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News Reports on Transitional Justice in Peru

Ayacucho: Afectados por violencia política piden a cardenal Cipriani no intervenir en caso Fujimori

  • Ideele Radio – Ello en respuesta al cardenal Juan Luis Cipriani, quien consideró que el presidente Humala debe tomar ya una decisión sobre el pedido de indulto humanitario.

Ayacucho (Mario Zenitagoya).- La Coordinadora Regional de Organizaciones Afectados por la Violencia Política de Ayacucho (Coravip) solicitó al cardenal Juan Luis Cipriani no intervenir en el pedido de indulto humanitario en favor del expresidente Alberto Fujimori, informó Percy Huauya Bautista, representante de esta organización.

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CORAVIP Ayacucho“El cardenal durante los años de violencia que vivió Ayacucho, cuando se desempeñaba como arzobispo, no fue la voz que defienda a las personas humildes, por el contrario, cerró la puerta de su despacho a las personas que pedían apoyo ante los hechos de violación de derechos humanos. Esa actitud no es olvidada hasta la fecha, por ello, no debe intervenir en este caso”, declaró al corresponsal de Ideeleradio.

Por su parte, Carlos Condori Castillo, excoordinador de la Mesa Concertación de Lucha Contra la Pobreza en Ayacucho, indicó que se debe cumplir con los procedimientos establecidos antes de otorgar un indulto humanitario. En ese sentido, señaló que no es una decisión solamente del Presidente de la República, sino de todo un equipo especializado.

Cabe señalar que el cardenal Juan Luis Cipriani consideró que el presidente Ollanta Humala debe tomar ya una decisión sobre el pedido de indulto humanitario a favor del exmandatario Alberto Fujimori, porque este tema ya está “suficientemente maduro”

Publicado en Ideele Radio el 1º de abril de 2013

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WOLA se pronuncia sobre el indulto humanitario a Alberto Fujimori

Rightsperu, 30 de marzo de 2013 – El día de ayer, el diario La República entrevistó a la asesora principal de Washington Office on Latin America (WOLA), Jo-Marie Burt, sobre la solicitud de un indulto humanitario para ex presidente Alberto Fujimori, quien actualmente purga 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Consideró que frente al descarte de la existencia de cáncer (es decir, de una enfermedad terminal) el estado de salud del ex presidente no amerita la gracia presidencial, así tampoco, los indicios de depresión. La entrevista fue también publicada en Andina Perú.

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WOLA fue una de las organizaciones internacionales que observó el juicio a Fujimori a lo largo del proceso. En vista de la importancia del proceso para los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, WOLA considera fundamental que cualquier decisión que se pudiera tomar acerca de la situación de Fujimori se atenue a la ley y tomando en consideración la gravedad de los hechos. En tal sentido se pronunció WOLA en octubre del 2012, en el contexto de una campaña de parte de los partidarios del Fujimorismo para que el Presidente se le concede un indulto humanitario a Fujiomri, en una carta abierta al Presidente Humala. En la carta, WOLA indica que no debería otorgar el indulto humanitario al ex presidente, si las condiciones médicas no lo ameritaban, pues sería un agravio contra las víctimas y sus familiares. La carta fue publicitada en medios como La República, Andina y RPP.

Por otro lado, los familiares de las víctimas de La Cantuta, El Santa, Barrios Altos y Sótanos SIE, desde hace varios días vienen solicitando reunirse con la Comisión de Indultos del gobierno. Varios ciudadanos han participado en movilizaciones para manifestarle al gobierno su desacuerdo con un indulto para Fujimori.

Familiares de víctimas durante el gobierno de Alberto Fujimori en plantón contra el indulto © APRODEHFamiliares de víctimas durante el gobierno de Alberto Fujimori en plantón contra el indulto
© APRODEH

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Fiscalía dice que Fujimori conocía plan para asesinar a Mariella Barreto

Por Elizabeth Zalazar Vega
Unidad de investigación de El Comercio

En marzo de 1997, el cuerpo de la agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE) Mariella Barreto fue hallado descuartizado a la altura de la carretera que lleva a Canta. Han pasado exactamente 16 años y recién se cuenta con acusación fiscal para sancionar a los culpables.

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Vladimiro Montesinos y Alberto FujimoriVladimiro Montesinos y Alberto FujimoriEl documento fue presentado el 1 de marzo al Poder Judicial por la titular de la Tercera Fiscalía Superior Especializada en Corrupción, Delia Espinoza. La acusación fiscal, a la que tuvimos acceso, sostiene que el ex presidente Alberto Fujimori tenía pleno conocimiento del plan Tigre 96, elaborado por su asesor Vladimiro Montesinos para neutralizar a personal militar que filtraba datos a la prensa sobre los delitos que cometía el régimen. “El secuestro, desaparición, tortura y asesinato de Mariella Barreto obedeció a dicho plan operativo”, señala la fiscal.

“Ante la fuga de información desde el sistema de inteligencia hacia la opinión pública, respecto a los hechos que se estaban perpetrando en el gobierno de Alberto Fujimori a través del destacamento Colina, se elaboró el plan operativo Tigre 96”, se indica en el documento. Según la fiscal, la filtración de datos ponía en riesgo la perpetuidad del régimen; sus líderes lo sabían y trataron de evitarlo capturando a los militares sospechosos.

El procurador anticorrupción Julio Arbizú explicó que su despacho ha seguido el Caso Barreto por el delito de asociación ilícita contra Montesinos y ex militares, pero Fujimori nunca había sido implicado. “No se lo investigó por ello, y para hacerlo se tendría que ampliar el pedido de extradición. La sala que vea el caso, en su fallo final, también puede pronunciarse al respecto si es que considera que hay elementos para abrir una investigación y conocer cuánto sabía Fujimori de estos crímenes”, agregó.

CADENA PERPETUA

La fiscal no ahonda en Fujimori, pues él no es objeto de la denuncia, sino Montesinos y sus cómplices. En este sentido, Espinoza confirmó el pedido de cadena perpetua contra el ex asesor y Nicolás Hermoza Ríos, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; Juan Yanqui Cervantes, director de Inteligencia del Ejército; Carlos Sánchez Noriega, jefe del SIE; y José Salinas, jefe de Contrainteligencia del SIE, por planificar el crimen.

También pidió la máxima pena para los miembros del grupo Colina Santiago Martin Rivas, Jesús Sosa Saavedra, Wilmer Yarlequé Ordinola y José Alarcón Gonzales por ejecutar la orden.

Los delitos que se les atribuyen son secuestro agravado, tortura, asesinato y asociación ilícita en contra del Estado, por lo que se pide el pago de una reparación civil de S/.900.000 a favor de los deudos.

Esta sería la mayor pena que se les imponga, pues el grupo Colina tiene una sentencia firme de 25 años por los casos Barrios Altos, Pedro Yauri y El Santa, mientras que Montesinos tiene otra de 20 años por tráfico de armas.

La abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) Gloria Cano dijo que aún no había sido notificada del dictamen fiscal pero cuestionó que se hayan tardado 2 años en pronunciarse. La demora permitió que Martin Rivas y Alarcón Gonzales obtengan libertad por exceso de carcelería. De no ser por la sentencia por el Caso Barrios Altos habría salido en diciembre.

La acusación fiscal ha sido enviada a la Cuarta Sala Penal Liquidadora, pero Cano advierte que este despacho se ha declarado incompetente alegando que es la Sala Penal Nacional la que ve procesos contra Montesinos. “Hemos impugnado esta decisión y esperamos la reviertan para que no se vicie el proceso”, dijo.

PARA RECORDAR

REABREN EL CASO

Luego de investigaciones fallidas, el caso se reabrió el 2007 con la fiscal Flor Vega. El 4 de enero del 2008, la jueza Magaly Báscones confirmó la detención de Carlos Sánchez Noriega.

TORTURA

El 27 de agosto del 2010, los restos de Barreto fueron exhumados por orden de la jueza Báscones. Las nuevas pruebas determinaron que la agente habría estado viva cuando empezaron a mutilarla.

LIBRES

El 18 de diciembre del 2012, la Cuarta Sala Penal Liquidadora ordenó la excarcelación de Santiago Martin Rivas y José Alarcón por exceso de carcelería. Siguieron presos por tener otra condena.

PRESIÓN

El 19 de diciembre del 2012, el fiscal de la Nación, José Peláez, ordenó que la Fiscalía Suprema de Control Interno verifique el retraso en la elaboración del dictamen.

Publicado en El Comercio el 28 de marzo de 2013

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Piden 8 años para Fujimori por el caso “Diarios chicha”

La fiscal superior anticorrupción Delia Espinoza solicitó al Poder Judicial imponer una pena de ocho años de prisión al ex presidente Alberto Fujimori por el desvío de fondos del Estado para la compra de la línea editorial de los diarios chicha, en los años noventa.

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Alberto FujimoriAlberto FujimoriAdemás, solicitó que se le imponga tres años de inhabilitación y el pago de tres millones de soles de reparación civil. La acusación fue presentada ante la 4° Sala Penal Liquidadora, que se encargará del juicio público respectivo.

Esta acusación es consecuencia de la ampliación de la extradición concedida por Chile, en noviembre pasado.

De acuerdo con la Fiscalía, Alberto Fujimori se valió de su condición de presidente de la República para desviar 122 millones de soles de los fondos de las FFAA al Servicio de Inteligencia Nacional.

Luego ese dinero fue usado para la compra de los diarios ‘chicha’ que apoyaron su tercer reelección consecutiva el año 2000, mientras destruían la imagen de sus opositores.

Publicado en La República el 16 de marzo de 2013

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Médicos de Fujimori no forman parte de la junta médica

Por María Elena Castillo

“La Comisión de Gracias Presidenciales ha sido enfática en decir que estos dos médicos no integran la junta médica”, recalcó la ministra de Justicia, Eda Rivas, sobre los dos galenos que asistieron a la visita realizada ayer por los médicos oficialmente designados para verificar el estado de salud del ex presidente Alberto Fujimori, sentenciado por violaciones a derechos humanos.

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© La República© La República“(Los médicos tratantes de Fujimori) han estado presentes pero no han integrado ni van a integrar ninguna otra junta. Han estado observando”, precisó, refiriendo que dependerá de la Comisión de Gracias Presidenciales la fecha en que se emitirá el informe médico, que debe ser incluido en el expediente de solicitud de indulto humanitario del ex presidente.

De esta manera desmintió al vocero fujimorista, Alejandro Aguinaga, quien afirmó que de acuerdo a la Ley de Salud, los dos médicos del ex mandatario deberían participar en la junta.

“Esto no es una evaluación para ver qué opinión se seguirá para un tratamiento. Este es un tema especial vinculado al indulto humanitario que se ha pedido”, aclaró.

Solo observadores

Más tarde, la Comisión de Gracias Presidenciales emitió un comunicado informando que en la mañana se realizó la diligencia para evaluar la salud de Fujimori, como parte del trámite de indulto humanitario.

Precisaron que la junta médica penitenciaria estuvo compuesta por los médicos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), así como especialistas designados por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), el Hospital Arzobispo Loayza, el Instituto de Salud Mental Honorio Delgado-Hydeo Noguchi y el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público.

“Conforme a lo acordado, por unanimidad, por la Comisión de Gracias Presidenciales, en su sesión del 8 de febrero último, el INPE autorizó la presencia de dos médicos tratantes del interno Alberto Fujimori, con la exclusiva finalidad de absolver las eventuales interrogantes que puedan formular los médicos integrantes de la Junta Médica Penitenciaria”, dice el documento.

Dejaron bien claro que los “médicos tratantes del interno no forman ni integran la Junta Médica Penitenciaria; por lo tanto, no han participado en las deliberaciones ni suscrito el acta respectiva”.

Asimismo, la comisión señaló que el acta de la junta médica será evaluada, junto con otros documentos que han solicitado de acuerdo a la normativa vigente y serán evaluados en el momento correspondiente dentro del trámite regular de la solicitud.

Visita de la Comisión

Según reveló el semanario Hildebrandt en sus Trece, durante su visita a Fujimori, el 7 de febrero pasado, los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales pudieron comprobar que si bien está delgado, no está moribundo.

Según la transcripción de este encuentro, que duró hora y media, Fujimori se quejó por las filtraciones a la prensa de fotos y videos de su celda, así como por el cambio de los trabajadores del INPE que lo cuidaban.

Llamó la atención que en varios momentos haya recalcado que había sido diez años presidente del Perú, lo que fue interpretado por algunos miembros como un intento de dominar la situación.

Una persona que participó en la visita refirió que sus palabras no parecían ser las de una persona que solicita un indulto sino la de una autoridad que concedía una audiencia. Al punto que no permitió a los miembros de la comisión que tomarán fotos de la reunión, diciéndoles: “Quién sabe qué uso le darán.

Keiko se pronuncia

Ni bien la titular de Justicia anunció la visita, la hija del ex mandatario, Keiko Fujimori, a través de su cuenta de Twitter, mostró su conformidad con la diligencia realizada.

“Saludo que finalmente los doctores Postigo y Lozada hayan participado hoy en la junta evaluadora”, escribió, a pesar de que minutos antes la ministra Rivas precisó que ninguno de ellos era miembro de la junta médica, sino que estuvieron presentes como observadores.

“Espero que las opiniones de los médicos tratantes esclarezcan las dudas sobre el estado de salud de Alberto Fujimori”, insistió la hija del ex presidente.

La participación de los oncólogos Juan Postigo Díaz y del psiquiatra Hugo Lozada Roca en la junta médica fue cuestionada porque son médicos personales de Fujimori y ya han adelantado opinión a favor de su excarcelación.

El equipo oficial

Los miembros que integran la junta médica penitenciara y que suscribieron el acta son:

  • Los oncólogos de Cabeza y Cuello del INEN, Carlos Ernesto Oleachea Matto y Eduardo Salas Hurtado.
  • El médico cirujano del INPE, Jorge Cuzquén Salas, y los especialistas en medicina general Marco Villanueva Ramos y Víctor Bravo, y el psiquiatra Andrew Sidwey.
  • Los médicos legistas del Instituto de Medicina Legal, Marleny Huerta Valdivia y Manuel Laguerre.
  • Victoria Armas Rodríguez, cardióloga, y Gustavo Vásquez Rubio, psiquiatra del Hospital Loayza.
  • Los psiquiatras del Noguchi, Luis Matos Retamozo y Guillermo Ladd.

Publicado en La República el 23 de febrero de 2013

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Fujimori a juicio por financiar ‘prensa chicha’ con fondos públicos

Por María Elena Hidalgo

  • Alberto Fujimori enfrentará un nuevo juicio penal por corrupción.

La Corte Suprema de Chile acogió la demanda del Estado peruano para procesar al ex mandatario por ordenar el desvío de 120 millones de soles del presupuesto de las Fuerzas Armadas con el propósito de financiar a la “prensa chicha”.

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Según la Corte Suprema de Chile, está probado que Alberto Fujimori dispuso de los fondos de las FFAA para financiar a la "prensa chicha"Según la Corte Suprema de Chile, está probado que Alberto Fujimori dispuso de los fondos de las FFAA para financiar a la “prensa chicha”Entre 1998 y el 2000, los diarios de corte popular y sensacionalista y de bajo precio publicaron contenidos fabricados por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), con la finalidad de desprestigiar a los adversarios políticos del régimen y calumniar a periodistas independientes que investigaban la corrupción. Al mismo tiempo, los periódicos destacaban la imagen de Fujimori como parte de su campaña por la reelección.

El dinero dilapidado del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea era acopiado y administrado por el ex jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, quien sobornaba a los diarios populares para que publicaran portadas y contenidos agraviantes todos los días, semana a semana, mes a mes, año a año.

ASÍ COMENZÓ

El 25 de enero del 2005, el Poder Judicial condenó a 29 personas por el caso de la “prensa chicha”, entre ellos a Montesinos, a varios ex comandantes generales de los institutos armados, así como a los propietarios y directores de los periódicos subvencionados. Pero quedó pendiente el proceso contra Fujimori.

Como consecuencia de esta sentencia, en el 2008 el Poder Judicial solicitó al Ministerio de Justicia que iniciara los trámites ante la Corte Suprema chilena para que ampliase la extradición a Fujimori a fin de enjuiciarlo por el caso de la “prensa chicha”.

El 14 de setiembre, la Corte Suprema de Chile falló a favor del requerimiento de la justicia peruana.

Mientras el abogado de Fujimori apeló la resolución de la justicia chilena, simultáneamente los hijos del ex presidente y los dirigentes del fujimorismo emprendieron una vigorosa campaña para que el mandatario Ollanta Humala le conceda el indulto humanitario.

Los fujimoristas confiaban en que el ex presidente recibiría el indulto antes de que se conociera el fallo de la justicia chilena, por eso incrementaron la presión sobre el Ejecutivo mediante despliegues mediáticos. Pero la Corte Suprema de Chile se adelantó y autorizó por decisión unánime el proceso contra Fujimori.

El procurador anticorrupción Julio Arbizu explicó a La República que si se le otorgase el indulto a Fujimori, solo se le anularían las sentencias vigentes por delitos de corrupción y lesa humanidad, pero no así por el caso de la “prensa chicha”, porque se trata de un nuevo juicio penal. Además, tendría que volver a prisión, porque en este proceso Fujimori tiene orden de detención (ver nota aparte).

Con la luz verde de la Corte Suprema chilena, ahora corresponde al Ministerio Público formular acusación contra Fujimori. El juicio podría arrancar a más tardar en enero del año próximo.

TESTIMONIOS DE CARGO

Según el fallo de la justicia chilena, la defensa peruana acreditó “que existe una desviación o sustracción de fondos del Estado ordenada por la máxima autoridad política (el ex presidente Fujimori) encargada de la gestión, administración e inversión de sus fondos, para fines no públicos, sino de su propio y particular interés político”.

De acuerdo con la resolución chilena, “el delito por el que se accede a la petición de extradición solicitada por el Gobierno de Perú denominado ‘Caso Diarios Chicha’ corresponde al de malversación de caudales públicos previsto y sancionado en el artículo 233º del Código Penal Chileno”.

Además, la justicia chilena precisó que la responsabilidad de Fujimori queda acreditada porque sus subordinados actuaron de acuerdo con los dictados de este, ya que existió lo que se conoce como “empresa criminal conjunta”.

“Cuando existe un ‘plan común’ o ‘propósito común’ que ordena, o en el cual participa el jefe, este resulta penalmente responsable de los delitos cometidos por los subordinados”, indica el fallo.

Precisamente, al respecto, el abogado que ejerció la defensa del Perú ante la Corte Suprema de Chile, Alfredo Etcheberry, relató en su momento a La República que la evidencia más fuerte contra Fujimori consistía en el conjunto de declaraciones de sus ex subordinados, que le atribuían haber autorizado el desvío de fondos para subvencionar a los “diarios chicha”.

“En el pedido de ampliación de extradición se invocó la indiscutible y estrecha vinculación entre el ex presidente Fujimori y Montesinos, y la circunstancia de que en último término los pagos ilegítimos iban en beneficio de la reelección de Fujimori”, dijo Etcheberry.

Y fue justamente Montesinos quien, durante el juicio que enfrentó por el caso, señaló la responsabilidad del ex jefe del Estado: “Fujimori me ordena que se realice un estudio de medición de opinión pública sobre la aceptación que tenían los denominados diarios chicha […]. Decidió que debería iniciarse un contacto con los diarios ‘Mañanero’, ‘La Chuchi’, ‘Diario Más’, ‘El Chato’, ‘Conclusión’, ‘El Tío’ y ‘La Yuca’ […]. Se paga a los periódicos con la finalidad de difundir la imagen de Fujimori y apoyar su campaña de reelección presidencial, así como cuestionar a los opositores políticos. Todo se hizo en beneficio exclusivo del ex presidente Fujimori y por orden expresa del mismo es que se implementó esa tarea”, expresó el ex asesor presidencial.

También declararon en el mismo sentido el ex comandante general del Ejército general (r) José Villanueva, el ex comandante general de la FAP teniente general (r) Elesván Bello, el ex ministro de Defensa general (r) Carlos Bergamino, entre otros altos mandos.

Villanueva manifestó que el propio Fujimori le dijo que debía transferir los fondos al SIN: “Fujimori me manifestó que era correcto (el desvío del dinero) y que se venía haciendo así desde hacía unos años. […]La intención era transferir fondos a la Presidencia de la República por intermedio del SIN”, afirmó el general Villanueva. Son testimonios demoledores.

PROCURADOR JULIO ARBIZU: “DELITO ATRIBUIDO A FUJIMORI NO HA PRESCRITO”

Para el procurador anticorrupción Julio Arbizu, la Corte Suprema de Chile confirmó que Alberto Fujimori dispuso de los fondos públicos para beneficio político propio.

“La justicia chilena ha certificado que desde el más alto nivel del Ejecutivo provino la orden para la desviación de fondos de las Fuerzas Armadas hacia los periódicos ‘chicha’, a fin de que hicieran campaña por la reelección de Fujimori”, arguyó Arbizu.

Respecto a que la defensa del ex presidente afirma que el delito que se le atribuye a Fujimori ha prescrito, el procurador respondió que la Corte Suprema desechó ese argumento y que por eso accedió a ampliar la extradición.

Arbizu recordó que Fujimori ha perdido el derecho al antejuicio, por lo tanto será juzgado por un tribunal superior.

Para el procurador, hay suficiente evidencia contra el ex jefe del Estado, “como las declaraciones de los ex jefes militares que señalaron que Fujimori dio la orden”.

EN CIFRAS

  • 6 mil dólares pagaba Montesinos a los diarios “chicha” por cada portada.
  • 50 mil dólares pagó el SIN por la marca “Referéndum”, un diario que era de oposición.
  • 8 años de prisión recibiría Fujimori si es sentenciado.
  • 29 personas ya fueron condenadas por el caso de la “prensa chicha”.

ENFOQUE

Ángel Páez

Jefe de la Unidad de Investigación

Baldón para la campaña mediática

Qué ironía. Justo en el momento en que arreciaba la campaña mediática para que el Ejecutivo autorice a Alberto Fujimori conceder una entrevista a una radioemisora de su preferencia, la Corte Suprema de Chile accedió a que la justicia peruana enjuicie al ex mandatario por financiar a los “diarios chicha” para masacrar a los opositores del gobierno y a los periodistas independientes.

Los que hoy reclaman a gritos que se le permita a Fujimori expresarse con libertad –no obstante que la norma no se lo permite– no emitieron una sola palabra de protesta cuando los periódicos populares, todos los días, notoriamente financiados por el SIN, destrozaban la reputación de quienes estaban en contra de la reelección o destapaban la corrupción del régimen.

Hay que leer la sentencia de la Corte Suprema de Chile para formarse una idea de la dimensión del acto de corrupción que perpetró Fujimori. La justicia sureña señala que está acreditado que el ex jefe del Estado concertó una acción criminal con sus subordinados con la finalidad de beneficiarse políticamente, para lo que no dudó en usar recursos públicos. El fallo es un baldón para quienes exigen libertad de expresión a favor de un ex presidente que la pisoteó sistemática y concienzudamente.

Publicado en La República, el 14 de noviembre de 2012

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Trial Reports

La prisión de lujo de Fujimori tiene inodoro con calefacción

Por Paola Ugaz (corresponsal en Lima)

  • El expresidente peruano, condenado a 25 años por delitos de lesa humanidad, homicidio y secuestro, espera respuesta a la petición de indulto

Hasta ahora era el secreto mejor guardado por los seguidores del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000). Y, gracias a las imágenes publicadas por «Diario 16», sabemos cómo vive recluido uno de los reos más importantes de Perú. Se trata de una celda situada en la ex hacienda Barbadillo, a las afueras de Lima, a su vez la sede de la División de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía peruana.

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Alberto Fujimori, ante los tribunales, en abril de 2009Alberto Fujimori, ante los tribunales, en abril de 2009De acuerdo con las imágenes del diario limeño, Fujimori tiene una habitación de catorce metros cuadrados, además de comedor, cocina, cuarto de baño con agua caliente, una habitación para las visitas y un patio de 85 metros cuadrados para sus caminatas.

En su espacioso cuarto alfombrado, el exmandatario que renunció por fax a la presidencia en noviembre de 2000 tiene una cama de hospital para dormir, armarios y un inodoro especial con calefacción.

Tres enfermeras se turnan las veinticuatro horas del día y tiene cerca a un médico que trabaja los martes y viernes en la Diroes.

Clases particulares de escultura

También dispone de una habitación con teléfono público para recibir y hacer llamadas, y un espacioso taller de 28 metros cuadrados donde se dedica a pintar y recibe clases particulares de escultura.

El espacio mayor con el que cuenta Fujimori -entre los diez mandatarios más corruptos del mundo, según la ONU- es un jardín de cerca de 375 metros cuadrados donde cultiva rosas y otras plantas.

Precisamente este miércoles, el congresista e hijo menor de Fujimori, Kenji Alberto, convocó una rueda de prensa para hablar sobre las condiciones carcelarias de su padre. Mientras mostraba un plano de la prisión, señalaba que «hay maldad» en las versiones que circulan en la prensa sobre cómo y dónde vive.

«Está solo por seguridad, mi padre fue un presidente que derrotó al terrorismo»

«Hay cárceles que tienen seis mil reos; este centro penitenciario una sola persona, eso es obvio, pero es una medida de seguridad: mi padre fue un presidente que derrotó al terrorismo, ergo es el enemigo más grande del terrorismo», señaló Kenji Fujimori.

«El encierro, el aislamiento y la soledad en que se encuentra (Fujimori) le producen estrés, depresión y hacen que la enfermedad sea más recurrente, han hecho un círculo vicioso y es lo que le genera las recaídas», concluyó.

Las imágenes de la cárcel de Fujimori fueron realizadas por trabajadores penitenciarios indignados con las declaraciones del benjamín de los Fujimori; por ello las enviaron a «Diario 16».

Los trabajadores hicieron las fotografías el pasado 25 de septiembre, mientras el exmandatario se encontraba internado en la clínica San Felipe de Lima.

Hacinados

El hacinamiento, las enfermedades como la tuberculosis y el sida, y el riesgo de morir en una reyerta, son los rasgos más característicos de las cárceles en Perú, donde solo en el Penal de Lurigancho, habilitado para 2000 personas, viven más 7.500 reos.

Desde comienzos de octubre, los hijos de Fujimori (Keiko Sofía, Hiro, Sashi y Kenji) pidieron un indulto humanitario para su padre, de 74 años, porque temen que pueda morir en prisión, a pesar que no tiene cáncer, pero sí una lesión en la lengua que aparece cada cierto tiempo.

El Gobierno de Ollanta Humala ha indicado que existen más de un centenar de peticiones de «gracia» presidencial que serán evaluadas por una comisión (adscrita al Ministerio de Justicia y Culto). Esta comisión dirimirá según sus condiciones reales de salud.

 

Publicado en ABC.es el 09 de noviembre de 2012

 

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Trial Reports

Barbadillo Inn

© La República© La RepúblicaPor Nelson Manrique

Luego de sucesivas marchas y contramarchas Alberto Fujimori firmó el pedido de indulto que se ha elevado al presidente Humala. Inmediatamente su abogado, César Nakazaki, se apresuró a señalar que esto no supone un pedido de perdón, lo cual fue rebatido de forma igualmente rauda por un distinguido grupo de juristas. Obviamente aquí hay algo más que un apasionado debate filológico. Lo que los fujimoristas pretenden es que Fujimori reciba la gracia presidencial sin el reconocimiento de los delitos que ha cometido. En otras palabras, torcer la justicia sacándole la vuelta a una sentencia firme emitida por el Poder Judicial.

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Para Nakazaki, que Fujimori haya firmado lo hace virtualmente merecedor de un indulto automático. Por supuesto, así no son las cosas. En primer lugar, un convicto que purga prisión por crímenes de lesa humanidad, secuestro agravado y corrupción no merece un indulto político. En segundo lugar, según el artículo 31 del Reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales, un indulto humanitario es otorgable a “los que padecen enfermedades no terminales graves, que se encuentren en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable; y además de que las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad”.

Va a ser difícil demostrar que es esa la situación de un reo que dispone de una vivienda de más de una hectárea de extensión (10.050 m2 para ser más exactos, y sugiero a los lectores que comparen con la dimensión de su propia casa). De acuerdo a un informe elaborado por Edmundo Cruz y Elízabeth Prado, durante el gobierno de Alan García, Fujimori eligió dónde sería recluido, basándose en el mejor clima del ex fundo Barbadillo, y diseñó su remodelación. Su celda tiene asignada un área de 800 metros cuadrados, con sala de estudio, dormitorio, comedor y baños, andenes con 5 mil rosales, un policlínico con tres enfermeras, dos médicos y una ambulancia permanente, sala de visitas alfombrada, con aire acondicionado, frío bar, sillón de masajes, televisor, cabina telefónica, celulares, laptops y otros dispositivos de comunicación. Cuando se fueron los cuatro policías con los cuales compartía la reclusión, Fujimori aprovechó para agrandar sus dominios: “ha tomado posesión de toda la infraestructura contigua del Ceinpol. El comedor de policías es ahora salón para artes manuales y sesiones de canto. En la campaña electoral del 2011 esta sala sirvió para las reuniones semanales de los 300 representantes del fujimorismo… el segundo y tercer pisos de este edificio fueron utilizados como almacén de la propaganda política de su hija Keiko”.

Keiko ha alegado que todos los penales tienen esas mismas instalaciones, lo cual es, de entrada alucinante, pero, adicionalmente, olvidó mencionar que, mientras en Lurigancho las instalaciones son compartidas por cerca de 9 mil internos, Fujimori es el único inquilino de todo el penal que ocupa, con guardias que son elegidos por él y con una privacidad que viola todas las leyes penitenciarias: “Es insólito, pero ni siquiera los representantes del Ministerio Público pueden entrar al área privada de 800 metros cuadrados de Fujimori. Para este efecto, este sale a atender a una sala administrativa. Igual si se trata de un juez” (Edmundo Cruz y Elízabeth Prado, “Privilegios de Diroes descalifican indulto a Alberto Fujimori“, La República, 29/10/2012).

Antes de dictaminar sobre el pedido de indulto de Fujimori haría bien el gobierno en abrir el acceso de la prensa a su centro de reclusión y adecuar su régimen penitenciario a lo que dictan las leyes peruanas. Ni que fuera un senador japonés electo para ostentar tales privilegios.

En un programa televisivo se ha denunciado que los regidores Luis Valer Coronado y Cayo Tito Quillas intentaron beneficiar a sus familiares en un concurso público de rutas viales en la Municipalidad de Lima y estafaron a empresarios peruanos con la venta de buses chinos, en complicidad con una supuesta representante de esa nacionalidad llamada nada menos que Susana Cuy. Es necesario que la comuna se pronuncie inmediatamente y, de ser esta acusación verdadera, imponga las más drásticas sanciones. La superioridad moral es una cuestión fundamental en la campaña que se abre contra la revocatoria.

Publicado en La República el 06 de noviembre de 2012

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Trial Reports

Los costos políticos del indulto

Por Steven Levitsky

Si el presidente Humala decide indultar a Alberto Fujimori sin evidencia creíble de un cáncer terminal, será un indulto no consensuado, un acto rechazado por un sector importante de la sociedad. Quizás el caso latinoamericano más parecido es Argentina, donde Jorge Videla y otros generales condenados por violaciones de derechos humanos fueron indultados por Carlos Menem en 1990.

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© La Mula© La MulaEn Argentina, el impacto del indulto fue limitado. Ninguna fuerza política se benefició directamente de ello (no existía un partido pro Videla), y como tema político fue opacado por la crisis hiperinflacionaria que sufría el país. Aunque más de 60% de la población rechazó el indulto, el apoyo público generado por la estabilización económica ayudó a reducir el costo político para Menem.

El impacto del indulto argentino también fue limitado porque las fuerzas pro derechos humanos ya habían ganado la batalla por la memoria colectiva. Gracias, en parte, a la Comisión de los Desaparecidos y los juicios de 1985, se generó un consenso social que los militares habían cometido crímenes atroces y que nunca más debían volver al poder. El consenso de “nunca más” era tan fuerte que los generales indultados nunca fueron liberados en la práctica: no podían salir a la calle sin ser insultados, escupidos o atacados. Sin mucha legitimidad, los indultos de Menem fueron anulados el 2007.

En Perú, las consecuencias de un indulto no consensuado podrían ser mayores. Sin la distracción de una crisis hiperinflacionaria, el indulto se convertiría en el eje del debate político por mucho tiempo. Si Conga marcó el primer año de Humala, un indulto marcaría el segundo.

Para el gobierno, el costo político sería alto. Aunque algunas encuestas muestran que una mayoría apoyaría un indulto, sospecho que hay una asimetría en cuanto a la intensidad de las preferencias. Solo los fujimoristas, un grupo ruidoso pero minoritario, lo apoyarán con intensidad. Para la mayoría de los encuestados que apruebe la medida, no será un tema transcendente. No afectará su voto en el 2016. Los oponentes al indulto responderían con mayor intensidad, con serias consecuencias para Humala. Casi todos votaron por Humala en el 2011. Algunos ya lo abandonaron, pero otros –incluyendo mucha gente del centro y centroizquierda que votó por Humala por ser el mal menor en la segunda vuelta– no han pasado plenamente a la oposición. Estos votantes antifujimoristas no aguantarían el indulto. Jamás volverían a votar por un candidato (o candidata) humalista. Para Humala, entonces, un indulto ganaría el aprecio (aunque no los votos) del fujimorismo, pero sería el tiro de gracia para su alianza con los anti-fujimoristas. Sumando la pérdida del centro antifujimorista con la pérdida de muchos votos radicales en el interior, el humalismo quedaría casi en nada. Cualquier posibilidad electoral que tenía Nadine estaría sepultada.

Pero el humalismo no sería la única fuerza afectada políticamente por el indulto. Aunque generaría mucho entusiasmo en el fujimorismo, la liberación de Fujimori podría debilitar y hasta destruir el movimiento. La lucha en defensa de Fujimori ha sido el principal sostén del fujimorismo. La sensación de persecución política después del 2001 ayudó a unificar y movilizar un movimiento moribundo. Fortaleció la identidad y mística fujimorista, abriendo la posibilidad de su consolidación como partido. La liberación de Fujimori abortaría este proceso. El fujimorismo perdería su principal bandera y razón de ser. Su líder, en vez de ser un “preso político” en camino al martirio, se convertiría en un mero mortal político, envejeciendo.

La liberación de Fujimori también pondría en peligro el proceso de renovación iniciado por su hija. Keiko buscaba transformar el movimiento en un partido de verdad, ubicado más en el centro y distanciado de su pasado. La vuelta de Alberto minaría este proceso renovador. Aun si no vuelve a la vida política activa, su presencia reforzaría la línea más ortodoxa y personalista del movimiento. Sin bandera de lucha, y con su líder mítico convertido en carne y hueso, el fujimorismo terminaría como el odriismo, un partido personalista, anclado al pasado, que no dura mucho más que su fundador.

Más importante que los costos políticos son los costos democráticos. A diferencia de Argentina, no existe un consenso en el Perú sobre el pasado. Las fuerzas pro derechos humanos no han ganado la batalla por la memoria colectiva. De hecho, sus esfuerzos han sido fuertemente resistidos. Doce años después de la caída de Fujimori, no existe ningún consenso de “nunca más”. Según Aldo Mariátegui, el indulto se justifica (entre otras razones) porque “si ponemos en la balanza a Fujimori, detectamos que sus activos políticos superan a sus inmensos pasivos políticos” y porque “ya fue suficiente castigo y humillación para un ex presidente haber sido condenado públicamente y haber sufrido ya varios años en cautiverio”. (En otras palabras, haber hecho cosas positivas y ser un ex presidente justifica un trato especial ante la ley). Lejos de “nunca más,” entonces, una parte importante de la sociedad está todavía dispuesta a aceptar un gobierno autoritario, corrupto y violador de derechos humanos si sus activos superan sus pasivos.

Un indulto no consensuado reforzaría este actitud de “puede ser” ante el autoritarismo, debilitando aún más la idea de nunca más. Una democracia se consolida cuando la gran parte de la sociedad rechaza –y castiga– el abuso autoritario, bajo toda circunstancia. Mientras haya gente dispuesta a tolerar y justificar crímenes cometidos por gobiernos cuyos “pasivos superan a sus activos”, la democracia –y el estado de derecho– seguiría siendo débil.

Publicado en La República, el 28 de octubre de 2012

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Gustavo Gorriti: “La misericordia se puede discutir… la mentira, jamás”

Entrevista a Gustavo Gorriti por Paola Ugaz

  • Desde el Medio Oriente, y ante la posibilidad de que se evalúe un indulto al ex dictador Alberto Fujimori, el periodista relata que tras ser secuestrado el 5 de abril de 1992 ni él ni su familia esperaban que regrese.

– ¿Cómo fue su detención?

Fue realizada con gran movilización de gente armada, con metralletas HK con silenciador y un despliegue tal, que de mi casa a dos manzanas a la redonda estaban llenas de soldados, reos de combate sacados por lo menos en dos portatropas que se presentaron con actitud amenazante y violenta. Luego, fui llevado por ese grupo al sótano del Pentagonito. Para todo propósito práctico, estaba desaparecido: no se registró mi nombre ni nada y nadie sabía dónde estaba.

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– ¿Cómo fueron los días que pasó en el SIE?

Gustavo Gorriti © La RepúblicaGustavo Gorriti © La RepúblicaEn el SIE estuve completamente incomunicado, en el sótano, en un calabozo cerrado con candado y con un centinela armado en la puerta. Las pocas ocasiones en que se me habló, era para pedirme la clave de mi computadora, y también se mencionó el uso de otros métodos –que tiendo a suponer no era el método cartesiano–. No se me negó la comida, pero no ingerí bocado porque me declaré en huelga de hambre. Tampoco se me sometió a violencia física o maltrato.

– ¿Por qué considera que fue liberado?

En las circunstancias en que me encontraba, temía el peor desenlace, y si me liberaron no fue porque ellos quisieron, sino porque el operativo les salió de lo peor, y porque la reacción internacional desde el principio fue abrumadora. El entonces embajador de España en Perú, Nabor García, exigió al gobierno que se conociera mi paradero por instrucciones del entonces Canciller de España ante el ministro de Defensa. García y el embajador estadounidense ejercieron tal presión que mostró al gobierno que habían metido la pata más allá de toda proyección; sobre todo cuando Montesinos se esforzó en procesarme por delito de complicidad con el terrorismo. Si me soltaron los golpistas es porque fueron lo suficientemente estúpidos para hacer un escándalo internacional que les hizo saber que esa patente ilegalidad iba a reventarles en la cara y no había posibilidad de que no se sepa que ellos fueron los autores.

– ¿El congresista Kenji Fujimori ha negado que su secuestro sea del tipo agravado?

Lo que dice el congresista “Puñete” es que no fui al calabozo del SIE, sino que básicamente fui a un spa; algo así como “usted está muy estresado, señor Gorriti, por su trabajo y vamos a ponerlo aquí para que descanse. Comuníquese con su familia, acá esta el teléfono, le mandamos a un abogado, al señor Montesinos si quiere. Acá tenemos un jacuzzi…”. Cuando el mejor amigo de “Puñete” sostiene que yo no estuve secuestrado sino que para todo propósito práctico estuve en un spa, el pobre hombre miente de la A a la Z… si no se pierde en el camino. En una palabra, se trata de estupideces; son, básicamente, babosadas.

– El abogado César Nakazaki dice que no fue un secuestro sino una detención ilegal, ¿usted qué opina?

Por supuesto que fue una detención ilegal, como lo es un secuestro, con un grupo militar con ropa de civil que está armado, con el ‘escuadrón pollada’ que tiene una potencia de fuego suficiente para tomar un nido de ametralladoras. Hacer ese despliegue de llevarme a un sitio oculto, sin declaración alguna, que no se informe mi paradero… El hecho de que no hubo tortura, que no la hubo, es lo único que ellos indican, pero de que hubo secuestro, lo hubo sin duda; que hubo secuestro con el propósito de detenerme y desaparecerme, y en la medida de lo posible de provocar una lucha en mi casa que les diera la excusa de disparar, no tengo duda alguna.

– Usted sostuvo una entrevista con el entonces jefe del Ejército, Nicolás de Bari Hermoza, ya en la cárcel, quien le dijo que tanto Fujimori como Montesinos conocieron los detalles previos a su detención. ¿Cómo fue ese encuentro?

Cuando entrevisté años después en el Penal de San Jorge a Nicolás Hermoza, con grabación de por medio, le pregunté cómo había firmado una orden de detención tan irregular; y él me dijo que recibió la orden de Fujimori y Montesinos, y que al pedirles la orden firmada, Fujimori no quiso hacerlo y Vladimiro le pidió a Hermoza que firme y así lo hizo.

– ¿Qué opina del pedido de indulto de los Fujimori para su padre Alberto?

Pienso que si buscan ahora que lo indulten indicando que se trata de un anciano, que tiene enfermedades irreversibles y que es por una cuestión de humanidad, es una cosa; si buscan el indulto sobre la base de mentir, como lo hicieron sistemáticamente en su gobierno, es otra cosa. La misericordia se puede discutir y considerar y ponderar; la mentira, jamás.

 

Publicado en La República, Martes, 02 de octubre de 2012