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La Portátil de Urresti

Por Ronald Gamarra

“Con la misma integridad con que ha luchado prácticamente sola, por más de veinte años, para lograr que la justicia vea el caso del aleve asesinato de su esposo, con la misma dignidad con que nunca declinó en su exigencia de verdad y justicia, emplazó a Urresti claramente a defenderse en juicio sin escudarse en el tumulto de una portátil a jornal.”

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El viernes se dio inicio al juicio contra el ex ministro del Interior, Daniel Urresti, quien afronta cargos formulados por el Ministerio Público como responsable del asesinato del periodista Hugo Bustíos, perpetrado en Huanta el 24 de noviembre de 1988, cuando Urresti se desempeñaba como responsable de inteligencia de la base militar de Castropampa. La audiencia fue breve por esta primera vez, pues se limitó a dar por iniciado el juicio oral. El tribunal fijó la siguiente sesión para el 31 de julio.

Urresti asistió a la audiencia acompañado de una portátil vocinglera y agresiva. Su táctica es politizar el juicio a todo trance, presentándose como un político que es perseguido por tener aspiraciones presidenciales. Cree que con ello puede impresionar al tribunal y a la opinión pública. Tal vez su cálculo no sea del todo absurdo, considerando la extrema debilidad institucional y la fragilidad o ausencia de convicciones de mucha gente. Pero si con ello creyó que le bastaría para ganar puntos, se equivocó.

No contaba con la firmeza de la señora Margarita Patiño, viuda del periodista asesinado. Ella, al salir de la sala de audiencias, fue agresivamente rodeada por la portátil de Urresti mientras prestaba declaraciones a la prensa. Intentaron acallarla a gritos en coro y a empujones, pero ella no se intimidó ni bajó la voz. Con la misma integridad con que ha luchado prácticamente sola, por más de veinte años, para lograr que la justicia vea el caso del aleve asesinato de su esposo, con la misma dignidad con que nunca declinó en su exigencia de verdad y justicia, emplazó a Urresti claramente a defenderse en juicio sin escudarse en el tumulto de una portátil a jornal.

El asedio hostil de la portátil a la señora Patiño fue al fin y al cabo contraproducente para Urresti, que cosechó una reacción adversa y se vio obligado a balbucear alguna excusa por las redes sociales, negando toda responsabilidad en la actitud de sus seguidores. ¿Alguien puede creerle?

A Urresti lo acusa su propio colega de armas, el ex oficial Amador Vidal Sambento, número tres del cuartel de Castropampa en la época del asesinato de Bustíos, sentenciado por este crimen en el año 2007 junto con el ex comandante La Vera Hernández, jefe del cuartel de Castropampa cuando se cometió el crimen. Ambos fueron encontrados directamente responsables del asesinato del periodista. El ex capitán Vidal Sambento, después de ser sentenciado, se animó a relatar al Ministerio Público toda la verdad del caso. No le parecía justo, y en verdad no lo es, que ciertos responsables del crimen pasen piola mientras él pagaba el pato.

Urresti era el jefe de inteligencia de Castropampa. Es imposible que no supiera nada del crimen contra el periodista Bustíos. Su afirmación de que se enteró del caso “por las noticias” es inverosímil. ¿Qué razón tendría Vidal para involucrarlo sin motivo? Por el contrario, la participación del jefe de inteligencia parece lógica y necesaria. Urresti tiene mucho que explicar, personalmente, con razones y pruebas, no con el vocerío matonesco de una portátil.

Porque no solo se trata del asesinato del periodista Hugo Bustíos. En la base de Castropampa ocurrieron decenas de desapariciones forzadas de detenidos en aquellos años en los cuales Urresti fue el responsable de inteligencia. ¿Tampoco sabe nada de esos casos tan numerosos? Han pasado más de 25 años desde el asesinato de Bustíos. La justicia para los poderosos avanza con pies de plomo.

Publicado originalmente en Diario 16, el 19 de julio de 2015

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Piden a Presidente de la República se aprueba Ley de Desaparecidos

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS ESPERAN QUE ESTE 28 DE JULIO EL PRESIDENTE HUMALA ANUNCIE LA APROBACIÓN DE LA NORMA.

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© Paraquenoserepita.org.pe© Paraquenoserepita.org.pePQNSR, 20 de julio del 2015.- Familiares de desaparecidos durante la época de violencia de 1980 a 2000, representados en la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política (CONAVIP) y la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) en unión con la Asociación de Viudas, Madres y Sobrevivientes de Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (AVISFAIP) harán entrega de petitorio en Palacio de Gobierno solicitando al Presidente de la República aprobar la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

En la actualidad, en el Perú existen aproximadamente 16.000 personas desaparecidas durante el periodo de 1980 al 2000. Según fuentes del Ministerio Público, de 2002 a 2015, solo se han recuperado 3.202 cuerpos, identificado 1.833 y entregado a sus familiares 1.644.

La ANFASEP ha reportado entre sus socias a 33 madres que fallecieron sin conocer el paradero de sus hijos, esposos y demás familiares. Por su parte las viudas y familiares de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional han señalado que no existe un registro de sus familiares desaparecidos en combate, y en muchos casos luego de tres años se han cerrado las investigaciones y la posibilidad de recuperar sus cuerpos.

Los familiares denuncian que desde hace décadas, la única opción que tienen para recuperar los restos de sus familiares es la vía judicial. Lo cual requiere presentar testigos e inicia un largo proceso judicial. El Ministerio Público no se da abasto, ni cuenta con suficiente presupuesto.

No es la primera vez que el Ministerio de Justicia se compromete a gestionar la aprobación de la norma: en 2014, el ex ministro de Justicia, Daniel Figallo, presentó ante el Primer Consejo de Ministros el proyecto de Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas; el pasado 25 de junio, el actual ministro, Gustavo Adrianzén se comprometió a gestionar la aprobación de la norma y remitirla al Congreso de La República. Los familiares esperan que este 28 de julio el presidente de La República anuncie la aprobación de la norma y acabe con los 30 años de incertidumbre y espera.

Nota: a las 9:00 a.m. los familiares se concentrarán en la Mesa de partes de Palacio de Gobierno; luego acudirán a los medios de prensa y al Ministerio de Justicia para hallar respuesta a su pedido.

Información a la prensa:

Comunicaciones, PQNRSR: comunica@paraquenoserepita.org.pe

Celular: 944263337/ 988570014

Teléfonos: (511) 4716051 – 4723410

Publicado por Paraquenoserepita.org.pe, el 20 de julio de 2015

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“Con argumentos de defensa sin fundamentos, Urresti inicia jucio oral por el Caso Bustíos”

Nota de Prensa COMISEDH:

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© COMISEDH
© COMISEDH

Para más información sobre el caso Bustios puedes leer este artículo:

También aquí las entrevistas dadas después de la audiencia por:

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“El gobierno de Humala no ha hecho nada por las mujeres esterilizadas”

Por Omar Rosel

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, son más de 300 mil las mujeres de escasos recursos económicos que fueron esterilizadas contra su voluntad en el segundo gobierno del ex presidente Alberto Fujimori. Tras 18 años, estas víctimas aún no encuentran justicia, porque se ha intentado archivar este caso hasta en tres oportunidades, a pesar de las contundentes evidencias que existen. Noticias SER conversó con Ana María Vidal, integrante del Grupo de Reparaciones de Esterilizaciones Forzadas, GREF, sobre la nueva investigación fiscal que se viene realizando en torno a este tema y la poca voluntad que muestra el gobierno para reconocer y atender a las víctimas de tan penosos hechos.

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¿Por qué se ha intentado archivar el caso de las esterilizaciones forzadas hasta en tres oportunidades a nivel de la Fiscalía?

© NoticiasSER.pe© NoticiasSER.peHay distintas motivaciones, hay distintas etapas. En este último caso en concreto, si bien se ha reconocido que hubo violaciones de derechos humanos, se ha intentado librar de toda responsabilidad a Alberto Fujimori, en ese tiempo presidente, así como a sus ministros, y solo han quedado las responsabilidades de los médicos. Siempre ha habido un intento de que los más altos niveles de decisión del gobierno no se asuman la responsabilidad, porque fue una política de Estado, desde el presidente de la República y sus ministros de aquel momento.

La fiscal Marcela Gutiérrez ha iniciado una nueva investigación sobre el tema. ¿Qué garantía existe de que ahora este caso pueda avanzar y no termine siendo archivado nuevamente?

Falta que el mismo Ministerio Publico otorgue las garantías para la investigación fiscal. No sé si haya más garantías que antes, porque antes no las hemos tenido, y lo que sí se deja ver es que hay una falta de interés desde el Poder Ejecutivo para saber qué es lo que paso.

¿Son contundentes las pruebas que existen sobre este delito cometido durante el gobierno de Fujimori?

Al modo de ver de los abogados que están llevando el caso, tanto en DEMUS como en el IDL, sí hay pruebas contundentes para decir que hubo un crimen de lesa humanidad, que fue una política pública que se trabajó y conoció desde el más alto nivel. No fue algo creado por los médicos que implementaron la política pública, sino que las órdenes habrían provenido de altos niveles de decisión, tal como se muestra en los documentos presentados en el dossier de Diario 16.

Durante su campaña, Ollanta Humala usó como bandera el tema de las esterilizaciones forzadas para ganarle la segunda vuelta de las elecciones a Keiko Fujimori. ¿Por qué cree, entonces, que no es agenda del gobierno la reparación a las víctimas?

No sabemos, porque lo claro es que el gobierno no quiere hacerse cargo de aquello que le toca. Si bien corresponde primero al Ministerio Publico hacer la investigación pertinente para que el caso pueda pasar al Poder Judicial, esta hasta ahora no ha sido iniciada. El tema no está ni siquiera judicializado. Se ha quedado solo en el Ministerio Público. No sabríamos decir cuál es la motivación para que la verdad y la reparación no sean tomadas como partes importantes de las políticas de este gobierno, ya que fue un motivo de campaña y una promesa electoral. El actual presidente dijo claramente, cuando estaba en campaña electoral, que se haría respetar los derechos de las mujeres y a estas mujeres que fueron violentadas. Si bien la justicia que se busca está fuera de la competencia del Poder Ejecutivo, también se busca la verdad y la reparación.

¿Qué acciones debió emprender el gobierno en este caso?

El gobierno hasta ahora no ha hecho nada por investigar. El ministerio de Salud, por ejemplo, debería saber quiénes fueron las mujeres esterilizadas, cuántas fueron, dónde están sus historias clínicas, pero a la fecha no hay ningún interés por tener un registro al respecto y tampoco hay un interés del gobierno por reconocer que sucedieron las esterilizaciones forzadas. El gobierno de Humala no ha hecho nada por las mujeres esterilizadas

¿Se podría decir que el tema sólo es utilizado políticamente por los actores políticos?

Sí pues. Es utilizado para atacar al fujimorismo, porque fue en el gobierno de Fujimori cuando se perpetró ésta política pública. Al parecer, ahora habría indicios de que esta política fue planeada desde el primer gobierno de Alan García, según lo que sale en la denuncia periodística, pero lo cierto es que ningún mandatario ha hecho algo por la verdad y la reparación. Cada vez que algún gobierno o el Ejecutivo menciona este tema, es para atacar al fujimorismo, pero no se dan cuenta de que están contribuyendo con la impunidad en estos casos.

Publicado por NoticiasSER.pe, el 15 de julio de 2015

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Condenan a militar por asesinato de comuneros en Chilliutira, Puno, en 1991

  • Sala Penal Nacional sentenció a 15 años de cárcel al Cnel. EP Manuel Delgado Contreras por el asesinato de cuatro comuneros de Chilliutira (Puno) en mayo de 1991. También le exigió pagar una reparación civil de S/. 100 mil para cada familia de las víctimas. Se trata de una histórica sentencia de derechos humanos en la que se ratifica la culpabilidad del acusado, luego que éste interpusiera la revisión de su primera sentencia.

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Exhumaciones de restos de las víctimas en Puno, 2011. Foto: Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMAExhumaciones de restos de las víctimas en Puno, 2011.
Foto: Derechos Humanos y Medio
Ambiente – DHUMA
A 15 años de prisión fue condenado el Cnel. EP Manuel Delgado Contreras por el asesinato de cuatro comuneros de Chilliutira (Orurillo, Melgar, Puno) y al pago de S/.100,000.00 de reparación civil a favor de cada familia de las cuatro víctimas. Esta sentencia fue emitida hoy martes 14 de julio por la Sala Penal Nacional (Lima).

En mayo de 1991, Juan Hualla Choquehuanca, Feliciano Turpo Valeriano, Roberto Quispe Mamani y Francisco Atamari Mamani fueron asesinados por los Sub-Tenientes EP José Hildebrando Loayza Gutiérrez y Manuel Giovani Delgado Contreras mientras eran trasladados de la Comunidad de Chilliutira –donde fueron detenidos por el presunto delito de terrorismo– hacia la Base Contrasubversiva de Ayaviri. Pocos metros antes de llegar al cuartel, Loayza y Delgado asesinaron a balazos a los cuatro detenidos.

El 23 de setiembre de 2011, ambos militares fueron condenados a 13 años de prisión por la Sala Penal Nacional por el delito de homicidio calificado. Esta condena fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Posteriormente, Delgado Contreras planteó un ‘recurso extraordinario de revisión’ en el que solicitó la nulidad de su condena debido a que contaba con nuevas pruebas. Este recurso fue admitido por la Corte Suprema en mayo del 2013 y lo declaró ‘fundado’ a fines del mismo año, ordenando el desarrollo de un nuevo juicio en el que se tomen en cuenta estas pruebas.

Este segundo juicio culminó el día de hoy 14 de julio, donde el Colegiado A de la Sala Penal –conformado por los jueces Edita Condori Fernández, Rómulo Carcausto Calla y Sonia Torre Muñoz– decidió condenar a Manuel Delgado Contreras por el delito de homicidio calificado con gran crueldad y alevosía. De esta manera, el Poder Judicial ratificó la culpabilidad de Delgado Contreras en el asesinato de los cuatro comuneros, señalando además que los agraviados no eran terroristas y que estos no intentaron fugar.

El Dr. Hernán Barrenechea, abogado de COMISEDH –institución a cargo de la defensa de los familiares de las víctimas– saludó la decisión de la Sala Penal, precisando que los jueces han valorado correctamente las pruebas y porque se ha alcanzado la justicia debida para las víctimas. “Se espera que esta sentencia sea ratificada por la Corte Suprema para así culminar con la impunidad en que se encontraba este caso”, indicó Barrenechea.

LOS HECHOS

El 21 de mayo de 1991, Juan Hualla Choquehuanca, Feliciano Turpo Valeriano, Roberto Quispe Mamani y Francisco Atamari Mamani son detenidos en la Comunidad de Chilliutira (distrito de Orurillo, provincia de Melgar, Puno) por la patrulla “Pulpo”, al mando del Sub-Teniente EP José Hildebrando Loayza Gutierrez. Mientras eran traslados a pie hacia la Base Contrasubversiva de Ayaviri, la patrulla “Orión”, a cargo del Sub-Teniente EP Manuel Giovani Delgado Contreras, parte de Ayaviri con un vehículo para dar alcance a Loayza Gutierrez. A pocos metros de llegar al cuartel militar, los jefes de ambas patrullas asesinaron a balazos a los cuatro detenidos.

Los acusados han aceptado que cometieron este homicidio contra los cuatro pobladores, pero bajo el argumento de que estos intentaron huir. Sin embargo, no se ha probado que los comuneros hayan intentado fugar. Además, estos se encontraban maniatados y con los ojos vendados.

Fuente: COMISEDH

Publicado por la Coordinadora Nacional de Derechos Humaos, el 15 de julio de 2015

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Mirta Bendezú fue retirada de la Sala Penal Nacional tras ser implicada en escándalo por el caso Matero

  • Una resolución publicada hoy en el diario oficial El Peruano oficializó el retiro de la jueza Mirta Bendezú del Colegiado B de la Sala Penal Nacional, y fue remplazada por el juez Omar Pimentel Calle.

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Mirta Bendezú, la Jueza de la Impunidad © La MulaMirta Bendezú, la Jueza de la Impunidad
© La Mula
La salida de Bendezú del tribunal se da luego de que La República publicara correos electrónicos que la involucrarían en actos de corrupción en el caso Matero, referido a la desaparición de Severino Quispe, Albino Quino, Tineo Pérez y Martín Escriba, ocurrida en 1986 en Ayacucho.

La denuncia periodística revelaría la entrega de una serie de pagos y regalos para lograr que el general EP Marino Ambía Vivanco sea absuelto en el juicio del caso Matero, como finalmente sucedió en enero pasado, en última y definitiva instancia.

Además, ya no será necesario que se resuelva el pedido de recusación contra Benedezú para que se aparte del juicio oral, que arranca el viernes, en el que se le acusa al exministro Daniel Urresti de la autoría mediata del asesinato en 1988 de Hugo Bustíos, cuando este era el corresponsal de la revista Caretas en Huanta, Ayacucho. 

De hecho, las activistas Jo-Marie Burt y María Rodríguez Jaime señalaron en LaMula.pe que, desde el 2008, Bendezú participó como miembro de la Sala Penal Nacional en procesos referidos a casos de graves violaciones a los en 12 de ellos, las sentencias fueron absolutorias. Y en las tres sentencias condenatorias, emitió un voto singular como parte del colegiado para absolver a los procesados.

Esta es la resolución oficial:

separación bendezú

Publicado en La Mula, el 15 de julio de 2015

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Caso Matero: habrían creado red para ayudar a militar en juicio

“Javier Bendezú” y la jueza identificada como “Mimi” habrían constituido una red de jueces y fiscales, al interior de la Sala Penal Nacional, para lograr que el general EP Marino Ambía Vivanco sea absuelto en el juicio del caso Matero, realizado entre marzo del 2007 y agosto del 2008.

Por Vilma Huertas y César Romero (Diario La República)

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La Jueza de la ImpunidadComo hemos informado, toda esta historia aparece descrita en una serie de mensajes intercambiados entre las cuentas mirthabendezu040955@yahoo.es, bendezu_fiscalia@hotmail.com y marinoambia40@hotmail.com, a los que ha tenido acceso La República.

Así, en un correo enviado por “Javier Bendezú” al general Ambía, a las 9:46 de la noche, del 29 de diciembre del 2007, se describe la construcción de dicha red. En la primera etapa, la idea se llegará con presentes a todos los magistrados que van a intervenir en el caso Matero, para en la segunda etapa disponer de toda la información del accionar de los agraviados, fiscales y jueces, de tal manera que en la tercer etapa se logre la sentencia absolutoria.

Para ello, como se lee en un correo del 20 de diciembre del 2007, se pide a Ambía dinero para entregar regalos a una serie de magistrados, cuyos nombres se remiten desde la cuenta mirthabendezu040955@yahoo.es a bendezu_fiscalia@hotmail.com.

“Por favor, te agradeceré que coordines a fin de poder ver con cuánto contamos, te recuerdo que estas personas son de un nivel alto para los presentes y regalos”, dice “Mimi”. Javier reenvía el mensaje a la cuenta de Marino Ambía.

Como informamos en la edición del sábado último, a través de una tercera persona el general Ambía nos ha hecho saber que él no accedió a los pedidos de dinero. Sin embargo, la solicitud llegó a su correo electrónico, por lo que solo una investigación de la OCMA y la fiscalía permitirá aclarar quién o quiénes estuvieron detrás de estos mensajes.

Se debe señalar que en un correo copiado en word, el general Ambía describió su fastidio por los pedidos de dinero. 

“No estoy dispuesto a seguir atendiendo la presión de este señor”, y dice que está dispuesto a confrontarse con el testigo Luis Tinco Cuya y tener una reunión con la magistrada Mirta Bendezú. 

En otros correos también le piden dinero y pasajes aéreos para Tinco Cuya. Los jueces y fiscales que aparecen en la lista de beneficiarios de los regalos también niegan haber recibido presentes durante la Navidad del 2007. 

Pero en un correo del 23 de octubre del 2007, que Ambía remite a Javier se dice: “Hola Javier, para comunicarte que ayer se regularizaron las cuentas de los dos teléfonos, por favor te agradeceré que le digas a tu hermana que efectúe el cambio de número y propiedad, un abrazo y las gracias de siempre”.

© La República¿A qué teléfonos se refiere? La historia la encontramos en un archivo del 5 de julio del 2007, allí se indica que cuando se dirigía a una reunión para ver el caso Matero, la juezaMaría Vidal sufrió el robo de su celular, por lo que aprovechan para regalarle uno y supuestamente captarla para la absolución.

“Ella (Mimi) me dijo que era la oportunidad de hacerle llegar un presente (…) el teléfono que le fue robado era un MOTOROLA V3i de Telefónica del Perú”.

El V3i era de los más lujosos equipos telefónicos en la época en la que se enviaron los correos. A Ambía le piden dos equipos. Uno para devolver a Vidal y otro para “Mimi” o Mirta Bendezú.

Luego, en un correo del 6 de julio del 2007, se le envía a Ambía los nombres y documentos de identidad, para la compra de los celulares. El 17 de octubre, se informa que al recibir los equipos Mirta Bendezú efectuó el cambio de nombre, pero Vidal no, y tiene problemas para realizar los pagos, los cuales se regularizan el día 23.

¿La historia que describen los correos puede ser falsa? Es posible, pero sería difícil de creer por los muchos datos relevantes que contienen. Una serie de diligencias, entre ellas levantar el secreto bancario y de las comunicaciones, permitirá aclarar este embrollo y recuperar la confianza en la Sala Penal Nacional.

Jueza pide que se levante su secreto bancario

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial decidió separar a la jueza superior Mirta Bendezú de la presidencia del colegiado “B” de la Sala Penal Nacional, lo que provocó su alejamiento de varios juicios, donde empezó a ser reemplazada por el juez Omar Pimentel Calle.

Bendezú Gómez solicitó a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) y al Ministerio Público que la investiguen para el esclarecimiento de los presuntos actos de corrupción en el desarrollo del juicio del caso Matero, entre el 2007 y el 2008. Bendezú anotó que esos hechos mancillan su honorabilidad y afectan la imagen del PJ. 

La magistrada también pidió que se levante su secreto bancario y de las comunicaciones, se realice una auditoría y pericia a su equipo de cómputo y se ejecuten otras pesquisas que permitan identificar y sancionar a los verdaderos responsables de los presuntos hechos irregulares en el caso Matero.

La jueza enfatizó que en los más de 30 años de trayectoria  en el PJ no recibió ninguna sanción de la OCMA y en los últimos procesos de ratificación recibió el respaldo unánime del Consejo Nacional de la Magistratura.

Pubilicado en La República, el 15 de julio de 2015

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E-mails revelan un presunto acuerdo para absolver a militar

  • Sala Penal Nacional. Una serie de correos del 2007 y 2008 describe la presunta entrega de celulares, regalos y dinero para el tendido de una red de magistrados que permitiría la absolución del general Marino Ambía, acusado de la desaparición de cuatro pobladores de la comunidad de Matero, en Ayacucho.

La Sala Penal Nacional (SPN) está integrada, en teoría, por los mejores jueces del país. Tienen la misión de juzgar delitos graves de alcance nacional: violación de derechos humanos, narcotráfico, corrupción, lavado de activos y hasta ataques a la prensa.

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Según la FIscalía, Marino Ambía era teniente de la base militar de Cangallo, cuando desaparecieron los pobladores © La RepúblicaSegún la FIscalía, Marino Ambía era teniente de la base
militar de Cangallo, cuando desaparecieron los pobladores
© La República
Sin embargo, en abril último, de manera anónima, llegó a La República un USB cuyo contenido pone en tela de juicio esa teoría. El USB contiene información sobre el caso Matero por violación de derechos humanos: actas, videos, fotos, sentencias y correos que se intercambiaron entre un militar procesado, un intermediario y una “jueza”.

Los correos

Los correos datan de junio del 2007 a agosto 2008. En ellos se describen supuestos actos de corrupción: se solicita dinero y regalos, se oculta la aparición de un testigo clave, se asesora a los acusados y se anuncia una absolución, que efectivamente sucede.

La República ha podido verificar que los archivos grabados en el USB le pertenecen al general de brigada EP Marino Ambía Vivanco, jefe del Comando de Operaciones Terrestres e integrante de la promoción del presidente Ollanta Humala Tasso.

Los correos fueron guardados, unos en formato original, que permite confirmar su autenticidad. Otros fueron objeto de copy/paste y guardados en archivos de texto.

Este intercambio de correos se da, de ida y vuelta, entre tres cuentas: mirthabendezu040955@yahoo.es que firma “Mimi”; bendezu_fiscalia@hotmail que suscribe “Javier”; y marinoambia40@hotmail.com. Esta última cuenta es utilizada hasta hoy por el general Ambía, quien fue juzgado durante 11 años por el caso Matero.

Las dos primeras cuentas, todo indica, fueron creadas para la ocasión. Hasta donde se verificó, parte de la información personal que contienen los correos: domicilios, nombres de familiares, es falsa. Lo preocupante es que el fondo de los temas tratados y las recomendaciones que se hacen en el juicio Matero tienen efectos en la realidad: la sentencia absolutoria.

© La República

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Según la FIscalía, Marino Ambía era teniente de la base militar de Cangallo, cuando desaparecieron los pobladores © La República

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Usted es inocente

El caso Matero, contra tres policías y dos militares, tuvo tres juicios. Los tres concluyeron con sentencia absolutoria. La definitiva se dio en enero último, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema, que preside el juez César San Martín, concluyó que el general Ambía era inocente. La fiscalía lo acusaba de la desaparición de cuatro pobladores de la localidad de Matero, en Ayacucho, en julio de 1986.

Pero en los correos del año 2007, respecto del primer juicio, ya se prevé ese resultado. En un correo, copiado en Word, del 27 de setiembre del 2007, que “Javier” le reenvía al “crnel Ambia”, casi 11 meses antes de dictarse la primer sentencia absolutoria, “Mimi” dice: “… el expediente lo hemos estudiado detenidamente, veo pocas evidencias de su responsabilidad en los hechos, pero como comprenderás a mí no me tiembla la mano al dictaminar una sentencia, yo no me dejo presionar por amenazas ni presiones de la prensa, la decisión la hago de acuerdo a mi conciencia y como veo existen muchas evidencias de su inocencia”.

En este correo también se indica que un testigo (Luis Tinco Cuya) llegó al tribunal con información y pruebas que acreditan la participación en los hechos del general Ambía y del coronel EP Carlos Bardales Angulo, pero que no se recibió oficialmente su testimonio y lo regresaron a Ayacucho.

Los correos siempre van de “Mimi” a “Javier” y este los reenvía inmediatamente o minutos después a Ambia, en algunos casos pasadas las 11 de la noche. En otro correo, 16 de octubre del 2007, se describe una serie de apreciaciones sobre el juicio: “La forma de neutralizar las acusaciones en su contra es mediante la duda”. Unos días después, el 25 de octubre, junto a nuevas opiniones del desarrollo del juicio, se adjuntan tres documentos oficiales recibidos por la SPN, del Ministerio de Justicia, la Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República, solicitando información de los casos por violación de derechos humanos.

En otro, del 3 de noviembre, se solicitó dinero para la atención médica de Luis Tinco Cuya, para evitar que pueda llegar donde Aprodeh o con los periodistas. “Ya suman

$ 600.00 que vengo entregando a la familia y es necesario que me devuelvan este apoyo”, escribe “Mimi” y se dan números de cuentas bancarias para los depósitos.

Tinco también habría recibido un carrito sanguchero, donación de los militares a los que esta acusando, dice otro correo. Luego, al fallecer, supuestamente se da ayuda económica a su esposa.

Párrafos más adelante, “Mimi” afirma: “Este proceso es delicado, tenemos una acusación fiscal de 20 años, además de testigos que sindican directamente a los presuntos autores, pero cuando cada uno realice su descargo oral es cuando ellos van a determinar su inocencia, (…) yo como encargada de los debates lo ayudaré”.

En un correo original del 29 de diciembre del 2007, “Javier” le indica a Ambia que han estado trabajando, en tres etapas, se indica que se trabaja en el tendido de una red, en tres etapas, para lograr la absolución. Para esto se pide dinero con el fin de entregar regalos a diversos magistrados, que aparecen mencionados en otros e-mails. También se regalan dos celulares.

Las conversaciones continúan durante todo el juicio. El 21 de julio del 2008, se reporta una supuesta reunión en la casa de una magistrada, donde se evaluó el alegato escrito por la defensa de Ambía, que se presentó dos días después, el 23 de julio.

Según el correo, las juezas evaluaron el documento y le dan recomendaciones. De acuerdo con las actas del proceso, estas recomendaciones fueron aplicadas por el abogado de Ambía, Rafael Eduardo Franco de la Cuba: el uso de lentes en el tiempo y fotos que enfatizan que dicho procesado no estuvo en Cangallo cuando sucedieron los hechos.

La primer sentencia

El primer juicio del caso Matero estuvo a cargo del colegiado “D” de la SPN, integrado en esa época por las juezas Mirta Bendezú Gómez, María Vidal La Rosa Sánchez y Rosa Amaya Saldarriaga. Se desarrolló desde el 16 de marzo del 2007 hasta el 8 de agosto, lo que coincide con la fecha de los correos.

Bendezú integra la SPN desde agosto del 2003 hasta ahora y se ha caracterizado por emitir sentencias absolutorias en la mayoría de juicios, en los que ha intervenido.

Vidal la Rosa integró la SPN de marzo del 2011 hasta marzo del 2014. Actualmente, esta al frente de la Oficina de Quejas Verbales de la Corte Superior de Lima, pero aún interviene en el caso Acomarca, que se inició cuando ella estaba en el sistema. Vidal también participó en el juicio del caso Rodrigo Franco y motivo su quiebra. Ahora, el nuevo procesos al comando paramilitar aprista será dirigido por Bendezú.

Rosa Amaya es juez superior provisional e integró la SPN de enero del 2003 a abril del 2013. Hoy forma parte de la Segunda Sala Penal Para Reos en Cárcel de Lima.

El 8 de agosto del 2008, estas tres magistradas dictaron sentencia. En el veredicto se hace hincapié en que los testigos tenían desde seis hasta diez años cuando ocurrieron los hechos y que su testimonio genera dudas, porque son familiares de las víctimas.

Al contrario, se da plena certeza a lo que dicen los acusados. Según el veredicto, los procesados no tendrían motivos para mentir y se les absuelve, tal como advierten los correos, porque dicen que no estuvieron en el lugar de los hechos. En julio del 2009, la Corte Suprema revocó este fallo y dispuso un nuevo juicio.

Juez Bendezú: Que fiscal y OCMA investigue

El general Marino Ambía se abstuvo de declarar, por su condición de militar en actividad. A través de un allegado señaló que recibió y contestó los correos, pero que nunca pagó nada, a ningún magistrado.

“Esto es falso. Lo juro. Es una infamia. Nunca he usado ese correo. Mi nombre es sin h. En el Banco de Crédito nunca he tenido cuentas. No tengo un hermano llamado “Javicho”. A mí no me tiembla la mano para resolver en un sentido, para resolver en otro sentido, de acuerdo a mi conciencia. Voy a pedir que la fiscalía, la OCMA investiguen”, declaró la juez Mirta Bendezú.

>> Escuchar audios en Artículo Original

Publicado por La República, el 11 de julio de 2015

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Fiscalía presenta hoy acusación por matanza de Accomarca

  • Asesinato de más de 60 campesinos sigue impune después de 30 años

El Fiscal Superior Penal Luis Landa presentará hoy acusación contra los oficiales y subalternos del Ejército Peruano que el 14 de agosto de 1985 participaron en uno de los peores crímenes del conflicto armado interno hecho ocurrido en la localidad de Acomarca, en la provincia de Vilcashuamán, Ayacucho.

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La mañana de aquel día jamás podrá ser olvidada por los pocos sobrevivientes de la matanza. Desde tempranas horas del día un numeroso grupo del soldados al mando de los Tenientes EP Telmo Hurtado Hurtado y Juan Rivera Rondón incursionaron en la quebrada de Huancayoc y después de reunir a toda la población los introdujeron en dos chozas y procedieron a dispararles de manera indiscriminada para luego lanzarles granadas de guerra para asegurar la muerte de todos. Entre las víctimas que suman casi 70, increíblemente había una aproximadamente 20 niños menores de 10 años y varios ancianos.

Ante el escándalo público el Ejército responsabilizó como único autor del crimen al Teniente EP Telmo Hurtado Hurtado.

Las investigaciones de la Fiscalía y del Poder Judicial determinaron al poco tiempo que el crimen había ordenado por el comando militar de la II División de Infantería del Ejército, cuyo Comandante General era el General Wilfredo Mori Orso. Lamentablemente las investigaciones del Poder Judicial se trucaron como consecuencia de que la Corte Suprema de Justicia dirimió una contienda de competencia a favor de la justicia militar.

Si bien la justicia militar condenó a Telmo Hurtado, esto recién ocurrió el año 1992, es decir, 7 años después del crimen, pero jamás lo condenó por los asesinatos., sino por el delito de desobediencia, por el hecho de que supuestamente no había informado a sus jefes militares sobre el crimen. A pesar de ello Hurtado hizo una carrera militar normal sin ninguna consecuencia a pesar de la codena impuesta.

Sería la Comisión de la Verdad y Reconciliación alentó la reapertura del caso, lo cual ocurrió el año 2005 cuando el Poder Judicial decidió reabrir el proceso judicial contra el General Mori Orso, el coronel Nelson Gonzales Feria (jefe de Estado Mayor de la II División de Infantería), Cesar Martinez Uribe Restrepo (G-2), Carlos Delgado Medina (G-3), José Williams Zapata (Jefe de la Compañía Lince), Helbert Gálvez Fernández Jefe de la Base Contraguerrillas de Vilcashuamàn, Ricardo Sotero Navarro (jefe político militar de Vilcashuamán), Telmo Hurtado Hurtado (Jefe de la patrulla Lince 7), Juan Rivera Rondón (Jefe de la Patrulla Lince 6) y los soldados integrantes de la patrulla de Telmo Hurtado. Todos ellos fueron denunciados como autores del delito de asesinato.

El proceso de investigación judicial demoró varios años y recién en el mes de noviembre de 2010 la Sala Penal Nacional dio inicio al juicio oral contra los procesados. Para tal efecto la fiscalía penal superior había presentado acusación escrita contra los altos oficiales (Mori Orso, Gonzales Feria, Martínez Uribe, Delgado Medina, Williams Zapata, Gálvez Fernández) como autores mediatos del crimen y también presentó acusación contra Hurtado Hurtado, Rivera Rondón y los soldados como autores materiales del crimen.

Durante el juicio oral se logró la extradición de Telmo Hurtado y con sus declaraciones se produjo un hecho realmente histórico en el juzgamiento de casos de violaciones a los derechos humanos. Hurtado no solo aceptó haber participado en el crimen, sino que además declaró que él había recibido órdenes superiores de los oficiales integrantes del Estado Mayor dirigido por el coronel Gonzales Feria. También señaló que ese tipo de hecho eran normales en la zona de Ayacucho porque de esa manera se combatía al terrorismo. En sus declaraciones Hurtado detalló las órdenes recibidas de parte de sus superiores para eliminar a todos porque eran considerados como terroristas comunistas.

Tales declaraciones originaron la realización de diligencias de confrontación de todos los oficiales con Telmo Hurtado, en las cuales este último se ratificó plenamente e inclusive el general Mori Orso le increpó directamente haber dado órdenes para que en setiembre de 1985 –un mes después del crimen- vaya a Ayacucho y colabore con las tares militares de limpieza de la zona, es decir, de eliminación de los testigos sobrevivientes de la matanza.

Luego de casi 5 años de juicio oral esta etapa procesal está llegando a su fin y por ello corresponde que el Fiscal Superior Penal a cargo del caso, el fiscal Luis Landa, cumpla con presentar acusación oral contra los procesados. La fiscalía no solo considera que los hechos y las responsabilidades criminales de los procesados están debidamente acreditas, que el caso constituye un crimen de lesa humanidad y consecuentemente solicitará se les imponga 25 años de pena privativa de libertad.

El tribunal de la Sala Penal Nacional, integrado por el magistrado Ricardo Brousett Salas (Presidente) y por las juezas superiores Mirtha Bendezù y María Vidal La Rosa es el ha encargado de juzgar y sentenciar el presente caso. Se ha convocado sesión de audiencia para escuchar la acusación del fiscal Landa para el día miércoles 7 de Julio a las 10:00 am en la sala de audiencias del penal “Miguel Castro Castro”.

Los abogados del Instituto de Defensa Legal, a cargo de la defensa de la parte civil, presentarán sus alegatos la próxima semana.

Instituto de Defensa Legal

Lima, Julio de 2015

Prensa y difusión IDL

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News Reports on Transitional Justice in Peru

Alberto Fujimori es acusado de robar $1 millón donado a los comando Chavín de Huántar

  • Durante el gobierno fujimorista desapareció un gran monto reservado a los deudos del operativo. Ahora solicitan que se abra una investigación para esclarecer el tema.

Tras el fallo de la Corte IDH en el caso del operativo Chavín de Huántar, Keiko Fujimori alzó su voz de protesta y dijo a través de las redes que el “Perú está en deuda con los comandos y que corresponde indemnizarlos rápidamente”.

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PRI Créditos: EFE / Peru21
PRI Créditos: EFE / Peru21
PRI Créditos: EFE / Peru21Pero la polémica no queda acá, ya que según informó ‘Hildebrandt en sus trece’, estas personas sí recibieron apoyo económico por parte del diario japonés Sankey Shimbun que donó $ 1 millón a los deudos de los hombres de la toma de la embajada japonesa. Y lo más controversial es que esto sucedió en 1997 justo durante el gobierno de Alberto Fujimori, quien ahora su hija pide “indemnización”.

Por tal motivo, el exprocurador Anticorrupción Julio Arbizu emplazó a la lideresa de Fuerza Popular iniciar una investigación “dentro de sus propios cuadros” para saber a qué “bolsillo fue a parar el dinero” destinado para los comandos, aquellos por los ahora aboga, cuando el fujimorismo tiene una deuda pendiente.

El semanario de Hildebrandt tuvo acceso al informe contable de la Contraloría General de la República del año 2004, el cual informa sobre la “desaparición” de 1´002, 891.00 dólares donados por el diario japonés. Ese dinero habría sido depositado a una de las once cuentas de José Kamiya Teruya, el secretario de Fujimori, quien fraguó cheques a nombre de los deudos.

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Publicado en CAPITAL el 6 de julio de 2015