A 28 años. Familiares exigen al Poder Judicial que proceso no se alargue más y culmine con sanción a los responsables.
Gabriel Mazzei Mancesidor
“Fue un trauma, una fecha fatal. Mataron a mi madre, a mis dos hermanos y siete primos, pero la justicia no llega”, recuerda Francisco Ochoa Janampa, natural de Llocllopampa, distrito de Accomarca, Ayacucho, el lugar donde se registró la matanza de 69 campesinos el 14 de agosto de 1985.
FamiliaresOchoa Janampa y un grupo de pobladores de Accomarca realizaron ayer un plantón en el frontis de la Sala Penal Nacional para expresar su indignación y exigir celeridad en el proceso judicial, en el marco de los 28 años de ocurrida la matanza.
“El juicio no se está llevando con seriedad. Este año se han suspendido o postergado 18 audiencias”, señaló Ochoa, quien afirma que asiste a todas las diligencias realizadas en el penal Miguel Castro Castro.
Añadió que los deudos de Accomarca presentaron una queja dirigida a la coordinadora de la Sala Penal Nacional, Inés Villa Bonilla, para solicitarle una mayor atención a este caso y que no se retrase más.
Por su parte, Gloria Cano, representante legal de Aprodeh, denunció que el tribunal tiene “displicencia” para llevar a cabo este proceso.
“Los familiares de las víctimas vienen a Lima en las audiencias en Lima, pero muchas de estas se suspenden. Es una falta de respeto para ellos”, opinó Cano.
PROCESO
El juicio oral se inició en 2010 y está siendo llevado por el colegiado A de la Sala Penal Nacional que preside el juez Ricardo Brousett.
Telmo Hurtado, quien comandó la patrulla militar “Lince 7” que ejecutó a 23 niños, 30 mujeres y 16 varones sindicó en juicio a sus superiores como los responsables del operativo.
Por este caso, son procesados 29 militares. El Ministerio Público ha pedido 25 años para los responsables por este crimen.
La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia confirmó ayer las condenas a Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, Julio Salazar Monroe y miembros del destacamento Colina, que varían entre 15 a 25 años de prisión, por los casos Barrios Altos, El Santa y Pedro Yauri.
Vladimiro MontesinosTodos ellos fueron sentenciados por la comisión de los delitos de homicidio calificado y asociación ilícita para delinquir. La Corte Suprema declaró infundadas e improcedentes las excepciones planteadas por varios de los acusados.
La sentencia declaró que ninguna de las víctimas en este caso formó parte de grupos terroristas. De igual manera, la Corte Suprema concluye que los hechos materia del proceso constituyen crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, el colegiado decidió absolver a Alberto Pinto Cárdenas, exjefe del Servicio de Inteligencia del Ejército, en los casos El Santa y Pedro Yauri.
Cabe señalar que en julio de 2012 la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia en este caso, en el que rebajaba las penas a varios de los procesados. Dicho fallo fue anulado a pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hoy día Marco Sifuentes de INFOS publicó una nota en La República sobre unos audios recientemente revelados que confirmarían que el entonces titular del Poder Judicial, César San Martin, el entonces Ministro de Justicia y ahora Primer Ministro Juan Jiménez, el entonces Procurador del Estado ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos, y ahora Ministro de Defensa Pedro Cateriano, y la ahora destituida Jueza Carmen Rojjasi, confabularon para arreglar la sentencia en el caso Chavín de Huántar, emitido en septiembre de 2012, en la cual quedan absueltos Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos, y Roberto Huamán Azcurra, de las ejecuciones extrajudiciales cometidos luego del operativo que liberaron a los rehenes que estuvieron 176 días en la Residencia del Embajador de Japón, en 1997. El reporte de Marco Sifuentes lo reproducimos abajo, y publicaremos más información y análisis en los siguientes días.
Reunión ocurrió cuando Jiménez era aún ministro de Justicia, y Cateriano, procurador del Estado Peruano ante la Corte InteramericanaReunión ocurrió cuando Jiménez era aún ministro de Justicia, y Cateriano, procurador del Estado Peruano ante la Corte InteramericanaEncuentro. Un prolongado almuerzo en mayo del 2012 entre Juan Jiménez, Pedro Cateriano, César San Martín y la jueza que decidió el caso Chavín de Huántar es revelado por unos audios. A continuación: de qué y de quiénes discutieron los comensales.
Marco Sifuentes INFOS
Siete videos de YouTube, de unos quince minutos de duración cada uno, albergan el audio de la grabación de un almuerzo inusual. Los audios fueron subidos hace pocos días, el 1° de agosto, por el usuario anónimo “Turbo Pascal” bajo el título de “Otro audio de Pedro Cateriano“. Pero el actual ministro de Defensa no es el único grabado subrepticiamente allí.
La reunión registrada en los audios ocurrió el 31 de mayo de 2012. En su momento, INFOS dio cuenta de aquel encuentro (“Jueza no ratificada decidió el juicio Chavín de Huántar”, artículo de Ricardo Uceda en este diario, 28 de octubre de 2012) e incluso se preguntó si la jueza Carmen Rojjasi habría grabado la conversación, como temía alguno de sus contertulios.
Los audios que ahora se revelan confirman que en el almuerzo, del más alto nivel, los representantes del Ejecutivo le plantearon sus deseos sobre el caso a la jueza. En ese momento, una sala penal de la Corte Superior estaba por sentenciar a Vladimiro Montesinos, Roberto Huamán y Nicolás Hermoza por supuestas ejecuciones extrajudiciales en el rescate de rehenes de la embajada de Japón, en 1997.
Al mismo tiempo, el Estado Peruano había sido denunciado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por no haber hecho justicia durante nueve años de proceso judicial. Este fuero podría involucrar a alguno de los comandos de la operación Chavín de Huántar, excluidos hasta ahora de responsabilidad por el sistema judicial peruano. El gobierno temía que este proceso fuera afectado por la sentencia de la sala de Rojjasi. En ese contexto, se produjo el almuerzo.
El anfitrión fue el doctor César San Martín, presidente del Poder Judicial. Sus invitados: Juan Jiménez Mayor, entonces ministro de Justicia; Pedro Cateriano, entonces agente ante la CIDH por el caso Chavín de Huántar; y la ya mencionada jueza Rojjasi, entonces presidenta de la Tercera Sala Penal Liquidadora que veía el caso.
“UNIFICAR CRITERIOS”
A los pocos minutos de pasar a un ambiente privado, César San Martín toma la palabra:
– SAN MARTÍN: Esta reunión tiene como objeto… Es que ha habido mucho teléfono malogrado en esto. Dicen que dijeron que me dijo que no dijo. Entonces yo creo que lo más sano era tú ministro, tú Pedrito, conozcan directamente cuál es la impresión, que ella va a ser todo lo sincera posible; y todo claro, para que ustedes vean cuál es la dimensión de cómo se observa el caso. Cómo lo observa la jueza que está dirimiendo el caso, y poder tener información cierta, unificar criterios, y ver qué se puede hacer en términos de que el Estado mejore su estrategia o la reordene, si fuera necesario. No sé si tú [a Rojjasi] puedes dar una primera visión general…
En ese momento se inicia una exposición del caso a cargo de la jueza, con interrupciones de los asistentes.
San Martín guía a la jueza, como veremos más adelante, por los recovecos legales. Cateriano se muestra muy interesado en las pruebas, indicios y detalles de cómo ocurrieron los hechos durante el rescate de la residencia del embajador japonés. El que interviene menos es Jiménez, muy enfocado por el ámbito de la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En varios momentos, los contertulios coinciden en que la defensa del Estado peruano, en este caso, ha sido pésima.
– SAN MARTÍN: Creo que se abre una línea… La doctora ha sido muy comprensiva y creo que siempre ha sido abierta con nosotros y con el Estado, eso es lealtad al Estado, lo que no quiere decir que sea parcial, o violando derechos de terceros, pero siempre está llana al diálogo. Un diálogo amplio y de cualquier lógica que ustedes planteen. Ahora, nos parece, porque de hecho la he visto, que la defensa del Estado en el juicio ha sido muy, muy mala y eso también trae problemas. Uno llega hasta el hartazgo, acá dice cosas que parece que no han leído el expediente (ininteligible), el Estado hace tal cosa (ininteligible) aparentemente ayuda (ininteligible) por qué… qué quiere decir: le pone un argumento de presión al tribunal y si el tribunal condena entonces, la corte, la defensa va a sacar (ininteligible).
– CATERIANO: Como ha dicho él eso, ahí está, pues: ¡el Estado es culpable! ¡Lo está reconociendo el propio procurador!
“A VER, CARMENCITA”
Reiteradamente, San Martín le plantea escenarios legales a la jueza.
– SAN MARTÍN: Ella [refiriéndose a Rojjasi] tiene que dar dos respuestas: ¿Se ejecutó extrajudicialmente a Tito? Sí. ¿Ese hecho fue producto de una orden superior? Sí o no. Ahí nomás se queda.
– ROJJASI: Supongo que también se puede decir (inintelegible).
– SAN MARTÍN: Ya. Más eso. Tercero. Pero la base es decir hubo o no extrajudicial. Ése es el antecedente fáctico del otro. Lo demás es imputación normativa.
– ROJJASI: Perfecto, pero aparte de eso le digo una cosa. Nos guste o no nos guste, si Vladimiro, Huamán, Zamudio y Hermoza Ríos son juzgados significa que hubo línea paralela de comando y por tanto (inintelegible) con mayor razón de esto y la Corte…
– SAN MARTÍN: Pueden haber muchas cosas.
– ROJJASI: No, pero con mayor razón. Estamos hablando, vas a lograr una sentencia…
– SAN MARTÍN: A ver, a ver, Carmencita. Una cosa: si tú dices, primero, hubo ejecución extrajudicial ya de hecho el Estado es responsable tercero. Segundo, tú tienes… Ante la sede nacional, la pregunta es: Esa ejecución extrajudicial ¿se hizo por orden de los acusados presentes en juicio? ¿Sí o no? Hay dos preguntas. La pregunta previa es: ¿Hubo o no extrajudicial? Y para decir que fue extrajudicial, tú tienes que decir si en efecto al muerto se le mató estando rendido o fuera de combate, violando o no el derecho humanitario.
Por cierto, César San Martín fue uno de los vocales supremos de la Sala Penal Transitoria que, hace un par de semanas, el 25 de julio de este año, ratificó la absolución de Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos y Roberto Huamán Ascurra por el caso Chavín de Huántar.
Es decir, San Martín ratificó la sentencia de la que estuvo conversando con Rojjasi en mayo del año pasado.
“NO HAY MUERTO EXTRAJUDICIAL”
Casi al final de la conversación, San Martín reitera su análisis de escenarios. Jiménez deja en claro su preocupación y el presidente de la Corte Suprema explica lo que quiere el Estado.
– SAN MARTÍN: Ahora, fíjate. ¿Qué corresponde al Poder Judicial como tal en este caso, no es cierto? Decidir si hubo una ejecución extrajudicial y decidir si en esta ejecución… si este hecho extrajudicial fue dispuesto por una de las personas que son objeto de imputación o fluye que fueron terceros no identificados. Uno puede decir: hay extrajudicial pero no está probado si fue por orden. Dos, no hay extrajudicial y en consecuencia nadie tiene nada. O tres, hay extrajudicial y en efecto uno de ellos lo ordenó. Hay varias salidas que uno tiene. Desde luego, en clave internacional basta que se diga que hubo crimen internacional, que hubo ejecución para que el Estado se hunda. Eso lo tenemos claro…
– JIMÉNEZ: Y la crisis política…
– SAN MARTÍN: La crisis política…
– JIMÉNEZ: … Se arma la pampa.
– SAN MARTÍN: Claro, el escenario ideal para nosotros es… yo puedo… “¡Plazos razonables!”, ya. Bueno, nos demoramos, pe ya. Pero eso es pecata minuta frente (ininteligible).
– JIMÉNEZ: La democracia administrativa…
– SAN MARTÍN: Vamos a decir… diez años, pues, no te los aguanta nadie, ¿no?
– CATERIANO: ¡Pero la justicia demoró nueve!
– SAN MARTÍN: Correcto, interesante. Ya. A mí lo que me interesa, como Estado, es que, porque así hayan matado Juan o Pedro, alguien lo haya matado, alguien lo mató y el Estado es responsable porque no cuidó la vida, no siguió los patrones jurídicos que corresponden en una intervención. Que al intervenido no se le debe de matar y eso (ininteligible). Obviamente el peor escenario es que se diga que todo fue planificado y que hubo una orden, en consecuencia se mancha Chavín de Huántar…
– ROJJASI: Se mancha…
– SAN MARTÍN: Es evidente que lo que uno quiere, como Estado, con la independencia del caso, es que se diga “no hay muerto extrajudicial, murieron en combate”.
“POR DÓNDE VAN LAS BALAS”
El año pasado, cuando INFOS reveló que esta conversación había tenido lugar, la justificación que se dio entonces es que un decreto establece que los procuradores que defienden al Estado en sede jurídica internacional deben coordinar con los titulares de cada entidad. El caso Chavín de Huántar estaba bajo la competencia de la CIDH.
Sin embargo, el problema está en que esta conversación se dio con la jueza que veía el caso nacionalmente. En este proceso, el Estado podía ser declarado tercero civil responsable.
– SAN MARTÍN: En el tema judicial nosotros tenemos que dar una muestra de independencia, de trabajo serio, coherente, que sea y que parezca ser, las dos cosas, que es un juicio que se ha dado con plenas garantías y que la conclusión a que se llegue es la conclusión de un tribunal independiente. Y que desde luego, siempre he exhortado a Carmen a que sea de tal forma, una sentencia que sea muy, muy bien hecha. Yo me he permitido traerla con ustedes para evitar teléfono malogrado, para que por versión de ella, sepan más o menos por dónde van las balas y ustedes tengan una línea de conversación con sus procuradores y con el Presidente para que le expliquen cómo es el tema, dónde están los problemas procesales del caso interno y que pueden merecer con una valoración adicional.
Poco después, el actual ministro de Defensa se dirige a la jueza:
– CATERIANO: Doctora, su… la resolución de la sala que usted preside se va a ventilar, internacionalmente, o sea, le guste o no. Es decir, lamentablemente estamos viendo en el compás, en el ritmo nacional e internacional, más o menos así, en comparación al momento que le toca resolver este tema. Entonces, su… la resolución de la sala que usted preside de todas maneras causa un impacto…
Meses después del almuerzo, el 15 de octubre de 2012, la Sala que presidía Rojjasi exculpó a Montesinos, Huamán y Hermoza. La sentencia negó que haya habido una cadena de mando paralela a la de los comandos. Sin embargo, en la cuestión principal, resolvió en contra de lo que el gobierno quería. Dijo que el emerretista Eduardo Cruz Sánchez, más conocido como Tito, había sido ejecutado extrajudicialmente.
Tres días antes de que se emitiera la sentencia, el Consejo Nacional de la Magistratura decidió no ratificar a la jueza Carmen Rojjasi. En la práctica, fue una destitución.
En los últimos segundos de los audios, se escucha la voz de quien luego sería el Presidente del Consejo de Ministros:
La Cuarta Sala Penal Liquidadora, presidida por la juez superior Aissa Mendoza, aprobó el inicio de un nuevo juicio público al ex dictador Alberto Fujimori, por el desvío de fondos del Estado para la compra de la línea editorial de los diarios chicha en los años noventa.
Ahora, solo falta que los jueces definan la fecha, hora y lugar donde se realizará este juicio. Los anteriores, se realizaron en la sede de la Diroes, en ambientes acondicionados para la ocasión, que tendrían que volver a implementarse.
Igualmente, dado que Fujimori cumple una pena mayor de 25 años de cárcel por asesinato y secuestro, que no cambiará con este proceso, el ex dictador podría aceptar los cargos y evitar que este caso se ventile en público y de paso recibir una pena menor, en premio por el ahorro que generaría al Estado.
Alberto Fujimori es acusado en este juicio del delito de peculado.
Cañete. El titular de la Primera Fiscalía Supraprovincial Penal, Jesús Hermosa, encabezó en los cementerios de San Vicente e Imperial de Cañete la exhumación de ocho cadáveres de internos que murieron en el debelamiento del motín senderista en El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, entre el 18 y 19 de junio de 1986, durante el primer gobierno de Alan García.
EL FrontónAcompañado por un equipo de médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Lima y personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX), el representante del Ministerio Público realizó la diligencia durante más de cuatro horas, bajo estrictas medidas de seguridad que impidieron no solo el acceso de los periodistas y algunos familiares de los fallecidos, sino incluso de deudos que habían acudido a visitar a otros difuntos y que tuvieron que retirarse –obligados– de ambos cementerios.
Los peritos examinaron los cuerpos para determinar las causas de deceso. Se supo que algunos de los cuerpos exhumados corresponden a Enrique Oswaldo Arévalo, Alfredo Fauster Ríos y Juan Lévano Arias.
La diligencia forma parte de las investigaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales.
La Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó la absolución del exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza Ríos y Roberto Huamán Azcurra del delito de homicidio calificado por el proceso de las ejecuciones extrajudiciales en la operación ‘Chavín de Huantar’.
Vladimiro MontesinosVladimiro MontesinosLa sentencia ratificada establece que no se pudo acreditar la existencia de una cadena de mando entre Montesinos, Hermoza Ríos y Huamán Azcurra y los comandos que ejecutaron extrajudicialmente a los terroristas emerretistas en esta operación.
Por tal motivo se declaró improcedente el pedido de nulidad presentado por la fiscalía y la ONG Aprodeh para que se anule la absolución de los acusados por presuntamente haber ordenado la ejecución de terroristas.
Cabe recordar que esta sala liquidadora absolvió el 15 de octubre del año pasado a Montesinos, Hermoza Ríos y Huamán Azcurra del delito de homicidio calificado contra los emerretistas en la operación de rescate Chavín de Huántar. Sin embargo, el tribunal llegó a la conclusión de que el terrorista Eduardo Cruz Sánchez ‘Tito’ fue ejecutado.
El abogado señaló que ofrecimiento de indulto de Ollanta Humala retrasó sus acciones. Asimismo afirmó que si no logran la anulación de su condena por lo menos que no puede cumplirla en prisión.
Alberto FujimoriAlberto FujimoriEl abogado del ex presidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, César Nakazaki, aseguró que acudirá al Tribunal Constitucional a pesar de la polémica por la elección de sus nuevos integrantes.
“Hay una serie de acciones que estamos analizando justamente el miércoles nos vamos a reunir precisamente para ver cuáles van a ser. La solicitud de indulto que ofreció el presidente Humala en realidad nos ha atrasado”, señaló.
Asimismo afirmó que el fujimorismo basó todas sus esperanzas en la solicitud de indulto presentado a Ollanta Humala y por ello dejaron a un costado todas sus demás ideas.
“Teníamos toda una serie de acciones para lograr la libertad del presidente Fujimori pero ante el ofrecimiento del presidente Humala todas quedaron de lado, pero lamentablemente no ha cumplido”.
Nakazaki dijo que lo que ahora está no es solo su libertad via la anulación de su sentencia si no que también pedirán que debido a su salud que, señalan los fujimoristas, se ha agravado, se determine que ya no puede estar en prisión.
“Por el problema de salud se han generado dos cosas, o que se anule la sentencia o que por lo menos no pueda estar en la cárcel”.
La presentación de este pedido coincide con la polémica elección de los miembros del Tribunal Constitucional, entre los que se encontraban los fujimoristas Rolando Sousa y José Luis Sardó quienes se han mostrado repetidas veces a favor de la liberación de Fujimori Fujimori.
Sin embargo ambos no verían este tema ya que este miércoles se dará la sesión extraordinaria del pleno de Congreso en la que se anularía la elección tanto de los miembros del TC como de Defensora del Pueblo y los miembros del BCR.
“Mi madre pedía libertad a presos políticos, no a los terroristas”, dijo Leonor Luna Zamora ante la Sala Penal Nacional que juzga a siete militares por el asesinato de 16 personas en Ayacucho entre junio y diciembre de 1991, por el caso “Agente Carrión”.
Leonor ZamoraLuna testificó ante el tribunal por la muerte de su madre, Leonor Zamora, y acusó que esta se produjo a manos de los militares. “Ella defendía a quienes sufrían detenciones arbitrarias. Por eso es que los militares la amenazaban y también los senderistas”, indicó.
La hija de la ex alcaldesa de Huamanga agregó que su progenitora “defendió los derechos humanos de los indefensos incansablemente”.
En el 2001, la policía incautó al ex militar Fabio Urquizo Ayma un diario en el que describía los crímenes cometidos en 1991 en Ayacucho.
“No está descartado que expresidente García sea procesado cuando concluya juicio”, sostiene abogada de los deudos Gloria Cano.
El expresidente Alan García será llamado a testificar en el juicio del caso Rodrigo Franco para responder sobre la supuesta protección que brindó, como exjefe supremo de las Fuerzas Armadas del primer gobierno aprista, al referido comando paramilitar acusado de los crímenes del dirigente minero Saúl Cantoral, su compañera Consuelo García y tres estudiantes.
Alan GarcíaAlan GarcíaEl fiscal superior Luis Landa se adhirió al pedido de Cano de convocar a García a juicio y la defensa de los procesados no expresó oposición alguna a la solicitud, por lo que García será llamado a juicio en las próximas semanas.
La solicitud, presentada por la abogada de los deudos Gloria Cano, fue acogida por el colegiado A de la Sala Penal Nacional que procesa al exministro del Interior Agustín Mantilla.
“El comando Rodrigo Franco no pudo haber actuado sin anuencia del Ejecutivo. Para nosotros lo que hacía Rodrigo Franco provenía de García. Los de Rodrigo Franco reivindicaban sus crímenes y queremos saber las supuestas disposiciones que tomó García para desactivar ese grupo paramilitar. Es importante que García venga a explicarle a la sala cuáles fueron las decisiones de su gobierno”, dijo Cano a LA PRIMERA.
Para Cano no existió una decisión política de García y su gobierno para enjuiciar a los integrantes de Rodrigo Franco sino que, por el contrario, fueron protegidos bajo un manto de impunidad.
“Hubo un manto de impunidad, no solo no se investigó sino que se protegió a determinadas personas vinculadas al comando Rodrigo Franco. Queremos saber si la protección provenía del Ejecutivo o si vino a través de Mantilla”, expresó.
Por tanto, la abogada de la parte civil no descartó que García pueda ser procesado por los crímenes del comando paraestatal, en caso al final del juicio se confirmase su conocimiento o participación sobre las actividades de este grupo.
“Si hay algún indicio de que García conocía sobre estos hechos o que prestó su anuencia para la realización y la activación de Rodrigo Franco, tendrá que ser denunciado”, indicó.
LERNER FEBRES A JUICIO
Otro que también será llamado a concurrir a audiencia será Salomón Lerner Febres, expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cuyo informe sirvió para iniciar el proceso.
“Lerner Febres debe explicar las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad, sobre la existencia y actividades del comando Rodrigo Franco”, refirió Cano.
Los dirigentes mineros Cantoral, Víctor Taipe, Raquel Luna y Alfredo Aquino, testificarán también sobre las constantes amenazas que recibía su compañero Cantoral del grupo Rodrigo Franco, antes de ser asesinado.
El hermano del dirigente ajusticiado, Ulises Cantoral, y la viuda Pelagia Contreras de Cantoral, así como los familiares de Consuelo García, y de los estudiantes Sócrates Porta y Miguel Pasache serán asimismo citados a juicio, así como los distintos peritos que estuvieron a cargo de sus muertes.
A continuación, les presentamos notas periodísticas de La República e Ideele Radio, sobre las inspecciones judiciales de los casos “Agente Carrión” o “Morales” y “Cabitos 83”, realizados en la ciudad de Huamanga. Entre los días 25 y 27 de junio se realizaron audiencias itinerantes e inspecciones al cuartel Los Cabitos, la Casa Rosada (destacamento de Inteligencia) y La Hoyada.
En este expediente se imputa el delito de ejecución extrajudicial de 14 personas, las cuales fueron documentadas en 1991, en un diario incautado a Fabio Javier Urquizo Ayma, conocido como el “agente Carrión”.
Urquizo, quien conducía un grupo de inteligencia del Ejército en Ayacucho, habría reivindicado los asesinatos, dando detalles sobre las ejecuciones, las que coinciden con los protocolos de necropsia.
Paralelamente, desde hoy hasta este jueves, la sala recibirá los testimonios de los familiares de las víctimas del caso Los Cabitos. Además, realizará la inspección al Cuartel Los Cabitos, donde habrían ocurrido las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones en 1983.
La fiscalía pidió 30 años de cárcel para Pedro Avendaño Paz, jefe militar de la zona en esa época y otros ex militares.
Jueces recogen testimonios de parientes de víctimas de militares en Ayacucho
Magistrados de la Sala Penal Nacional de Lima recogieron en Ayacucho los testimonios de los familiares de las víctimas y testigos presenciales en el juicio que se les sigue a ex oficiales del Estado Mayor del Cuartel Los Cabitos, a quienes se acusa de la ejecución y desaparición de civiles.
Los ex militares son procesados por los casos “Agente Carrión” y “Cabitos 83”. Por el primero se les imputa el asesinato de 14 personas, entre ellas el periodista Luis Morales Ortega y la ex alcaldesa Leonor Zamora y, por el segundo, el secuestro y desaparición de 53 civiles luego de que estos ingresaran a Los Cabitos.
En el caso “Agente Carrión” son procesados 7 ex militares, siendo uno de ellos el ex agente de inteligencia Favio Javier Urquizo Ayma, a quien se le incautó un diario en el que describía con detalle los crímenes cometidos entre junio y diciembre de 1991.
Junto a Urquizo son acusados el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército Juan Rivero Lazo, el ex jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército Raúl Silva Mendoza, el ex jefe Político Militar de Ayacucho Hugo Martínez Aloja, el ex jefe de la sección de Inteligencia Sigifredo Miranda Vásquez y su auxiliar Carlos del Busto Hervia, y Abraham Francisco Reyes Ewest Ventocilla.
El octavo acusado, el ex oficial Ángel Tello Tandazo, está prófugo. La fiscalía solicitó 25 años de cárcel para cada uno.
Luis Morales, colaborador del diario Marka, fue asesinado el 13 de julio de 1991.
“Ese día quedamos en encontrarnos a las 9 am (…); a las 8 y 45, escuché cuatro disparos de bala en la dirección de la calle Dos de Mayo. Apenas llegué al lugar encontré a Luis Morales tirado en el piso (…) Tenía dos disparos: uno en la espalda y otro en el cráneo”, relató el periodista Magno Sosa.
Hoy los jueces inspeccionarán los ambientes del cuartel.
Jueces recorrieron centros de tortura de Los Cabitos
Los jueces de la Sala Penal Nacional inspeccionaron ayer, en la ciudad de Huamanga, los dos locales que funcionaron como centros clandestinos de detención y tortura de personas desaparecidas en los años 80, cuando los militares tenían todo el control político militar en Ayacucho y Huancavelica.
El tribunal presidido por el Dr. Ricardo Brousset Salas inspeccionó los ambientes del primer local conocido como la “Casa Rosada”, ubicada en la Urb. Mariscal Cáceres Mz. “L” Lote 9 en la ciudad de Huamanga que, según testimonios, funcionó de enero a octubre de 1983, como un lugar donde se cometían torturas a ciudadanos detenidos.
En este lugar los magistrados constataron los cuartos en los tres pisos, para poder valorarlo y compulsarlo con los testimonios de las víctimas, en el proceso que se encuentra en juicio oral contra siete ex oficiales del estado mayor operativo del cuartel Los Cabitos.
Olga Quispe, profesora cesante, quien vive al lado de la “Casa Rosada”, dijo que con frecuencia escuchaba gritos de hombres y mujeres que se quejaban de dolor. Cuando salía solo observaba a dos policías que prestaban servicio de vigilancia en la puerta.
“Como a las 2 de la tarde escuchaba que le hacían gritar a la gente poniendo música a alto volumen. Una mujer gritaba fuerte de dolor y no sabía qué es lo que pasaba dentro de esa casa”, recuerda la testigo de los hechos.
Sala Penal Nacional realizó audiencia por caso Morales y Cabitos
Ayacucho (Mario Zenitagoya).- La Sala Penal Nacional inspeccionó el sector denominado La Hoyada, las instalaciones del Cuartel Los Cabitos 51 y la Casa Rosada, en el marco de la audiencia del juicio oral de los casos Morales (Agente Carrión y otros) y Cabitos, entre el lunes 24 y jueves 27 de junio.
La Sala Penal Nacional, que preside el magistrado Ricardo Broussett, recogió el testimonio de los familiares de las víctimas y testigos, investigación que empezó en mayo de 2011. En este hecho son procesados siete altos mandos militares por crímenes de lesa humanidad, torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y violaciones sexuales.
Días atrás, el antropólogo Jaime Urrutia, sobreviviente de torturas y testigo en el juicio por el Caso cabitos, reconoció a uno de los militares que lo interrogó en el año 1983 en Ayacucho. Se trata del acusado Pedro Paz Avendaño, quien fue el jefe del destacamento de inteligencia de Huamanga, acantonado en la Casa Rosada.
En su momento, la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) informó que el Cuartel Los Cabitos fue la sede del Frente Político Militar de Ayacucho y sirvió como lugar de detenciones, tortura y asesinato entre los años 1983 y 1990. La denominada Casa Rosada funcionó como un anexo al cuartel y como un centro de torturas y aniquilamiento
Constatan que hubo fosas clandestinas en Los Cabitos
Elías Navarro (Ayacucho)
Jueces de la Sala Penal Nacional inspeccionaron los ambientes del cuartel Los Cabitos que, según la acusación fiscal, funcionó como centro de reclusión, tortura, desaparición y ejecución extrajudicial de sospechosos de terrorismo, durante 1983 y 1985.
En la diligencia, Armando Prado Gutiérrez, Vicente Canchari Lizana, Teodosio Huamán Toledo, Mauro Ramos, entre otros sobrevivientes, reconocieron los ambientes donde fueron confinados arbitrariamente, así como las vigas en las que fueron colgados con sogas para someterlos a interrogatorios bajo torturas.
“Nos llevaron con los ojos vendados y a golpes. Los militares nos torturaron diciéndonos: ¿Dónde están los terrucos que ustedes conocen? ¿A cuánta gente han matado?”, narró.
“Cuando me pasaban con electricidad empecé a temblar –continuó–. Me patearon en el estómago hasta vomitar y me golpearon en la cabeza hasta sangrar. Después de tres días, a mí y a Vicente Canchari nos liberaron diciendo: ¡Corran! ¡Corran! Mientras que Jaime Gamarra se quedó y está desaparecido”.
Los jueces también recorrieron el área de excavación de tumbas clandestinas, de donde se han exhumado restos de 109 individuos. La mayoría tenía orificios de bala en el cráneo y las manos atadas.
Ricardo Brousset, presidente de la Sala Penal Nacional, explicó que la diligencia tiene por objeto conocer las zonas de excavación “para tener una valoración del informe que presentaron los peritos al expediente”.
Al respecto, Gloria Cano, abogada de Aprodeh, señaló que con esta investigación queda comprobado que hubo detenidos dentro de Los Cabitos, así como la existencia de ambientes de tortura y fosas clandestinas donde se hallaron restos de los desaparecidos.
La diligencia forma parte del juicio en el caso Cabitos 83, en el que se acusa a siete ex oficiales EP por la desaparición de 53 personas. Entre los procesados está Carlos Briceño Zevallos, ex presidente del Comando Conjunto de las FFAA en 1983.
