(Andina) – La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) expresó hoy su preocupación por la variación judicial del mandato de detención por comparecencia simple a Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermoza Ríos por el caso La Cantuta, y pidió evitar la impunidad de ambos acusados.
Foto archivoSegún la Tercera Sala Penal Liquidadora, esta variación se debe al vencimiento del plazo de detención de 72 meses en el proceso penal seguido a ambos personajes por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado, desaparición forzada y asociación ilícita.
Estos delitos son imputados por haberse cometido, presuntamente, en agravio de nueve alumnos y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (La Cantuta).
Si bien correspondería disponer la libertad inmediata de Montesinos y Hermoza Ríos, esto resulta inejecutable, pues ambos acusados purgan condena por el caso Barrios Altos, en el cual se les impuso 25 años de pena privativa de libertad, precisó la sala judicial.
Gloria Cano, directora ejecutiva de Aprodeh, cuestionó que, pese al tiempo transcurrido, el Poder Judicial siga sin señalar el inicio del juicio oral, lo que obliga a los deudos de las víctimas de La Cantuta a seguir esperando que se resuelva este caso y se sancioné a los responsables.
“Instamos a las autoridades judiciales a que resuelvan con la premura que amerita el caso y así evitar eventuales escenarios que favorezcan la impunidad de los procesados”, señaló.
Según el informe de la CVR, entre 1983 y 1994, los añosde mayor violencia en el distrito de Chungui, 1,384 civiles fueron víctimados por Sendero Luminoso, ronderos y fuerzas de seguridad. La exhumación reciente de 56 restos de comuneros por un equipo forense convocó a hombres y mujeres que cuando niños fueron testigos de la violenta muerte de sus parientes.
Encuentro. Robin y su esposa Mercedes cargan los restos de su padreEncuentro. Robin y su esposa Mercedes cargan los restos de su padreLos persistentes golpes que imprime Félix Pacheco Casafranca en el alcantilado apenas se escuchan. El eco del pico metálico que usa para perforar la montaña se disuelve en el viento fuerte, que se desplaza por el cañón del río Apurímac. Cuando el Equipo Forense Especializado (EFE) llegó a mediados de noviembre a Huallhua, una aldea de Chungui, Félix Pacheco tenía ya 48 horas buscando entre las rocas los restos de su padre, asesinado en 1984.
“Mis papás habían salido temprano a buscar agua al monte cuando escuchamos disparos, solo recién al caer la noche mi mamá regresó. Ella me contó que los ronderos y militares de la base de Mollebamba mataron a mi papá”, afirma Félix, mientras hace descansar la punta de acero de su herramienta en el hombro. Félix cuenta que el cuerpo de su padre fue enterrado aquella vez por su tío en el desfiladero llamado Artesonpata, pero ahora, transcurridos 29 años, no ubica sus restos. El plan trazado por el EFE no tiene registrada oficialmente esta fosa.
La violencia atrapó a las comunidades y caseríos de Chungui a partir de 1983 cuando Sendero Luminoso instaló allí su bastión para enfrentar a los militares y policías, según el antropólogo Edilberto Jiménez, uno de los investigadores de la CVR.
“Muchos comuneros fueron obligados por Sendero a dejar sus pueblos y vivir en la montaña, en grupos de 30 personas, entre niños, mujeres, ancianos y hombres jóvenes, eran la masa. Los pequeños eran los pioneros, pero a los 12 años pasaban a formar la milicia. Los jóvenes eran la fuerza principal, pero ellos no tenían armas como los militares, por eso no había un enfrentamiento directo”, afirma Jiménez.
NIÑOS QUE FUERON
El viento sopla favorable en Pinto, otro sector de las montañas de Chungui. Allí Robin Quispe Días, de 52 años, busca desde hace tres días la tumba de su padre Sebastián Quispe, asesinado en 1987. Robin Quispe cree que una señal divina se ha materializado para concluir su búsqueda. “Hace 10 años quise cazar un venado y cuando lo seguía, encontré la fosa. Ayer, otro venado me trajo aquí”, comenta Sabino Castro, cuñado de Robin.
Alex Curi, arqueólogo del EFE, escarba la tierra, y el rostro de Robin expresa un gesto doloroso. No solo se ha abierto la tierra, sino la herida que conserva este hombre. Reconoce la cruz que antes lucía en el pecho de su padre y que ahora está adherida a la camisa que cubre las costillas de la osamenta.
Felix Pacheco, pico en mano, explica al Equipo Forense Especializado (EFE) donde estaría la fosa que conserva los restos de su padre asesinado hace 30 añosFelix Pacheco, pico en mano, explica al Equipo Forense Especializado (EFE) donde estaría la fosa que conserva los restos de su padre asesinado hace 30 años“Un mes después de que los senderistas nos obligaron a estar en el monte, llegaron los militares. Huíamos por todas partes, pero la explosión de una granada lanzada por ellos mató a mi padre; solo mi esposa mi hija y yo logramos escapar”, recuerda Robin. Al escalar por los cerros para evitar morir asesinada, su esposa Mercedes Castro perdió al bebé que llevaba en su vientre.
Ahora, Mercedes, de 51 años extrae de su manta seis tamales, un bloque de queso una gran bolsa de maíz sancochado, y los comparte con otros mientras la exhumación de su suegro continúa.
Con el aliento recuperado, el arqueólogo coloca el tórax y la pelvis del difunto en una caja, y las extremidades con el cráneo en otra. Robin coloca lo primero en su manta y Mercedes envuelve la caja en la suya. Ambos ascienden hasta el pueblo de Huallhua cargando sobre sus espaldas lo desenterrado.
Otro episodio violento en Chungui lo vivió Valentín Casa Quispe en 1986. Era un niño de 9 años cuando encontró los cuerpos inertes de su madre, hermana y sobrina en un paraje denominado Suyrurupampa. Dos semanas después sería testigo del asesinato de su padre.
“Después de enterrar a mi madre, huimos con mi papá por el monte cuando nos topamos con los ronderos. Yo corrí de la mano de mi papá pero a él lo agarraron. Yo logré saltar hacia un acantilado, y escondido entre la hierba vi a mi padre arrodillado atado de manos, y cómo un rondero le corta de un machetazo la nariz y luego el cuello”, cuenta Valentín.
Sacrificio. La exhumación requiere de fortaleza física de los forensesSacrificio. La exhumación requiere de fortaleza física de los forensesCuando los asesinos partieron, el pequeño Valentín corrió y abrazó el cuerpo aún con vida. “Papay, papay grité llorando, y cuando sus ojos se pusieron blancos se cayó todo”, recuerda.
Comuneros de Huallhua sepultaron a Porfirio Casa Berrocal en un sector llamado Chaquiccmayo. El EFE exhumó los restos óseos de la mamá de Valentín hace dos semanas y exhumarán al de su padre el presente mes.
Valentín apoyó las exhumaciones que el EFE desarrolló en Chungui. Sobre el lomo de sus 10 acémilas se transportaron las osamentas recuperadas a través de las montañas de esta zona, llamada Oreja de Perro.
La violencia dejó en Chungui decenas de niños huérfanos que siguieron huyendo como Félix, Robin y Valentín. Otros como Eugenia Quispe Alarcón fueron ofrecidos a los comuneros de la comunidad de Mollebamba.
Eugenia tenía 7 años cuando ejecutaron a sus hermanas en el caserío de Chaupimayo y a su padre en la base militar de Mollebamba en 1984. Tras esta desgracia, la niña pasó dos años en el monte comiendo hierbas sancochadas y maíz crudo. “Seguía a hombres y mujeres que estaban con sus hijos. Cuando los militares me capturan y me llevan a Mollebamba yo había cumplido 9 “.
Pérdida. Representación de la muerte del padre de Valentín Casa, realizada por Edilberto Jiménez en su libro "Chungui, dolor sin lágrimas" Pérdida. Representación de la muerte del padre de Valentín Casa, realizada por Edilberto Jiménez en su libro “Chungui, dolor sin lágrimas”Los militares la entregaron a la campesina Lorenza Hurtado Alarcón, quien la obligó a pastar su ganado y servir en su casa. “A mí la señora me maltrataba, me gritaba y siempre comentaba en la comunidad que había recogido a una terruquita”. Un año después, su tío Antonio Quispe Nieve la rescató y la llevó a Andahuaylas.
RAZONES DE LA VIOLENCIA
La antropóloga e investigadora de la universidad inglesa de Cambridge, Nathalie Koc-Menard, quien ha estudiado a profundidad la zona, considera que pocos entienden lo que pasó en Chungui en los años ochenta.
“Al inicio, el proyecto de Sendero caló en varias zonas, porque tras la reforma agraria se crea desigualdades en esta zona. Unos comienzan a tener más ganado y poder en la comunidad, y otros no. Surgen envidias y peleas internas entre los comuneros”, afirma Koc-Menard.
Entre comunidades también se crearon rencillas por los linderos y las tierras, lo que ocasionó disputas, las cuales se manifestaron cuando los militares deciden acabar con la presencia senderista.
“Los ronderos dicen: a mí me matan si no sigo las órdenes del mayor del Ejército. Y la política militar era: estoy con ellos o contra ellos. Ahora, entre militares y ronderos se culpan. No fue una guerra entre dos países, fue una guerra que cruza todo lo que podemos creer de convenciones internacionales”, afirma la antropóloga.
Fosa. Mujeres y niños fueron hallados con signos de haber sido fusiladosFosa. Mujeres y niños fueron hallados con signos de haber sido fusiladosEl tiempo transcurrió desde entonces y la vida de la población de Chungui sigue tan precaria como cuando llegó Sendero con su discurso. Más del 50% de sus habitantes son pobres extremos, no hay carreteras, y solo algunas comunidades tienen suerte de tener un profesor y un colegio, además no tienen luz ni señal telefónica. El Estado y las ONG de derechos humanos han olvidado esta castigada zona. Por ahora, sus pobladores solo piensan en curar las heridas, enterrando con dignidad a sus familiares asesinados.
CLAVES
En las diligencias realizadas por el EFE en Chungui, entre noviembre de 2005 y junio de 2013, se recuperaron 166 restos humanos, de los cuales se identificaron 102 y fueron entregados a sus familiares cien cuerpos.
A mediados de 2014, el EFE hará entrega de estos restos a sus familiares en la capital del distrito de Chungui. La última expedición forense se realizó entre el 5 y 20 de noviembre último; y se exhumaron 19 fosas, encontrando 56 osamentas, en su mayoría mujeres acompañadas de niños o niñas.
En abril de 2011, la ONG Comisión de Derechos Humanos denunció al ex mayor de Infantería del Ejército Pedro Baca Doig, ex jefe militar de Chungui en los ochenta. A inicios de 2013 la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho lo ha citado para que declare por la masacre en el distrito.
Señal. El trazo en las vértebras del cuello indica que víctimas fueron degolladasSeñal. El trazo en las vértebras del cuello indica que víctimas fueron degolladas
El fiscal superior penal Luis Landa Burgos pidió 25 años de cárcel para un grupo de militares y policías retirados por la matanza en Lucmahuayco (Cusco) y les imputó los delitos de asesinato y desaparición forzada.
Foto archivoLos acusados son el general del Ejército (r) Juan Gil Jara (exjefe del Comando Político Militar de Andahuaylas), el teniente coronel (r) Roque Salaverry Pereyra (quien fue jefe del operativo militar), Leoncio Cáceres Ballón (exjefe de la 44° Comandancia de la exguardia Civil de Quillabamba) y el coronel de la Policía retirado Víctor Salas Lozano (exjefe del operativo policial).
También hay 26 acusados del delito de asesinato y desaparición forzada de Juan Ccorahua Aspur y de otros 27 pobladores, en 1984, en la localidad cusqueña de Lucmahuayco. El colegiado “b” de la Sala Penal Nacional dictará sentencia en los próximos días.
La Sala Penal Nacional (SPN) inició, el 9 de marzo de 2012, el juicio oral contra el General EP ® Juan Antonio Gil Jara (jefe del Comando Político Militar de Andahuaylas), el Teniente Coronel ® Roque Augusto Salaverry Pereyra (jefe del operativo militar, Leoncio Cáceres Ballón y jefe de la 44° Comandancia de la ex Guardia Civil de Quillabamba), el Coronel ® PNP Víctor Salas Lozano (jefe del operativo policial), y otros 26 acusados del delito de asesinato y desaparición forzada de Juan Ccorahua Aspur y de otros 27 pobladores, en el año 1984, en la localidad de Lucmahuayco en el Cuzco.
IDEELELa Fiscalía Superior ha solicitado se les imponga a los acusados la pena de 25 años de pena privativa de la libertad como autores del delito de asesinato y desaparición forzada. El colegiado “b” de la SPN dictará sentencia en los próximos días.
Cabe señalar que hoy, 4 de diciembre, el Fiscal Landa Burgos presentará oralmente la acusación contra los procesados.
Durante el juicio oral se ha demostrado que los pobladores asesinados no tenían ninguna vinculación con la subversión. Por ello, tanto la Fiscalía Superior Penal a cargo del Fiscal Superior Luis Antonio Landa Burgos y los abogados de la parte civil consideran que las evidencias aportadas en el juicio demuestran la responsabilidad de los acusados.
Como se recuerda, en setiembre y noviembre de 1984, se realizaron operaciones contrasubversivas en el distrito de Vilcabamba en el Cuzco, precisamente en la localidad de Lucmahuayco, y que dio como resultado, el asesinato de 28 pobladores de la zona acusados de subversivos.
Varios años después, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) recibió el testimonio de los familiares de las víctimas y luego de identificar a los presuntos responsables, denunció el caso ante el Ministerio Público. En el 2004 el Poder Judicial abrió un proceso penal que ahora está culminando ante la Sala Penal Nacional.
Lo primero que encuentran los forenses es el casquillo de un proyectil que lleva grabado en la superficie “FAME 77” (Fábrica de Armas y Municiones del Ejército). Tres horas después, descubren bajo 15 centímetros de tierra, el esqueleto de un menor próximo a los 3 años. La osamenta aún conserva la chompa roja que vestía su cuerpo cuando respiró por última vez en 1986, año que los sobrevivientes afirman ocurrió la matanza en este paisaje conocido como Suyrurupampa. Otras cuatro fosas son ubicadas en el mismo lugar por el Equipo Forense Especializado del Ministerio Público (EFE). Toda el área tiene el tamaño de una cancha de vóley y lo escrutado aquí es espantoso: trece menores entre 2 y 16 años; y dos mujeres entre 25 y 40 años, probablemente fusilados y desmembrados, según observan los especialistas en las lesiones de los huesos. Otro casquillo de fusil de guerra calibre 77 aparece.
Mientras los esqueletos de Suyrurupampa son limpiados en las fosas por los arqueólogos, van aflorando ganchos de aluminio para cabello, ojotas de niña hechas de caucho, sujetadores para trenzas, un plato y una olla de metal. Además las osamentas aún visten sus chompas, faldas y cintas multicolores. Pero lo que mejor se conserva es el color cobre de los casquillos de bala.
Aquí se llega después de viajar quince horas en camioneta desde Andahuaylas hasta el pueblo de Amaybamba en la región Cusco. En este pueblo espera Valentín Casa Quispe, un joven arriero de 36 años que carga en sus 10 acémilas todo el equipaje y herramientas para las exhumaciones. Él tiene un interés adicional en apoyar las labores del equipo fiscal, porque cree que en una de las fosas se encuentran los restos de su madre asesinada en 1986, cuando era un niño de 9 años.
Con Valentín se emprende una extenuante caminata de catorce horas por un sendero de herradura que desciende zigzagueando una pared del cañón del río Apurímac. Luego de cruzar el torrente por el puente Pumaccasa se penetra en Chungui, hasta ascender al pueblo de Huallhua, sobre los 2.284 msnm. El equipo de EFE fija una improvisada oficina donde se delinean los últimos detalles. Es necesario caminar cinco horas más al sur, para llegar a Suyrurupampa, donde se empiezan a explorar las primeras fosas.
Al caer la tarde en este paraje, se explora la cuarta fosa y dos anillos aparecen entre una osamenta. Valentín asegura a los especialistas que ella fue su madre. Él recuerda que vio por última vez las oxidadas alhajas en los dedos su progenitora Elena Quispe Alarcón, que fue ejecutada junto a su hermana Juana y la hija de esta. Parado frente a la fosa, Valentín mira cómo dos falanges desnudas cruzan las sortijas, pero no derrama ni una lágrima. “He llorado casi toda mi vida, aquí las enterramos mi padre y yo, dos días después de que la asesinaron los ronderos y una patrulla del ejército de Mollebamba”, comenta.
El campamento que albergó al equipo por 4 días, a 80 metros de las fosas, es desmantelado, y regresa a Huallhua con el cargamento sobre el lomo de ocho acémilas. En una de las aulas de la única escuela primaria se guardan las osamentas en cajas de cartón. En el mismo salón duermen doce de los veinticinco miembros del EFE, compuesto por antropólogos, arqueólogos, odontólogos, biólogos y dos fiscales de Ayacucho.
CHAUPIMAYO
Al día siguiente la mitad del grupo se desplaza a Chaupimayo, un paraje de vegetación enmarañada, clavado en medio de una montaña a cinco horas de Huallhua. Un frondoso árbol de mango cubre con su sombra la denominada Fosa 2. El arqueólogo Dannal Aramburú lleva cinco horas delineando con su navaja, brocha y badilejo la escena del crimen. No es fácil desprender de la tierra las osamentas de lo que parece una mujer y su pequeña. Las raíces se han alimentado de ellas durante 29 años, penetrando las fibras de su vestimenta, los resquicios de sus articulaciones y las fisuras de sus cráneos, hasta encadenarlas al subsuelo.
Antes de terminar y guardar los restos en bolsas clasificadas, el arqueólogo levanta un hueso del cuello, luego dos más, los desempolva con un pincel y comenta: “Fiscal, las incisiones en las vértebras indican posible muerte por degollamiento”. La niña tiene alrededor de seis años y la mujer más de 25. “Las edades se precisarán en el laboratorio”, añade. La fiscal Gloria Pareja Quispe, de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho, anota en su cuaderno.
Eugenia Quispe Sánchez (35) se presentó en el lugar y recordó el horror de esta masacre. “Tenía 7 años en 1984 y me escondí en el monte cuando vi cómo los militares mataron a mi hermana Juana Quipe Sánchez (16) y aquí, cerca del río me contaron que igual pasó con variaspersonas y mi medio hermana Julia Montes Sánchez (25) que murió con su bebé de dos años”.
La mujer señala que los cuerpos de las dos últimas cayeron por una quebrada, a las aguas del río Antaccacca. Un viejo comunero que prefiere que su nombre no sea publicado corrobora el testimonio, añadiendo que los militares actuaron junto a los ronderos de la comunidad de Mollebamba, que dista a 24 horas de camino.
Las Fosas 3 y 4 se encuentran en el mismo paraje; aquí se exhuman los restos de dos mujeres, un hombre y partes de un cuerpo adulto de sexo no determinado. Las incisiones en las vértebras confirman que el método de asesinato fue el degollamiento. Al día siguiente se devela la Fosa 1, que bajo dos metros de tierra esconde los cuerpos de 6 niños o niñas y 4 mujeres. Un proyectil de fusil es encontrado entre los pies desmembrados de una de las víctimas. El último cuerpo que se levanta es el de un menor de menos de un metro de alto, el cual lleva un sombrerito blanco y un pequeño bolso de lana roja que combina con su chompa del mismo color.
Cuando la sombra de las montañas cubre nuestro campamento, la fiscal cree que el testimonio de Eugenia Quispe puede conducir al equipo a una posible quinta fosa. El arqueólogo Dannal Aramburú desciende 50 metros hasta la ribera del río Antaccacca sujetando una soga y empieza una búsqueda metodológica. En veintinueve años la maleza y los derrumbes han cambiado el panorama. El experto observa el cascajo que cubre la tierra, el deterioro de las paredes del acantilado, y descarta posibles lugares en el suelo. Dos comuneros siguen sus órdenes: levantan grandes piedras y realizan huecos con picos en lugares específicos.
En pocos minutos una herramienta desentierra un pedazo de ropa. El hallazgo corrobora la versión de Eugenia: los restos de una mujer joven y de una niña con edad promedio de dos o tres años son encontrados junto a la osamenta de una adolescente. Otra vez las vértebras del cuello están grabadas con los cortes de un filudo metal.
Caída la noche retornamos otra vez a Huallhua, con lo rescatado sobre las acémilas. El filo de las montañas reluce con la luna llena también nuestro trayecto. Ellos retornarán. Otro grupo del EFE tuvo una labor similar en los sectores de Cclastopata, Yaconhuaicco, Huarihuaico, Chaquiccmayo y el cementerio de Huallhua. Las fosas exhumadas fueron 19, donde se hallaron 56 víctimas: 26 menores, 18 mujeres, 6 hombres y 6 adultos de sexo indeterminado.
“Culpar a una persona de autoría inmediata es muy difícil; no existen testigos en todos los eventos y podría prevalecer la presunción de inocencia contra el señalamiento. En el proceso la responsabilidad de las ejecuciones recae en los mandos militares que ordenaron estas ejecuciones que sí figuran con nombre propio en el registro del Ejercito”, afirma la fiscal Gloría Pareja.
CLAVES
Al comparar los censos de 1981 y 1993 en el distrito de Chungui, se constata un descenso de cerca de 47.5% de la población total (de 8,257 habitantes en 1981 a 4,338 en 1993). (CVR).
La CVR contabilizó 300 fosas solo en el distrito de Chungui; también calificó la violencia en la zona como la más “devastadora” de todo el país.
El contexto económico es tan precario como en el periodo de violencia; el 78% de la población es pobre, y hay 51% de pobres extremos, según cifras del MIDIS.
El EFE tiene planeado exhumar un total de 48 fosas entre noviembre y diciembre, donde se exhumarán al menos 202 cuerpos, cuyas muertes se habían producido entre 1984-1989.
Los análisis de laboratorio realizados el último viernes confirman que las personas ejecutadas en Suyrurupampa fueron fusiladas con armamento de guerra.
Tres miembros del grupo Colina recibieron hoy una condena de 22 años de prisión por los cargos de desaparición forzada y homicidio calificado de los nueve estudiantes y el profesor de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta.
Juan Orestes Epifanio Vargas, César Héctor Alvarado Salinas y Ángel Arturo Pino Díaz fueron los que recibieron la sentencia hoy, en la cual se incluye además una reparación civil de 41 mil nuevos soles.
Aldo Albert Velásquez Asencio, quien también participó en este caso de desaparición forzada y homicidio, está no habido.
Cabe recordar que el caso La Cantuta también involucra al expresidente Alberto Fujimori, quien fue condenado en abril del año 2009 por este suceso al ser considerado autor mediato de la comisión de homicidio calificado.
El incidente La Cantuta, producido en julio del 1992, fue uno de los casos que provocaron la sentencia de 25 años de prisión para el exdictador, pese a que en todo momento señaló estar al margen de lo realizado por el grupo Colina.
Cruda realidad. Memoria institucional del Consejo de Reparaciones refleja, una vez más, lo que fue el periodo 1980-2000. Aún tienen muchos retos por cumplir
A siete años del inicio de sus labores, el Consejo de Reparaciones ha hecho públicas las cifras de sus hallazgos que solo hacen recordar lo duro que fue el periodo 1980-2000. En su memoria institucional, denominada “Todos los nombres”, indican que hasta marzo de este año, 182 mil 350 personas, entre víctimas del proceso de violencia y familiares, figuran como inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV).
Cruda realidad. Memoria institucional del Consejo de Reparaciones refleja, una vez más, lo que fue el periodo 1980-2000. Aún tienen muchos retos por cumplirCruda realidad. Memoria institucional del Consejo de Reparaciones refleja, una vez más, lo que fue el periodo 1980-2000. Aún tienen muchos retos por cumplirDe las víctimas, 35 mil 337 señalaron que tuvieron que desplazarse de manera forzosa, mientras que 30 mil 687 fueron víctimas de tortura.
La relación también señala que 7 mil 399 desaparecieron de manera forzada y 2 mil 781 fueron víctimas de violación sexual producto de lo cual hay 106 personas nacidas de esas agresiones.
Pero, además, que 2 mil 692 fueron víctimas de secuestro, 2 mil 6 resultaron heridas o con lesiones y que 802 resultaron discapacitadas. Así como que hubo 719 que estuvieron en prisión a pesar de ser inocentes y que 436 fueron reclutadas de manera forzada.
El documento también revela que 877 policías, 945 miembros de las Fuerzas Armadas y 771 miembros de los Comités de Autodefensa perdieron la vida en esos años.
Igualmente, muestra que los departamentos con mayor número de afectados son Ayacucho, Huánuco, Huancavelica, Junín y Apurímac. Además San Martín, Puno, Lima, Ucayali, Cusco, entre otros.
Pero ahora, con esas cifras, el gran reto del Consejo de Reparaciones, cita el documento, es atender los nuevos casos, pues subsiste una demanda de víctimas individuales y beneficiarios colectivos que solicitan su inscripción en el RUV, por lo que se requiere continuar la atención de víctimas de la violencia en las zonas más afectadas del país.
“Se tiene que hacer el seguimiento y monitoreo de los 60 módulos de atención que existen en convenio con los gobiernos locales y regionales de todo el país y calificar los casos, pues existen aproximadamente 7 mil solicitudes pendientes de evaluación”, cita el texto.
No obstante, se exhorta a continuar con la entrega de certificados de acreditación, ya que ese gesto constituye una reparación simbólica.
Deberán, asimismo, concluir el inventario y realizar la transferencia de las 2/3 partes del acervo del Consejo de Reparaciones al archivo institucional del Ministerio de Justicia.
Sin embargo, los más importantes retos serán modificar el D 051-2011, a fin de dejar sin efecto el plazo para la determinación de beneficiarios de reparaciones económicas, situación que contradice el carácter permanente del RUV; y avanzar en la implementación integral de las reparaciones.
Es decir, diseñar e implementar todos los programas de reparaciones no dinerarias.
Solo cuando las reparaciones lleguen a todas las víctimas y sus familiares, se podrá hablar de justicia y paz.
En cifras
67.120 víctimas varones están registrados en el RUV.
39.799 víctimas mujeres están registrados en el RUV.
2.692 personas fueron víctimas de secuestro, según el RUC.
106 nacimientos como consecuencia de la violación a mujeres en la época de violencia.
Las esterilizaciones forzadas a las que fueron sometidas miles de mujeres durante el gobierno de Alberto Fujimori, y las violaciones sexuales por militares y miembros de Sendero Luminoso ocurridos en los años de violencia política, fueron considerados crímenes de lesa humanidad por un Tribunal de Conciencia impulsado por la sociedad civil.
Justicia civil. Tribunal de Conciencia recibió testimonios de víctimas y resolvieron que el Estado no solo incumplió con proteger sus derechos sino que los vulneróJusticia civil. Tribunal de Conciencia recibió testimonios de víctimas y resolvieron que el Estado no solo incumplió con proteger sus derechos sino que los vulneróCecilia Medina, ex presidenta de la CIDH; Salomón Lerner, ex presidente de la CVR; y Jairo Rivas, ex secretario técnico del Consejo de Reparaciones, recibieron durante tres horas los testimonios de cuatro víctimas.
Una mujer ayacuchana y otra huancavelicana relataron el oprobio que les tocó vivir cuando fueron violentadas sexualmente por militares en su propio lugar de origen.
“Yo tenía 14 años. A mi hermano lo habían secuestrado los senderistas, entonces me llamaron de la Base Militar para que diga dónde estaba él. Me dieron a tomar un líquido blanco que me durmió. Cuando desperté me di cuenta de que me habían violado los soldados”, relató “Carmen”.
Esta mujer que hoy tiene 40 años fue atacada sexualmente en seis oportunidades y quedó embarazada dos veces.
“Doris”, de Ayacucho, dijo en quechua que fue violada cuando los militares llegaron para llevarse a su esposo que luego fue desaparecido.
Los casos de esterilización forzada se dieron a conocer por el hijo de Mamérita Mestanza y por el hermano de Celia Ramos, ambas fallecidas a causa de una operación realizada en pésimas condiciones.
Sobre los hechos de violencia sexual, los jueces señalaron que el Estado vulneró directamente los derechos de estas mujeres a través de sus soldados. Y respecto al programa de esterilización forzada, precisaron que se trató de una política que va contra la Convención Americana de Derechos Humanos. Lamentaron que solo haya asistido uno de los cuatro invitados del Estado.
“Si viéramos el derecho penal internacional, estos hechos ciertamente constituirían crímenes de lesa humanidad”, anotó Cecilia Medina, quien presidió el Tribunal.
Sesión será el día viernes 8 de noviembre de 2013 a las 12 del medio día en la Sala Penal Nacional
El reconocido periodista César Hildebrandt, actual director del semanario “Hildebrandt en sus trece”, brindará su testimonio durante el juicio que se le sigue los varios ex militares, por las desapariciones y torturas de decenas de personas en el cuartel “Los Cabitos”, en el año 1983.
César HildebrandtCésar HildebrandtHildebrandt participará como testigo a solicitud de la Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH, organización representante de 39 familiares. La audiencia se realizará el día viernes 8 de noviembre a las 12 del medio día en la Sala Penal Nacional. En el año 1983, Hildebrandt informó, a través de su programa “Visión”, hechos de detenciones y desapariciones.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad y reconciliación (CVR), El Cuartel Los Cabitos fue la sede del Frente Político Militar de Ayacucho y sirvió como lugar de detenciones, tortura y asesinato entre los años 1983 y 1990. También, la denominada Casa Rosada funcionó como un anexo al cuartel y como un centro de torturas y aniquilamiento.
La doctora Gloria Cano, directora de APRODEH, señaló que hasta la fecha no se conoce el número exacto de cuántos seres humanos fueron llevados a Los Cabitos, torturados y asesinados, sin ningún proceso judicial y cuyos cuerpos fueron quemados en el horno que existe todavía en La Hoyada al lado del cuartel. Los forenses han probado los huesos de 109 personas, pero esto no es un número exacto. Sé teme que sean más.
Ideeleradio.- La Fiscalía y el Instituto de Defensa Legal (IDL) apelaron la decisión del colegiado “A” de la Sala Penal Nacional, tribunal que absolvió a seis implicados en la desaparición forzada de dos pobladores en el cuartel militar Los Laureles, Tingo María, el 7 de mayo de 1990, informó Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del IDL.
Fue al referirse a la absolución de Mario Brito Gomero, Jesús del Carpio Cornejo, Mario Salazar Cabrera, Miguel Rojas García, Robín Valdiviezo Ruiz y Máximo Camacllanqui Aburto, quienes eran acusados por la detención arbitraria y muerte de los ciudadanos Samuel Ramos Diego y Jesús Licetti Mego.
“Como corresponde el Ministerio Público apeló y nosotros lo haremos el día de hoy y suponemos y esperamos que a nivel de la Corte Suprema se ratifique la decisión que la suprema tomó hace dos años y que vayamos a otro juicio”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
Rivera Paz sostuvo que las absoluciones son una situación muy complicada que se viene presentado no solo en el caso Los Laureles, sino en otros expedientes de violaciones de derechos humanos. Indicó que la nueva necesidad de llevar el juicio genera una serie de complicaciones para la parte acusadora y específicamente para la familia.
“Lamentablemente, esta es una situación muy complicada que se viene presentado no solamente en el caso Los Laureles, en el caso de la Universidad del Centro, en el caso Pucará, en el caso de los desaparecidos de la localidad de Matero. Son nuevos juicios, que es cierto pareciera una nueva oportunidad de la justicia, pero termina siendo una suerte de postergación indefinida de las aspiraciones de justicia de los familiares, pero además plantea una serie de problemas”, detalló.
“En este juicio de Los Laureles, por ejemplo, uno de los principales testigos era la esposa del señor Ramos Diego, la señora Belinda Ruiz. La señora dio un testimonio valiosísimo en el primer juicio, pero en el segundo ya no pudo estar, porque falleció de cáncer, y por lo tanto, los nuevos juicios a pesar que permiten una nueva acción de la justicia, pero en realidad termina generando problemas para las partes acusadoras”, subrayó.
Dos procesados no fueron al juicio
Opinó, del mismo modo, que el tribunal que preside Victoria Sánchez Espinoza ha “premiado” con esta absolución a los implicadod. Mencionó que incluso le llamó la atención que dos de los implicados no hayan acudido a la lectura de sentencia.
“[¿El general Miguel Rojas y Máximo Camacllanqui no fueron a la lectura de sentencia?] Efectivamente, ese es un dato muy importante, porque ya en el primer juicio del año 2008 y 2009 se había puesto en evidencia la responsabilidad del ahora general Miguel Rojas García y del elemento de inteligencia que había detenido a Samuel Ramos y Jesús Licetti. En este juicio eso se había ratificado con una mayor solidez y coherencia y justamente un indicativo de eso es que el día de ayer es evidente que ambos tenían un temor absolutamente fundado que podían ser condenados y no asistieron a la lectura de sentencia”, declaró.
“Eso para cualquier conocedor del litigio penal significa que el propio procesado tiene absoluta convicción de su propia responsabilidad y por eso está evadiendo la acción de la justicia, pero creo que sus cálculos no tomaron en consideración esta particular ligereza y deficiente valoración de la prueba con que el tribunal iba a actuar y ayer han sido premiados con esta absolución que los excluye de toda responsabilidad”, agregó.
Absolución fue un hecho sorpresivo
El letrado opinó que la absolución de los procesados es un hecho sorpresivo porque el caso Los Laureles fue un tema investigado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y presentado al Ministerio Público. Cuestionó que el Poder Judicial no haya condenado a los responsables, a pesar de que la Fiscalía y la parte civil tenían la absoluta convicción de que es un caso de una grave violación a los derechos humano.
“Desde la Fiscalía y la parte civil tenemos la absoluta convicción que estamos en un caso de una grave violación a los derechos humanos, que daba cuenta de una desaparición de dos personas por parte de elementos del Ejército. A pesar de ello, se ha emitido una sentencia en la que el tribunal ha absuelto a todos los elementos militares, tanto oficiales como subalternos”, refirió.
Jueces no dicen qué pasó con desaparecidos
Rivera Paz cuestionó, en ese sentido, que los jueces no hayan cumplido con su función de esclarecer los hechos, pues no solamente no tomaron en cuenta la evidencia ni dieron una explicación coherente y razonable sobre qué paso con estos ciudadanos. Recordó que el hecho ocurrió el 7 de mayo de 1990, día en que fueron detenidos por elementos militares los ciudadanos Samuel Ramos Diego y Jesús Licetti Mego, quienes transitaban por las calles de Tingo María en una moto.
“Inclusive, en la moto iba el hijo del señor Ramos, un niño de 10 años, que es testigo de la particular violencia, la brutalidad, con que su padre y su amigo eran detenidos. Él niño quedó ahí desamparado y siendo testigo de todo lo que estaba ocurriendo. […] El hecho concreto es que Samuel Ramos Diego y Jesús Licetti Mego, desde el 7 de mayo de 1990 están en condición de desaparecidos, no han aparecido jamás”, declaró.
“Por lo tanto, tenemos una sentencia bastante no solo insuficiente en términos de valoración de la prueba, sino absolutamente deficiente en términos de explicar qué ocurrió, porque si bien es cierto declara la absolución de los acusados, pero no dice que pasó con Samuel Ramos Diego y Jesús Licetti Mego, a partir del siete de mayo de 1990”, indicó.
