Representantes de organizaciones de afectados de Ayacucho solicitaron el retiro inmediato de Daniel Urresti del cargo de Ministro del Interior, al que juramento recientemente, por estar comprendido en un proceso judicial donde se le acusa de ser el “autor mediato” en el asesinato del periodista Hugo Bustíos, corresponsal de la revista Caretas, ocurrido el 24 de noviembre de 1988, cuando el hoy Ministro del Interior se desempeñaba como jefe de la Sección de Inteligencia S-2 en Ayacucho.
Felimón Salvatierra, Presidente de la Coordinadora Regional de Afectados por la Violencia Política (CORAVIP), manifestó su indignación porque el gobierno de Ollanta Humala esté permitiendo el ingreso a cargos de alto nivel de decisión política a personas que estan presuntamente implicados en hechos de lesa humanidad como es el caso del Ministro del Interior, Daniel Urresti.
Asimismo el representante de la CORAVIP dijo que Daniel Urresti “debería dar un paso al costado” por dignidad para que pueda afrontar de forma independiente el proceso judicial en el cual se encuentra implicado. “Este señor debería renunciar para colaborar con la justicia y que en ella se determine su responsabilidad en el caso de la muerte del periodista Hugo Bustíos”, declaró.
Salvatierra dijo que Ollanta Humala al designar a Urresti como Ministro del Interior estaría buscando protegerlo ante estos procesos judiciales por hechos de lesa humanidad en la cual está comprendido. También dijo que en breve la CORAVIP emitirá un pronunciamiento con respecto a este caso, solicitando la salida de Urresti del cargo ministerial que ocupa.
Un sentimiento de indignación
Percy Huauya, integrante de las organizaciones de afectados, manifestó su preocupación por la forma de actuar del gobierno de Ollanta Humala con respecto a la designación de Urresti en la cartera del Interior teniendo en cuenta sus antecedentes.
“Tenemos un ministro que tiene que ver con violaciones de derechos humanos y eso preocupa a todos y ahí el gobierno tiene que pronunciarse y si tiene compromiso con el tema de derechos humanos Urresti tiene que dejar el cargo, a nosotros nos indigna su presencia en el gabinete”, expresó.
Por otro lado Huauya indicó que las organizaciones de afectados de Ayacucho rechazan enérgicamente a los ex militares que están vinculados en atropellos de los derechos humanos y “es por eso que nosotros como organización hemos vetado de la región en no apoyar al candidato militar que está postulando a la presidencia regional”.
Pendiente. La Corte Suprema resolvió hace casi un año que el caso sea visto por la Sala Penal Nacional, pero aún no se traslada el expediente porque los jueces no han suscrito dicho fallo.
Por María Elena Castillo
Han pasado 17 años desde que la agente Mariela Barreto, quien integró uno de los equipos del destacamento militar Colina, fue asesinada por sus mismos compañeros como parte del operativo Tigre, destinado a frenar la infiltración de información a los medios de comunicación sobre los crímenes cometidos por este grupo. A pesar del tiempo transcurrido, no se ha hecho justicia.
La directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) –institución que tiene a su cargo el caso–, Gloria Cano, informó que el 6 de junio de este año la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema anuló la resolución que declaraba improcedente la solicitud de variación de mandato domiciliario que tenía el oficial militar.
“Esto ha sido posible por la lentitud que hay en el caso”, explicó la abogada.
Interminable proceso
Cano detalló que al haberse acabado las instancias internas, el caso fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos, y tras llegar a una solución amistosa con el Estado peruano, se reabrió la investigación.
“Desde el 2011 estaba pendiente la acusación. La Tercera Fiscalía Superior Anticorrupción la emitió recién el 1° de marzo del 2013. Nosotros nos enteramos por la prensa. No nos notificaron”, remarcó.
Agregó que, quince días después, la Cuarta Sala Penal Liquidadora, que debió ver el caso, declinó para que sea visto por la Sala Penal Nacional.
Un año sin firmas
En agosto del 2013, la Corte Suprema confirmó el traslado; sin embargo, a casi un año de ello, el juicio oral no ha empezado.
“Desde esa fecha no remiten el expediente. Y, cada vez que preguntamos, dicen que la Ejecutoria Suprema está pendiente de firma”, dice, indignada.
Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo y los responsables siguen saliendo. Si el jefe del destacamento Colina y principal implicado, Santiago Martin Rivas, no se ha beneficiado con la demora judicial en este caso es porque está condenado a 25 años por la masacre en el solar de Barrios Altos, cometido en 1991. Barreto tenía una hija con Martin Rivas, pero se separó de él tras enterarse de los crímenes.
También han sido acusados por el asesinato de Barreto el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y el general Nicolás Hermoza Ríos, entre otros.
La abogada de Aprodeh cuestiona el retraso. “No entendemos por qué la demora. No vaya a ser que luego digan que no es delito de lesa humanidad y lo prescriban, como ocurrió en un caso reciente”, advirtió.
Un asesinato de espanto
El 24 de marzo de 1997, una niña encontró un saco cerca de su casa en Carabayllo, en el que se encontraba un cuerpo seccionado y sin cabeza. Poco después, Oscar Barreto lo identificó como el de su hija Mariela, por unas cicatrices que tenía. Días antes, ella le había dicho que temía ser asesinada.
En el 2010, La República tuvo acceso a un grupo de fotografías tomadas luego de la autopsia y que estaban guardadas en el archivo de la morgue. Las imágenes muestra que los cortes son precisos y parecen haber sido hechos con material quirúrgico.
Ese mismo año se exhumaron los restos para determinar la causa de muerte. Las investigaciones revelaron que habría sido torturada y descuartizada aún con vida.
Alerta. Defensoría y abogados de derechos humanos advierten que esta sentencia puede sentar precedente y afectar otros casos.
Por María Elena Castillo
Treinta años esperó la familia de Lester Verau Luján para alcanzar justicia. El año pasado la Sala Penal Nacional condenó a los policías que lo detuvieron, lo torturaron y luego lo ejecutaron en julio de 1983, junto a otras cinco personas, en las serranías liberteñas de Curgos. Sin embargo, hace dos semanas la Corte Suprema notificó una resolución anulando todo, con el argumento de la prescripción, pese a que este beneficio no procede para graves violaciones a los derechos humanos.
La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema –de la que forma parte el ex presidente del Poder Judicial Céasr San Martín– basa su decisión en que al haberse encontrado los restos de Verau en el 2004, la fiscalía cambió el tipo de delito, de desaparición forzada al de homicidio calificado, y por tanto prescribió a los 20 años de producido el crimen, por lo cual ordenó la libertad de los condenados.
En cambio el vocal Víctor Prado Saldarriaga, en un voto singular, sostuvo que se trató de un crimen de lesa humanidad, pues no hubo enfrentamiento como aseguraron los policías en su momento, sino que las víctimas fueron detenidos en forma arbitaria, torturados, ejecutados y luego enterrados en una fosa común. Y por lo tanto, no se puede aplicar la prescripción.
Precisamente, el informe del Equipo de Antropología Forense (EPAF), que tuvo a su cargo la exhumación de los cuerpos, da cuenta de que además de los orificios de bala, algunos de los cuerpos presentan lesiones por golpes y maltratos, entre ellos el de Verau.
Por su parte, la adjunta para Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, Gisela Vignolo, recordó que esta institución ha sostenido siempre que las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo de violencia son imprescriptibles, conforme a los tratados y la jurisprudencia nacional e internacional.
Lamentó que la Suprema no haya tomado en consideración la naturaleza de los hechos, y declarado la prescripción, aplicando reglas que corresponden a delitos comunes, pese a que esto ya había sido resuelto por Sala Penal Nacional.
“Esta decisión es preocupante porque podría generar un precedente frente a otros casos que lleguen a esta instancia, además de impactar negativamente el proceso judicialización de estos crímenes”, dijo.
La directora de la Asociación Pro Derechos Humanos, Gloria Cano, y el abogado del Instituto de Defensa Legal, Carlos Rivera, alertaron que este fallo puede ser utilizado por los actuales procesados por violaciones a derechos humanos, como en el caso Los Cabitos o incluso por los ya condenados por la desaparición y ejecución del profesor y los estudiantes de la Universidad La Cantuta.
Hijo indignado
Joaquín Verau, hijo mayor de una de las víctimas de Curgos, señaló que se siente indignado con la decisión de la Corte Suprema, pues es una nueva violación, esta vez a su derecho a la justicia.
“Mi padre era un comerciante, no un terrorista. Quedó probado con el fallo del año pasado, pero ahora nos niegan la justicia”, manifestó.
La abogada del caso, Nilda Tincopa, informó que acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Discurso de Gisela Ortiz durante la inauguración del Museo de la Memoria de Huancayo, en la región Junín.
Por Dany Valdez
Yalpana Wasi – Wiñay Yalpanapa o casa de la Memoria Para Recordar Eternamente, es el nombre del Museo de la Memoria que fue inaugurado el lunes 2 de junio en Huancayo, un espacio que tiene como propósito que la ciudadanía conozca los acontecimientos de violencia política que vivió el Perú entre los años 1980-2000.
Foto: Facebook de Gisela OrtizEn el acto inaugurativo participó Gisela Ortiz, directora de Operaciones del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) y familiar de una de las víctimas del caso La Cantuta, quien pronunció el siguiente discurso:
Agradezco el gesto de mi hermano Vladimir Cerrón Rojas, Presidente Regional de Junín por permitirme ser parte de esta historia de memorias, desde la puesta de la primera piedra en octubre del 2012 hasta ver hoy concretada este compromiso político de la construcción de la memoria histórica.
En un país como el nuestro, donde persiste la impunidad, donde la justicia le da la espalda a las víctimas , exculpando a los responsables, donde hay ausencia del derecho; la memoria es quizás, la única forma de justicia que tenemos las víctimas. Es lo único que nos queda y atesoramos de nuestros familiares y que no podrán arrebatarnos.
Es importante asegurar los derechos humanos de todos y todas, eso nos exige el presente, pero para ello hay que revisar y aprender del pasado. En nuestro país hay más 15 mil desaparecidos, peruanos que nos hacen falta a todos, es incongruente hablar de desarrollo, de crecimiento económico cuando tenemos esta deuda con nuestro pasado.
La inauguración de este Museo de la Memoria es una reparación simbólica para todas las víctimas, es dignificar sus memorias, es valorar la lucha y dedicación de sus familiares. Por décadas hemos luchado contra el olvido, contra esa política de enterrar los hechos, de desconocer a las víctimas; de aquella falsa reconciliación que viene con olvido. Estas batallas por la memoria, no son del pasado sino que están presentes, abriéndose paso ante la indiferencia; esas memorias solo serán posibles si nosotros, ciudadanos y ciudadanas permitimos generar estos espacios para re encontrarnos con nuestro pasado y mirar hacia el futuro.
Hoy estamos aquí para dignificar a cada uno de quienes ya no están, aquí estamos de pie quienes creemos en la importancia de respetarnos, de incluirnos, quienes entendemos que abrir nuestros corazones para escuchar a las víctimas es una forma de entender la política, la tolerancia y el derecho del otro. Aquí estamos sintiéndonos parte de esta historia que ahora la escribe el gobierno regional de Junín y la muestra al país como ejemplo de que hacer memoria es posible.
La memoria ha llegado a la región Junín, ha llegado para quedarse en este distrito de Chilca, entre nosotros, para que nunca más se repita la barbarie entre los peruanos.
Fotos de las instalaciones de Yalpana Wasi – Wiñay Yalpanapa (tomadas del Facebook de Gisela Ortiz)
MUSEO DE LA MEMORIA UBICADO EN EL DISTRITO DE CHILCA
caída de agua recorre los 5 pisos del Museo y en tres pisos va mostrando fotos de las víctimas
Fotografías de algunas de las más de 2500 víctimas de la violencia armada que tiene junín
sala circular donde el público puede ver y escuchar los testimonios de los familiares de las víctimas que se reproducen al centro de la sala
En diario hallado el 2001 a ex sub oficial se describen los asesinatos del periodista Luis Morales Ortega; de la testigo y su familia, Celestina Huallanca; y la exalcaldesa de Huamanga, Leonor Zamora. La Fiscalía solicitaba 25 años de prisión para los presuntos autores, pero la Sala Penal los absolvió por supuesta falta de pruebas.
Se trataban de los imputados como autores mediatos o indirectos, según la Fiscalía, Gral. (r) Juan Rivero Lazo, entonces jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE); Hugo Martínez Loja, entonces Cmdt. Gral. de la Segunda División de Infantería de Ayacucho y Jefe Político Militar de Ayacucho en 1991; Carlos Alberto del Busto Hervias, entonces Aux. de la Sección de Inteligencia de la Segunda División de Infantería del EP (Ayacucho); y de los imputados como autores inmediatos o directos Abraham Francisco Reyes Ewest Ventocilla, supuesto (a) ‘Paco Salinas’, entonces Oficial del Destacamento de Inteligencia; Fabio Javier Urquizo Ayma, supuesto (a) ‘Agente Carrión’, y José Armando Tello Tandazo.
Los crímenes mencionados se narran a sangre fría en el diario “El Agente Carrión” que fue incautado en 2001 a Urquizo Ayma, sub oficial de Tercera del Ejército Peruano quien estuvo requisitoriado por su participación en el atentado contra la filial en Puno del canal Red Global en 1996. Dicho documento, hallado en su domicilio en el Callao, contaba con sellos de membrete del Servicio de Inteligencia y Cuartel General del Ejército Peruano, con los escudos nacionales y un último grabado de “SECRETO”. Urquizo y los demás acusados formaron parte de un equipo de inteligencia del EP que operó en Ayacucho entre julio y diciembre de 1991.
El Colegiado concluyó que dicho documento es de carácter privado y no público. Asimismo, que supuestamente no es posible comprobar la fecha de redacción ni el autor ni que pertenezca a Urquizo Ayma y que, por lo tanto, no hay relación entre lo que dice el diario y los acusados. La decisión final fue la absolución por insuficiencia probatoria de siete de ellos, pero la exculpación por duda para Urquizo.
La Comisión de Derechos Humanos – COMISEDH, defensa de la familia Solier, lamenta la incorrecta decisión del Colegiado puesto que incurrió en una deficiente valoración de las pruebas indiciarias que acreditarían la responsabilidad penal de los procesados. El abogado de COMISEDH, Dr. Hernán Barrenechea, considera que existen claras contradicciones en la fundamentación de la resolución y que, además, no se ha hecho referencia al grado de convicción que han tenido las declaraciones de los testigos y familiares. Asimismo, espera que la Corte Suprema valore las pruebas con mejor criterio y pueda declarar nula esta sentencia.
LOS HECHOS
El 13 de julio de 1991 fue asesinado el periodista Luis Antonio Morales Ortega, a dos cuadras de la Plaza de Armas de Huamanga, Ayacucho. Este crimen habría sido presenciado por Celestina Huallanca, quien fue asesinada en su vivienda la madrugada del 18 de julio del mismo año junto a su esposo Francisco Solier García, su hijo Waldyn –quien entonces tenía 14 años– y su sobrino Carlos Rodrígez –entonces, 17. El 21 de diciembre del mismo año, también fue asesinada la exalcaldesa de Huamanga, Leonor Zamora Concha. Estos y otros crímenes se narran a detalle y con varias coincidencias en el documento “El Agente Carrión”, incautado a Fabio Urquizo Ayma.
El pasado 19 de mayo la Sala Penal Nacional (SPN) se instaló en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho para el desarrollo del juicio oral por el caso de Javier Tineo De la Cruz. La Salarecabará los testimonios de 20 testigos de la desaparición de Tineo ocurrido en Pampa Cangallo, el 1 de mayo de 1987, a manos de un grupo de aproximadamente nueve efectivos del Ejército peruano, el mismo que estuvo al mando el ex comandante Florencio Abdon Eguía Dávalos, conocido también como el “Carnicero de Pampa Cangallo” o “Butler”.
El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Roger Armando Ponce Colque, que patrocina a las víctimas, señaló que el juicio seguido al ex comandante se inició en noviembre del año 2013, en la ciudad de Lima, y que ahora este se encuentra en la etapa de declaraciones testimoniales. “La sala se trasladó a Ayacucho porque los testigos presentados en el caso son de la zona de Pampa Cangallo y se trata de personas que superan los 70 u 80 años”, explicó el abogado.
Ponce informó que la fiscalía ha solicitado en enero del año pasado 20 años de pena privativa de la libertad contra Abdón Eguia por la desaparición forzada de Tineo De la Cruz. Asimismo,agregó que la Fiscalía tiene información del hallazgo de restos o fosas comunes alrededor del cuartel de Pampa Cangallo. Esto ha obligado a la Fiscalía a programar un viaje para el jueves 22 de mayo a fin de realizar el cateo y la exhumación de los restos.
Florencio Abdón Eguia también está siendo investigado por la desaparición de cinco personas el mismo día de la desaparición de Tineo De La Cruz en la comunidad de Cochucancha y de cuatro personas más de la comunidad de Pampa Puquio el 27 de abril de 1987. Estos casos, que aún no han sido judicializados, están siendo investigados por la Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho.
Testimonios
Por otro lado, Javier Tineo Vargas, dijo que al momento de la desaparición de su padre tenía 4 años de edad y recuerda que, aproximadamente a las 9 de la noche del 1 de mayo de 1987, un grupo de nueve efectivos del Ejército peruano ingresó de manera violenta a su casa y se llevaron a su padre a la base militar de Pampa Cangallo. “El responsable de esto es Abdón Eguia Dávalos más conocido como Butler o el Carnicero de Pampa Cangallo”, expresó.
Según diversos informes, el militar fue comandante de la base de Pampa Cangallo entre los años ’80 y ’90, desde donde dirigía las bases de Cangallo, Víctor Fajardo, Vilcas Huamán y Huancasancos.
Felimón Salvatierra, presidente del Coordinadora Regional de Afectados por la Violencia Política (CORAVIP), dijo que el IDL, junto a las víctimas, ha solicitado que este caso se transfiera a la ciudad de Ayacucho y se pueda llevar estos procesos de manera transparente. Esto en virtud de que los crímenes se cometieron en los años ’80 y ’90 y en ese entonces las víctimas tenían entre 40 y 50 años. “Hoy bordean los 80 años y es muy difícil moverlos desde los lugares de donde viven, toda vez que las víctimas de violencia política no cuentan con recursos económicos y es muy riesgoso movilizarlos desde Pampa Cangallo hasta Lima” señaló.
“Creo que Fujimori lo hace por dos razones. Una porque él quiere mostrar que tiene control político de su organización, cosa que en los últimos días está en cuestión, pero otro asunto es desviar la atención de la prensa respecto de lo que está ocurriendo en el caso Diarios Chicha”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.
“Esa es una estrategia que viene desarrollando tanto él como su abogado, porque cada vez que termina una audiencia, su abogado habla de cualquier asunto, menos de lo que está ocurriendo en ese juicio, que es un juicio en el que Fujimori está siendo, junto con su abogado, ampliamente derrotado, cuyo resultado va a ser uno solo, una nueva condena a pena privativa de libertad”, apuntó.
Días atrás, la prensa reveló que existen divisiones dentro del fujimorismo, pues Keiko Fujimori criticó la aparición del frente Avanza Fujimori Libertad (AFL) bajo el argumento de que “en el pasado fue un error crear un partido político para cada elección”.
Fujimori publicita sus acciones políticas
Finalmente, cuestionó la conducta reiterativa del ex jefe de Estado de realizar actos políticos en un espacio que es más bien estrictamente formal, como es la sala penal que lleva a cabo el juicio por el pago a directivos de los denominados “diarios chicha” que apoyaron la campaña reeleccionista de Alberto Fujimori.
“Es una conducta reiterativa de parte de Fujimori de desarrollar actividades políticas al interior del penal y con la mayor frescura del mundo, aprovechó un juicio oral –que es un ámbito estrictamente formal– para hacer publicidad de esas acciones políticas. El color del polo con el que fue vestido, el gesto de dejarse fotografiar y dejarse hacer tomas de las anotaciones creo que son actos evidentemente políticos”, señaló.
En contra. Abogados de organismos de derechos humanos señalaron que magistrado no debe ver pedido de revisión de sentencia de Alberto Fujimori por falta de imparcialidad.
“Vamos a esperar hasta el lunes para que Villa Stein se inhiba”, adelantó Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Defensa de los Derechos Humanos (Aprodeh).
“De lo contrario, las víctimas lo recusarán porque su conducta siempre ha sido de agresividad contra la sentencia que condenó a Fujimori, las víctimas y los abogados de derechos humanos”, anunció.
Por su parte, Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), recordó que el magistrado ha adelantado opinión respecto al proceso al declarar contra el principio de autoría mediata que condenó a Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad. “Él ha hecho referencia a que la sentencia del juez César San Martín ha violado el principio de legalidad y esto en términos procesales significa que ha incurrido contra la garantía de imparcialidad”, declaró a La República.
La base de la demanda de revisión de la sentencia del ex presidente presentada por su abogado William Paco Castillo Dávila es negar la autoría mediata de Fujimori en los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.
“El juez no puede estar opinando sobre causas que van a llegar a su tribunal”, recordó Rivera. “Curiosa y coincidentemente ha levantado opinión sobre los aspectos centrales de la demanda de revisión del abogado de Fujimori”, añadió.
Niega conocer revisión
Al respecto, Villa Stein aseguró que no conoce el contenido de la demanda impuesta por el abogado de Fujimori y que solo procedería si se da uno de los supuestos del artículo 361 del Código de Procedimiento Penal.
Es decir, que después de la condena por homicidio existan pruebas suficientes; que la sentencia se haya basado en la declaración de un testigo condenado por perjurio; que después de la sentencia se condene a personas distintas del acusado por el mismo delito; y que se violente el principio de “cosa juzgada”.
Las organizaciones de Derechos Humanos consideraron que ninguno de estos supuestos aplica a la sentencia emitida en el 2009 por el juez César San Martín, ratificada en 2010 en última instancia.
Recordaron que recientemente Villa Stein se inhibió “por decoro” de ser juez en el caso de Lucho Manrique Escobar, desaparecido en Huancavelica en 1989 y del que fue absuelto en primera instancia el alcalde de San Borja, Marco Álvarez. Actualmente, existe un recurso de reconsideración presentado por la parte civil y la fiscalía ante la Corte Suprema.
Cuando este caso llegó a la Sala de Villa Stein, IDL recusó al juez y este emitió una resolución por la que decidió inhibirse del caso. Por ello, las víctimas y organizaciones de Derechos Humanos piden al magistrado que haga “lo propio”.
“Es una cachetada más”
Rosa Rojas, madre del menor asesinado en Barrios Altos por el grupo Colina, se mostró indignada por las declaraciones del presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
“El señor Villa Stein siempre está en contra de los derechos humanos y como es fujimorista, siempre va a ser su defensor”, declaró. “Es ilógico revisar este proceso, ratificado en instancias nacionales e internacionales. Es una cachetada más a las víctimas”, recalcó.
Si Villa Stein no se inhibe tendrá 30 días para decidir si da a lugar o no la revisión de la sentencia que condenó a 25 años al ex presidente Alberto Fujimori.
En el caso de que la Sala que preside declare fundada la solicitud, puede anular la sentencia y disponer un nuevo proceso judicial. Si, por el contrario, concluye que es infundada, se mantiene la misma sentencia.
“Cometería una disfuncionalidad si me inhibo cuando no procede”
El presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein, aseguró que no se inhibirá de ver la demanda de revisión de sentencia planteada por la defensa de Alberto Fujimori. Consideró que no está “incurso” en ninguna causal de inhibición.
Villa Stein recordó que fue un sorteo el que decidió que fuera la Sala que él preside la que tenga que pronunciarse sobre el recurso planteado.
“La demanda de revisión existe para evitar perennizar una injusticia y todos los peruanos deberían estar contentos de que exista”, dijo. “Puede ocurrir que estén asustados (los abogados de DDHH) por tener la conciencia inmunda y teman que vía revisión se deje sin efecto una cosa juzgada”.
No asistiría hoy por segunda vez a juicio por masacre realizada en su primer gobierno
El expresidente Alan García será citado a declarar de grado o fuerza en el juicio oral del caso Accomarca referido a la matanza de 69 comuneros, entre niños y ancianos, ocurrida a inicios de su primer gobierno en 1985, si es que no asiste hoy a la audiencia de este proceso, para el cual ha sido requerido por segunda vez.
“Las ejecuciones extrajudiciales no pudieron realizarse sin una orden superior. Como presidente, García debe explicarnos cuál era su estrategia antisubversiva y el conocimiento que tuvo de las bajas civiles en Accomarca”, dijo Landa a diario Exitosa.
García, según fuentes de este matutino, se habría excusado a través de un comunicado de asistir hoy a la diligencia programada, debido a “compromisos” impostergables en el extranjero.
El juicio oral del caso Accomarca se inició en noviembre de 2010 y el proceso viene demorándose debido a la realización de una audiencia por semana. La sentencia se conocería recién el próximo año.
La mayor parte de denuncias por desaparición y tortura en el departamento de Ayacucho data de 1983 y 1984, sin embargo, solo las concernientes al primero de esos años han avanzado lo suficiente como para llegar a la etapa de juicio oral. A continuación presentamos los testimonios que dieron los sobrevivientes y los familiares de los ausentes ante la Sala Penal Nacional, instancia que dentro de tres a cuatro meses debe dictar sentencia.
Su declaración ante la Sala Penal Nacional, así como la de muchos otros familiares y víctimas, se recogen en el libro “Cuartel Los Cabitos: Lugar de horror y muerte”, editado por la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), que reúne los testimonios brindados en el proceso judicial iniciado en el 2005 y que se espera culmine dentro de tres o cuatro meses.
“Los militares sacaron a mi hijo y hasta el día de hoy está desaparecido, no es encontrado… Él tenía 19 años, había terminado el colegio y quería ingresar a la universidad”, relató en quechua doña Angélica, con la misma indignación con la que 31 años atrás denunció el secuestro de Arquímides.
“Sacaban a mi hijo de la casa. Lo cogí del cuerpo con toda mi fuerza. Los militares nos golpearon para que lo suelte y comenzaron a pisarme en el suelo, y a mi hijo lo subían a un carro del Ejército. Pero yo les pregunté adónde llevaban a mi hijo. Dijeron que a tomarle su manifestación al cuartel”, narró.
“Mañana vienes a la puerta del cuartel, te lo voy a entregar”, afirma que le dijeron. Pero le mintieron, pues nunca más lo volvió a ver.
Como prueba, “Mamá Angélica” mostró a los jueces un pedazo de papel que les entregó un soldado, a quien identificó como Rosalino Pujaico Quispe. En él, Arquímides suplicaba que lo saquen del establecimiento militar: “Mamá, por favor conseguir abogado y hacer el modo para que me pasen al juzgado, porque mi situación está bien complicado”, imploraba el joven en el mensaje.
“Quiero alcanzar la justicia. Quiero saber si mi hijo está vivo o muerto”, dijo ella al finalizar su declaración. Sobre su pecho, llevaba la fotografía y el nombre de su hijo desaparecido.
“NOS COLGARON”
El 5 de octubre, también de 1983, Armando Prado Chuchón dormía en la casa de unos compañeros de estudios, que en la madrugada fue allanada por un grupo de soldados. Lo cubrieron con una frazada y se lo llevaron junto con su amigo Jaime Gamarra, a quien quería como a un hermano. Supo que estaba en el cuartel Los Cabitos cuando escuchó el aterrizaje de aviones y el toque de cornetas militares. El 21 de junio del 2012 brindó detalles a la Sala sobre todos los horrores que sufrió.
“Nos llevaron directamente al baño, nos pegaron, nos maltrataron, no teníamos sentido de cómo estábamos –relató–. A los tres nos han pegado. En esa oportunidad nos separaron de mi hermano Jaime Gamarra. Nos decían: “¿Dónde están los terrucos que ustedes conocen?” y ¿a cuántos había matado? En el baño nos amarraron las manos y nos colgaron, nos pasaron electricidad por el dedo.
“Después de eso me entró una tembladera. Quedé semimuerto. Me pegaron, estaba lleno de sangre y hasta ahora permanece la lesión que me han hecho y por ese motivo no puedo trabajar actualmente. No volví a ver a Jaime”.
La Sala dejó constancia de que Armando presenta una lesión entre el abdomen y el diafragma, que consiste en una hinchazón, una cicatriz de tres centímetros en la cabeza, sobre la frente, y otra, de seis centímetros en el antebrazo, así como signos de haberse dislocado el codo.
“TE VAN A TOTURAR”
El 8 de noviembre de ese mismo 1983, un contingente militar ingresó a la casa de María Lourdes Noa Baldeón. Ella tenía entonces 17 años y estudiaba en el colegio Luis Carranza, de Huamanga. Poco importó eso. Igual la detuvieron y trasladaron a Los Cabitos, donde la sometieron a torturas y vejaciones sexuales.
Dio su declaración ante la Sala Penal Nacional el 22 de agosto del 2012 y fue uno de los más conmovedores.
“Eran militares, estaban encapuchados, tenían casacas, esos sacos verdes claros largos y con botas eran, y tenían sus armas también, armas grandes”, afirmó ante los magistrados, agregando que sus captores le increpaban. “Usted es terruca, terruca ya avísame qué camarada eres, avísame, a tres personas nomás hazme conocer, ahorita hazme conocer su casa y le voy a soltar, entonces, terruca”, le dijeron.
María Lourdes recordó que se desmayó, y al despertar le preguntó a otra joven que estaba detenida junto a ella, en qué lugar estaban.
-Cállate, cállate, no hables–, le respondió la muchacha que estaba encapuchada.
-¿Dónde estoy?-, insistió.
-En el cuartel.
-¿Y a qué hora me van a soltar?, preguntó María Lourdes con inocencia.
-¿Y por qué te han traído?, le preguntó la encapuchada.
-No sé, señorita, de mi casa me han sacado, no sé cuándo, me han dicho así. ¿Y a qué hora me va a soltar?, consulta nuevamente.
-No te van a soltar, te van a torturar, oyó por respuesta.
Precisamente eso ocurrió. Y así lo contó la joven a los jueces que conducían el proceso.
“Casi diez de la noche me sacó llamándome de mi nombre. Me llevó lejos para abajo, así para abajo lejos me ha llevado. De ahí me dice: “ya, desnúdate”. Me saqué todita mi ropa, me han hecho sacar todo, y me amarró así para atrás con soga. Bien, bien me amarró y me ha colgado para arriba.
Después de colgarme me jalaba de mi pie para abajo: “concha su madre, habla terruca, terruca habla, ¿qué camarada eres?”. Y esas fechas creo que hubo enfrentamiento por acá por Chamanapata dicen, un control más antes había pasado y me dice: “tú has participado en Chamanapata, en el asalto, a cuántos guardias has matado, terruca de mierda, habla, habla para bajarte”, relató.
“METIÓ BALA”
A inicios de noviembre de 1983, Sergio Cabezas Javier fue detenido por policías que realizaron un operativo tras un atentado cerca de su domilicio y trasladado luego al cuartel Los Cabitos. Entonces tenía 15 años, pero la experiencia fue tan terrible que no pudo contener las lágrimas cuando en agosto del 2012 declaró ante la Sala Penal.
“Pasando el arco de Los Cabitos, adentro, y ahí, a la mano izquierda, entramos a una casuchita… Habrá sido a las once de la noche, nos han sacado, así nombre por nombre y de ahí no sé a dónde nos llevaría de noche, como estábamos con capucha todo. … Me sacan los polos, me sacan los pantalones y primero me metieron electricidad: “…dame cuarenta nombres, veinte nombres, dame nombres”. Yo solo lloraba y lloraba y gritaba”, contó.
“Vi con mis ojos a una niña que lo ha traído… Le preguntaban a la niña: “¿cuántos años tienes?”; “tengo catorce, quince”, dijo la niña. “Ya de acá a una hora vas a tener dieciocho años”. Vi que lo han violado”, declaró Cabezas a los jueces.
“Nos llevan a un sitio que se llama Infiernillo. Nos sacaron en un carro, ese que lleva tropas color verde, a uno sobre otro, así como a papas, habremos sido más o menos siquiera unos veinte… Ahí nos ponen en fila, primero sin preguntar nada metió bala y uno de esos a la vista se ha caído, ¡pum! se ha caído al suelo. “Vas a hablar o no vas a hablar”. Y no hablaba nadie y ¡pum! ¡pum! así mataban”, dijo.
Sin duda, él tuvo la suerte de sobrevivir para contarla.
ENFOQUE
Aún tienen Esperanza de justicia
Gloria Cano Abogada y autora del libro sobre Los Cabitos
Los familiares de los desaparecidos y ejecutados extrajudicialmente, así como los sobrevivientes a las torturas a las que fueron sometidos en el cuartel Los Cabitos, de Ayacucho, han pasado más de 30 años buscando justicia.
Desde que ocurrieron los hechos, los denunciaron ante el Ministerio Público, e intentaron llegar al Poder Judicial pero entonces no les hicieron caso, a veces por temor y otras muchas incluso se convirtieron en instrumento de impunidad.
Recién en el 2005, tras la denuncia que presentó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se empezaron a investigar las violaciones a derechos humanos cometidas en esa base militar. Han pasado nueve años y aún no hay sentencia.
Ha sido un largo camino, en el que familiares y víctimas han transitado e insistido con gran fortaleza. Pese al tiempo transcurrido nunca dejaron de tocar las puertas de la justicia, haciéndose escuchar, exigiendo que encuentren y les entreguen a sus muertos. Hasta ahora se han recuperado poco más de un centenar de restos enterrados junto al cuartel, pero solo se identificaron seis.
Es admirable que aún conserven la esperanza de alcanzar justicia. Pero esta no debe seguir demorando, pues cerca de una decena de familiares han muerto en ese intento.
CLAVES
Investigación. La fiscal Luz del Carmen Ibáñez tuvo a su cargo la investigación a nivel superior de las violaciones a derechos humanos cometidas en el cuartel Los Cabitos durante 1983, así como determinar la responsabilidad de los autores mediatos.
Reto. En el libro “Cuartel Los Cabitos: Lugar de horror y muerte”, la magistrada indica que lo que pasó en esa instalación militar fue una ejecución sistemática de las políticas estatales de la época y las estrategias tácticas militares decididas por el alto mando militar y el comando político militar asentado ese año en Huamanga.
Legalidad. En este proceso se aplicó el derecho internacional al que Perú está vinculado jurídicamente para declarar que se trataba de delitos de lesa humanidad y, por tanto, no prescriben,
