento de piedra y la filtración de agua, y también puntualizó que, según su opinión, la mina fue excavada en su totalidad para recuperar los cuerpos y que los restos se encuentran en el laboratorio forense.
Los jueces escucharán mañana los alegatos finales de ambas partes, así como las observaciones de la Comisión Interamericana.
La CorteIDH es un ente de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros del organismo hemisférico.
Agustín Mantilla es uno de los procesados por 
