Hoy se cumplen 31 años de la matanza de periodistas en las alturas de Huanta. Presentamos un recuerdo de los mártires y algunas fuentes de información esenciales para no olvidarlos
Un día como hoy, hace 31 años, ocho periodistas, un guía y un campesino de la localidad murieron en el poblado de Ucchuraccay, en la provincia de Huanta, Ayacucho.
Foto ArchivoEs difícil, muy difícil, comunicar a quienes no vivieron esos años la brutal realidad de esta matanza. En 1983, la violencia que durante toda aquella década azotó al Perú era aún nueva, y en muchos sentidos indefinida, sus actores menos claros para el público común de lo que serían luego, sus dinámicas menos evidentes de lo que son hoy.
Precisamente, muchos peruanos confiábamos en la prensa -sí, eso aún era posible- para informarnos con oportunidad y veracidad sobre lo que estaba ocurriendo en aquellas alturas andinas, tan alejadas entonces como ahora de las preocupaciones cotidianas de los limeños. Saber de la tragedia -cuyos detalles permanecieron en el misterio por mucho tiempo, y aún hoy no se conocen a cabalidad- fue una sacudida de la que no nos recuperamos. Reveló, entre otras cosas, la existencia de una zona oscura, opaca, de la realidad, a la cual las cámaras de la prensa ya no tenían acceso, y a la cual por consiguiente la opinión pública permanecería ciega.
Los periodistas habían llegado a la zona, a 4,000 metros de altura, para investigar una matanza de comuneros ocurrida poco tiempo antes. Hoy se sabe que las altas sierras de Ayacucho eran en ese momento escenario de una violenta batalla no sólo entre la policía, el ejército y la marina, de un lado, y los “subversivos” de Sendero Luminoso del otro, sino también entre distintas comunidades, e incluso entre grupos (por ejemplo, generacionales) dentro de cada comunidad.
Uchuraccay estaba siendo desangrada por esos enfrentamientos, que le costarían poco después convertirse en una tierra de fantasmas. Las versiones oficiales del momento hablaban de asesinatos selectivos de comuneros y la presencia de grupos armados, y eso fue lo que los periodistas partieron a investigar.
Tras la masacre, la investigación de los hechos corrió a cargo de una comisión especial presidida por el novelista Mario Vargas Llosa. La comisión concluyó, entre otras cosas, que los periodistas, que no podían comunicarse en quechua, habían sido confundidos con terroristas por los comuneros de Uchuraccay. Esta se convirtió en la versión oficial de lo ocurrido, pero nunca satisfizo a nadie.
En memoria de Jorge Sedano Falcón (La República), Eduardo de la Piniella Palao (El Diario de Marka), Willy Retto Torres (El Observador), Pedro Sánchez Gavidia (El Diario de Marka), Amador García Yanque (Oiga), Jorge Luis Mendivil Trelles (El Observador), Félix Gavilán Huamán (El Diario de Marka), Octavio Infante García (Panorama de Huamanga) y Juan Argumedo García (guía), estos son hechos que no debemos olvidar. Y, más aún, no debemos permitir que sus detalles queden en el misterio.
Aquí, algunas fuentes esenciales de información sobre el caso.
El periodista Juan Gargurevich ha escrito extensamente sobre la masacre y las investigaciones posteriores.
Víctimas. Los testimonios de las mujeres que fueron sometidas al programa de esterilizaciones del régimen de Alberto Fujimori no son prueba suficiente para la Fiscalía.
Pese a testimonios que certifican un perverso programa de control de natalidad, magistrado no los considera como prueba de la actitud dolosa de Fujimori.
Por César Romero C.
Las esterilizaciones forzadas permanecerán bajo el manto de la impunidad, pues el dolor y las presiones reiteradas para que miles de mujeres se acojan al programa de control de natalidad no prueban que Alberto Fujimori dirigiera una política de esterilizaciones forzadas en el país.
Guzmán solo encontró indicios del delito de lesa humanidad, pero cometido individual y aisladamente por cuatro especialistas de la salud de Cajamarca, en agravio de la señora Mamerita Mestanza Chávez.
Mestanza fue sometida a una operación quirúrgica de esterilización en 1998 y falleció ocho días después de la intervención, sin que hasta hoy alguien haya sido sancionado por este hecho.
En este sentido, el fiscal Guzmán procederá a denunciar a los médicos Segundo Libori Cerna Rodríguez y Carlos Alberto Rueda Fernández por delito de homicidio culposo y exposición al peligro de persona dependiente.
Además, por este mismo caso los médicos Enrique Octavio Marroquín Osorio y Enedina Zavaleta Díaz deberán responder por los delitos de exposición al peligro de persona dependiente.
En tanto que los médicos legistas Alindor Torres Moreno y Enrique Cabrera deberán ser juzgados por delitos contra la administración pública, en las modalidades de encubrimiento real e incumplimiento de funciones.
El fiscal también dispuso remitir copias del caso Mestanza a la Fiscalía Suprema de Control Interno para que se investigue a los magistrados Olga Castañeda Ayulo, Guillermo Rojas Alcalde, Luis Ruiz Vigo, Juan Albán Ruiz y Rafael Tejada Goincochea, por no investigar oportunamente el caso de Mamerita Mestanza.
El fiscal consideró que los ilícitos cometidos en agravio de Mamerita Mestanza constituyen graves violaciones a los derechos humanos, por lo que de acuerdo con la jurisprudencia internacional no se aplica la prescripción y dichas personas deben responder por sus actos.
ESTERILIZACIONES
En diálogo con La República, Guzmán Baca explicó que tras entrevistar a 600 mujeres, sobre todo de Cusco y Piura, no encontró pruebas o indicios que permitan establecer que el gobierno de Fujimori tuvo la intención dolosa de aplicar una política de esterilizaciones forzadas en el país.
Indicó que sí estableció que muchas de estas mujeres fueron presionadas para someterse al programa de control de natalidad promovido por el gobierno de Fujimori, pero que al final tomaron una decisión voluntaria.
Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que otras presuntas víctimas de esterilizaciones forzadas puedan acercarse a la fiscalía a denunciar la existencia de otros indicios reveladores sobre el caso.
CLAVES
“Esta es una resolución en primera instancia. Los abogados de defensa de las víctimas de esterilizaciones forzadas pueden plantear el recurso de queja de derecho y este expediente subir a la fiscalía superior, donde esperamos que, con mayor detenimiento, se pueda revisar la investigación”, anunció Sigfredo Florián, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL).
La secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Rocío Silva Santisteban, consideró que la decisión de la Fiscalía es una vergüenza.
“El periodista que no se lleva de la versión oficial, busca la verdad”
Por Tania Temoche
El 26 de enero de 1983, ocho periodistas y un guía* fueron asesinados en la comunidad de Uchuraccay, en las alturas de la provincia de Huanta (Ayacucho), cuando se dirigían a la localidad vecina de Huaychao para realizar una investigación periodística que presuntamente comprometía a las Fuerzas Armadas en eliminaciones forzadas a miembros de comunidades campesinas. Se van a cumplir 31 años desde aquella fecha fatídica y la verdad sobre los autores intelectuales de la masacre sigue en compás de espera. Este y otros temas como la concentración de medios y el papel del Colegio de Periodistas de Lima, es abordado por el actual Decano, Max Obregón Rossi. Profesor universitario y periodista de campo, ganó hace un mes el decanato con la lista “Dignidad y Profesionalismo”, con la tarea de revalorar la institución. Su equipo está conformado por ocho comisiones, integrados por periodistas e intelectuales que se sumaron a este movimiento por la dignidad profesional. He aquí la entrevista.
El gobierno del Arq. Fernando Belaunde declaró a Ayacucho en Estado de Emergencia en diciembre de 1982. El día 31, último día del año, el General Clemente Noel y Moral asumió la conducción del Comando Político- Militar; y, el 21 de enero de 1983 la Marina tomó el control de las provincias de Huanta, donde se halla Uchuraccay, y La Mar. Cinco días después fueron asesinados ocho periodistas y el guía Juan Argumedo en Uchuraccay ¿simple coincidencia? ¿los militares no tuvieron nada que ver, tal como señaló la “Comisión Vargas Llosa”? ¿Cuál es su opinión al respecto?
Llama la atención que la “Comisión Vargas Llosa” apenas estuvieron cuatro horas en Uchuraccay y, además no entrevistó al General Noel ni a los cuatro oficiales que estuvieron allí…
Fue un grupo de intelectuales, si se quiere reconocidos, pero que no hicieron una labor a la altura de las circunstancias; al final arribaron a una conclusión de tipo sociológico : que los hechos se produjeron en su momento resultado de la ignorancia, lo que sirvió para encubrir a los responsables. No olvidemos que los asesinados eran opositores del gobierno, los periodistas no eran la prensa oficial, ellos salieron en busca de la confirmación de una noticia sobre lo sucedido en la comunidad de Huaychao, como enviados de La República, El Observador, el Diario Marka, entre otros; esto demuestra que el periodista que no se lleva de la versión oficial, busca la verdad. Si estos colegas se pusieron de acuerdo para salir en búsqueda de la confirmación de una noticia fue porque no se llevaban de lo que decían los boletines informativos del comando político-militar, fueron a buscar la noticia y murieron por hacerlo. Por lo menos para los que trabajamos con ellos, particularmente yo trabajé con uno de ellos, -éramos de la misma generación y hoy tendríamos la misma edad-, nos dolió el final tan trágico y nos duele aún más que no se sepa qué pasó. No se trata de lamentarnos de un hecho que sucedió, sino que necesitamos saber qué pasó; mientras esto persista nadie puede estar tranquilo.
Resulta inverosímil que no supieran nada cuando los periodistas iban pasando todos los controles militares antes de llegar a Uchuraccay
Te cuento algo… Canal 2 había sido inaugurado los primeros días de enero de 1983 y, yo era subdirector de noticias de “90 segundos”; alrededor de la una de la tarde del sábado 29 nos llega la información sobre Uchuraccay, y la empiezo a cruzar con otros medios como El Diario Marka y El Observador, hasta que la confirmamos, y a las dos de la tarde sacamos el primer flash informativo. Evidentemente fue un golpe muy duro. Pero, esa noche, alrededor de las seis de la tarde, yo sabía que el entonces Ministro del Interior, Fernando Rincón Bazo, asistía como padrino de boda en la iglesia Santa María Reyna; una de las reporteras era Vicky Peláez y la asigno para que entreviste al ministro; cuando le preguntó sobre el tema, cerca de las 7 de la noche, Rincón Bazo no sabía absolutamente nada, estaba perdido, ni siquiera su servicio de inteligencia le reportó que estaban saliendo los flashes en televisión. Eso demuestra que el control en la zona era totalmente militar. Cuando los casi 100 periodistas que viajaron a Ayacucho en el avión fletado por el periodista Guillermo Thorndike, preguntaron al general Clemente Noel sobre lo acontecido, las contradicciones fueron evidentes; había un afán de ocultar los hechos, y también de tergiversarlos al tratar de dar un significado sociológico a la matanza porque las cabezas fueron colocadas en vasijas de chicha; todos estos elementos aun generan dudas.
En marzo de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), admitió la demanda presentada por los familiares de los asesinados en Uchuraccay ¿en qué situación se encuentra la diligencia?
Desde ese momento hasta la fecha, los familiares están reclamando conocer la verdad y dado que no encontraban apoyo del Estado, las viudas, los hijos, los nietos de los asesinados se dirigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde hace una década, pidiendo reabrir el caso. Pero el Estado, en lugar de apoyar para saber qué pasó, simplemente no se ha allanado, como sí ocurrió en el caso del dirigente de Construcción Civil, Pedro Huillca. La familia no creyó en la versión oficial de que el dirigente sindical había sido víctima del grupo terrorista Sendero Luminoso, y presionaron hasta que la Corte determinó que volviera a abrirse el juicio y el Estado aceptó, determinándose que miembros del grupo Colina eran los responsables del asesinato. En este caso, la familia de los periodistas está pidiendo lo mismo, pero se han sucedido varios gobiernos, como los de Toledo y García, y no responden. Nosotros vamos a insistir como gremio periodístico que este caso se reabra y el Estado se allane.
Si bien se sancionó a algunos campesinos, los autores intelectuales nunca se determinaron. Para los periodistas era vox populi que habían sido instigados por los militares, pero nunca se probó.
¿A nivel del Colegio de Periodistas, cómo asumen este caso?
La petición de la familia se ha tomado de manera individual, pero nosotros como gremio lo asumimos como causa común. Estamos dando el apoyo de manera coordinada, desde el Colegio de Periodistas, Federación de Periodistas y Gremio de sindicatos de periodistas, corporativamente. Esta preocupación institucional tiene que tener como correlato reaperturar el juicio y llegar a la verdad. ¡Qué terrible!, después de 31 años no saber quiénes fueron los instigadores. Para nosotros los periodistas es una herida abierta y mucho más para los familiares.
En el camino ha habido periodistas que han investigado posteriormente; por ejemplo, se sabe que el guía Juan Argumedo no murió inmediatamente, sino que fue torturado y después asesinado; algunos testigos fueron condenados por la propia comunidad, para que no pudieran dar su versión a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Víctor Quispe ha logrado entrevistar a los niños de aquella época que hoy son mayores y ellos han contado lo que vieron.
El gremio hará causa común para que el Gobierno se allane y esperamos que, después que pase lo de La Haya, no hagan lo que han hechos otros gobiernos. No hay nada que esconder, y necesitamos cerrar las heridas. Cada año duele recordar a los colegas.
¿Qué opinión le merece que algunos hayan criticado su posición como Decano al opinar y criticar la concentración de medios porque dicen que es un tema básicamente empresarial?
Jajaja… duelo de blancos, han dicho. Me causa gracia definitivamente. Todo el mundo tiene derecho a opinar y así como ellos tienen derecho a opinar, yo también tengo mis derechos intactos, en ese sentido les he contestado, si creen que es un tema de blancos y ellos se consideran esclavos, ya es problema de cada uno. A mi me parece patético que entre periodistas no toquemos estos temas que nos compete, abordamos temas como el de APDAYC como si fuéramos compositores, o de la Iglesia como si todos fuésemos feligreses y, ¿no vamos a tocar un tema que sí nos afecta directamente? Nosotros como Colegio consideramos que la concentración de productos periodísticos no ayuda a nadie, pero fundamentalmente nuestra preocupación -y eso está en los estatutos del Colegio de Periodistas y en la Ley- es la defensa gremial. Entonces, como tal, ¿quiénes hacen los periódicos? : los periodistas. No lo hacen los dueños, ellos ponen el capital con determinadas características. Por lo tanto, sí nos afecta porque estamos hablando en principio de productos periodísticos. Lo segundo, es que esta concentración está dando lugar a que determinados productos diarios y revistas que pertenecen al grupo mayoritario se trabajen bajo una empresa determinada. Antes esta empresa tenía sus periodistas para trabajar tres productos, ahora tiene quince y por si acaso, sin un sol más; y el periodista debe cubrir todos esos espacios porque le dicen que, si no quieren hacerlo, detrás suyo hay cientos que quieren cubrir ese puesto múltiple, precarizándose el trabajo.
Y esa precarización trae abusos y malos productos
Nos están llegando denuncias de que los colegas están siendo obligados a trabajar para varios productos de un solo grupo y sin ningún sol adicional. Estamos peleando por el respeto al trabajo y a su salario como profesional. Además del abuso laboral, existen otros problemas, como los resultados del producto y, me refiero a la calidad del mismo. La gente ya no va a distinguir lo que era antes la competencia y la primicia, pues funciona como cadena de periódicos: una nota de deportes sale en uno y en otro sale el mismo con una pequeña diferencia, pero al final es lo mismo. Además, del abuso de la posición de dominio, pues a quienes hemos trabajado en medios de comunicación no nos pueden engañar: en estos medios hay intereses para defender a los grupos empresariales que están detrás; a ver que salga en alguno de esos diarios una queja contra la aerolínea LAN; ¡no la sacan, pues!, como tampoco publican denuncias contra empresas que forman parte de sus consorcios. No nos engañemos con una supuesta “independencia”, cuando determinadas informaciones pueden afectar a su sector empresarial y no la publican. Los medios concertan en cuanto a lo que van a decir y se alinean bajo un mismo esquema.
En qué estado encontró el Colegio de Periodistas de Lima y cuáles son las tareas inmediatas a ejecutarse ?
Lo encontramos en un estado deplorable, los ambientes en completo abandono, sin agua, y los baños insalubres. Documentos incompletos, estados de contabilidad desaparecidos. Ni bien asumí, con las primeros cotizaciones de los colegiados que confían en la actual Junta Directiva se ha trabajado en la recuperación física del local, remozando y reinstalando el servicio de agua potable, y, claro está, acompañado de una auditoría. De igual modo, institucionalmente estamos fijando posición desde el aspecto gremial, laboral y académico; y también pronunciándonos sobre la importancia de la profesionalización de la carrera y la colegiatura, en la que lamentablemente hubo un debilitamiento que afectó mucho a los periodistas, a partir de la Ley Torres y Torres Lara, que señalaba que no era importante la colegiatura; acompañado de otro aspecto : que nos quitaron las rentas equivalentes al 1% por ingreso de publicidad; los dirigentes actuales no nos quedamos en el lamento, estamos buscando otras alternativas con creatividad.
A nivel del Colegio nos estamos acercando tanto a los estudiantes de todas las universidades, como a los colegas que desean capacitarse de manera gratuita, para que sigan diplomados o maestrías; estamos brindando una contraprestación de servicios a nuestros afiliados.
En esta semana hemos inaugurado la muestra fotográfica “Uchuraccay” en los pasillos y salones del propio Colegio, sumado a conversatorios y charlas con interesantes expositores en diferentes sedes, para recordar el 31° aniversario de la masacre de nuestros colegas, en conjunto –y, esto es lo importante– con la Asociación Nacional de Periodistas y Federación de Periodistas del Perú, unidos por una misma causa, por vez primera.
Estamos reformulando nuestra página Web, para que no sea solo institucional sino una plataforma de consulta para colegas en comunicación, con herramientas para el diseño del trabajo en todo el país, la que deberá estar lista en marzo o abril. Tenemos también la radioemisora Uchuraccay en Internet, iniciada por la anterior gestión, la que estamos ampliando a televisión, con aspectos valorativos de la profesión. Queremos que sea al mismo tiempo un espacio para futuros colegas de diferentes universidades, a fin de que tengan la oportunidad de presentar sus proyectos.
Tenemos ocho comisiones ejecutivas de trabajo con 50 colegas; aparte de la Junta Directiva estamos hablando de 60 todos periodistas de trayectoria que se han sumando a este movimiento de recuperación que se llamó Dignidad y Profesionalismo. En eso estamos, por un periodismo digno y profesional.
(*)Relación de los ocho periodistas asesinados:
Eduardo De la Piniella y Pedro Sánchez (El Diario de Marka)
Félix Gavilán (corresponsal de El Diario de Marka)
Juez Hugo Príncipe Trujillo indicó que la condena por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta no la redactó ni la impuso César San Martín, sino que fue el consenso de tres magistrados que evaluaron las pruebas y los testigos
Por César Romero
“Tenemos que dejar claro que la sentencia al procesado Alberto Fujimori la hicieron tres magistrados, no solamente el doctor César San Martín”, aclaró el juez supremo Hugo Príncipe Trujillo, uno de los tres integrantes de la Sala Penal Especial Suprema que, el 7 de abril del 2009, condenaron al ex presidente.
“La sentencia se dividió en capítulos. Cada uno de nosotros, San Martín, Víctor Prado Saldarriaga y quien le habla, desarrolló entre cinco y seis capítulos. No es que San Martín hizo solo la sentencia. Todos hemos consultado muchos libros y se han tomado referencias de otros juicios, como el caso de Abimael Guzmán, e internacionales, que nos han servido de fuente para dictar la sentencia”, enfatizó.
Príncipe Trujillo precisó que realizar consultas en el desarrollo de los juicios es habitual y normal. “Si voy a resolver un conflicto penal y veo que esto es difícil, entonces consulto a un autor, no es que el magistrado sepa todo, sino que hay que consultar y eso está permitido, más en una causa tan grande como la seguida a Fujimori”, añadió.
Además, recordó que el tema de la autoría mediata lo trabajó Prado Saldarriaga y no San Martín. “Tiene que quedar claro que la sentencia no la hizo César San Martín, tampoco es que él vino y nos dijo se hace así, no. Discutimos varios días y llegamos a determinadas conclusiones”, anotó.
El juicio a Fujimori comenzó el 10 de diciembre del 2007 y los debates se realizaron, recordó Príncipe, conforme se fue desarrollando el juicio y/o presentándose las pruebas. “Una sentencia de más de 700 páginas no la puedes hacer en los cinco días que te da la norma, eso no quiere decir que nosotros tuviéramos anteladamente una idea de cómo iba a resolverse; eso no”, expresó.
“César San Martín –continuó– podría haber hecho sus consultas para mejorar sus ideas, pero jamás nos presentó a nosotros nada, nunca vino a decir aquí está el esquema y hay que ponerlo así; eso nunca. Nosotros no se lo hubiéramos permitido. Se llegó a una conclusión, a un consenso después de ver todas las pruebas, en un proceso donde cada uno de nosotros aportaba lo que había percibido en las audiencias”, recalcó.
Además, recordó el doctor Hugo Príncipe, la sentencia impuesta a Fujimori por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta fue confirmada por la Corte Suprema. “El juicio se desarrolló respetando los estándares internacionales y prueba de ello es que nuestra sentencia ha tenido aceptación en todos los países del mundo”, manifestó.
De otro lado, señaló que es imposible revisar una sentencia que tiene autoridad de cosa juzgada cuestionando la labor de los jueces. “Para revisar la sentencia será necesario presentar nuevas pruebas, que no estuvieron al momento del juzgamiento, lo que hasta ahora no han presentado, porque estas denuncias, estos cuestionamientos que se hacen, no sirven para una revisión de sentencia”, concluyó.
Por esto, Príncipe espera que el Consejo Nacional de la Magistratura desestime la denuncia de la defensa de Fujimori, en vista de que la intervención de los jueces fue transparente, como pudo verse, dijo, en las transmisiones televisivas del juicio a Fujimori.
EN LA TRAMPA DEL CNM
La denuncia presentada por el abogado William Castillo ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), contra César San Martín, Víctor Prado y Hugo Príncipe, por unos supuestos e-mails entre el primero de los jueces nombrados y unos abogados españoles, continúa en evaluación, sin ser admitida a trámite.
De acuerdo con el procedimiento, la Comisión de Procesos Disciplinarios del CNM debe determinar si la denuncia cumple con las formalidades del caso y si hay causa probable de investigar, para recomendar al pleno del organismo abrir una investigación o desestimar la denuncia, lo que hasta ahora no se ha podido hacer.
El presidente de esa comisión, el doctor Pablo Talavera, se inhibió de ver este caso, por iniciativa propia, pues él fue elegido consejero por la Corte Suprema de Justicia durante la gestión de San Martín.
El pleno debía elegir su reemplazante, pero los fujimoristas han recusado a cuatro consejeros, incluido Talavera. Esto, en realidad, impide al CNM cualquier pronunciamiento, en uno u otro sentido, pues los tres restantes carecen del quórum para tomar decisiones y entonces, como parece ser la idea, es que el caso se dilate al infinito, ante la falta de argumentos.
Una petición de prisión preventiva extiende la estancia entre rejas de varios miembros de Sendero Luminoso
Por Jacqueline Fowks
Después de ocho años, el fundador de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán – que en 1980 comenzó 20 años de violencia con rezagos que aún persisten- reapareció en público la mañana de este lunes en un juicio. Junto a él estaban otros acusados miembros del comité central y dos miembros de menor jerarquía de la organización terrorista. El proceso se debe al mayor atentado ocurrido en la capital, un coche-bomba que estalló en julio de 1992 en la calle Tarata, el corazón del distrito residencial y comercial de Miraflores. El caso, sin embargo, parece ser un mecanismo para extender el tiempo en prisión de Osmán Morote, integrante de la cúpula senderista cuya condena concluyó en junio, y de Margie Clavo, quien también iba a quedar en libertad en breve.
Abimael Guzmán y su esposa Elena Iparaguirre. / Cortesía Poder JudicialAbimael Guzmán y su esposa Elena Iparaguirre Cortesía Poder JudicialEl mandato de prisión preventiva dictado este lunes en la Base Naval del Callao para nueve personas afecta en particular a Morote y Clavo pues, del resto, tres tienen sentencias a cadena perpetua y otros a 35 años de privación de libertad. El pasado mes de abril, durante el juicio por una matanza de 104 campesinos en Soras (Ayacucho) en 1984, un tribunal abrió un proceso a Morote con orden de detención, quien en junio concluía su sentencia de 25 años de cárcel.
El juicio que se celebró el año pasado tuvo lugar en medio de un debate de mediana intensidad acerca de la lucha que debían emprender las organizaciones y partidos políticos contra el discurso de los seguidores de Abimael Guzmán y el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (Movadef). Este organismo ‘autogenerado’ -en la jerga de Sendero Luminoso- era una organización fachada que pretendió inscribirse como partido político en el Jurado Nacional de Elecciones.
En aquella coyuntura, el Congreso preparó una ley sobre negacionismo –que no incluía las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas, sino solo los crímenes cometidos por el grupo terrorista– y otra para realizar seguimiento a los presos de Sendero Luminoso que salieran de la cárcel, estar al tanto de sus actividades e impedir nuevos actos terroristas. Sin embargo, las leyes no llegaron a ser debatidas en el pleno y quedó pendiente el tema de cómo enfrentar políticamente al Movadef, que reclama la amnistía para aquellos que denominan “presos políticos”, un término que causa escozor a quienes los consideran meramente “terroristas”.
El juicio por el caso Tarata se produce tarde, pues se trata del atentado que hizo notar a los limeños, en su propio espacio, la vulnerabilidad y violencia que habían sufrido durante doce años el centro y sur andino a manos del grupo de inspiración marxista-leninista. Durante la audiencia del lunes en la Base Naval, los defensores de los imputados recordaron que ya hubo un juicio contra los autores materiales de la planificación y colocación del cocha bomba. Además, también se realizó otro juicio contra Edmundo Cox Beauzeville, miembro del Comité Central de Sendero Luminoso y responsable de reorganizar la agrupación en Lima tras la caída de Abimael Guzmán en septiembre de 1992. Cox recibió entonces una pena de 35 años y debe salir de prisión en 2028
Uno de los ocho abogados de los miembros de Sendero Luminoso calificó de “absurda” la petición de prisión preventiva para quienes siguen en prisión. Mientras, otros cuestionaron que el fiscal de la Tercera Fiscalía Supraprovincial Penal, Jhonny Soto, indicara como sustento de la petición que los imputados no tenían domicilio y había riesgo de fuga. Los detenidos de la cúpula de Sendero Luminoso purgan su pena en cárceles de alta seguridad, en la Base Naval del Callao, en Canto Grande y en Piedras Gordas, todas en Lima.
Alfredo Crespo, el abogado de Abimael Guzmán y su esposa Elena Iparraguirre, refirió a la prensa que en el caso Tarata no hay prueba de que la cúpula ordenó el atentado. “Fue una decisión del comité zonal centro-Lima; por otro lado, cuando ocurrió Tarata, Morote y Margot Liendo estaban ya en prisión”, ha dicho. Crespo, quien estuvo preso durante once años por pertenecer a Sendero Luminoso, pedía que Morote y Liendo pudieran afrontar el juicio en comparecencia.
A los camarógrafos y fotógrafos se les permitió registrar tan solo diez minutos de las cuatro horas de audiencia, y su ingreso y salida estuvieron controlados por tres policías con armas largas. Otros cuatro vigilantes vestidos de civiles impidieron que los periodistas usaran su celular para tomar fotos o subir contenido en las redes sociales, lo cual daba cuenta de la preocupación de los operadores de justicia acerca de la visibilidad en los medios de comunicación de los miembros de Sendero Luminoso. La prensa pudo ingresar cuando los imputados estaban sentados de espalda al público en la sala, de modo que no se repitieran las imágenes de 2004 del fundador del grupo terrorista con el puño en alto.
After eight years hidden from the public view, Abimael Guzmán, 79, the one-time Shining Path leader, has appeared in court to face charges for the bombing of an upmarket street in Peru’s capital Lima 22 years ago.
Once the most feared man in Peru, Presidente Gonzalo, as he was known to his fanatical followers, unleashed a bloody internecine conflict in which 69,280 people were killed, according to Peru’s truth and reconciliation commission. It concluded that the Shining Path was the main perpetrator.
Far from the defiant fist-waving figure of his last court appearance in 2006, Guzman was a diminished figure who did not turn to face the press and twice declined to address the court.
Also on trial were Guzmán’s wife, Elena Iparraguirre – his one-time second-in-command – and nine other members of the guerrilla group’s leadership, or central committee, including Comrade Artemio, who was captured in 2011 after more than two decades hiding in Peru’s jungle.
In July 1992, about half a tonne of explosives were detonated in two car bombs in Tarata, a narrow one-block street, in the prosperous Miraflores neighbourhood, killing 25 people and injuring more than 150. It was the Shining Path’s single most deadly attack on the capital. Two months later, on 12 September 1992, Guzmán was captured.
Guzmán’s lawyer, Alfredo Crespo, said his client denied the charges: “There isn’t a single piece of evidence that Abimael Guzmán or the central committee gave the order to execute this act in Tarata.”
Crespo, who leads the Shining Path’s successor group Movadef, argued his client was a political prisoner who had accepted the “mistakes, excesses and limitations” of his movement.
State prosecutor Johnny Soto said only the group’s central committee could have given the order to carry out the bombing, given the Shining Path’s hierarchical structure.
“As everyone knows, it was under the command of Abimael Guzmán, ‘Presidente Gonzalo’,” he said.
For orthodox members of the Shining Path, Guzmán is the fourth sword of communism after Marx, Lenin and Mao. According to Guzman’s philosophy, blood was necessary to irrigate the revolution.
The outcome of this trial will be somewhat academic. Guzmán and his wife are already serving life sentences in prison.
Modificaciones al Código Penal del Perú podría incrementar el uso de la violencia
Washington, D.C.- El 13 de enero de 2014 el Presidente del Perú, Ollanta Humala, promulgó la Ley 30151, que modifica el Código Penal del Perú y exime de responsabilidad penal a policías y militares que al hacer uso de la fuerza letal produzcan lesiones o muerte en el cumplimiento de su deber. El resultado de estas modificaciones podría ser un incremento en el uso de la violencia de parte de las fuerzas de seguridad. La norma también vulnera un principio básico de la democracia: el derecho a la igualdad— al eximir a los policías y militares de ser procesados si matan o hieren a civiles.
“Tomando en cuenta el alto nivel de conflictividad social en el Perú, este tipo de medida genera gran preocupación. Parece que esta ley tiene la intención de garantizar la impunidad cuando se abuse el uso de la fuerza”, asegura Jo-Marie Burt, Asesora Principal de WOLA y experta en la política peruana.
La referida norma vulnera derechos reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos.Desde el fallo Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, emitida en 1988, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los Estados tienen el deber de investigar y sancionar a los responsables de violaciones de derecho humanos, mientras ha reconocido en varios otros fallos el derecho de las víctimas de violaciones de derechos humanos a obtener verdad y justicia.
Según la Defensoría del Pueblo, hay más de 200 conflictos sociales latentes, muchos de ellos sobre la minería, y en los últimos dos años y medio se ha reportado 34 muertos y más de 500 civiles heridos en contextos de conflictividad social. En la actualidad existen diversos casos de efetivos policiales y militares denunciados por haber provocado la muerte o lesions de personas que participaban en manifestaciones o protestas sociales.
“Nuestra preocupación va más allá de esta norma, puesto que desde hace un año el Estado del Perú ha implementado una serie de normas sobre el accionar de las fuerzas armadas que consideramos incongruentes con el estado de derecho”, afirma la Dra. Burt.
En diciembre de 2012, por ejemplo, el Estado promulgó una ley que califica de secreta toda la información sobre la defensa y la seguridad nacional y considera un delito su difusión. En enero de 2013, el Estado promulgó otra norma que permite a las fuerzas armadas realizar el levantamiento de cadáveres en zonas de emergencia sin la presencia de un fiscal. “Este conjunto de normas parecen direccionadas a limitar la transparencia, debilitar los controles de la sociedad sobre el actuar del Estado, y asegurar la impunidad para los agentes del Estado”, asegura la Dra. Burt.
WOLA reconoce que existe el en Perú una gran preocupación social por los altos niveles de criminalidad y violencia social. Consideramos que la mejor forma de enfrentar la inseguridad ciudadana es dotando a las fuerzas policiales reglamentos claros que regulen, de acuerdo a la Constitución y el derecho internacional, el uso de la fuerza, y fortaleciendo la institucionalidad democrática, especialmente las fuerzas policiales, para poder cumplir cabalmente su labor dentro del marco de la ley y las normas democráticas.
“En un estado democrático es imperativo que está debidamente regulado el uso de la fuerza por parte de los agentes del estado”, concluye la Dra. Burt. Los reglamentos deben asegurar que la fuerza sea utilizado sólo en casos necesarios para proteger el bien común y de manera proporcional, evitando al máximo la posibilidad de que ocurran muertes o lesiones de civiles o de personas inocentes. Al suprimir este requerimiento, y establecer que quedan exentos de responsabilidad penal, la Ley 30151 deja a los ciudadanos indefensos frente a cualquier abuso.
Contacto:
Jessamine Bartley-Matthews Asistente de Comunicaciones de WOLA Tel: +1 (202) 797-2171 press@wola.org
Hace 31 años fallecieron ocho hombres de prensa y un guía cuando se trasladaban entre poblados ayacuchanos
Gremios de periodistas, familiares de las víctimas y algunos legisladores plantearon hoy reconocer como la “Ruta de la Paz y Reconciliación” al trayecto Toctto-Uchuraccay que recorrieron un grupo de hombres de prensa muertos en Ayacucho.
En Uchuraccay fallecieron, el 26 de enero de 1983, Willy Retto, Jorge Sedano, Eduardo de la Piniella, Amador García, Pedro Sánchez, Jorge Mendivil, Félix Gavilán y Octavio Infante, así como el guía ayacuchano Juan Argumedo.
En la conferencia de prensa donde se anunció la solicitud también participaron los familiares de los periodistas Oscar Retto, Emilia viuda de García, Paulina viuda de Gavilán y Gloria Trelles de Mendívil, madre de Jorge Mendívil.
La reunión tuvo por finalidad, además, dar a conocer las diversas actividades que desarrollarán, de manera conjunta y coordinada tanto en Lima como en Ayacucho, la Asociación Nacional de Periodistas, la Federación de Periodistas del Perú y el Colegio de Periodistas de Lima.
El programa de actividades incluye la realización de foros y ceremonias, romerías y conversatorios, para conmemorar la significativa fecha. Asimismo, la tradicional colocación de ofrendas florales en el Santuario de la Paz y la Reconciliación, erigido en Uchuraccay, en memoria de las víctimas, asi como la inauguración del Museo de la Memoria, que funcionará en la Casa Comunal de la localidad campesina.
Acha resaltó que el caso Uchuraccay se ha convertido en una memoria emblemática de lo que representó la violencia terrorista en Ayacucho hace varias décadas.
Dijo además, que los ocho periodistas asesinados son un ejemplo para una generación que buscó la verdad por encima del miedo y el terror sembrado por Sendero Luminoso.
Señaló que esa ruta es recorrida cada año, por periodistas locales, familiares de las víctimas, e incluso alcaldes, y parte desde el hostal Santa Rosa, en el que se alojaron los mártires.
El congresista José Urquizo a su vez resaltó la institucionalización de lo vivido en Ayacucho, a través de los años y a iniciativa de los familiares, las autoridades y la ANP local.
“Aún pese al tiempo transcurrido y al cansancio han trabajado para que en el país y el mundo se recuerde a un grupo de ocho jóvenes periodistas que llegó a esa zona convulsionada por la violencia, en busca de la verdad y encontró la muerte”, afirmó. (Con información de Andina)
El Segundo Juzgado Penal Nacional reprogramó para el lunes 20 una audiencia del juicio al líder de Sendero Luminoso por el atentado ocurrido en julio de 1992.
Lima. En esa diligencia, que se desarrollará a las 10:00 horas en la Base Naval del Callao, se evaluará el requerimiento de prisión preventiva para Guzmán, quien cumple una pena de cadena perpetua, y la dirigencia senderista.
Fueron notificados, a través de sus abogados, Abimael Guzmán, Elena Iparraguirre, Margie Clavo Peralta, Osmán Morote, Margot Liendo Gil, Óscar Ramírez Durand, Florentino Cerrón Cardoso, Edmundo Cox Beuzeville, Laura Zambrano Padilla, Elizabeth Cárdenas Huayta y Moisés Límaco Huayascachi.
La jueza, luego de escuchar a los abogados de los imputados, quienes alegaron que es derecho de sus defendidos estar presentes en la audiencia y que desean estar presentes, reprogramó para el lunes 20 la diligencia.
En el atentado de Tarata fallecieron 25 personas y 150 quedaron heridas cuando los senderistas hicieron estallar dos choques bomba con 500 kilos de explosivos en la calle Tarata, en el distrito de Miraflores.
Fallo declara improcedente hábeas corpus de Agustín Mantilla
El Tribunal Constitucional ha desestimado la demanda hábeas corpus presentada por la defensa del exministro Agustín Mantilla, en relación con el proceso penal que se sigue en su contra por los delitos de homicidio calificado y secuestro. El fallo considera que existen indicios suficientes para que el proceso de investigación continúe.
Este considera que el auto de apertura de instrucción, expedido por el Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial el 28 de mayo de 2008, y contra el que la defensa de Mantilla había interpuesto la demanda, se encuentra mínima y suficientemente motivado. Cabe recordar que los hechos materia de investigación son el homicidio calificado y secuestro de Manuel Federico Febres Flores, Luis Miguel Pasache Vidal, Sócrates Javier Porta Solano, Saúl Isaac Cantoral Huamaní y Consuelo Trinidad García Santa Cruz. Los hechos ocurrieron entre los años 1988 y 1989.
La defensa de Mantilla cuestionaba dicho auto al valorar que los hechos imputados no podían ser considerados como crímenes de lesa humanidad —en base a las exigencias mencionadas en la sentencia Exp. N° 0024-2010-PI/TC— y, por tanto, se habría afectado al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Además, argumentaba que no existían indicios suficientes de la existencia de la organización criminal paramilitar denominada Comando Rodrigo Franco.
El fallo del Tribunal, sin embargo, no lo ha considerado así. En ese sentido, hace referencia a los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú. En ese caso, se califica a los hechos como ocurridos en “en el marco de un patrón de violaciones sistemáticas de los derechos humanos”. Por otro lado, destaca la obligación internacional del Estado peruano de investigar que se deriva de esa misma sentencia (producida el 10 de julio de 2007).
Asimismo, el Tribunal menciona para desestimar el hábeas corpus las declaraciones de diferentes testigos y el informe de la Comisión Herrera del Congreso de la República, entre otros. Dichos medios probatorios fueron considerados por el juez penal que abrió instrucción como “suficientes indicios de la existencia del ‘Comando Rodrigo Franco’ (CRF) y de la autoría material en las actividades de eliminación física de supuestos elementos subversivos” y también de “indicios suficientes de la existencia de una fuerte estructura jerárquica a disposición del denunciado Máximo Agustín Mantilla Campos”.
Por estos motivos, y por el hecho de que han pasado 23 años desde la comisión de los presuntos hechos delictivos, el Tribunal considera que “anular el auto supondría condenar a los familiares de las víctimas a una nueva dilación en la investigación y sanción de los responsables, a nuestro criterio injustificado”. De hacerlo se afectaría, concluye, la obligación internacional del Estado peruano de cumplir la sentencia de la Corte IDH recaída en el caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz.
Álvarez Miranda: conclusiones de la CVR no son irrefutables
El núcleo de magistrados que decidió la improcedencia del hábeas corpus de Mantilla no votó de manera homogénea. El magistrado Ernesto Álvarez Miranda votó en el mismo sentido, pero utilizando otro razonamiento. El pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le parece que puede “ser suficiente para justificar el auto de apertura de instrucción”, sin embargo valora que “una eventual sentencia condenatoria no puede basarse únicamente en tal pronunciamiento supranacional”.
No sólo eso. Sobre los indicios, argumenta que “ni las conclusiones, ni los testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad y Reconciliación pueden ser considerados como verdades irrefutables, debido al sesgo ideológico de muchos de sus comisionados (cercanos a la izquierda peruana y abiertamente antimilitaristas)”.
Agrega que “por ello, si se van a tomar datos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la autoridad judicial se encuentra en la ineludible obligación de contrastarlos”.
Votos en contra
Vergara Gotelli, Mesía Ramírez y Calle Hayen, por su parte, votaron de manera singular señalando que “observamos que en el caso no se ha fundamentado expresamente cómo los delitos imputados al recurrente y a los favorecidos han sido parte de un ataque generalizado o sistemático contra las víctimas en el proceso penal y si tales actos se han Cometido en un contexto generalizado”.
Concluyen, a su vez, diciendo que “no existe motivación respecto de si los delitos obedecen a un patrón sistemático y sí fueron perpetrados como parte de un plan preconcebido y metódico o como parte de una política común auspiciada o permitida por el Estado, sus instituciones o funcionarios”.
Dato Legal: Código de Procedimientos Penales
Artículo 77.- Calificación de la denuncia – Requisitos para el inicio de la instrucción.
Recibida la denuncia y sus recaudos, el juez especializado en lo penal solo abrirá instrucción si considera que de tales instrumentos aparecen indicios suficientes o elementos de juicio reveladores de la existencia de un delito, que se ha individualizado a su presunto autor o partícipe, que la acción penal no ha prescrito o no concurra otra causa de extinción de la acción penal. El auto será motivado y contendrá en forma precisa los hechos denunciados, los elementos de prueba en que se funda la imputación, la calificación de modo específico del delito o los delitos que se atribuyen al denunciado, la motivación de las medidas cautelares de carácter personal o real, la orden al procesado de concurrir a prestar su instructiva y las diligencias que deben practicarse en la instrucción.
