A 28 años. Familiares exigen al Poder Judicial que proceso no se alargue más y culmine con sanción a los responsables.
Gabriel Mazzei Mancesidor
“Fue un trauma, una fecha fatal. Mataron a mi madre, a mis dos hermanos y siete primos, pero la justicia no llega”, recuerda Francisco Ochoa Janampa, natural de Llocllopampa, distrito de Accomarca, Ayacucho, el lugar donde se registró la matanza de 69 campesinos el 14 de agosto de 1985.
FamiliaresOchoa Janampa y un grupo de pobladores de Accomarca realizaron ayer un plantón en el frontis de la Sala Penal Nacional para expresar su indignación y exigir celeridad en el proceso judicial, en el marco de los 28 años de ocurrida la matanza.
“El juicio no se está llevando con seriedad. Este año se han suspendido o postergado 18 audiencias”, señaló Ochoa, quien afirma que asiste a todas las diligencias realizadas en el penal Miguel Castro Castro.
Añadió que los deudos de Accomarca presentaron una queja dirigida a la coordinadora de la Sala Penal Nacional, Inés Villa Bonilla, para solicitarle una mayor atención a este caso y que no se retrase más.
Por su parte, Gloria Cano, representante legal de Aprodeh, denunció que el tribunal tiene “displicencia” para llevar a cabo este proceso.
“Los familiares de las víctimas vienen a Lima en las audiencias en Lima, pero muchas de estas se suspenden. Es una falta de respeto para ellos”, opinó Cano.
PROCESO
El juicio oral se inició en 2010 y está siendo llevado por el colegiado A de la Sala Penal Nacional que preside el juez Ricardo Brousett.
Telmo Hurtado, quien comandó la patrulla militar “Lince 7” que ejecutó a 23 niños, 30 mujeres y 16 varones sindicó en juicio a sus superiores como los responsables del operativo.
Por este caso, son procesados 29 militares. El Ministerio Público ha pedido 25 años para los responsables por este crimen.
La Cuarta Sala Penal Liquidadora, presidida por la juez superior Aissa Mendoza, aprobó el inicio de un nuevo juicio público al ex dictador Alberto Fujimori, por el desvío de fondos del Estado para la compra de la línea editorial de los diarios chicha en los años noventa.
Ahora, solo falta que los jueces definan la fecha, hora y lugar donde se realizará este juicio. Los anteriores, se realizaron en la sede de la Diroes, en ambientes acondicionados para la ocasión, que tendrían que volver a implementarse.
Igualmente, dado que Fujimori cumple una pena mayor de 25 años de cárcel por asesinato y secuestro, que no cambiará con este proceso, el ex dictador podría aceptar los cargos y evitar que este caso se ventile en público y de paso recibir una pena menor, en premio por el ahorro que generaría al Estado.
Alberto Fujimori es acusado en este juicio del delito de peculado.
“Mi madre pedía libertad a presos políticos, no a los terroristas”, dijo Leonor Luna Zamora ante la Sala Penal Nacional que juzga a siete militares por el asesinato de 16 personas en Ayacucho entre junio y diciembre de 1991, por el caso “Agente Carrión”.
Leonor ZamoraLuna testificó ante el tribunal por la muerte de su madre, Leonor Zamora, y acusó que esta se produjo a manos de los militares. “Ella defendía a quienes sufrían detenciones arbitrarias. Por eso es que los militares la amenazaban y también los senderistas”, indicó.
La hija de la ex alcaldesa de Huamanga agregó que su progenitora “defendió los derechos humanos de los indefensos incansablemente”.
En el 2001, la policía incautó al ex militar Fabio Urquizo Ayma un diario en el que describía los crímenes cometidos en 1991 en Ayacucho.
Frontis del cuartel Los Cabitos en la actualidad (Foto María Rodríguez)
Por Jo-Marie Burt y María Rodríguez (*)
Imagínate que hace varios años atrás, te detuvieron, acusado de terrorismo y te llevaron a un cuartel militar, donde te sometieron a brutales torturas. Imagínate que después de un tiempo se dieron cuenta de que no eras terrorista y te soltaron. Sabes que tuviste suerte, pero igual te sientes mal porque muchas personas no corrieron la misma suerte, sabes que otras personas fueron asesinadas y otras desaparecidas para siempre. Pero el conocimiento de tu suerte no alivia el recuerdo del dolor y la humillación que sufriste. Imagínate tener que volver al cuartel donde te sucedieron estas cosas para verificar ante las autoridades judiciales lo que viviste.
Frontis del cuartel Los Cabitos en la actualidad (Foto María Rodríguez)Frontis del cuartel Los Cabitos en la actualidad (Foto María Rodríguez)Eso es lo hicieron varios peruanos y peruanas la semana pasada en Ayacucho. Son los testigos del caso Los Cabitos, que acompañaron a los jueces, fiscales y abogados a la inspección ocular de la base militar y a los centros de inteligencia conocidos como las “casas rosadas”, lugares que se convirtieron en centros de reclusión, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada en los años iniciales del conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000.
El relato que sigue da cuenta de ese proceso. Sucedió durante la tercera visita del colegiado de la Sala Penal Nacional presidida por el magistrado Ricardo Brousset que viajó a Huamanga para recoger los testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas y realizar las inspecciones de los tres locales mencionados, así como de la zona conocida como La Hoyada, explanada contigua al cuartel donde unos años atrás se halló los restos de 109 personas, entre cuerpos enteros e incompletos y un total de 30 kilogramos de restos humanos carbonizados.
Día 1: Los testimonios
Las audiencias se realizaron en la sede de la Corte Superior de Ayacucho. Solo acudieron dos acusados: Pedro Paz Avendaño, ex jefe del Destacamento de Inteligencia, y Humberto Orbegoso Talavera, ex jefe del cuartel Los Cabitos (1), y su abogado Franco de la Cuba. También estuvieron presentes la Fiscal Superior, Luz del Carmen Ibañez; la doctora Gloria Cano, directora ejecutiva de APRODEH y representante de la parte civil; y un equipo de acompañamiento conformado por personal del Ministerio de Salud, REDINFA, APRODEH y la Red de Salud, quienes ofrecieron soporte psicológico a los afectados durante los tres días de procesos judiciales (2).
La Sala recogió el testimonio de nueve personas: un periodista, un abogado de derechos humanos, una víctima de tortura y seis familiares de detenidos-desaparecidos. Los testigos relataron, desde su propia experiencia, los hechos de violencia que vivieron en Huamanga en el año 1983.
Testigos de contexto: Los militares eran “omnipotentes”
Mario Cueto Cárdenas fue corresponsal por RPP Noticias en Ayacucho durante el periodo de violencia. Narró las limitaciones que enfrentó la prensa y la pobreza del sistema de comunicaciones en esa época. En particular, explicó lo difícil que era compartir información con los familiares y reportar las denuncias de detenciones y desapariciones forzadas. A diferencia de las abundantes noticias de personas asesinadas por Sendero Luminoso -el “pan de cada día” de la prensa peruana, según el testigo- ellos reportaban una o dos veces por semana sobre los muertos en los botaderos de Puracuti e Infiernillo: “Cuando veíamos cadáveres con balas en la frente y signos de torturas”, afirmó, “[sabíamos que] eran de las fuerzas del orden”.
Relató cómo, todos los domingos, el jefe del Comando Político Militar (CPM), general Clemente Noel (ya fallecido), participaba en el izamiento del pabellón nacional en la plaza de Huamanga. Acudían autoridades locales. Por su parte, Noel estaba siempre acompañado de efectivos militares. Al finalizar la ceremonia, el General se acercaba a los periodistas, pero siempre negaba las acusaciones de la desaparición forzada de personas.
Luego testificó Mario Enrique Cavalcanti Gamboa, en 1983, el presidente del Comité de Derechos Humanos del Colegio de Abogados. Parte de su labor fue recibir denuncias por detenciones y desapariciones forzadas, así como copias de las denuncias que los familiares o sus abogados hacían llegar a la fiscalía. La fiscalía estaba “muy limitada en sus funciones” en materia de derechos humanos, aseveró: no verificaba los lugares donde se sabía había restos humanos, tampoco hacía seguimiento a las denuncias. Esto sucedía por presiones del jefe del CPM, quien era “prácticamente omnipotente”.
La inoperancia de la fiscalía en esa época fue comprobada por los familiares de las víctimas en sus testimonios. Los testigos también relataron historias que corroboran el modus operandi de las fuerzas del orden al momento de efectuar las detenciones en Ayacucho en 1983: siempre en altas horas de la noche y durante el toque de queda impuesto por el CPM, decenas de soldados encapuchados, vestidos con pantalón verde claro, cafarenas negras, botas y armas largas y cortas irrumpían en las casas de Huamanga; con gritos, golpes e insultos se llevaban a sus víctimas sin decir adónde ni porqué. En muchos casos, fue la última vez que los familiares vieron con vida a sus hijos, padres o hermanos.
La desaparición forzada de un profesor
Audiencia en HuamangaAudiencia en HuamangaAsí pasó con Kío Clímaco, quien declaró por la desaparición forzada de su padre, Octavio Clímaco Chuchón, un profesor en Vischongo que había ido a Huamanga a cobrar su sueldo. Varios efectivos militares irrumpieron en su casa, algunos por el techo y otros por la puerta, y se lo llevaron. Al día siguiente, lo buscaron en la PIP y la comisaría pero la respuesta siempre fue la misma: “acá no hay nada”, “acá todavía no se ha registrado”. Con un abogado fue a la Fiscalía, donde le recomendaron ir al cuartel Los Cabitos a buscarlo, pero no obtuvo ninguna información. Ante esa situación fue a los botaderos, “donde los chanchos comen a los muertos”, según las palabras de Kío Clímaco. Pudo ver varios cuerpos tirados, llenos de espinas, moreteados, pero no el de su padre. Hasta ahora sigue desaparecido.
Dos familias destrozadas por la desaparición de sus familiares
Walter Rómulo Cueto Huamancusi fue detenido y desaparecido el 8 de noviembre de 1983. Así testificó su madre, Isabel Huamancusi, y su hermana, Gladys Cueto. Era de noche, todos estaban durmiendo cuando efectivos militares irrumpieron en la casa. Gladys quien tenía 17 años en ese momento, testificó que despertó abruptamente, pues los militares la comenzaron a golpear. Vio a su mamá parada contra la pared, con las manos hacia arriba. De reojo vio que su hermano, con los ojos vendados y las manos atadas hacia atrás, era llevado por las fuerzas de seguridad. “¡Mamá, se están llevando a Walter!” exclamó, lo cual motivó que uno de los efectivos le diera un culetazo en la espalda. Se quedó calladita, recordó, en medio de un llanto desconsolado. No les permitieron hablar; tampoco les dieron razones de por qué se estaban llevando a su hermano.
Madre e hija buscaron a su hermano en la PIP, la comisaría y el cuartel Los Cabitos. Allí solo recibieron negativas y amenazas de muerte. Días después les informaron que su hermano había sido asesinado, que lo busquen en el botadero Puracuti, pero no lo hallaron. “¡Hasta ahora no sabemos nada!”, exclamó Gladys ante el tribunal. A pesar de que la familia hizo la denuncia por desaparición forzada, ni la fiscalía ni ninguna otra autoridad les hizo caso. Años después, en 1998, Gladys y su familia tuvieron información sobre el asesinato de su hermano. Un hombre les contó que estuvo detenido con varias personas, todos con los ojos vendados. Llamaron a cuatro por su nombre, entre ellos a Walter, los desnudaron y los ajusticiaron en Puracuti. Luego les echaron ácido, quizás por eso nunca hallaron su cuerpo.
La señora Isabel Huamancusi se dirigió al tribunal en quechua. Contó a los magistrados que no solo había perdido a su hijo Walter. En 1990, su hijo Julio César, de 15 años, fue asesinado por militares frente a su casa. Habían llegado a la casa para detenerlo, pero logró escapar, incluso esquivó las balas, pero no por mucho. Unas cuadras más allá de la casa, la señora halló muerto a su hijo, su cuerpo inclinado sobre una piedra, con una bala en la cabeza. Denunció el asesinato a la fiscalía, pero el caso fue archivado. Entre lágrimas, la señora Huamanacusi finalizó su declaración exigiendo justicia. Afirmó que sigue buscando y seguirá buscando, hasta que le digan por qué a uno de sus hijos lo desaparecieron y a otro lo mataron.
La audiencia continuó con el caso de Oswaldo Cárdenas Quispe, detenido y desaparecido el 30 de noviembre de 1983. Declararon sus hermanos Magdalena y Efraín, y su madre Eleodora. La señora testificó en quechua y explicó con mucho detalle cómo fue detenido su hijo y el vía crucis que experimentó su familia al buscarlo. Lograron confirmar que Oswaldo estuvo recluido en Los Cabitos gracias a un soldado huancaíno que se conmovió por su situación y que les ayudó a pasarle comida por dos semanas. Pero un día, este mismo soldado les dijo que se lo habían llevado en helicóptero, sin saber adónde. No volvieron a saber de Oswaldo hasta hace unos meses cuando reconocieron su polo en una exhibición de prendas.
Cuando lo detuvieron, Oswaldo Cárdenas Quispe tenía 16 años y era escolar. Ni siquiera lo buscaban a él sino a un tal “Javier”. Mientras se lo llevaban, su hermana buscó la boleta militar donde constataba su nombre y la mostró a los militares para que lo suelten: “aquí está jefe, sus documentos”, pero no le hicieron caso. Igual se lo llevaron. En la búsqueda de su hijo desaparecido, la señora Quispe se encontró con gente inescrupulosa que quisieron aprovecharse de su desesperación: una mujer le ofreció información sobre su hijo a cambio de dinero; un militar le dijo que era “el dueño del cuartel” y que le haría conversar con su hijo por radio si le llevaba dos gallinas grandes. Años después su esposo también fue asesinado por militares de Chuschi. En uno de sus viajes, se encontró con efectivos militares; trastornado por el dolor y por los efectos del alcohol, los insultó y les gritó, “¡Asesinos!”. Lo mataron a balazos.
“Sabían lo que pasaba”: Testimonio de un sobreviviente de Los Cabitos
Mauro Ramos asistió a la Sala para declarar sobre las torturas sufridas en el cuartel Los Cabitos. Agrónomo de profesión, relató que tenía 20 años cuando fue sacado de su casa, el 20 de setiembre de 1983, en una redada efectuada por militares y comandada por cinco hombres vestidos de civil, con acento costeño. Una vecina que sufría de alteraciones mentales lo sindicó a él y 15 vecinos de la zona como senderistas.
Fue llevado al cuartel Los Cabitos. Pudo reconocer varios de los ambientes pues había hecho el servicio militar en el cuartel entre 1981 y 1982. Contó que fue sometido al colgamiento, el ahogamiento y la electricidad en la planta de los pies, el mismo ciclo de torturas que otros testigos en este juicio han relatado. Quienes aplicaban las torturas y amenazaban a los detenidos, dijo, tenían acento costeño. Fue obligado a ver cómo torturaban a tres de sus vecinos. En otro momento, presenció la violación a una joven por parte de soldados de la tropa dentro del cuartel.
A la pregunta cómo logró salir del cuartel Los Cabitos, Ramos respondió que fue gracias a su cuñado que era miembro del Ejército. Él solicitó la liberación de los 15 vecinos que habían ingresado juntos. Mauro Ramos estuvo 20 días en el cuartel y luego, 15 días en la PIP, donde le tomaron su manifestación y lo soltaron. Sin embargo, quedó con antecedentes penales y en los años siguientes fue detenido varias veces, según él, “para fastidiarlo” pues en una ocasión, sin razón alguna, lo llevaron preso hasta el Palacio de Justicia de Lima. No pudo contener el llanto y la impotencia por lo que sufrió, pues ha vivido con el estigma de ser considerado “un terrorista, un asesino”. Pidió a la Sala “que acabe esta situación ya” y que se haga justicia. Los imputados “no pueden tapar el sol con un dedo,” dijo. “Ellos sabían lo que pasaba”.
Día 2: La inspección de las Casas Rosadas
Casa Rosada de Urb. Mariscal CáceresCasa Rosada de Urb. Mariscal Cáceres
Casa Rosada de Urb. Jardín. Ambas fueron sedes del destacamento de inteligencia del Ejército en Huamanga desde 1983 Casa Rosada de Urb. Jardín. Ambas fueron sedes del destacamento de inteligencia del Ejército en Huamanga desde 1983
La Casa Rosada más antigua, ubicada en la urbanización Mariscal Cáceres, funcionó como sede del destacamento de inteligencia desde inicios de 1983 hasta noviembre del mismo año (3). Por afuera, no ha cambiado mucho; es el mismo frontis que aparece en una fotografía del libro “Muerte en Pentagonito”. Hoy es sede de la Cruz Roja Internacional.
Las partes del proceso judicial fueron llegando al local. Como es de suponer, los jueces y la fiscal arribaron a la diligencia en camionetas oficiales. Los acusados y su abogado se apersonaron en una camioneta negra y con lunas polarizadas. El acusado Orbegoso Talavera caminaba con gafas oscuras y cubriéndose el rostro con un periódico, a diferencia de Paz Avendaño, que no tenía reparos en ser fotografiado.
2 Visita Casa Rosada Urb. Mariscal Caceres 3
Visita Casa Rosada Urb Mariscal CaceresVisita Casa Rosada Urb Mariscal CaceresConversamos con una de las vecinas del local que vive en la zona desde inicios de los 80. Ella describió que en una ocasión escuchó fuertes gritos de mujeres. Dijo, además, que su empleada oía continuamente gritos y lamentos tanto de varones como de mujeres, y música a alto volumen. Fuera de la casa había una garita, con dos hombres vestidos de civil que hacían labores de seguridad.
La segunda Casa Rosada se ubica en la urbanización Jardín. Funcionó como sede de inteligencia a partir de noviembre del año 1983. Antes de ingresar, hubo un desencuentro entre la fiscal y el acusado Paz Avendaño sobre cuál era la casa. Pero la diligencia ya estaba establecida e ingresaron a la casa determinada previamente por la fiscalía.
Afuera, esperaba el señor Teodosio Borda Quispe, de 86 años. Su hijo Jesús Borda Chipana había sido sacado de su casa por efectivos militares vestidos de civil en noviembre de 1983. En su búsqueda fue hasta esta misma vivienda, la Casa Rosada, y reconoció la camioneta verde en que se habían llevado a su hijo. Dos efectivos vestidos de civil y armados le cerraron el paso. No pudo acercarse más. El señor Borda Quispe entregó esta información a los jueces, señalando dónde vio la camioneta estacionada y cómo los efectivos lo apartaron del lugar. Él ya había ofrecido su declaración oficial a la Sala en junio del 2012.
Teodosio Borda relata a los jueces cuando acudió a la Casa RosadaTeodosio Borda relata a los jueces cuando acudió a la Casa Rosada
Procesado Paz Avendaño observa desde atrás, la declaración de Teodosio BordaProcesado Paz Avendaño observa desde atrás, la declaración de Teodosio Borda
Día 3: Volver, 30 años después. La inspección a Cabitos y La Hoyada
El cuartel del horror
VariosSobrevivientes del cuartel Cabitos narrando a los jueces y fiscal sobre sus recuerdos de los días en reclusiónSobrevivientes del cuartel Cabitos narrando a los jueces y fiscal sobre sus recuerdos de los días en reclusión de quienes testificaron en este juicio sobre su reclusión y las torturas que sufrieron en Los Cabitos fueron convocados a participar en la inspección judicial al cuartel (4). No era tarea sencilla regresar al cuartel del horror, 30 años después, para dar cuenta de sus recuerdos de su detención. Su nerviosismo y su temor eran visibles, pero se armaron de valor, pues sabían que su presencia y la información que iban a proveer serían importantes en su larga búsqueda por verdad y justicia.
Los testigos narraron a los jueces haber visto el frontis del cuartel, algunos cuando ingresaron, otros, cuando fueron liberados. Mencionaron que el cuartel había cambiado mucho: no estaba el arco de la entrada, tampoco la estatua y las paredes del costado eran más bajas. Afuera, recordaron, se encontraba una tranquera y a los alrededores no había casas, sino que era pampón y había algunos tunales. Mientras se daban estas primeras declaraciones, la fiscal Ibañez preguntó por los procesados. “Están adentro haciendo coordinaciones”, fue la respuesta. Efectivamente, Paz Avendaño y Orbegoso Talavera estaban tras la reja, dentro del cuartel, conversando y coordinando con los militares de la base y evitando ser fotografiados.
Ya dentro del cuartel, una diligencia de aproximadamente 30 personas se dirigió por una pista que hace 30 años era de tierra. Una de las primeras instalaciones que visitaron, a unos 200 metros de la puerta principal, fue el lugar de residencia de los altos mandos militares en 1983. El primer bloque había sido la vivienda del general Clemente Noel. En el segundo bloque, vivía y trabajaba el acusado Orbegoso; en el tercero, en casas contiguas, residían los coroneles Carbajal, Millones y Saldaña, también acusados en este proceso.
Caminando por la misma pista, arribaron al cuartel Domingo Ayarza. Varios testigos reconocieron uno de los ambientes como el primer lugar a donde fueron conducidos. Era de adobe y se veía deteriorado y antiguo. “Aquí me pusieron la primera capucha y me llevaron allá al rincón”, mencionó un testigo. Otro dijo que en ese ambiente le tomaron sus datos, luego lo vendaron y no pudo ver más. Fuera de este recinto, hacia el lado derecho, reconocieron los restos de unas construcciones de adobe y barro: eran las covachas, cubículos de un metro por un metro con techo de calamina, donde decenas de detenidos fueron recluidos, en condiciones infrahumanas.
Los jueces y demás participantes en la diligencia siguieron caminando hasta llegar a unas canchas de frontón y fulbito, y una piscina. El acusado Orbegoso mencionó que las canchas eran recientes, pero que no recordaba sobre la existencia de una piscina. Pero uno de los testigos que había servido en el cuartel entre 1981 y 1982, recordó que en esa zona sí existió una piscina de 25 a 30 metros. Otros testigos recordaron no solo la piscina donde los zambullían atados a una escalera, sino también otro ambiente contiguo: la sala de torturas. Estos ambientes no aparecieron en el registro de construcción del cuartel Los Cabitos, documento que en ese momento de la inspección fue ofrecido como prueba por la defensa. El mismo comandante Muñoz, jefe de guarnición del cuartel que acompañó a la Sala en la diligencia, manifestó que varias de las construcciones internas no estaban registradas.
Hacia el final del cuartel, cerca al torreón y a la segunda salida que colinda con La Hoyada, llegaron al ambiente de Maestranza. Los testigos reconocieron de inmediato este ambiente: Allí les interrogaron y les practicaron la tortura del colgamiento; aún se veían las vigas por donde colgaban las sogas. Más allá, estaba otro ambiente conocido como La Chanchería. Mauro Ramos, el ex soldado del cuartel que testificó dos días antes, recordó que a principios de los 80 ahí había animales, pero que en 1983 se convirtió en un lugar de torturas muy temido y conocido por los soldados. Cuando estuvo preso, los soldados decían: “si te llevan a la zona de la Chanchería, ya no sales”.
Al finalizar esta parte de la inspección, varios de los testigos ya se habían retirado. El recorrido era largo, algunos ancianos no pudieron caminar todo el tramo del cuartel. Otros testigos referían que no pudieron ver más porque estuvieron vendados o encapuchados, entonces la Sala les autorizó a retirarse. Era palpable el temor que muchos de los testigos aún sentían, miedo de que tal vez “los agarren” nuevamente.
La Hoyada: Las cenizas del olvido
Visita La Hoyada 5 Equipo Médico Forense guiando a la Sala con el Informe Visita La Hoyada Procesados Avendaño y Orbegoso
Izq.: Jueces dirigidos por parte del Equipo Médido Forense, a través de la explanada de La Hoyada. Der.: Procesados Paz Avendaño y Orbegoso Talavera.
Jueces dirigidos por parte del Equipo Médido Forense, a través de la explanada de La HoyadaJueces dirigidos por parte del Equipo Médido Forense, a través de la explanada de La HoyadaProcesados Paz Avendaño y Orbegoso TalaveraProcesados Paz Avendaño y Orbegoso Talavera
En La Hoyada, algunos familiares de ANFASEP esperaban la llegada de la Sala. Estaba Mama Angélica Mendoza con la fotografía de su hijo Arquímedes, e Isabel Huamancusi, con la foto enmarcada de su hijo Walter. También estaba Adelina García, quien nos contó que antes, La Hoyada era una pampa donde los soldados hacían sus prácticas de tiro. “Siempre veníamos” -recordaba Adelina- “pero no nos dejaban entrar, hasta las exhumaciones en el 2005”. Efectivamente, en ese año miembros del Equipo Médico Forense del Instituto de Medicina Legal realizaron excavaciones en la zona de La Hoyada, con hallazgos macabros.
Visita a La HoyadaVisita a La HoyadaLa Sala, que había salido del cuartel Los Cabitos por la puerta trasera, fue dirigida por el antropólogo forense, el arqueólogo y el médico legista miembros de este equipo. Con el Informe Antropológico Forense en mano, señalaron a los jueces las zonas donde encontraron las fosas con los cuerpos enteros y los restos parciales; las cenizas cerca a la quebrada; el perímetro de los ladrillos destrozados, vestigios del horno donde se quemaron cientos de cuerpos humanos, y el tanque de combustible. La Sala recorrió la explanada, tomando fotografías y filmando, constatando lo que se había establecido en el voluminoso Informe de cuatro tomos presentado como prueba del caso por la fiscalía.
La inspección llegó a su fin casi a las dos de la tarde. Los familiares y la doctora Gloria Cano resaltaron la importancia de esta diligencia, pues se había comprobado la existencia de los lugares de tortura y el hallazgo de los restos humanos. La doctora Cano reconoció la valentía de los familiares pues “si no fuera por ellos no se hubiera exhumado, ni siquiera se hubiera iniciado la investigación”.
Por su lado, los familiares exigieron que el Gobierno Regional de Ayacucho cumpla con la promesa de convertir a La Hoyada en un “Santuario de la Memoria”. Cada año más viviendas se van construyendo en la explanada. En algunos casos se han construido casas sobre las excavaciones realizadas por el Instituto de Medicina Legal. Pareciera un intento más de enterrar la verdad, esta vez con ladrillos y cemento.
Notas:
(1) Cuatro imputados fueron eximidos de asistir por motivos de salud: Gral. (r) Carlos Briceño Zevallos, ex Jefe del Comando Conjunto de las FFAA; Crl. (r) Julio Carbajal D’Angelo, 2º Comandante de la 2º zona de Infantería; Crl. (r) Carlos Millones D’Estefano, ex Jefe del Estado Mayor Operativo; y Crl. (r) Roberto Saldaña Vásquez, ex Jefe del Estado Mayor Administrativo. El acusado Arturo Moreno Alcántara, ex Jefe de la Sección Contrasubversiva de la Casa Rosada, se encuentra prófugo en Chile. (^^^)
(2) Además, han estado acompañando a los familiares en diversos procesos como las exhumaciones o la identificación de prendas. (^^^)
(3) Jaime Urrutia habló de este local cuando testificó en el caso. Ver: Antropólogo Jaime Urrutia testifica sobre las torturas sufridas en el cuartel Los Cabitos (^^^)
(4) Ver: Juicio por el caso Cabitos: Crónicas de las audiencias en Ayacucho (Parte I) y “Ya te fregaste, estás en el cuartel” (^^^)
… … …
* Jo-Marie Burtes profesora de ciencia política y directora del Programa de Estudios Latinoamericanos de George Mason University. Es autora del libro, Violencia y autoritarismo en el Perú: Bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (Instituto de Estudios Peruanos, 2011, 2nda ed.). En 2010 tuvo la cátedra “Alberto Flores Galindo” en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dirige el proyecto de investigación Human Rights Trials in Peru (www.rightsperu.net).
María Rodríguez es historiadora egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado estudios de diplomado en Chile, España y Perú en derechos humanos, pedagogía de la memoria, y archivos, y es integrante del Taller de Estudios sobre Memoria Yuyachkanchik. Es asistente de investigación en el proyecto Human Rights Trials in Perú. (^^^)
“No está descartado que expresidente García sea procesado cuando concluya juicio”, sostiene abogada de los deudos Gloria Cano.
El expresidente Alan García será llamado a testificar en el juicio del caso Rodrigo Franco para responder sobre la supuesta protección que brindó, como exjefe supremo de las Fuerzas Armadas del primer gobierno aprista, al referido comando paramilitar acusado de los crímenes del dirigente minero Saúl Cantoral, su compañera Consuelo García y tres estudiantes.
Alan GarcíaAlan GarcíaEl fiscal superior Luis Landa se adhirió al pedido de Cano de convocar a García a juicio y la defensa de los procesados no expresó oposición alguna a la solicitud, por lo que García será llamado a juicio en las próximas semanas.
La solicitud, presentada por la abogada de los deudos Gloria Cano, fue acogida por el colegiado A de la Sala Penal Nacional que procesa al exministro del Interior Agustín Mantilla.
“El comando Rodrigo Franco no pudo haber actuado sin anuencia del Ejecutivo. Para nosotros lo que hacía Rodrigo Franco provenía de García. Los de Rodrigo Franco reivindicaban sus crímenes y queremos saber las supuestas disposiciones que tomó García para desactivar ese grupo paramilitar. Es importante que García venga a explicarle a la sala cuáles fueron las decisiones de su gobierno”, dijo Cano a LA PRIMERA.
Para Cano no existió una decisión política de García y su gobierno para enjuiciar a los integrantes de Rodrigo Franco sino que, por el contrario, fueron protegidos bajo un manto de impunidad.
“Hubo un manto de impunidad, no solo no se investigó sino que se protegió a determinadas personas vinculadas al comando Rodrigo Franco. Queremos saber si la protección provenía del Ejecutivo o si vino a través de Mantilla”, expresó.
Por tanto, la abogada de la parte civil no descartó que García pueda ser procesado por los crímenes del comando paraestatal, en caso al final del juicio se confirmase su conocimiento o participación sobre las actividades de este grupo.
“Si hay algún indicio de que García conocía sobre estos hechos o que prestó su anuencia para la realización y la activación de Rodrigo Franco, tendrá que ser denunciado”, indicó.
LERNER FEBRES A JUICIO
Otro que también será llamado a concurrir a audiencia será Salomón Lerner Febres, expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cuyo informe sirvió para iniciar el proceso.
“Lerner Febres debe explicar las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad, sobre la existencia y actividades del comando Rodrigo Franco”, refirió Cano.
Los dirigentes mineros Cantoral, Víctor Taipe, Raquel Luna y Alfredo Aquino, testificarán también sobre las constantes amenazas que recibía su compañero Cantoral del grupo Rodrigo Franco, antes de ser asesinado.
El hermano del dirigente ajusticiado, Ulises Cantoral, y la viuda Pelagia Contreras de Cantoral, así como los familiares de Consuelo García, y de los estudiantes Sócrates Porta y Miguel Pasache serán asimismo citados a juicio, así como los distintos peritos que estuvieron a cargo de sus muertes.
A continuación, les presentamos notas periodísticas de La República e Ideele Radio, sobre las inspecciones judiciales de los casos “Agente Carrión” o “Morales” y “Cabitos 83”, realizados en la ciudad de Huamanga. Entre los días 25 y 27 de junio se realizaron audiencias itinerantes e inspecciones al cuartel Los Cabitos, la Casa Rosada (destacamento de Inteligencia) y La Hoyada.
En este expediente se imputa el delito de ejecución extrajudicial de 14 personas, las cuales fueron documentadas en 1991, en un diario incautado a Fabio Javier Urquizo Ayma, conocido como el “agente Carrión”.
Urquizo, quien conducía un grupo de inteligencia del Ejército en Ayacucho, habría reivindicado los asesinatos, dando detalles sobre las ejecuciones, las que coinciden con los protocolos de necropsia.
Paralelamente, desde hoy hasta este jueves, la sala recibirá los testimonios de los familiares de las víctimas del caso Los Cabitos. Además, realizará la inspección al Cuartel Los Cabitos, donde habrían ocurrido las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones en 1983.
La fiscalía pidió 30 años de cárcel para Pedro Avendaño Paz, jefe militar de la zona en esa época y otros ex militares.
Jueces recogen testimonios de parientes de víctimas de militares en Ayacucho
Magistrados de la Sala Penal Nacional de Lima recogieron en Ayacucho los testimonios de los familiares de las víctimas y testigos presenciales en el juicio que se les sigue a ex oficiales del Estado Mayor del Cuartel Los Cabitos, a quienes se acusa de la ejecución y desaparición de civiles.
Los ex militares son procesados por los casos “Agente Carrión” y “Cabitos 83”. Por el primero se les imputa el asesinato de 14 personas, entre ellas el periodista Luis Morales Ortega y la ex alcaldesa Leonor Zamora y, por el segundo, el secuestro y desaparición de 53 civiles luego de que estos ingresaran a Los Cabitos.
En el caso “Agente Carrión” son procesados 7 ex militares, siendo uno de ellos el ex agente de inteligencia Favio Javier Urquizo Ayma, a quien se le incautó un diario en el que describía con detalle los crímenes cometidos entre junio y diciembre de 1991.
Junto a Urquizo son acusados el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército Juan Rivero Lazo, el ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército Raúl Silva Mendoza, el ex jefe Político Militar de Ayacucho Hugo Martínez Aloja, el ex jefe de la sección de Inteligencia Sigifredo Miranda Vásquez y su auxiliar Carlos del Busto Hervia, y Abraham Francisco Reyes Ewest Ventocilla.
El octavo acusado, el ex oficial Ángel Tello Tandazo, está prófugo. La fiscalía solicitó 25 años de cárcel para cada uno.
Luis Morales, colaborador del diario Marka, fue asesinado el 13 de julio de 1991.
“Ese día quedamos en encontrarnos a las 9 am (…); a las 8 y 45, escuché cuatro disparos de bala en la dirección de la calle Dos de Mayo. Apenas llegué al lugar encontré a Luis Morales tirado en el piso (…) Tenía dos disparos: uno en la espalda y otro en el cráneo”, relató el periodista Magno Sosa.
Hoy los jueces inspeccionarán los ambientes del cuartel.
Jueces recorrieron centros de tortura de Los Cabitos
Los jueces de la Sala Penal Nacional inspeccionaron ayer, en la ciudad de Huamanga, los dos locales que funcionaron como centros clandestinos de detención y tortura de personas desaparecidas en los años 80, cuando los militares tenían todo el control político militar en Ayacucho y Huancavelica.
El tribunal presidido por el Dr. Ricardo Brousset Salas inspeccionó los ambientes del primer local conocido como la “Casa Rosada”, ubicada en la Urb. Mariscal Cáceres Mz. “L” Lote 9 en la ciudad de Huamanga que, según testimonios, funcionó de enero a octubre de 1983, como un lugar donde se cometían torturas a ciudadanos detenidos.
En este lugar los magistrados constataron los cuartos en los tres pisos, para poder valorarlo y compulsarlo con los testimonios de las víctimas, en el proceso que se encuentra en juicio oral contra siete ex oficiales del estado mayor operativo del cuartel Los Cabitos.
Olga Quispe, profesora cesante, quien vive al lado de la “Casa Rosada”, dijo que con frecuencia escuchaba gritos de hombres y mujeres que se quejaban de dolor. Cuando salía solo observaba a dos policías que prestaban servicio de vigilancia en la puerta.
“Como a las 2 de la tarde escuchaba que le hacían gritar a la gente poniendo música a alto volumen. Una mujer gritaba fuerte de dolor y no sabía qué es lo que pasaba dentro de esa casa”, recuerda la testigo de los hechos.
Sala Penal Nacional realizó audiencia por caso Morales y Cabitos
Ayacucho (Mario Zenitagoya).- La Sala Penal Nacional inspeccionó el sector denominado La Hoyada, las instalaciones del Cuartel Los Cabitos 51 y la Casa Rosada, en el marco de la audiencia del juicio oral de los casos Morales (Agente Carrión y otros) y Cabitos, entre el lunes 24 y jueves 27 de junio.
La Sala Penal Nacional, que preside el magistrado Ricardo Broussett, recogió el testimonio de los familiares de las víctimas y testigos, investigación que empezó en mayo de 2011. En este hecho son procesados siete altos mandos militares por crímenes de lesa humanidad, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violaciones sexuales.
Días atrás, el antropólogo Jaime Urrutia, sobreviviente de torturas y testigo en el juicio por el Caso cabitos, reconoció a uno de los militares que lo interrogó en el año 1983 en Ayacucho. Se trata del acusado Pedro Paz Avendaño, quien fue el jefe del destacamento de inteligencia de Huamanga, acantonado en la Casa Rosada.
En su momento, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) informó que el Cuartel Los Cabitos fue la sede del Frente Político Militar de Ayacucho y sirvió como lugar de detenciones, tortura y asesinato entre los años 1983 y 1990. La denominada Casa Rosada funcionó como un anexo al cuartel y como un centro de torturas y aniquilamiento
Constatan que hubo fosas clandestinas en Los Cabitos
Elías Navarro (Ayacucho)
Jueces de la Sala Penal Nacional inspeccionaron los ambientes del cuartel Los Cabitos que, según la acusación fiscal, funcionó como centro de reclusión, tortura, desaparición y ejecución extrajudicial de sospechosos de terrorismo, durante 1983 y 1985.
En la diligencia, Armando Prado Gutiérrez, Vicente Canchari Lizana, Teodosio Huamán Toledo, Mauro Ramos, entre otros sobrevivientes, reconocieron los ambientes donde fueron confinados arbitrariamente, así como las vigas en las que fueron colgados con sogas para someterlos a interrogatorios bajo torturas.
“Nos llevaron con los ojos vendados y a golpes. Los militares nos torturaron diciéndonos: ¿Dónde están los terrucos que ustedes conocen? ¿A cuánta gente han matado?”, narró.
“Cuando me pasaban con electricidad empecé a temblar –continuó–. Me patearon en el estómago hasta vomitar y me golpearon en la cabeza hasta sangrar. Después de tres días, a mí y a Vicente Canchari nos liberaron diciendo: ¡Corran! ¡Corran! Mientras que Jaime Gamarra se quedó y está desaparecido”.
Los jueces también recorrieron el área de excavación de tumbas clandestinas, de donde se han exhumado restos de 109 individuos. La mayoría tenía orificios de bala en el cráneo y las manos atadas.
Ricardo Brousset, presidente de la Sala Penal Nacional, explicó que la diligencia tiene por objeto conocer las zonas de excavación “para tener una valoración del informe que presentaron los peritos al expediente”.
Al respecto, Gloria Cano, abogada de Aprodeh, señaló que con esta investigación queda comprobado que hubo detenidos dentro de Los Cabitos, así como la existencia de ambientes de tortura y fosas clandestinas donde se hallaron restos de los desaparecidos.
La diligencia forma parte del juicio en el caso Cabitos 83, en el que se acusa a siete ex oficiales EP por la desaparición de 53 personas. Entre los procesados está Carlos Briceño Zevallos, ex presidente del Comando Conjunto de las FFAA en 1983.
El Ministerio Público designó al fiscal Marco Guzmán Baca, a cargo de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial, para que se aboque de manera exclusiva en el caso de María Mamérita Mestanza y las esterilizaciones forzadas.
Además, la resolución da cuenta de que la investigación de este caso es compleja y voluminosa por la trascendencia de los hechos materia de juicio, la gravedad de los mismos, los numerosos testigos y agraviados.
“Es un voluminoso expediente de 118 tomos. Recién esperamos tomar declaraciones de los agraviados que se encuentran en provincias para la quincena de julio”, dijo.
Por este caso son acusados los ex ministros de Salud fujimoristas Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer, Jorge Parra Vergara, Ulises Jorge Aguilar y otros.
Jaime Urrutia, reconocido antropólogo e historiador, testificó el miércoles 12 de junio en el juicio del caso Los Cabitos – 1983. Desde mayo de 2011, la Sala Penal Nacional, presidida por el magistrado Ricardo Broussett, viene juzgando la responsabilidad penal de siete altos mandos militares por crímenes de lesa humanidad —torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violaciones sexuales— que tuvieron lugar al interior del cuartel militar Los Cabitos durante 1983. Urrutia relató cómo fue detenido y torturado, confirmando un patrón ya observado en el proceso. Además, reconoció al Coronel (r) EP Pedro Edgar Paz Avendaño, uno de los militares imputados.
Recuerda con claridad el día que fue detenido —el 6 de mayo de 1983— pues esa tarde un periodista de la BBC de Londres lo entrevistó en su casa, pocas horas antes del inicio del toque de queda impuesto por los militares. Era casi la medianoche, se encontraba descansando en el dormitorio con su esposa. Escucharon ruidos extraños, antes de poder reaccionar, varios hombres encapuchados irrumpieron en la habitación. Llevaban gorras y chompas negras estilo “Jorge Chávez”. Uno de ellos daba las órdenes, los demás obedecían. Rebuscaron entre sus cosas. Seguidamente lo agarraron, colocaron una frazada sobre su cabeza y lo subieron a una camioneta. Se daba cuenta que lo estaban llevando al cuartel Los Cabitos; los años vividos en Huamanga le permitieron reconocer el camino sin dificultad. Ya tenía conocimiento de Los Cabitos; era el único centro de reclusión en Huamanga.
Una vez al interior del cuartel, los militares lo llevaron a una habitación pequeña y oscura, con el piso de tierra y sin ventanas. Estaba vendado, por tanto no podía identificar lo que había a su alrededor cada vez que lo sacaban de la habitación. En dos noches distintas, fue interrogado y sometido a torturas. Urrutia describió el mismo ciclo de torturas relatado por otros testigos en este juicio: primero fue colgado, manos atrás, y golpeado; luego sumergido en una tina de agua hasta casi ahogarse.
Mientras lo torturaban, los militares le preguntaron insistentemente si conocía a alguien de Sendero Luminoso y quiénes eran sus mandos. En la segunda noche, un supuesto colaborador lo sindicó como senderista: “Él es, él es, él es el profesor, él es el jefe, el responsable”. Sin embargo, Urrutia expresó su disconformidad. Por el acento costeño, la acusación vaga, ahora cree que provino de un militar, un falso acusador, en un intento para que confesara.
EL RECONOCIMIENTO
En dos oportunidades Urrutia fue llevado a otra habitación donde le esperaba un hombre vestido de civil. De tez morena, rasgos andinos y de nariz prominente, se identificó como el comandante Paz. Urrutia aducía que su papel era hacer de “policía bueno”. Primero se disculpó con Urrutia por lo que estaba pasando. Le insinuó que el motivo de su detención era porque había sospechas de que el Instituto Arguedas estaba destinando fondos a Sendero Luminoso. Al día siguiente, tuvo una segunda conversación con el comandante Paz, de nuevo en términos cordiales y, sobre el mismo tema: los fondos y su vinculación con Sendero.
En este momento de su testimonio, la doctora Gloria Cano, directora de APRODEH y abogada representante de la parte civil, preguntó a Urrutia si se sentía en capacidad de reconocer al comandante Paz. Respondió que sí. El colegiado, tras realizar algunas preguntas para asegurar que no había problemas de memoria, autorizó el reconocimiento y solicitó a los acusados ponerse de pie.
Desde el inicio de la audiencia, los seis acusados estaban visiblemente nerviosos a diferencia de otras ocasiones en las que se les ha observado tranquilos e incluso desatentos a los testimonios de los testigos. Los seis se pusieron de pie. Casi de inmediato Urrutia señaló a Pedro Edgar Paz Avendaño, ex jefe del Destacamento de Inteligencia en Ayacucho y ex jefe de la Casa Rosada.
El colegiado preguntó a Paz Avendaño si recordaba al testigo. Dijo que no. No sería la primera vez que los acusados en el caso Los Cabitos sufren de amnesia (1).
EL IMPROBABLE AMIGO EN COMÚN QUE LE SALVA LA VIDA
La esposa de Jaime Urrutia tuvo que esperar que se levantara el toque de queda para salir en la mañana a buscarlo. Al igual que muchos de los familiares que buscaban a sus seres queridos capturados, ella fue a Los Cabitos a preguntar por su esposo. Un soldado que estaba en la puerta le dijo que, efectivamente, en la noche había llegado un detenido con las características físicas de su marido.
Seguidamente Urrutia contó la historia que él cree ayudó a salvarle la vida. Su esposa buscó al periodista de la BBC, quien de inmediato emitió una nota denunciando su secuestro. La noticia de su detención rebotó en los medios locales. El diario Marka, donde colaboraba con artículos sobre la realidad local y nacional, y un grupo de académicos, denunció su detención y exigió su libertad.
Al día siguiente, sin embargo, cuando su esposa volvió a Los Cabitos, los soldados negaron que Urrutia estuviese ahí. Tal como negaron a cientos de personas que acudían al cuartel en búsqueda de información sobre el paradero de sus esposos, esposas, hijos e hijas, hermanos y hermanas..
Según Urrutia, hubo otro elemento curioso en su caso, que él cree puede ser la verdadera explicación de su liberación. Según el relato de Ricardo Uceda en Muerte en el Pentagonito, intercedió a favor suyo Jesús Sosa Saavedra, el temido militar conocido como “Kerosene” que en 1985 ayudó a desaparecer los restos de al menos 300 personas ejecutadas y enterradas en los campos alrededor de Los Cabitos, y que luego fue uno de los integrantes del Grupo Colina. Aparentemente Urrutia y Sosa Saavedra tenían un amigo en común, entonces Sosa Saavedra sabía que no tenía vínculo con Sendero Luminoso.
LA POBREZA DE LA LUCHA ANTISUBVERSIVA
El testimonio de Jaime Urrutia ha sido clave en el juicio de Los Cabitos. El reconocimiento de uno de los acusados es por sí contundente. Pero es importante también porque su testimonio coincide en muchos aspectos con las decenas de testimonios de familiares y víctimas que ya han testificado en el juicio.
Ha sido ampliamente documentada la situación de pobreza de los métodos de la lucha contrasubversiva, particularmente en los inicios del conflicto. Ante la ausencia de buenos métodos de inteligencia sobre Sendero Luminoso, las fuerzas armadas actuaron en base a suposiciones y conjeturas. Consideraron a categorías enteras de personas como sospechosos: profesores, estudiantes, personas con alguna vinculación a gremios y partidos de izquierda aun cuando estos estuviesen legalmente constituidos, asimismo, agricultores, especialmente hombres quechua-hablantes, eran considerados como la “masa” o militantes de la organización. Eso dio lugar a detenciones masivas y el uso sistemático de la tortura como método de identificar a líderes y militantes. Un testigo en el juicio declaró que se dio cuenta que los militares observaban las reacciones de los detenidos en las torturas; las que resistían y no hablaban, aducían que eran senderistas, mientras los que se quebraban fácilmente eran consideraron inocentes y en algunos casos por lo menos los dejaban libres. En este juicio, más de 15 personas que pasaron por las cámaras de tortura de Los Cabitos y luego fueron liberados, como el mismo Jaime Urrutia, han testificado ante el tribunal.
Finalmente, Urrutia relató la absoluta negación de los derechos que él, como muchos otros, sufrió durante su detención. Nunca le proporcionaron un médico legista. Jamás hubo una acusación formal contra él y nunca le abrieron un proceso legal. Mientras estuvo en la PIP, supo que dos hombres (militares o policías) fueron al Instituto Arguedas a revisar las cuentas. No encontraron movimientos sospechosos. Poco después, fue puesto en libertad.
Urrutia dijo que cuando fue liberado, no puso ninguna denuncia. Sí dio algunas declaraciones a la prensa sobre su reclusión, pero nunca mencionó el nombre de Paz Avendaño. Cuando el abogado del militar le preguntó por qué, Urrutia le miró fijamente y respondió: “Cuando uno sale de una situación así, la valentía no es precisamente una característica de los liberados”. Para decirlo de otra manera: El terror quita la palabra. Del miedo nace el silencio.
Así se vivió los años del conflicto en Ayacucho en 1983, y se va relatando hoy en día, en un juicio abierto y público, donde pocos prestan atención a los recuerdos de los que padecieron encarcelamiento injusto, torturas brutales, mientras otras almas sufrieron el destino final, la muerte.
*Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política de George Mason University, donde sirve de Directora del Programa de Estudios Latinoamericanos y Co-directora del Centro de Estudios Globales. Es directora del proyecto de investigación Human Rights Trials in Peru (www.rightsperu.net), y autora del libro Violencia y autoritarismo en el Perú: Bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (Instituto de Estudios Peruanos, 2011, 2nda ed.).
María Rodríguez es historiadora egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado estudios de diplomado en Chile, España y Perú en derechos humanos, pedagogía de la memoria, y archivos, y es integrante del Taller de Estudios sobre Memoria Yuyachkanchik. Es asistente de investigación en el proyecto Human Rights Trials in Perú. (^^^)
La Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH, informó que en la audiencia de hoy, realizada en la Sala Penal Nacional, el reconocido antropólogo, historiador, Jaime Urrutia, sobreviviente de torturas y testigo en el juicio por el Caso cabitos, reconoció a uno de los militares que lo interrogó en el año 1983 en Ayacucho. Se trata del acusado Pedro Paz Avendaño, quien fue el jefe del destacamento de inteligencia de Huamanga, acantonado en la Casa Rosada. Por su parte, Paz Avendaño no negó los hechos, solo atinó a decir que no recordaba.
En 1983, Jaime Urrutia era profesor de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y miembro del Instituto Arguedas, así como colaborador del Diario De Marka. Urrutia fue detenido arbitrariamente por militares encapuchados que irrumpieron en su casa y lo ingresaron al Cuartel los Cabitos.
Para APRODEH, representante de 39 familiares de víctimas, este reconocimiento es de suma importancia, ya que confirma la participación de Paz Avendaño en los interrogatorios y del trabajo que realizaba inteligencia en esa época, al interior del cuartel.
Cabe recordar que la Fiscalía pidió 30 años de cárcel para Avendaño Paz y otros ex militares, quienes afrontan un juicio por las desapariciones y torturas a decenas de personas en el cuartel Ayacuchano en el año 83.
Según el Informe de la Comisión de la Verdad y reconciliación (CVR), El Cuartel Los Cabitos fue la sede del Frente Político Militar de Ayacucho y sirvió como lugar de detenciones, tortura y asesinato entre los años 1983 y 1990. También, la denominada Casa Rosada funcionó como un anexo al cuartel y como un centro de torturas y aniquilamiento.
La doctora Gloria Cano, directora de APRODEH, señaló que hasta la fecha no se conoce el número exacto de cuántos seres humanos fueron llevados a Los Cabitos, torturados y asesinados, sin ningún proceso judicial y cuyos cuerpos fueron quemados en el horno que existe todavía en La Hoyada al lado del cuartel. Los forenses han probado los huesos de 109 personas, pero esto no es un número exacto. Sé teme que sean más.
El día de ayer miércoles 5 de junio se realizó la segunda audiencia por el caso Rodrigo Franco en la Sala Penal Nacional. El Colegiado A presidido por la doctora Inés Bonilla declaró infundado el recurso presentado por la defensa de retirar el término de ‘lesa humanidad’ de la acusación fiscal. Al respecto, la abogada Gloria Cano de Aprodeh, representante de una parte de las víctimas, declaró que los delitos de lesa humanidad son “(…) hechos graves que hieren a la humanidad entera y por lo tanto, son imprescriptible e inamnistiables.”
Sala de audiencias de la SPN. Intervención del Fiscal Luis Landa (Fotografía de M. Rodríguez)Sala de audiencias de la SPN. Intervención del Fiscal Luis Landa (Fotografía de M. Rodríguez)En la siguiente audiencia, tanto la fiscalía, la parte civil y la defensa harán la presentación de pruebas, es decir, la lista de testigos y de documentos que se presentarán a lo largo del juicio. Ésta se llevará a cabo el día lunes 10 de junio, de 10.00 am a 1 pm. y de 2.30 a 5.00 pm.
A continuación les alcanzamos dos notas sobre el caso:
Sala Penal Nacional rechaza pedido de Agustín Mantilla
La Asociación Pro Derechos Humanos – APRODEH, saludó la decisión de la Sala Penal Nacional de rechazar el pedido de la defensa de Agustín Mantilla sobre el tema de lesa humanidad. Con esta acción, APRODEH considera que la Sala ha dispuesto que dicho aspecto del caso debe ser debatido y discutido durante el juicio público, el cual será materia de pronunciamiento con la emisión de sentencia correspondiente. La Sala también rechazó el pedido de excepción de prescripción presentada por la defensa de Melgar Moscoso y Farfán Yacila, presuntos miembros del CRF, porque dicho pedido ya se había plantado anteriormente, el mismo que había sido desestimado por la Sala Penal Nacional, al considerar que los hechos son imprescriptibles.
Mantilla, asediado por la prensa a la salida de la SPNMantilla, asediado por la prensa a la salida de la SPNCabe recordar que Mantilla cuenta en su defensa con 3 abogados: José Abanto Verástegui, fue asesor del aprista Luis Alva Castro y ex gerente de la compañía de Exploraciones Algamarca S.A, una empresa del clan de los hermanos Sánchez Paredes; Mario Cavagnaro fue uno de los procuradores de confianza de Alberto Fujimori. Según lo dicho por Rafael Merino Bartett, analista de Montesinos, Cavagnaro escribió varias de las resoluciones referidas al caso Ivcher bajo el dictado de Pedro Huertas y del propio Vladimiro Montesinos en el SIN. Y quien fuera su secretaria cuando era procurador, Susana Oyarce, esposa del hermano de Agustín Mantilla, Jorge Luis, dijo que Cavagnaro recibió más de ciento cincuenta mil dólares que provendrían del dinero de Montesinos; María Silva Mezzich fue abogada del partido Aprista ante el Jurado Nacional de Elecciones.
Datos
Agustín Mantilla es juzgado por haber dirigido el autodenominado “Comando Rodrigo Franco” (CRF), organización criminal a la que se le responsabiliza del secuestro y asesinato de Manuel Federico Febres Flores y los dirigentes sociales Saúl Cantoral Huamani y Consuelo García Santa Cruz. Además, de los asesinatos de Miguel Pasache Vidal y Sócrates Porta Solano. Cabe recordar que APRODEH es representante legal de la parte civil en este proceso.
Los miembros del Comando Rodrigo Franco, implicados en el proceso como autores inmediatos son Jesús Miguel Ríos Saenz, Walter Elías Lauri Morales y Walter Elias Ruiz Miyasato, Jorge Mauro Huamán Alacute, Enrique Melgar Moscoso, Carlos Rogelio Farfán Yacila, Oscar Exequiel Urbina Sandoval, Gino Fiori Gonzáles.
Caso Rodrigo Franco: Sala declaró infundado recurso para retirar término lesa humanidad
José Abanto Verástegui, abogado principal de Agustín Mantilla, fue asesor del aprista Luis Alva Castro y ex gerente de la compañía de Exploraciones Algamarca S.A, una empresa del clan de los hermanos Sánchez Paredes (Fotografía M. Rodríguez)José Abanto Verástegui, abogado principal de Agustín Mantilla, fue asesor del aprista Luis Alva Castro y ex gerente de la compañía de Exploraciones Algamarca S.A, una empresa del clan de los hermanos Sánchez Paredes (Fotografía M. Rodríguez)La Sala Penal Nacional declaró infundado hoy el recurso presentado por la defensa del ex ministro del Interior Agustín Mantilla para que se retire el término lesa humanidad de la acusación por los asesinatos de un grupo de dirigentes sindicales cometidos por el Comando Rodrigo Franco en el primer lustro aprista.
El tribunal consideró que la condición de lesa humanidad se establecerá mediante avance el proceso. Además, el colegiado rechazó otros pedidos hechos por los coprocesados. Uno para que el caso sea declarado prescrito, porque ha pasado 25 años desde los crímenes que se les imputa.
Y el segundo, en que pedían que la nulidad de la declaración de complejo del proceso, tampoco fue admitida. La audiencia contra Mantilla y los integrantes del supuesto comando Rodrigo Franco fue suspendida y reprogramada para el lunes 10 de junio.
El ex ministro del Interior aprista se fue de la Sala Penal Nacional sin declarar a la prensa.
La fiscalía ha solicitado que Mantilla y sus coprocesados sean condenados a 25 años de prisión por los presuntos delitos de secuestro y homicidio calificado contra cinco personas.
