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Caso Esterilizaciones forzadas: IDL asegura que se ha reabierto el caso

Carlos Rivera, Coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal, informó esta mañana que la Primera Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima decidió reabrir el caso de Esterilizaciones Forzadas perpetradas durante el fujimorismo.

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© La Mula© La Mula“Nos han notificado una resolución de la Primera Fiscalía Supraprovincial Penal de Lima, que estaba a cargo de las investigaciones, reabriendo el caso y, consecuentemente, estableciendo un nuevo periodo de indagaciones para la búsqueda del esclarecimiento del caso de las mujeres esterilizadas en la década de los noventa”, señaló.

Pero no solo esto, en opinión de Rivera Paz, habrá varios personajes del régimen fujimorista que serán investigados por este delicado caso, entre los que destaca el vocero en el Congreso, Alejandro Aguinaga.

“Y [se está] estableciendo a su vez que hay una cantidad importante de personajes vinculados al régimen de Alberto Fujimori que van a tener las condición de investigados, entre ellos está el congresista Alejandro Aguinaga, está el exministro Marino Costa Bauer porque el marco de la investigación se está haciendo sobre la base de las responsabilidades en este periodo de los ministros y funcionarios principales del Ministerio de Salud de la década del noventa”, añadió.

Finalmente dijo que será labor del Ministerio Público definir responsabilidades individuales en cada caso.

“Lo que tendrá que decidir la Fiscalía es individualizar la responsabilidad de cada uno de ellos y, en su momento oportuno, tendrá que formular una denuncia ante el Poder Judicial para que ellos puedan defenderse como corresponde ante el sistema judicial peruano”, concluyó.

Publicado en La República el 23 de noviembre de 2012

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Entregan hoy restos de nueve víctimas de la matanza de El Frontón

Después de 26 años, por fin podrán darles cristiana sepultura. Los familiares de nueve de los presos por terrorismo muertos en la matanza de la isla penal El Frontón, el 18 y 19 de junio de 1986, recibirán hoy los restos de sus seres queridos en el auditorio de la Morgue Central de Lima.

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El FrontónEl FrontónOcho de ellos fueron identificados por ADN y uno por procedimiento corporativo de historia clínica.

Se trata de Óscar Martín Acevedo Abad, Óscar Chuluncuy Prada, José Edwin García Vallejo, Antonio Guevara Arteaga y Tiberio Poma Sulca.

También de Julio César Taboada Camacho, Marco Antonio Nagajata Daza y Alejandrino Gutiérrez Poma, así como de Juan Carlos Aponte Silva.

La entrega de cuerpos será a las 10.30 am y la ceremonia estaría presidida por el Fiscal de la Nación José Peláez Bardales por tratarse de un logro de esa institución que coadyuva al cumplimiento de las obligaciones internacionales.

Publicado en La República el 22 de noviembre de 2012

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Fujimori a juicio por financiar ‘prensa chicha’ con fondos públicos

Por María Elena Hidalgo

  • Alberto Fujimori enfrentará un nuevo juicio penal por corrupción.

La Corte Suprema de Chile acogió la demanda del Estado peruano para procesar al ex mandatario por ordenar el desvío de 120 millones de soles del presupuesto de las Fuerzas Armadas con el propósito de financiar a la “prensa chicha”.

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Según la Corte Suprema de Chile, está probado que Alberto Fujimori dispuso de los fondos de las FFAA para financiar a la "prensa chicha"Según la Corte Suprema de Chile, está probado que Alberto Fujimori dispuso de los fondos de las FFAA para financiar a la “prensa chicha”Entre 1998 y el 2000, los diarios de corte popular y sensacionalista y de bajo precio publicaron contenidos fabricados por el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), con la finalidad de desprestigiar a los adversarios políticos del régimen y calumniar a periodistas independientes que investigaban la corrupción. Al mismo tiempo, los periódicos destacaban la imagen de Fujimori como parte de su campaña por la reelección.

El dinero dilapidado del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea era acopiado y administrado por el ex jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, quien sobornaba a los diarios populares para que publicaran portadas y contenidos agraviantes todos los días, semana a semana, mes a mes, año a año.

ASÍ COMENZÓ

El 25 de enero del 2005, el Poder Judicial condenó a 29 personas por el caso de la “prensa chicha”, entre ellos a Montesinos, a varios ex comandantes generales de los institutos armados, así como a los propietarios y directores de los periódicos subvencionados. Pero quedó pendiente el proceso contra Fujimori.

Como consecuencia de esta sentencia, en el 2008 el Poder Judicial solicitó al Ministerio de Justicia que iniciara los trámites ante la Corte Suprema chilena para que ampliase la extradición a Fujimori a fin de enjuiciarlo por el caso de la “prensa chicha”.

El 14 de setiembre, la Corte Suprema de Chile falló a favor del requerimiento de la justicia peruana.

Mientras el abogado de Fujimori apeló la resolución de la justicia chilena, simultáneamente los hijos del ex presidente y los dirigentes del fujimorismo emprendieron una vigorosa campaña para que el mandatario Ollanta Humala le conceda el indulto humanitario.

Los fujimoristas confiaban en que el ex presidente recibiría el indulto antes de que se conociera el fallo de la justicia chilena, por eso incrementaron la presión sobre el Ejecutivo mediante despliegues mediáticos. Pero la Corte Suprema de Chile se adelantó y autorizó por decisión unánime el proceso contra Fujimori.

El procurador anticorrupción Julio Arbizu explicó a La República que si se le otorgase el indulto a Fujimori, solo se le anularían las sentencias vigentes por delitos de corrupción y lesa humanidad, pero no así por el caso de la “prensa chicha”, porque se trata de un nuevo juicio penal. Además, tendría que volver a prisión, porque en este proceso Fujimori tiene orden de detención (ver nota aparte).

Con la luz verde de la Corte Suprema chilena, ahora corresponde al Ministerio Público formular acusación contra Fujimori. El juicio podría arrancar a más tardar en enero del año próximo.

TESTIMONIOS DE CARGO

Según el fallo de la justicia chilena, la defensa peruana acreditó “que existe una desviación o sustracción de fondos del Estado ordenada por la máxima autoridad política (el ex presidente Fujimori) encargada de la gestión, administración e inversión de sus fondos, para fines no públicos, sino de su propio y particular interés político”.

De acuerdo con la resolución chilena, “el delito por el que se accede a la petición de extradición solicitada por el Gobierno de Perú denominado ‘Caso Diarios Chicha’ corresponde al de malversación de caudales públicos previsto y sancionado en el artículo 233º del Código Penal Chileno”.

Además, la justicia chilena precisó que la responsabilidad de Fujimori queda acreditada porque sus subordinados actuaron de acuerdo con los dictados de este, ya que existió lo que se conoce como “empresa criminal conjunta”.

“Cuando existe un ‘plan común’ o ‘propósito común’ que ordena, o en el cual participa el jefe, este resulta penalmente responsable de los delitos cometidos por los subordinados”, indica el fallo.

Precisamente, al respecto, el abogado que ejerció la defensa del Perú ante la Corte Suprema de Chile, Alfredo Etcheberry, relató en su momento a La República que la evidencia más fuerte contra Fujimori consistía en el conjunto de declaraciones de sus ex subordinados, que le atribuían haber autorizado el desvío de fondos para subvencionar a los “diarios chicha”.

“En el pedido de ampliación de extradición se invocó la indiscutible y estrecha vinculación entre el ex presidente Fujimori y Montesinos, y la circunstancia de que en último término los pagos ilegítimos iban en beneficio de la reelección de Fujimori”, dijo Etcheberry.

Y fue justamente Montesinos quien, durante el juicio que enfrentó por el caso, señaló la responsabilidad del ex jefe del Estado: “Fujimori me ordena que se realice un estudio de medición de opinión pública sobre la aceptación que tenían los denominados diarios chicha […]. Decidió que debería iniciarse un contacto con los diarios ‘Mañanero’, ‘La Chuchi’, ‘Diario Más’, ‘El Chato’, ‘Conclusión’, ‘El Tío’ y ‘La Yuca’ […]. Se paga a los periódicos con la finalidad de difundir la imagen de Fujimori y apoyar su campaña de reelección presidencial, así como cuestionar a los opositores políticos. Todo se hizo en beneficio exclusivo del ex presidente Fujimori y por orden expresa del mismo es que se implementó esa tarea”, expresó el ex asesor presidencial.

También declararon en el mismo sentido el ex comandante general del Ejército general (r) José Villanueva, el ex comandante general de la FAP teniente general (r) Elesván Bello, el ex ministro de Defensa general (r) Carlos Bergamino, entre otros altos mandos.

Villanueva manifestó que el propio Fujimori le dijo que debía transferir los fondos al SIN: “Fujimori me manifestó que era correcto (el desvío del dinero) y que se venía haciendo así desde hacía unos años. […]La intención era transferir fondos a la Presidencia de la República por intermedio del SIN”, afirmó el general Villanueva. Son testimonios demoledores.

PROCURADOR JULIO ARBIZU: “DELITO ATRIBUIDO A FUJIMORI NO HA PRESCRITO”

Para el procurador anticorrupción Julio Arbizu, la Corte Suprema de Chile confirmó que Alberto Fujimori dispuso de los fondos públicos para beneficio político propio.

“La justicia chilena ha certificado que desde el más alto nivel del Ejecutivo provino la orden para la desviación de fondos de las Fuerzas Armadas hacia los periódicos ‘chicha’, a fin de que hicieran campaña por la reelección de Fujimori”, arguyó Arbizu.

Respecto a que la defensa del ex presidente afirma que el delito que se le atribuye a Fujimori ha prescrito, el procurador respondió que la Corte Suprema desechó ese argumento y que por eso accedió a ampliar la extradición.

Arbizu recordó que Fujimori ha perdido el derecho al antejuicio, por lo tanto será juzgado por un tribunal superior.

Para el procurador, hay suficiente evidencia contra el ex jefe del Estado, “como las declaraciones de los ex jefes militares que señalaron que Fujimori dio la orden”.

EN CIFRAS

  • 6 mil dólares pagaba Montesinos a los diarios “chicha” por cada portada.
  • 50 mil dólares pagó el SIN por la marca “Referéndum”, un diario que era de oposición.
  • 8 años de prisión recibiría Fujimori si es sentenciado.
  • 29 personas ya fueron condenadas por el caso de la “prensa chicha”.

ENFOQUE

Ángel Páez

Jefe de la Unidad de Investigación

Baldón para la campaña mediática

Qué ironía. Justo en el momento en que arreciaba la campaña mediática para que el Ejecutivo autorice a Alberto Fujimori conceder una entrevista a una radioemisora de su preferencia, la Corte Suprema de Chile accedió a que la justicia peruana enjuicie al ex mandatario por financiar a los “diarios chicha” para masacrar a los opositores del gobierno y a los periodistas independientes.

Los que hoy reclaman a gritos que se le permita a Fujimori expresarse con libertad –no obstante que la norma no se lo permite– no emitieron una sola palabra de protesta cuando los periódicos populares, todos los días, notoriamente financiados por el SIN, destrozaban la reputación de quienes estaban en contra de la reelección o destapaban la corrupción del régimen.

Hay que leer la sentencia de la Corte Suprema de Chile para formarse una idea de la dimensión del acto de corrupción que perpetró Fujimori. La justicia sureña señala que está acreditado que el ex jefe del Estado concertó una acción criminal con sus subordinados con la finalidad de beneficiarse políticamente, para lo que no dudó en usar recursos públicos. El fallo es un baldón para quienes exigen libertad de expresión a favor de un ex presidente que la pisoteó sistemática y concienzudamente.

Publicado en La República, el 14 de noviembre de 2012

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Fiscalía formaliza denuncia contra terroristas por caso Soras

El Fiscal de la Nación, José Antonio Peláez, informó que los terroristas que perpetraron la masacre en 1984 y que costó la vida de pobladores del distrito de Soras, provincia de Sucre, región Ayacucho, fueron denunciados ante el Poder Judicial.

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Foto referencialFoto referencialEl anuncio lo realizó en una ceremonia pública que contó con la participación del presidente del Poder Legislativo, Víctor Isla, y la presidenta de la Comisión de Justicia, Marisol Pérez Tello.

“El accionar terrorista no va quedar impune y los responsables de la masacre que ocurrió en contra de los habitantes de Soras recibirán la sanción que les corresponde”, subrayó Peláez Bardales.

Hace dos días, la fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho, Jhousy Aburto Garavito, presentó la denuncia penal ante el Poder Judicial contra los delincuentes senderistas.

Entre los denunciados, se encuentra el “camarada José”, Víctor Quispe Palomino y Abimael Guzmán Reynoso, entre otros integrantes de la cúpula senderista.

 

 

 

Publicado en RPP el 9 de noviembre de 2012

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Actual alcalde de San Borja procesado por desaparición forzada

Por Gabriel Mazzei

  • Álvarez autorizó desaparición de un detenido, sostiene fiscalía

Marco Álvarez Vargas fue el jefe político militar de Huancavelica desde su centro de operaciones, la Casa Rosada, recordó ayer el fiscal Luis Landa Burgos, al acusar al alcalde de San Borja por la desaparición de Luis Manrique Escobar.

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Alcalde de San Borja y esposa saliendo de la Sala Penal Nacional © La RepúblicaAlcalde de San Borja y esposa saliendo de la Sala Penal Nacional © La RepúblicaEnfatizó que en ese cargo tuvo el control de la desaparición de Manrique Escobar luego de ser detenido la madrugada del 6 de noviembre de 1989 por personal de las Fuerzas Armadas.

En este contexto, Landa pidió al tribunal presidido por la jueza superior Mirta Bendezú Gómez imponer a Álvarez Vargas una pena de 25 años de prisión, la inhabilitación inmediata del cargo de alcalde y el pago de 300 mil soles como reparación civil.

El representante del Ministerio Público sustentó su pedido en una serie de documentos oficiales y las propias declaraciones del acusado, quien durante este proceso cambió su versión de los hechos.

Además, la declaración de Imelda Cayetana, esposa de Manrique, quien menciona que buscó a Álvarez en su base para preguntarle sobre el paradero de su cónyuge, tras ser detenido por estar presuntamente vinculado a Sendero Luminoso.

Álvarez había dicho que nunca fue jefe político militar en Huancavelica y que solo estuvo en esa ciudad como veedor del comandante general del Ejército para las elecciones municipales. Pero el fiscal mostró en el juicio documentos en los que Álvarez firmó como jefe militar.

“Existen las pruebas grafotécnicas que demuestran que es la firma auténtica de Álvarez, pero este siempre ha desestimado esta versión, aludiendo que fue solo un veedor. ¿Acaso existe una prueba que acredite que fue veedor? No”, remarcó Landa.

Tras la audiencia, se programaron para el siguiente martes los alegatos de la defensa de la parte civil y de Álvarez.

Fue jefe militar de la zona

La fiscalía recordó que el coronel Marco Álvarez Vargas se desempeñó en esa época como jefe político militar de Huancavelica y, con esa condición, tuvo bajo su comando a todos los elementos militares de la zona.

Personal de Inteligencia señaló a Manrique como una de las personas que habrían facilitado la imprenta Corporación de Desarrollo para imprimir volantes senderistas, pero ese trabajo se habría realizado bajo amenaza de muerte.

Publicado en La República el 8 de noviembre de 2012

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Seminario Internacional ‘La justicia frente a los crímenes de lesa humanidad en el Perú y Argentina

Seminario

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Bancada fujimorista presentó moción de interpelación al ministro Roncagliolo

El Grupo Parlamentario Fujimorista presentó esta tarde la moción anunciada ayer por la lideresa de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, para interpelar al ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo.

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Ministro Roncagliolo © La RepúblicaMinistro Roncagliolo © La RepúblicaEl pedido es para el Canciller de la República informe a la representación nacional públicamente sobre la política exterior del Estado en relación con las actividades de movimientos terroristas pro senderistas en México, Chile y en particular en la Argentina, “donde el ahora ex embajador Nicolás Lynch se reunió en la sede diplomática con activistas el 17 de enero de 2012”, dice el texto.

Como es sabido, el día de ayer, en entrevista televisiva, la lideresa de Fuerza 2011 informó que hoy se estaría presentando la moción respectiva por un hecho que calificó de “falta gravísima, un agravio a la memoria de los peruanos, una falta de respeto a las viudas y huérfanos víctimas del terrorismo”, expresó.

MOCIÓN DE ORDEN DEL DIA

Los congresistas de la República que suscriben, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 68º y 88º del Reglamento del Congreso de la República, proponemos a la Representación Nacional la siguiente Moción de Orden del Día:

CONSIDERANDO:

Que, los medios de comunicación han dado a conocer que el movimiento pro terrorista MOVADEF desarrolla actividades en Argentina, México y Chile para promover la amnistía del cabecilla terrorista Abimael Guzmán Reynoso y para exigir su inscripción como partido político;

Que, esas actividades se vienen manifestando a través de visitas a nuestras sedes diplomáticas en el extranjero para procurar reuniones con nuestros embajadores y funcionarios diplomáticos;

Que, es alarmante que ciertos embajadores y funcionarios diplomáticos hayan atendido ese pedido, como ocurriera el pasado 17 de enero de 2012 en la sede diplomática de Buenos Aires, Argentina, donde el ahora ex embajador Nicolás Lynch recibiera representantes del referido movimiento pro terrorista;

Que, el Estado no puede permitir acto de reconocimiento alguno de movimientos terroristas, ni dar lugar a acercamientos o reuniones con quienes los promueven, ni dar paso a nuevas estrategias del terrorismo dentro o fuera del país;

Que, algunos miembros del MOVADEF han sido indemnizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos luego de haber sido juzgados por delitos de terrorismo, incluso un medio de comunicación difundió que dos de los miembros del Movadef argentina habían sido indemnizados por dicha Corte. Gracias a esto, están libres para promover la apología del terrorismo;

Que, el terrorismo le costó al país la vida de aproximadamente 25 mil inocentes y causó pérdidas materiales por más de 20 mil millones de dólares, por lo que ahora, luego de haberse logrado la pacificación nacional y de haberle devuelto a la ciudadanía la seguridad y tranquilidad personal, no podemos permitir su resurgimiento ni dar paso a nuevas estrategias de incursión terrorista, ni a nivel nacional ni a nivel internacional;

Que, es del mayor interés nacional conocer la política exterior del Estado en la lucha antiterrorista a nivel internacional y el rol que a este respecto toca desempeñar a nuestros funcionarios diplomáticos, así como las acciones que se adoptará en lo sucesivo para combatir las acciones terroristas en el extranjero;

Que, de acuerdo a los considerandos previos, los congresistas de la República que suscriben proponen la siguiente

MOCIÓN DE ORDEN DEL DÍA

Interpelar al ministro de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo Orbegoso, para que informe públicamente a la representación nacional sobre la política exterior del Estado peruano en relación con las actividades que vienen realizando movimientos terroristas y pro senderistas, como el Movadef en el extranjero, como lo ocurridos en México, Chile y en particular en Argentina, donde inclusive el ahora ex embajador Nicolás Lynch Gamero se reunió en nuestra sede diplomática de Buenos Aires con activistas del Movadef el día 17 de enero de 2012.

Lima, 05 de noviembre de 2012

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CASO UMASI: Fiscalía denunció a jefe de Dicscamec por violaciones a los derechos humanos

Por María Elena Castillo

Tras 29 años de la matanza de 41 comuneros y escolares secuestrados por Sendero Luminoso y asesinados por una patrulla militar en la comunidad de Umasi, la Primera Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho formalizó denuncia penal contra el jefe de la Dirección General de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos (Dicscamec), general EP Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi.

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Heridas. Fiscalía aún busca a responsables de muerte de 41 campesinos en Umasi. Acusan al hoy jefe de Dicscamec © La RepúblicaHeridas. Fiscalía aún busca a responsables de muerte de 41 campesinos en Umasi. Acusan al hoy jefe de Dicscamec
© La República
La fiscalía lo acusó de homicidio calificado y por crímenes contra la humanidad al considerarlo autor directo, por su calidad de jefe de la Base Contrasubversiva Villa Canarias cuando ocurrieron los hechos.

Asimismo denunció como autores mediatos a los ex oficiales del Estado Mayor Operativo del Cuartel Los Cabitos, Carlos Millones Destefano y Humberto Orbegozo Talavera.

El expediente se encuentra en el despacho del juez supraprovincial especializado en Derechos Humanos y Terrorismo de Ayacucho, Vladimiro Chuquinvalqui Maslucán, quien tiene 15 días para pronunciarse y decidir la situación jurídica de los acusados.

TESTIGOS DE EXCEPCIÓN

Familiares de las víctimas relataron ante la fiscalía que el 16 de octubre de 1983 una columna subversiva secuestró a 41 pobladores de Raccaya y se los llevaron a Umasi.

Su denuncia fue corroborada por un grupo de comuneros retenidos por los senderistas y lograron escapar aprovechando un descuido de sus captores. Tras permanecer más de dos décadas en silencio, se armaron de valor para dar detalles de lo ocurrido.

Un testimonio de excepción es el del profesor del Centro Educativo Nº 38466, de Raccaya –cuya identidad se mantiene en reserva–, quien denunció el secuestro de 25 alumnos ante el jefe de la Base de Villa Canarias.

Con base en su declaración y la de los demás testigos, el fiscal Andrés Cáceres Ortega reconstruyó lo ocurrido.

Según su investigación, una patrulla de 15 efectivos militares partió en dos convoys hasta el paraje de Chalhuamayo. Desde allí se desplazaron en dos patrullas y caminaron hasta Umasi, a donde llegaron a las 5 de la mañana del 17 de octubre.

Los militares rodearon el local donde dormían los secuestrados y los terroristas, y lanzaron granadas de guerra que dejaron varios muertos y heridos. Estos últimos fueron reunidos por los militares, separando a los hombres de las mujeres y niños.

Por orden del jefe de la base militar, a quien identificaron como el capitán “Carcovich”, les dispararon a quemarropa con ráfagas de fusil FAL.

Un grupo de comuneros fue obligado por los militares a enterrarlos en tres fosas.

Los cuerpos fueron exhumados en el 2009 por peritos del Equipo Forense del Ministerio Público de Ayacucho. Entre ellos se hallaron niños con el uniforme escolar puesto.

Los protocolos de necropsia revelan que 11 cadáveres presentan huellas de lesiones en los brazos y piernas, por impactos de proyectiles de arma de fuego o producto de una onda explosiva.

CÁRCOVICH: “YO NO ESTUVE EN UMASI”

El general Jorge Carcovich, actual jefe de Dicscamec, negó haber ordenado o participado en la masacre de los comuneros y niños en Umasi. Aseguró que en octubre de 1983 estuvo en Lima sometiéndose a chequeos médicos por una dolencia en los meniscos.

“Yo me enteré de esto hace año y medio cuando salió una publicación. La Comisión de la Verdad nunca me llamó, no hubo alguna comisión investigadora del Congreso”, dijo a La República.

Indicó que la mayor parte de 1983 estuvo en el cuartel Los Cabitos, en Huamanga, a cargo de la Compañía de Instrucción de Morteros. Agregó que asumió la jefatura de la base de Villa Canarias de forma esporádica, cuando alguno de los oficiales destacados allí viajaba a Huamanga o a Lima. Recordó que uno de ellos era el teniente Brandon Barbarán.

Afirmó que su misión fue proteger y dar seguridad a Canaria, y que como máximo hubo solo patrullajes “limitados” en los alrededores del poblado. Refirió que usó el seudónimo de Carlos Martell y no su apellido, como dijo el testigo que lo identificó.

Publicado en La República el 3 de noviembre de 2012

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Critican al sistema de justicia peruano en casos de violaciones a derechos humanos

Gloria Cano (Aprodeh), David Velazco (Fedepaz) y Nataly Herrera (Comisedh) se presentaron ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para presentar sus críticas al sistema de justicia peruano, especialmente referidas a sentencias emitidas en casos de graves violaciones de derechos humanos.

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Justicia © Catherine MezaJusticia © Catherine MezaResaltaron que existe un retroceso traducido en las absoluciones de varios casos graves de violación de DDHH. En ese sentido, indicaron que la Sala Penal Nacional no está dando valor a los testimonios de las víctimas aduciendo que “son parte interesada”.

El Estado peruano, representado por el procurador especializado en Materia Constitucional Luis Huerta, replicó citando la sentencia de Alberto Fujimori y el caso Los Cabitos.

Sobre el último punto, la asesora principal para Washington Office on Latin America (WOLA), Jo-Marie Burt, señaló que “el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas no colaboran con la Fiscalía con la entrega de información necesaria para esclarecer el caso y poder identificar a los responsables”.

La defensa del Estado también mencionó la acción de amparo contra el fallo Villa Stein por el caso Barrios Altos. Sin embargo, las organizaciones de víctimas recordaron que este aún no ha sido admitido.

Publicado en La República el 2 de noviembre de 2012

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Organismos peruanos participaron en audiencias sobre fortalecimiento de derechos humanos

  • Las reuniones se realizaron en el marco del 146° periodo ordinario de sesiones de la CIDH.

Representantes de diferentes organismos peruanos defensores de los derechos humanos participaron de las audiencias convocadas por la CIDH, las cuales se desarrollaron en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ubicada en Washington, en el marco del 146° periodo ordinario de sesiones de la referida comisión.

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Participación de David Lovatón de la Coordinadora Nacional de DDHH © Jo Marie BurtParticipación de David Lovatón de la Coordinadora Nacional de DDHH
© Jo Marie Burt
El Perú estuvo representado por David Lovatón de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Gloria Cano y Francisco Soberón de APRODEH, y Gisela Ortiz, como representante de los familiares de las víctimas de La Cantuta- Perú.

Durante su intervención, Gloria Cano señaló que el sistema interamericano debe formular observaciones a los estados que no garanticen mecanismos internos o sean ineficaces para el cumplimiento de goce de los derechos y el cumplimiento de las decisiones.

“Creemos que no se debe permitir cualquier intento de debilitar el sistema. Solicitamos a la Comisión Interamericana y a los estados prestar atención al documento que como coalición hemos presentado ante la Comisión Interamericana y al Concejo Permanente”, enfatizó en declaraciones recogidas por la web rightsperu.net, dirigida por Jo-Marie Burt, profesora de la universidad de George Mason.

A su turno, Gisela Ortiz, manifestó haber “recuperado la esperanza” tras recurrir al sistema interamericano en búsqueda de justicia, la cual –según refiere- le fue negada en su momento en el Perú.

“El sistema nos devolvió la confianza de que la justicia era posible y ahí radica la importancia que tiene para nosotros, los familiares, estas instancias independientes de nuestros gobiernos”, acotó.

 

 

Publicado en La República el 1° de noviembre de 2012