Por María Elena Castillo y Elías Navarro
Una cifra alarmante. A mediados de agosto último las fiscalías de derechos humanos y terrorismo de Ayacucho enviaron sus estadísticas de casos a la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de esa localidad. Los datos reflejan que se archivaron 1,335 casos y solo en 103 se formalizaron denuncias penales.
asesinados durante la violencia política reclaman justicia.
No cesarán hasta alcanzarla“Esta es una situación altamente preocupante, que muestra una tendencia hacia la impunidad”, advirtió la directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Gloria Cano.
En el caso de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial, las estadísticas revelan que de las 3,088 denuncias recibidas desde el 2000, 411 tienen archivo definitivo y 246 provisional y apenas 81 casos pasaron al Poder Judicial.
Algo similar ocurre en la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial. Allí se cerraron definitivamente 213 expedientes y 233 de forma provisional. Solo se denunció en 21 casos.
Mientras que en la Fiscalía Penal Supraprovincial de Huancavelica y Ayacucho, 128 se archivaron de manera definitiva y 104 de forma temporal. Solamente en 11 se formalizó una denuncia.
“Solicitamos la información oficial a la Junta de Fiscales de Ayacucho porque teníamos indicios de este problema. Las cifras han superado lo que esperábamos encontrar”, sostuvo
Agregó que fuentes vinculadas al sector les han alertado sobre la intención de archivar de forma definitiva todos los expedientes cerrados provisionalmente. Explicó que en el primer caso simplemente no se constató que el delito se haya producido, mientras que en el segundo, se comprobó el hecho pero no se puede individualizar al responsable.
“Si hacen eso afectarán el derecho a la justicia de más de mil 500 víctimas, pues muchas de las denuncias se refieren a la desaparición o muerte de más de una persona”, manifestó la abogada.
POR FALTA DE DATOS
Uno de esos casos es el del registrador municipal Teófilo Ramos Gamboa, quien fue secuestrado el 18 de mayo de 1986 por una patrulla militar y llevado al Cuartel Los Cabitos, de Huamanga, encontrándose hasta ahora en calidad de desaparecido.
Hace dos meses, su esposa, Felícita Delgadillo, fue notificada de que el caso se archivó provisionalmente, a pesar de los testimonios que dieron los testigos de la desaparición.
“He pasado 27 años exigiendo justicia. Por todos lados pregunté por mi esposo, lo busqué en los cerros, donde aparecían los muertos, por todos lados hemos caminado, junto a otras mujeres que preguntaban por sus esposos, por sus hijos. La justicia me han negado”, dijo con desesperanza.
El caso fue denunciado incluso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que emitió un pronunciamiento para que se investigue la desaparición de Ramos Gamboa.
Y pese a ello la fiscalía archivó el caso. La resolución señala que no se tiene evidencias suficientes para verificar la “verosimilitud” de los testimonios de los familiares y testigos de la detención, ni de la “posible participación en los hechos investigados por parte de efectivos militares que habrían prestado servicios en la Segunda División de Infantería de Ayacucho en el año 1986”.
Felícita fue testigo directo de la detención. Recordó que esa noche dormían en la casa de su suegra cuando los militares entraron violentamente. Cuando ella pidió explicaciones de por qué se llevaban a su esposo le gritaron: “¡Cállate, terruca; si gritas te disparo!”.
“Lo sacaron de la casa, amarraron sus manos hacia atrás y se lo llevaron en un carro portatropas. Había un civil con una lista en sus manos”, relató con detalle, pues a pesar del tiempo transcurrido, recuerda muy bien lo que sucedió, pues esa noche cambió su vida.
“Hasta ahora no encuentro los restos de mi esposo para poder enterrarlo y rezar oraciones en su memoria. Eso me daría tranquilidad. No estoy conforme con la decisión del fiscal. He pasado años buscando respuestas y hasta ahora no encuentro la verdad ni justicia. Voy a luchar hasta alcanzarlas”, expresó.
NO UNO SINO MUCHOS
Otro caso archivado, que también cuenta con recomendación de la CIDH, es el del profesor Virgilio Fortunato Huarancca Araujo, asesinado en 1983 en el distrito Paras, provincia de Cangallo.
Su esposa, Felicitas Morales Aronés, contó que el 10 de abril de ese año Huarancca fue detenido y ejecutado por una patrulla de Sinchis.
A pesar de que los testigos que vieron la detención testificaron, el caso se archivó de manera definitiva, también porque el fiscal concluyó que no existen documentos ni indicios suficientes para individualizar a los presuntos autores, ya que el Ministerio del Interior no respondió a sus requerimientos.
El mismo problema tiene el caso de once pobladores de Accomarca, ejecutados extrajudicialmente el 3 de setiembre de 1983 por efectivos militares.
Primitivo Quispe Pulido refirió que en esa operación mataron a su hermano, José Cupertino, a su esposa, Maura Baldeón Gamboa, y sus hijos, José y Janeth Quispe Baldeón, de 2 y 4 años de edad respectivamente.
El fiscal archivó el caso provisionalmente porque el Ministerio de Defensa (Mindef) no brindó información sobre los militares que prestaron servicio en el destacamento militar de Vilcashuamán en esa fecha, afirmando que no tienen esa información registrada.
Feliciana Valencia Nanaq pasa por el mismo calvario, por el archivo de la investigación por el asesinato de su padre, Zenón Valencia Navarro, cometido el 24 de junio de 1989, en el distrito de Ayahuanco.
Varios testigos vieron cuando una patrulla Militar de Pampas (Tayacaja), al mando del capitán “Águila”, llegó al centro poblado de Pampa Coris y asesinó a 30 campesinos. Sin embargo, el Mindef tampoco ha respondido a la solicitud de identificación de la fiscalía.
DEFENSORÍA CRITICA LENTITUD
En su último reporte sobre los avances en justicia y reparación a las víctimas de la violencia política, la Defensoría del Pueblo advirtió que el proceso de judicialización ha sido muy lento y ha tenido muchas limitaciones.
La comisionada para la adjuntía de Derechos Humanos, Marlene Román, refirió que uno de los problemas que han motivado el archivo de un gran número de investigaciones fiscales es que el Ministerio de Defensa no entrega los informes para identificar a los presuntos responsables de las violaciones a derechos humanos.
Agregó que el subsistema de derechos humanos no cuenta con una estrategia para encarar el desafío de investigar un número tan elevado de denuncias y de tanta complejidad, y que falta capacitación de jueces y fiscales, los que ahora también ven denuncias de terrorismo y narcotráfico.
Publicado en La República el 29 de setiembre de 2013
