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IDL: ‘Bancada aprista’ del TC terminó jugando en pared y benefició a García en caso El Frontón

Ideeleradio.pe

  • Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del IDL, advirtió que los procesados pedirán la prescripción del caso, tras este cuestionado fallo.

En pared con estrategia de abogados de procesados

La ‘bancada aprista’ del Tribunal Constitucional (TC) terminó jugando en pared con los abogados de los procesados en el caso El Frontón y benefició también a aquellos testigos que podrían ser eventualmente incluidos en un juicio, como el caso del expresidente Alan García, opinó Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del IDL.

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Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del ID
Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del ID
Carlos Rivera, coordinador
del Área Legal del ID
Fue al comentar la resolución de este organismo que declaró que no hubo crímenes de lesa humanidad en la actuación de la Marina frente al motín en el penal ‘El Frontón’, ocurrido en junio de 1986.

“[Esta sentencia] la firma [Carlos] Mesía, me parece que [Fernando] Calle; en realidad se podría decir que la ‘bancada aprista’ del TC en este momento. Es obvio y por eso digo que hay una suerte de juego en pared con la defensa de quienes están siendo investigados judicialmente por este tema”, sostuvo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Esta sentencia trata de jugar en pared con la estrategia legal de los abogados de los perpetradores en el caso de la matanza de El Frontón y aquellos que tienen la condición de testigos y aspiran a ser procesados, estoy hablando básicamente de [Alan] García, [Agustín] Mantilla y el señor [Luis] Giampietri probablemente”, declaró.

Procesados pedirán prescripción

Foto archivo
Foto archivo
Rivera Paz vaticinó, además, que gracias a este fallo, los procesados presentarán de inmediato sus excepciones de prescripción para que anulen la continuidad del proceso. El letrado cuestionó, en ese sentido, los argumentos del Tribunal Constitucional por el que se considera que se cometió un delito común y no un crimen de lesa humanidad en el caso “El Frontón”.

“Así es, efectivamente [esto podría liberar de eventual responsabilidad a García, Mantilla y Giampietri y les sirve para su defensa] ¿Y cuál es el instrumento? El instrumento que está señalado en la parte resolutiva de esta resolución está en el hecho de que por enésima vez se pone en discusión de si es el caso El Frontón un crimen de lesa humanidad”, aseveró.

“En los hechos les está diciendo, ‘oigan señores acusados, les estoy facilitando esta sentencia, y mañana mismo presenten sus excepciones de prescripción para que anulen la continuidad de este proceso’. Esto le da un argumento a la defensa de los procesados y creo que es una sentencia que tiene como objetivo ‘jugar en pared’ con la estrategia legal de los acusados por la matanza, que son elementos de la Marina y algunos elementos que fueron ministros o jefes superiores de la Marina y, seguramente, el propio expresidente García”, refirió.

Publicado en Ideele Radio el 4 de setiembre de 2013

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Alan García será llamado a testificar en caso Rodrigo Franco

Redacción: Henry Campos

  • “No está descartado que expresidente García sea procesado cuando concluya juicio”, sostiene abogada de los deudos Gloria Cano.

El expresidente Alan García será llamado a testificar en el juicio del caso Rodrigo Franco para responder sobre la supuesta protección que brindó, como exjefe supremo de las Fuerzas Armadas del primer gobierno aprista, al referido comando paramilitar acusado de los crímenes del dirigente minero Saúl Cantoral, su compañera Consuelo García y tres estudiantes.

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DETALLE

Alan García
Alan García
Alan GarcíaEl fiscal superior Luis Landa se adhirió al pedido de Cano de convocar a García a juicio y la defensa de los procesados no expresó oposición alguna a la solicitud, por lo que García será llamado a juicio en las próximas semanas.

La solicitud, presentada por la abogada de los deudos Gloria Cano, fue acogida por el colegiado A de la Sala Penal Nacional que procesa al exministro del Interior Agustín Mantilla.

“El comando Rodrigo Franco no pudo haber actuado sin anuencia del Ejecutivo. Para nosotros lo que hacía Rodrigo Franco provenía de García. Los de Rodrigo Franco reivindicaban sus crímenes y queremos saber las supuestas disposiciones que tomó García para desactivar ese grupo paramilitar. Es importante que García venga a explicarle a la sala cuáles fueron las decisiones de su gobierno”, dijo Cano a LA PRIMERA.

Para Cano no existió una decisión política de García y su gobierno para enjuiciar a los integrantes de Rodrigo Franco sino que, por el contrario, fueron protegidos bajo un manto de impunidad.

“Hubo un manto de impunidad, no solo no se investigó sino que se protegió a determinadas personas vinculadas al comando Rodrigo Franco. Queremos saber si la protección provenía del Ejecutivo o si vino a través de Mantilla”, expresó.

Por tanto, la abogada de la parte civil no descartó que García pueda ser procesado por los crímenes del comando paraestatal, en caso al final del juicio se confirmase su conocimiento o participación sobre las actividades de este grupo.

“Si hay algún indicio de que García conocía sobre estos hechos o que prestó su anuencia para la realización y la activación de Rodrigo Franco, tendrá que ser denunciado”, indicó.

LERNER FEBRES A JUICIO

Otro que también será llamado a concurrir a audiencia será Salomón Lerner Febres, expresidente de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cuyo informe sirvió para iniciar el proceso.

“Lerner Febres debe explicar las conclusiones del informe de la Comisión de la Verdad, sobre la existencia y actividades del comando Rodrigo Franco”, refirió Cano.

Los dirigentes mineros Cantoral, Víctor Taipe, Raquel Luna y Alfredo Aquino, testificarán también sobre las constantes amenazas que recibía su compañero Cantoral del grupo Rodrigo Franco, antes de ser asesinado.

El hermano del dirigente ajusticiado, Ulises Cantoral, y la viuda Pelagia Contreras de Cantoral, así como los familiares de Consuelo García, y de los estudiantes Sócrates Porta y Miguel Pasache serán asimismo citados a juicio, así como los distintos peritos que estuvieron a cargo de sus muertes.

Publicado en La Primera el 2 de julio de 2013

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Trial Reports

EL FRONTÓN VA A JUICIO: La Fiscalía presentó acusación

Por Carlos Rivera

Uno de los sucesos más cruentos y a la vez emblemáticos de las violaciones a los derechos humanos en el Perú es el caso de la matanza de El Frontón, perpetrada los días 18 y 19 de Junio de 1986. Se trata de uno de los crímenes más violentos y con más víctimas en un país con una larga y dramática lista de crímenes con esas características; pero a la vez también es un evento que nos demuestra con particular contundencia el desprecio por la vida tanto de parte de Sendero Luminoso –que alentó el motín en los penales- como de las fuerzas de seguridad que respondieron con la más extrema violencia a la provocación senderista.

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© La Primera© La PrimeraA inicios de enero de este año y después de ocho años de haberse iniciado el proceso judicial por esta matanza, la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional a cargo de la fiscal Luz Ibáñez Carranza, ha presentado acusación por este caso. Este hecho coloca al proceso y a los encausados en otras condiciones y determina el inminente inicio de un juicio oral que seguramente constituirá uno de los acontecimientos más relevantes de la justicia de estos tiempos. Por ello, es importante hacer una breve presentación de este documento que contiene 506 páginas y en el que se imputa a los autores graves responsabilidades por los hechos perpetrados.

Los hechos y los acusados

La acusación presenta una secuencia ordenada de los acontecimientos producidos desde la mañana del día 18 de junio de 1986 hasta la primeras semanas del años 1987 en que se terminaron se realizar los entierros clandestinos de los internos ejecutados en el develamiento. La fiscalía da cuenta que frente al motín iniciado la mañana del 18 de junio en tres establecimientos penitenciarios de Lima el Consejo de Ministros, con el Presidente de la República a la cabeza, tomó la decisión de encargar a las Fuerzas Armadas su develamiento. Esta decisión pasó a ser ejecutada de manera inmediata y en mérito a ello fue la Marina de Guerra la encargada de los sucesos en el establecimiento penal de El Frontón.

De esta manera la Guardia Republicana, en ese entonces a cargo de la seguridad en los penales, quedó fuera del control de la situación y desde las primeras horas de la tarde del 18 de junio un contingente de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina bajo el comando del Capitán de Navío Luis Giampietri Rojas quedó a cargo de las operaciones, las cuales durarían hasta la tarde del día 19 de Junio.

La intervención militar tuvo como resultado la muerte de 133 internos, los cuales fueron ejecutados en diferentes momentos de la operación militar. La Fiscalía ha identificado que los internos fueron ejecutados en tres diferentes momentos y con diferentes armas: con explosivos de alta potencia lo que originó el derrumbe del “Pabellón Azul” y la muerte por aplastamiento de varias decenas de personas; con armas de fuego por medio del fusilamiento de los internos que luego de su rendición habían sido seleccionados por los elementos militares; y con arma blanca utilizada para ejecutar un grupo de internos detrás de los escombros del “pabellón Azul”.

El día 19 de junio el Consejo de Ministros no solo felicitó a las FFAA por el cumplimiento eficaz de las órdenes impartidas y dispuso que las mismas FFAA se encarguen del entierro de los cuerpos, mientras tanto en la isla elementos de la Marina estaban incinerando los restos. Posteriormente procedieron a enterrarlos de manera clandestina en diferentes cementerios de la Lima.

La Fiscalía Superior considera que estamos frente a un evento criminal que, según las normas del Código Penal de 1924 –vigente en la fecha de los hechos- es tipificado como homicidio calificado o asesinato. Por ello ha formulado acusación contra 33 elementos de la Marina de Guerra como autores materiales o directos de la masacre en El Frontón, para los cuales ha solicitado se les imponga 25 años de pena privativa de libertad.

Las pruebas

El caso El Frontón ha sido materia de investigación durante muchos años, no solo por el Ministerio Público sino también por la prensa independiente. Todo eso ahora constituye uno de los más importantes y voluminosos acervos probatorios de los casos de graves violaciones a los derechos humanos. Justamente la acusación se sustenta en los principales elementos probatorios que hasta la fecha se ha logrado incorporar al expediente judicial.

En ese sentido es importante destacar el valor de las declaraciones testimoniales de los sobrevivientes de la matanza. Todos ellos corroboran la acción militar cruenta de los elementos de la Marina y las ejecuciones sumarias durante la operación. De igual manera se destaca el valor de las declaraciones de algunos elementos militares que –bajo identidad reservada- reconocen la acción criminal desarrollada los días 18 y 19 de junio. Por su parte las declaraciones de los jefes militares de la Marina de Guerra –sobre todo las declaraciones realizadas durante la investigación del Fuero Militar- constituyen uno de los elementos de prueba más valiosos de la investigación.

Otros de los elementos que destacan la seriedad y objetividad de las investigaciones lo constituyen las pericias de diversa naturaleza que han sido incorporadas al proceso judicial. El mismo caso es el de los diferentes informes que han sido adjuntados como prueba.

Los testimonios de los jefes militares

Tal como hemos señalado uno de los más importantes elementos de prueba incorporados al proceso judicial lo constituye –sin duda- las declaraciones de los jefe de la Marina. Estas declaraciones ayudan a conocer e interpretar el rol del entonces Presidente de la República y del ex vice Ministro del Interior durante el desarrollo de las operaciones militares. Los testimonios dan cuenta que el ex presidente estuvo no solo informado, sino que alentó el desenlace de las operaciones.

En primer término el entonces Capitán de Navío Luis Giampietri declaró en el Fuero Militar que luego de su arribo al penal de El Frontón debía actuar de acuerdo a lo requerido por el Vice Ministro del Interior Agustín Mantilla quien requería apoyo con material de demolición. De igual forma señala que Mantilla permaneció todo el tiempo en la isla y coordinó las diversas operaciones, informando (no precisa a quien) constantemente del avance de las mismas.

En segundo término el Comandante de la Segunda Zona Naval Vicealmirante Víctor Ramírez Isola señaló que las operaciones militares desarrolladas fueron informadas al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y por su intermedio al Presidente de la República en Palacio de Gobierno.

En tercer término el General de la GRP Raúl Jares Gago da cuenta de que cuando el día 18 de junio de 1986 llegaron las embarcaciones de la Marina de Guerra hicieron saber al Viceministro Mantilla Campos que las órdenes de Palacio de Gobierno eran que ellos se quedaban a cargo exclusivamente de toda la zona.

La posición de García y Mantilla

Las investigaciones del caso han determinado, desde hace ya varios años atrás, que el crimen de El Frontón no fue decidido por quienes lo ejecutaron materialmente. Como en otros casos de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno este tipo de eventos criminales fue decidido por personas que en su momento integraron instancias militares superiores o personajes civiles que estuvieron colocados en el vértice superior de la organización del Estado y que en razón de ello tuvieron un poder y autoridad militar como es el caso del presidente de la república.

Esas investigaciones apuntaron de manera decidida a señalar que el entonces Presidente de la República no solo había tenido un esporádico conocimiento de los acontecimientos, sino que durante el desarrollo de las operaciones estaba bastante bien informado por intermedio del Comando Conjunto de las FFAA. Pero, además, se da cuenta que existió un evidente interés para que las operaciones culminen a la mayor brevedad y por ello asumió una posición de aliento y exigencia para que estas concluyan en el menor tiempo posible.

Lo mismo ocurre en el caso de Agustín Mantilla quien asegura que estuvo en la isla porque los integrantes de la Comisión de Paz se lo solicitaron, aun cuando estos lo hayan negado. Mantilla tuvo, durante las operaciones, un rol protagónico al punto que estuvo coordinando el inicio de la intervención militar y después de culminada la misma regresó a Palacio de Gobierno para brindar un informe detallado al propio Presidente de la República.

A pesar de lo señalado el hecho es que el año 2004 el Ministerio Público decidió archivar la investigación en el extremo que comprendía a los señores Alan García, Agustín Mantilla, Luis Giampietri y otros jefes militares de la Marina de Guerra. Por esta consideración la única condición que estas personas tienen en el presente proceso judicial es la de testigos.

No hay autores mediatos, solo materiales

Esta es una de las razones por las cuales el caso El Frontón tiene una particular condición: están identificados, procesados y ahora acusados a los autores materiales del crimen, pero ninguna persona que haya dado las órdenes para la ejecución del mismo. Es decir, que en este juicio es probable que sean sancionados los autores materiales, pero ninguno de los autores mediatos.

Por ello, la Fiscal Superior Ibáñez Carranza consigna en su acusación que “…como consecuencia de disposiciones y pautas trasmitidas de manera verbal, por los jefes y subjefes que se encontraban en la cadena de mando y en posición de autoridad, el día de los hechos, muchos de los cuales no están enjuiciados en el presente proceso, algunos por haber fallecido y haberse cortado la secuela del proceso en su caso; y otros porque no han sido materia del auto apertorio de instrucción; respecto de estos últimos nos remitimos a las resultas del juicio oral del presente proceso, lo que no enerva que los homicidios calificados y crímenes internacionales contra la humanidad materia de este proceso se hayan cometido a través de aparato organizado de poder, estos es utilizando la estructura organizacional jerárquica de las Fuerzas Armadas y de la Marina de Guerra del Perú…”

El Frontón es un crimen de lesa humanidad

Para la Fiscalía Superior los hechos del 18 y 19 de Junio de 1986 en el que se perpetró el asesinato de 133 reclusos, “…sin duda calzan en la calificación de crimen de lesa humanidad, pues se trató de un homicidio masivo, cruel, feroz y alevoso, ejecutado en circunstancias que los reclusos se habían rendido, esto es habían depuesto su acto de indisciplina carcelaria…” Agrega la acusación que “…estos asesinatos masivos y feroces se dieron en el marco de prácticas generalizadas y sistemáticas de los agentes militares de ataque a la población civil, prácticas que se instalaron en los agentes estatales militares desde fines del año 1982, en que se autorizó la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el terrorismo; homicidio crueles cometidos en el marco de la política y estrategia estatal para combatir la subversión”.

Siendo la matanza de El Frontón un delito internacional y un crimen de lesa humanidad, por tanto le son aplicables todas las pautas regulatorias internacionales y normas de ius cogens que le corresponden, en particular la imprescriptibilidad, la no impunidad y la jurisdicción universal.

El juicio que se viene

La presentación de la acusación coloca al caso de la matanza de El Frontón en otras condiciones procesales en las que el inicio de un juicio oral contra los acusados es un evento inminente que, sin duda debe convertirse en un importante referente de la acción de la justicia ya que finalmente después de 27 años los responsables del crimen rendirán cuentas frente a los tribunales de justicia y los familiares de las víctimas tendrá oportunidad de acceder a la justicia.

Los antecedentes del caso determinan con certeza que el juicio del caso El Frontón será muy complejo y desde el principio exigirá que los estándares de independencia judicial no sean letra muerta o un adorno inútil, en ese sentido la composición del tribunal de juzgamiento de la Sala Penal Nacional será determinante.

Publicado el 21 de marzo de 2013 en La Mula

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Acusación fiscal sobre matanza de El Frontón alcanzaría a Alan García

Ministerio Público presenta acusación fiscal y plantea juicio oral sobre este caso a nivel de Corte Superior. A la postre, el dictamen y la investigación sustentatoria podrían sentar en el banquillo de los acusados al ex presidente Alan García Pérez y a otras altas autoridades políticas y militares de 1986. Monumental expediente precisa tres momentos críticos de los luctuosos hechos.

por Edmundo Cruz

El nuevo año se insinúa memorioso y retador. El jueves 3 por la tarde, el Ministerio Público interpuso acusación fiscal sobre la matanza en el penal El Frontón, Callao, ocurrida hace 26 años y 6 meses.

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18-19 junio de 1986. El Fronton. Número de víctimas aumenta. 118 al inicio. Subieron a 124 en veintitantos años. Hoy se reportan 133 muertes probadas18-19 junio de 1986. El Fronton. Número de víctimas aumenta. 118 al inicio. Subieron a 124 en veintitantos años. Hoy se reportan 133 muertes probadasLa autora del dictamen acusatorio es la magistrada Luz del Carmen Ibáñez Carranza, titular de la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional.

La acusación fiscal que solicita la apertura del juicio oral y su monumental expediente de sustento (ver despiece) fueron entregados en la Mesa de Partes de la Sala Superior Penal Nacional del Poder Judicial que preside Ricardo Brousset Salas.

De fuente extraoficial, La República supo que el número de acusados señalados alcanzaría a 33 personas, la gran mayoría efectivos subalternos de la Marina de Guerra del Perú. Entre ellos solo figurarían cuatro oficiales que apenas alcanzaban al grado de tenientes cuando ocurrió la matanza.

Se mencionan los nombres de Carlos Alberto Tello Aliaga, César Enrique Patrón Valle, Luis Enrique Román Rodríguez y Carlos Augusto Garrido Cabrera.

El número, nombre y grado de los acusados no serían el eje del dictamen, sino la calificación de los delitos cometidos (de lesa humanidad), así como la reconstrucción de la cadena de mando que los inspiró. Por esta línea se alcanzaría a las autoridades del Estado de esa época, hasta hoy inimputables.

RETROCESOS Y AVANCES

El caso empezó a investigarse el 2001, respondiendo a sentencias de la Corte Interamericana. Diligencias realizadas en Lima y Callao se juntaron en la novísima Fiscalía de Ejecuciones Extrajudiciales y Desapariciones Forzosas.

El 2004 se abrió el expediente 125-2004, hoy día en trámite, pero hasta el 2008 el proceso no pasó de la instrucción en primera instancia.

El caso subió a segunda instancia recién el 2009 para su revisión por una fiscal superior: Ibáñez Carranza. La revisora planteó dos acciones: la acumulación de otro juicio sobre los mismos hechos y la inclusión en la investigación de oficiales jefes con evidente mayor responsabilidad en el caso.

Las peticiones fueron aceptadas, pero el año pasado, la autoridad judicial dio marcha atrás. Sacó del expediente 125 el caso acumulado el 2009 y también a dos oficiales comprendidos en la investigación.

El retroceso tiene un antecedente. En marzo del 2007, el fiscal superior Edgar Chirinos archivó la investigación por los sucesos de El Frontón que se seguía a Alan García Pérez, Luis Giampietri Rojas y Agustín Mantilla. Las resoluciones fiscales no tienen para el caso categoría de cosa juzgada. Pero muestran una constante.

Sobre el protagonismo de García Pérez, el expediente incluiría un documento del personal militar destacado a El Frontón, elevado al Comando Conjunto el 30 de junio de 1986. En él –según la versión–los firmantes declaran que ellos no hicieron sino lo que el presidente García ordenó.

TRES MOMENTOS

La investigación fiscal alcanza a precisar los tres momentos claves de los hechos.

Primero, el denominado homicidio por ferocidad. Se desencadenó a las 13:50 horas del día 19, cuando los internos salieron de sus escondites y se rindieron. Se separó a los que se consideraba líderes y se les llevó detrás del Pabellón Azul. Determinados oficiales les ordenaron que corrieran a la playa, que estaban libres. Así lo hicieron, pero los mismos oficiales dieron otro grito, dijeron: se escapan, hay que disparar. Les dispararon y los mataron por la espalda.

Segundo momento. Después de las 2 de la tarde, las rendiciones continuaron y los internos fueron apiñados en la parte posterior del Pabellón Azul, de 15 en 15, de 20 en 20. Según los testimonios recopilados por la fiscalía, se les maltrató, humilló y torturó. Finalmente, entre 70 y 80 reclusos resultaron ultimados con bayoneta y cuchillo.

El tercer momento, calificado como homicidio por explosión, ocurrió después de las 4:40 pm, cuando llegó al lugar el Fiscal de la Nación César Elejalde Estensoro acompañado del vocal supremo Carlos Torres y de un periodista de Andina Televisión.

Los fusilamientos cesaron y el fiscal de la Nación intentó un llamado a la rendición pero, según pruebas recogidas, los internos ya estaban rendidos.

El fiscal de la Nación se retiró del área del Pabellón Azul, pero no de El Frontón. En esas circunstancias, la fuerza armada procedió a demoler por completo con cargas explosivas las instalaciones del Pabellón Azul. Pese a que se sabía que en su interior quedaban reclusos heridos y muchos otros con vida.

MEGAEXPEDIENTE COMPRENDE 88 TOMOS Y UNOS 300 COMPLEMENTOS

El dictamen acusatorio de la fiscal superior Ibáñez está impreso en 506 páginas.

El expediente madre sustentario cuenta 30.616 folios cosidos en 88 tomos.

55 cuadernos suman los anexos del expediente principal y los actuados del fuero militar, con sus 12 anexos.

Los incidentes están registrados en 29 cuadernos, el peritaje de la parte civil en 2, más 45 anexos de ambos.

Hay 25 cuadernos sobre exhumaciones, 10 de quejas, 2 de excepciones y 2 sobre la investigación congresal.

15 anexos con identificaciones forenses y uno con los aportes de la CVR.

Las fichas para identificar restos humanos y las pericias balísticas se guardan en 4 cajas, y los protocolos de necropsias, en 6.

También figuran 2 libros del Instituto de Medicina Legal, declaraciones de testigos claves y pruebas ADN.

 

Publicado originalmente el La República el 08 de enero de 2013

 

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Carlos Rivera: García habla cínicamente cuando se refiere al caso El Frontón

Ideeleradio.- El expresidente de la República, Alan García, habla de manera bastante cínica cuando resalta la entrega de los restos de las víctimas del caso El Frontón a sus familiares, porque en 1986 fue él quien ordenó que estos no sean devueltos y que sean sepultados clandestinamente, sostuvo Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL).

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© La Primera© La Primera“Ayer escuchaba al expresidente Alan García decir que le parecía muy importante que los restos de los internos asesinados en El Frontón sean entregados a sus familiares porque sería muy bueno que les den una cristiana sepultura, pero en el proceso judicial está absolutamente demostrado que la persona que señala decisión de que los restos no sean entregados a los familiares fue el expresidente García en un Consejo de Ministros el 19 de junio de 1986”, recordó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Es decir aquella persona que en 1986 dijo que no se entreguen los restos a los familiares y que sean sepultados clandestinamente para evitar disturbios en la ciudad, como aparece en los documentos del expediente, ahora de una manera bastante cínica dice que este es un acto humano y cristiano”, agregó.

Invocan a la Fiscalía a emitir acusación fiscal

Inicio Rivera Paz dijo, en ese sentido, que la diligencia de ayer es muy importante porque por lo menos en nueve casos se ha entregado los restos de los familiares a los padres o los hermanos de las víctimas. No obstante, el letrado exhortó al Ministerio Público a emitir una acusación fiscal contra los responsables de las ejecuciones extrajudiciales durante el develamiento de un motín en el penal El Frontón.

“Me parece que en el caso El Frontón, en realidad este no es el tema central porque este es un caso abierto en enero del 2005 y hasta la fecha no hay una acusación. Es decir, ha terminado la etapa de la instrucción y nosotros tenemos que decir de manera clara que no entendemos por qué la fiscal Luz Ibáñez no emite la acusación del caso, desde el mes de agosto o setiembre del año pasado el expediente se encuentra en manos de la Fiscalía superior a la espera de una acusación sobre esos hechos”, remarcó.

“Nosotros sabemos que ese es un caso que tiene los suficientes elementos de prueba para que el Ministerio Público formule una acusación y dé la posibilidad de que en un corto plazo el Poder Judicial establezca el inicio de un juicio oral para que se determinen las responsabilidades de los autores materiales de este crimen. Allí en realidad haríamos una verdadera invocación a la Fiscalía Superior Penal Nacional a cargo del caso para que en el plazo más breve formule la acusación”, acotó.

Procesan solo a presuntos autores materiales

Inicio Mencionó que en el caso El Frontón solo están como procesados los presuntos autores materiales, pues en el 2007 la Fiscalía decidió excluir a los supuestos autores mediatos, entre ellos el expresidente Alan García y el ex ministro Agustín Mantilla. Argumentó que este fue uno de los errores más graves en este proceso y estimó que las autoridades judiciales no supieron valorar este tema.

“El caso El Frontón tiene una característica de entrada bastante peculiar que solo tiene como procesados a los que presuntamente son los autores materiales del crimen, cuando aquí en el curso de la investigación del Ministerio Público y judicial se ha demostrado de manera absoluta que los responsable del crimen no solamente fueron los que fusilaron o los que ejecutaron sumariamente a los internos del Pabellón Azul”, dijo.

“Hay otras personas como el expresidente de la República, Alan García, o el viceministro del Interior, Agustín Mantilla o los altos mandos de la Marina de ese entonces que tienen estrictamente la condición de autores mediatos del crimen, que por decisión del Ministerio Público fueron excluidos hacia el año 2006 y 2007”, refirió.

Publicado en Blog de Ideeleradio el 23 de noviembre de 2012

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La Masacre de Accomarca: El My Lai Peruano

por Jo-Marie Burt

“Accomarca fue el My Lai peruano.” (1) Así describió el embajador interino de Estados Unidos en el Perú, Charles Brayshaw, la peor masacre de la época de la violencia política peruana, el asesinato de 69 campesinos de la comunidad Ayacuchana de Accomarca, en un documento oficial desclasificado.

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E© rightsperu.netl documento continúa, haciendo referencia al entonces capitán del Ejército Telmo Hurtado, prinicipal responsable material (siendo entonces subteniente) de la masacre de Accomarca: “Hurtado confesó ser el autor de los asesinatos, pero dijo que hasta los niños de tres años eran potenciales miembros de Sendero Luminoso y entonces se justificaba su eliminación. A su vez, muchos oficiales pensaban que Hurtado sólo hacía su trabajo; hasta uno de ellos dijo al Consejero Político [de la Embajada] que su error fue no haber escondido a los cuerpos.” (2)

La justicia militar absolvió a Hurtado del delito de homicidio calificado, condenándolo tan sólo por ‘abuso de autoridad’ a 6 años de prisión. El argumento de la justicia militar: Hurtado no podía ser considerado culpable de homicidio pues tenía la misión de combatir la subversión; tan sólo se ‘excedió’ en sus funciones. A pesar de la condena, Hurtado no sirvió los 6 años: ascendió en la institución militar e incluso fue condecorado durante el gobierno de Alberto Fujimori. En 1995, se benefició de la ley de amnistía promulgado por Fujimori, y permaneció en servicio activo del Ejército. (3) En 2002, luego de que la ley de amnistia fuera anulada después de un fallo de la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos y se abrió la posibilidad de un nuevo juicio por Accomarca, Hurtado huyó a Estados Unidos. Cinco años después, fue detenido en Miami, para ser finalmente extraditado en julio de 2011.

Hoy día, el 15 de agosto —26 años casi al día del aniversario del ‘My Lai peruano’— le toca a Telmo Hurtado, extraditado de Estados Unidos y ahora preso en el penal Castro Castro, responder por sus actas ante la justicia. (4)

Telmo Hurtado ante la Sala Penal Nacional. Penal Castro Castro, 2 de agosto de 2011Telmo Hurtado ante la Sala Penal Nacional. Penal Castro Castro, 2 de agosto de 2011

Telmo Hurtado declara ante el tribunalTelmo Hurtado declara ante el tribunal

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El juicio Accomarca

El juicio por el caso Accomarca comenzó en noviembre de 2010, 25 años después de los hechos. Hurtado es uno de 29 imputados en el proceso, todos militares. Entre ellos, hay desde altos mandos militares hasta los soldados que habrían participado directamente en los hechos. El día que Hurtado fue incorporado al juicio, el 22 de julio, había —a cambio de sesiones previas— mucha prensa. La presencia del “Carnicero de los Andes” llamó la atención de los medios, que duda cabe.

Hurtado entró al salón judicial del penal Castro Castro y se paró ante los tres jueces de la Sala Penal Nacional encargados del caso. Luego de algunas instrucciones de la jueza directora de debates, el fiscal Luis Landa leyó la acusación en su contra. Se conoce bien los detalles de la masacre, una litanía terrible de abominaciones cometidas en el nombre de la lucha contra la subversión: el fiscal narró, con horror genuino, como los militares torturaron a los varones y violaron sexualmente a las mujeres de la zona; como luego los encerraron en varias viviendas, donde acusaron a todos —sin distinguir entre ancianos y niños— de ser terroristas, los balearon y luego prendieron fuego a las casas, para finalmente lanzaron granadas para destruirlas totalmente; y finalmente regresaron a la zona unas semanas después a cazar a los testigos de la masacre para matarlos también y para desaparecer a todas las pruebas. Vale notar que, según la CVR, “durante esta operación no se produjo ningún enfrentamiento, por lo que no hubo heridos ni muertos en las filas de las fuerzas del orden… Sin embargo, los efectivos militares actuaron violentamente contra las personas que encontraban…. [N]o se encontraron armas, municiones, explosivos o propaganda de Sendero Luminoso.” (5) El fiscal pidió la pena máxima, 25 años de prisión efectiva.

Era difícil notar la reacción de Hurtado, pues estaba parado con su espalda hacia la galería. Pidió a la Sala que le de tiempo para consultar con su abogado antes de responder a los cargos, cosa que la Sala consentió. En la siguiente sesión, el 2 de agosto, Hurtado nuevamente pidió, y conseguió, más tiempo para consultar con su abogado. La jueza directora de debates fijo la siguiente sesión para el día de hoy, el 15 de agosto, exhortando a Hurtado que ese día tendría que responder sin falta a los cargos. Seguramente ni cayó en cuenta lo simbólico de la fecha, pues ayer se conmemoró 26 años de este terrible y hasta hoy impune masacre.

¿Que dirá Hurtado hoy día?

El día después de que leyeron los cargos contra él, en una breve entrevista publicada en La República, Hurtado prometió decir “su verdad”. Dijo que en el momento de la masacre de Accomarco él tenía sólo 23 años y era un subteniente, y que los suboficiales sólo responden a los órdenes de sus superiores.

Eso respresenta un problema para los altos mandos militares también imputados en el proceso judicial, entre ellos el General (r) Wilfredo Mori Orzo, otros integrantes del Estado Mayor en ese entonces, y el General José Daniel Williams Zapata, en ese momento un mayor de Infantería y jefe de la Campañia Lince y, en 2005, jefe del Comando Conjunto. Mori Orzo habría ordenado al Estado Mayor del Comando Político-Militar de Ayacucho a elaborar un plan —el famoso Plan Huancayocc— para intervenir en la zona para ‘capturar y/o destruir’ los elementos terroristas existentes en la zona. También sería quien impartió las órdenes a Hurtado y otros a regresar a la zona para encubrir los hechos ante la llegada inminente de una comisión investigadora parliamentaria. (Mori Orzo, así como el General Sinesio Jarama, fueron dados de baja por el recientemente inaugurado Presidente Alan García por su responsabilidad en los hechos.)

Mientras Hurtado estaba en su celda en Miami esperando los resultados del proceso judicial que terminaría finalmente con su extradición al Perú, los abogados defensores de Mori Orzo y los demás mandos militares involucrados en el proceso afirmaron que ellos no ordenaron la masacre de los campesinos; que al haberse dado la masacre ello se debería a que quien lideraba la patrulla, Telmo Hurtado, sufría del ‘síndrome de Vietnam’, ya había estado mucho tiempo haciendo operaciones contrasubversivas, lo cual le provocó una locura temporal con el resultado de la lamentable masacre en cuestión. No hay duda de la responsabilidad de Hurtado, pues él mismo ha admitido su responsabilidad. Pero el en fondo se trata de un tema sumamente contensioso en la política peruana: si Accomarca representa un caso aislado en el cual un suboficial se alocó y cometió un ‘exceso’ o —como ha sostenido la Comisión de la Verdad y Reconciliación— la masacre de Accomarca fue planificada por los altos mandos militares y como tal constituye parte de un patrón sistemático de violación a los derechos humanos. Según la CVR, Hurtado declaró en el Fuero Militar que se había reunido con el General Mori Orzo y aceptó asumir la responsabilidad de los hechos para no perjudicar la carrera del citado General. En esa misma reunión Mori habría ordenado que regresar a la zona para “limpiar” la zona, i.e. desaparecer las personas que fueron testigos a los hechos así como cualquier evidencia.

En suma, está en juego en el caso de Accomarca dos interpreteaciones distintas de lo que pasó en el Perú a mediados de los años ochenta: en una versión, si bien reconoce que hubo algunos excesos, considera que fueron hechos aislados y en todo caso el daño colateral que ocurre en toda guerra; en otra versión, la masacre de Accomarca formaba parte de un patrón de comportamiento de parte de las fuerzas de orden en el contexto de la lucha contrasubversiva de violación sistemática de los derechos humanos. Hasta hoy en día, las fuerzas armadas peruanas niegan rotundamente esta última versión, a pesar de las evidencias ampliamente documentadas por la CVR y otras instancias. Ahora le toca a la justicia peruana emitir su veredicto.

La justicia tarda pero llega

Según otro documento desclasificado de la Embajada de Estados Unidos en el Perú, con fecha 19 de Septiembre de 1985, la decisión de García de relevar a Jarama y Mori de sus comandos como resultado de la masacre de Accomarca despertó mucha preocupación entre oficiales militares de que habría una “caza de brujas” de parte del gobierno aprista hacia los militares por violaciones a los derechos humanos. Hay que recordar —a pesar del triste récord del primero gobierno de Alan García en materia de derechos humanos— que a inicios de su mandato, García había prometido establecer una nueva política de lucha contra la subversión basada en el respeto a los derechos humanos, resumido en la famosa frase: “No combatiremos la barbarie con la barbarie.” El documento asegura:

“Existe mucha preocupación sobre la posibilidad de que la administración de García podría, luego de Pucayacu [otra masacre que ocurrió unas semanas antes de Accomarca] y Accomarca, buscar investigar casos de derechos humanos que tuvieron lugar entre 1983 y 1984 [de hecho los años de mayor violaciones a los derechos humanos cometidos por parte de las fuerzas armadas peruanas según la CVR]. Un número significativo de oficiales del Ejército han estado involucrado en EZ [zonas de emergencia] en los últimos dos años y medio y posiblemente esten comprometidos, directa o indirectamente, en operaciones antisubversivas que resultaron en muertes civiles. Sin duda los peruanos están observando la cobertura de prensa sobre hechos similares en Argentina con particular interés.” (6)

Se refiere, obviamente, al juicio a los miembros de las juntas militars que tuvo lugar durante 1985 y resultó en condenas largas para 5 de 9 de ellos.

Se demoró dos décadas y medio para llegar a este momento de la verdad. Hoy día sabremos si Telmo Hurtado ayudará a desvelar qué ocurrió aquel 14 de agosto de 1985 y durante el mes siguiente cuando se intentó encubrir los hechos negando la existencia de la masacre, y luego asesinando a testigos y desapareciendo evidencias, o si el sólo asumirá la responsabildiad del “My Lai peruano”.

Notas

(1) La masacre de My Lai ocurrió en el sur de Vietnam en 1968, cuando un batallón de Infantería del Ejército norteamericano mató a unos 400 campesinos de esa aldea. Esa masacre marcó un hito en la guerra de Vietnam, generando repudio alrededor del mundo hacia los Estados Unidos por la actuación de sus tropas y en general por su política intervenciónista en el país sudasiático (^^^)

(2) Documento desclasificado No. 1993LIM02301, fecha 26 de febrero de 1993, firmador por el Chargé d’Affaires Charles Brayshaw. Documento obtenido por el National Security Archive (^^^)

(3) “Las Ejecuciones Extrajudiciales en Accomarca (1985)”, Tomo VII, Capítulo 2.15 del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Lima, 2003) (^^^)

(4) Es importante notar que tanto Hurtado como otro de los principales responsables materiales de esta masacre, Juan Rivera Rondón, fueron extraditados de Estados Unidos y ahora se encuentran como procesados en este juicio. Hurtado y Rivera Rondón lideraron las patrullas Lince 6 y 7 y son sindicados como los principales autores materiales de la masacre, al igual que David Castañeda, quien aún se encuenta prófugo en Estados Unidos. Fuentes cercanas a su caso aseguran de que probablemente no será extraditado al Perú, aunque todavía podría ser expulsado de Estados Unidos (^^^)

(5) “Las Ejecuciones Extrajudiciales en Accomarca (1985)”, Tomo VII, Capítulo 2.15 del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Lima, 2003), p. 159 (^^^)

(6) Documento desclasificado No. 1985LIMA10721 obtenido por el National Security Archive (^^^)

 

Publicado originalmente en el blog de la autora, A Contracorriente, el 15 de agosto de 2011

 

 

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Uncategorized

Mayoría de peruanos no aprueban indulto para Alberto Fujimori

Por Jo-Marie Burt

Alberto Fujimori durante su juicio por violaciones a los derechos humanosAlberto Fujimori durante su juicio por violaciones a los derechos humanosFrente a la noticia de que hoy un congresista del APRA propone que Alan García indulte a Alberto Fujimori, me pareció relevante publicar una nota que salió en La República hace unos meses atrás. Se trata de un análisis breve que hice en base a una encuesta a nivel nacional que encargué al Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IOP-PUCP) a fines de noviembre de 2010.

Los resultados de la encuesta están claros: dos tercerios, o 63%, de los peruanos no están a favor de un indulto para Fujimori, quien consideran culpable de los crímenes por los cuales fue procesado y condenado a 25 años de cárcel.

Claro que la opinión pública no es razón para argumentar en favor o en contra de un indulto; debería ser en base a las normas jurídicas nacionales e internacionales. Varios juristas han explicado que en este caso Fujimori no podría ser beneficiario de un indulto pues la ley peruana no permite el indulto para quien haya sido condenado por secuestro agravado, como fue él. Por otro lado, el derecho internacional no permite el indulto para quien fuera condenado por crímenes de lesa humanidad; en el caso de Fujimori, la sentencia dice claramente que los crímenes por los cuales Fujimori fue condenado (homicidio calificado, secuestro agravado y asalto agravado) son crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional. Pero en la política la opinión pública sí importa.

Publico entonces esta nota porque se dice que el pedido de un indulto para Fujimori de parte del congresista (PAP) José Vargas tendrían la intención de medir la reacción pública frente a la propuesta del indulto. Pues aquí van datos concretos, de la única encuesta de la cual tengo conocimiento que mide la opinión popular sobre un posible indulto a Alberto Fujimori.

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Pocos quieren ese indulto

Por Jo-Marie Burt (*)

Durante la última semana se desató una polémica en relación a la posición de los candidatos presidenciales frente a la posibilidad de indultar al ex mandatario Alberto Fujimori, quien está cumpliendo una condena de 25 años por violaciones a los DDHH. Más allá de lo que opina cada candidato, es importante saber qué opinan los peruanos de la calle. Según una encuesta reciente que aplicamos a nivel nacional, podemos afirmar algo que puede interesar a los candidatos presidenciales: la gran mayoría de los peruanos rechaza de manera contundente un indulto a Fujimori.

Según los resultados de la encuesta, dos de cada tres peruanos (63.3%) afirman no estar de acuerdo con un posible indulto a Fujimori. De estos, 58.8% afirman que no se le debería indultar “porque es culpable y debe cumplir su condena”, o sea, mantienen una posición principista con la justicia. Se expresaron otros motivos no menos importantes: 19.9% dicen que un indulto “sería una burla a las víctimas”, mientras 18.3% afirman que “sería injusto y generaría impunidad”. Por otro lado, un número no poco significativo –36.6%–afirman que sí estarían de acuerdo con un indulto. La razón más frecuente que señalan los encuestados que se mostraron favorables a un indulto para justificar tal medida es “porque salvó el país del terrorismo” (57%); 19.6% dicen que es “porque fue un buen presidente”. Sólo 18.7% dicen que se le debe indultar “por razones humanitarias”.

Otro tema resalta de los resultados del sondeo. Encuestas realizadas inmediatamente después de la sentencia emitida contra Fujimori en abril de 2009 dieron cuenta de que dos de cada tres peruanos veían positivamente la condena. Según nuestra encuesta, a dos años del fin del proceso, la aprobación ciudadana de la sentencia se mantiene firme: 53.5% afirmaron que “estoy plenamente de acuerdo con la sentencia a Fujimori”, mientras 24% afirmaron “estoy de acuerdo con la sentencia pero el número de años debería ser menor”. Con matices, entonces, 77.5% de los peruanos aprueban la condena a Fujimori. Un número muy reducido –22.2%–afirmó estar en desacuerdo con la sentencia. De este grupo, 12.8% dijeron “a pesar que considero que [Fujimori] tiene responsabilidad no debería estar en la cárcel”, mientras que solo 9.4% dijo “no estoy de acuerdo con la sentencia porque es inocente”. Resulta muy notable que sólo uno de cada diez peruanos considera que Fujimori es inocente.

Tal vez, como varios han sugerido, los distintos candidatos creen que declarándose a favor de un indulto “humanitario” a Fujimori puedan atraer el voto fujimorista. Deberían más bien considerar las opiniones de sus conciudadanos. Según nuestra encuesta, la gran mayoría de peruanos prefiere que Fujimori cumpla su condena y que sus representantes electos hagan valer la justicia.

 

 

* Nota: La encuesta fue realizada por Instituto de Opinión Pública (IOP) de la PUCP. Se aplicó la encuesta a 1,205 personas en 19 regiones del país entre el 25 al 30 de noviembre de 2010. La encuesta es parte de una investigación en curso sobre el proceso de judicialización de las graves violaciones a los DDHH ocurridas durante el conflicto armado interno que vivió Perú durante 1980 y 2000 dirigida por la autora.

 

 

 

Originalmente publicado en La República, el 30 de enero de 2011

 

 

Publicado por primera vez A contracorriente, el 7 de junio 2011

 

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News Reports on Transitional Justice in Peru

1097: la nueva cara de la impunidad

Por Jo-Marie Burt

Los defensores de los derechos humanos celebramos el comienzo del año 2010 con las noticias de que la Corte Suprema del Perú había ratificado la condena contra el ex presidente Alberto Fujimori por las masacres de Barrios Altos y La Cantuta así como su sentencia de 25 años de prisión efectiva. Desde entonces, hasta hoy día, en menos de un año, el Perú ha dado un giro de 180 grados. El Decreto Legislativo 1097, redactado por el Ministerio de Defensa y firmado por el Presidente Alan García, ha sido calificado por numerosos analistas como una amnistía encubierta para quienes perpetraron graves violaciones a los derechos humanos durante 1980 y 2000.

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Con la aprobación de dicha ley —y el intento casi inmediato de conocidos violadores de derechos humanos de pedir su aplicación en beneficio propio, como el jefe operativo del destacamento Colina Santiago Martin Rivas y el ex jefe de la DINTE Juan Rivero Lazo— estamos ante una arremetida de sectores que, en alianza con los más altos esferas del poder político en el Perú, han buscado la fórmula para garantizar la impunidad para perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos (1).

Tal vez sea una exageración decir que el Decreto 1097 representa un giro de 180 grados; de hecho la lucha contra la impunidad estaba yendo de mal en peor en lo que iba del año. Con cada vez más intensidad, el Ministro de Defensa Rafael Rey Rey, el vice-presidente Luis Giampetri, o el mismo Presidente Alan García, acusaban a las organizaciones de derechos humanos que representan a las víctimas de graves violaciones de orquestar una persecución política contra las fuerzas del orden. En este discurso, repetido incansablemente en particular por Rey Rey, aliado fiel del fujimorismo durante los años noventa, las víctimas no son las personas quienes perdieron la vida a manos de las Fuerzas Armadas, o los familiares de los 15 mil desaparecidos durante el período de la violencia política en el Perú, sino los efectivos militares quienes estaban siendo investigados por su rol en los asesinatos, torturas y desapariciones de miles de peruanos.

A lo largo del año fuimos testigos de campañas mediáticas que buscaban aprovechar y azuzar el miedo del ciudadano común para reforzar la idea de que los organismos de derechos humanos buscaban beneficiar a miembros de Sendero Luminoso y el MRTA (quien puede olvidar toda la campaña mediática sobre el caso Lori Berenson a partir de su liberación condicional en mayo y la extraña decisión un par de meses después de devolverla a la cárcel) y que –nuevamente- estaban llevando a cabo una política de venganza contra las instituciones armadas que defendieron la patria contra el terrorismo.

Fuimos testigos de que el gobierno sistemáticamente buscaba obstaculizar los procesos judiciales en curso. No podemos olvidar que una de las primeras medidas del gobierno de Alan García fue aprobar un fondo para que el Estado pague los costos de la defensa de militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos —pero nunca puso en marcha un plan de protección de testigos de graves violaciones a los derechos humanos; varios abogados nos han contado que en muchos casos hay testigos que no quieren hacer declaraciones por miedo a lo que les pueda pasar después. En vez de potenciar el subsistema especializado en derechos humanos, creado durante el gobierno de Alejandro Toledo en base a la recomendación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para que los fiscales y jueces pudiesen especializarse en estos casos, de per se complejos y difíciles, el gobierno de Alan García amplió el mandato del subsistema para incorporar otros tipos de delitos.

De pronto no sólo tuvieron a su cargo casos de derechos humanos, sino también casos de terrorismo, narcotráfico, secuestro, extorsión y lavado de activos. Hace unos meses agregaron casos de delitos contra la libertad de expresión. En otras palabras, un sistema que tenía como finalidad la exclusividad para ver casos de violaciones a los derechos humanos, ya no puede ser calificado como un sistema especializado.

No es sorprendente entonces que las investigaciones en el Ministerio Público y los juicios a cargo del Poder Judicial demoren tanto. Agrega a ello las tácticas cada vez mejor perfeccionadas de los abogados de los imputados para alargar los procesos judiciales, para justamente alegar que los derechos de sus defendidos están siendo vulnerados. Tampoco habría que olvidar que el mismo Ministerio de Defensa, tan preocupado por la situación procesal de militares y policías, no ha colaborado para nada con información para agilizar las investigaciones y procesos judiciales. Incluso ha tenido una actitud obstruccionista que no ha sido motivo de preocupación alguna de parte del Presidente García.

También hemos venido escuchando a lo largo del año sobre una creciente presión política al interior del Ministerio Público y el Poder Judicial, haciendo evidente el disgusto dentro de las instituciones armadas acerca de los procesos judiciales contra sus efectivos. Algunos fiscales nos han comentado sobre visitas que habrían recibido de personas vinculadas a las Fuerzas Armadas expresando su malestar por los procesos judiciales en curso. En abril vimos la organización de un “conversatorio” entre el Ministerio Público y el Ejército peruano sobre el proceso de judicialización en el cual, según personas que participaron en el mismo, militares acusados de graves violaciones a los derechos humanos intentaron exponer sus casos ante los fiscales con el claro intento de influenciar indebidamente en ellos (2). Todos los fiscales que ven casos de derechos humanos fueron llamados para asistir a tal evento, hecho que un fiscal superior me comentó que consideraba como “una amenaza contra nuestro labor”. También se puede notar un giro claro en el sentido de los fallos judiciales en estos casos a partir de mediados de 2008 (3). Hasta entonces, hubieron numerables fallos condenatorios (aunque también hubieron algunos absolutarios, vale decirlo). A partir de mayo de 2008, sólo 2 acusados de 20 en el caso de la masacre de Pucará fueron condenados, mientras varios militares en otros casos —el caso Matero, el caso de Los Laureles, de la Universidad Nacional del Centro, entre otros— fueron absueltos, utilizando criterios sumamente cuestionables (4). ¿Coincidencia? Decida usted, estimado lector o lectora.

El Decreto 1097 ha sido ampliamente analizado y las razones por la cual debería ser derogado también (5). Es una ley que atenta contra el principio del Estado de derecho, al establecer un beneficio para un sector específico (los militares y policías). Es una ley que antepone un derecho (el derecho a la defensa del imputado) sobre otro (el derecho de la víctima a la verdad y la justicia) en base a un argumento garantista que además de inconstitucional viola la obligación del Estado peruano de buscar balancear de manera justa y eficaz derechos antagónicos como en este caso (6).

Bajo el argumento de que los imputados han pasado demasiado años bajo procesamiento penal sin tener condena, la ley y sus defensores argumentan que entonces hay que liberar a quienes están bajo proceso penal por graves violaciones a los derechos humanos. ¿Qué del derecho de los ciudadanos comunes y corrientes de sentirse protegidos, bajo un Estado de derecho, en donde quienes cometen una violación tienen que responder por sus actos? ¿Qué del derecho de los sobrevivientes de la violencia y los familiares de las víctimas de ver justicia en sus casos, un derecho negado sistemáticamente hace años por estructuras de impunidad construido, también, desde las más altas esferas del poder? Es una ley que pretende establecer, contra normas internacionales ya establecidas y también contra jurisprudencia ya sentada en el propio Perú, de que los graves crímenes contra los derechos humanos perpetrados entre 1980 y 2000 no son tales sino simples crímenes comunes y, por lo tanto, tienen un plazo de prescripción, o sea que hay límites en el tiempo para investigar y procesar tales delitos.

Si el gobierno de Alan García hubiese querido acelerar los procesos judiciales por casos de graves violaciones de derechos humanos, hubiese podido hacer una serie de cosas distintas a imponer legislación que vulnera la Constitución, el derecho internacional y los derechos de las víctimas. Podría haber dotado al subsistema penal de derechos humanos con mayores recursos para avanzar con las investigaciones y los procesos judiciales. Hubiese asegurado que el subsistema mantenga su carácter especializado en el tema de derechos humanos, para la rápida conclusión de los procesos. Hubiese instado a las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa de colaborar con la justicia, entregando información sobre sus efectivos involucrados en graves violaciones a los derechos humanos.

Pero no ha hecho nada de eso. A fin de cuentas Alan García ha ido construyendo una alianza con un sector que necesita la impunidad para sobrevivir: el fujimorismo. Quien dice que el Decreto 1097 no allana el camino para una eventual liberación de Alberto Fujimori debería pensar dos veces. En una entrevista en Prensa Libre, Rolando Sousa, legislador fujimorista y, increíblemente, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, se quejó de que la Sala Nacional Penal dirigido por el doctor César San Martin no condenó a Fujimori por crímenes de lesa humanidad sino por tipos penales como homicidio calificado y secuestro agravado. En otras palabras, lamentaba que el Decreto 1097 no sería la solución para la liberación de Fujimori, pero por ahí va encaminada la cosa.

Por supuesto, no podemos olvidar que Alan García necesita de la impunidad: aunque por el momento no puede ser procesado por graves violaciones a los derechos humanos cometidos durante su primer gobierno, no sería el caso una vez que entregue el poder el 2011.

Esta ley es infame y tan violatoria de los derechos de los sobrevivientes y los familiares de las víctimas que la auto amnistía proclamada por el fujimorismo en 1995. Tendrá la misma suerte que aquella, que fue rechazada por la ciudadanía y eventualmente declarada nula por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2001, permitiendo el avance de procesos judiciales por graves violaciones a los derechos humanos en el Perú. Pero lo que ha trascurrido en el 2010 nos enseña que en democracias aún débiles como la peruana, donde existen intereses poderosos por mantener la impunidad a toda costa, hay que estar siempre vigilantes. Ahora las fuerzas reaccionarias han hecho su jugada. A ver qué capacidad tenemos desde la sociedad civil, la comunidad nacional, y los sectores democráticos en el mundo político e institucional, para luchar contra esta nueva embestida del sector pro-impunidad.

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Notas:

(1) Enlace original / copia en nuestro sitio [1] .

(2) Ministerio Público, “Conversatorio: Ministerio Público y el Ejército Peruano: Temas de interés para la investigación y judicialización de casos”, 19-20 de abril de 2010, evento que se dio lugar en la Escuela del Ministerio Público y en el Cuartel General del Ejército Peruano. Agenda del evento en archivo de la autora.

(3) Carlos Rivera, “¿Se está liquidando el proceso de judicialización de violaciónes contra los derechos humanos?” ideele-mail No 648, 9 de junio de 2010 [2].

(4) Ibid.

(5) Véanse por ejemplo el informe de la conferencia de prensa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos el 2 de septiembre de 2010 [3]; así como los artículos del Instituto de Defensa Legal, “Decretos Legislativos buscan impunidad en derechos humanos y criminalizan aún más la protesta social,” 2 de septiembre de 2010  [4]; del Equipo de Incidencia en Derechos-IPRODES, “El decreto legislativo 1097: Una amnistía encubierta, una infamia,” 3 de septiembre de 2010 [5] ; y José Alejandro Godoy, “Un intento de amnistia parcial encubierta,” Desde el Tercer Piso, 3 de septiembre de 2010 [6].

(6) De hecho numerosas asociaciones de familiares de las víctimas de la violencia política se han pronunciado en contra del DL 1097. Véanse por ejemplo: “La Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú-ANFASEP, Pronuciamento contra la impunidad,” 7 de septiembre de 2010 [7]; y La Coordinadora Nacional de las Organizaciones de Afectados por la Violencia Política del Perú-CONAVIP, “Pronunciamiento de CONAVIP, 7 de septiembre de 2010 [8].

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Enlaces:

[1] Enlace original / copia en nuestro sitio

[2] Enlace original / copia en nuestro sitio

[3] Enlace original / copia en nuestro sitio

[4] Enlace original / copia en nuestro sitio

[5] Enlace original (blog fuera de línea)

[6] Enlace original / copia en nuestro sitio

[7] Enlace original / copia en nuestro sitio

[8] Enlace original / copia en nuestro sitio

Publicado por primera vez en NoticiasSER.pe, 8 septiembre 2010

 

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Trial Reports

Sobre víctimas y victimarios

Por Jo-Marie Burt

Es lamentable ver la forma cómo las autoridades del Estado tratan el tema de violaciones a los derechos humanos de manera tan sesgada, reflejando un ánimo no de facilitar los procesos judiciales para su rápida conclusión sino para cerrar el paso a los procesos judiciales.

Desde ya hace buen tiempo autoridades del gobierno de Alan García vienen cuestionando los procesos judiciales contra algunos militares y policías por violaciones a los derechos humanos cometidos en el marco de la violencia política desatada en el Perú entre 1980 y 2000. Sucesivos ministros de Defensa han acusado a los organismos de derechos humanos que defienden a las víctimas y a los sobrevivientes de tales violaciones, de promover una agenda “terrorista” y de estar propiciando una persecución política contra miembros de las fuerzas del orden. Represantes de las fuerzas del orden también se han expresado en torno al tema. Luis Giampetri, poco después de haber asumido su cargo como vice presidente de la República, dijo en un discurso en homenaje al héroe Miguel Grau en octubre de 2006: “Ingratamente muchos hombres de uniforme que cumplieron con su deber patriótico son objeto de una persecución injusta mediante procesos judiciales inducidos por intereses ajenos a los valores de la justicia.” (1)

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El tema ha regresado a los titulares la última semana a raíz de una serie de sucesos, especialmente el discurso del actual ministro de Defensa, Rafael Rey Rey, el lunes pasado en el marco del 130 aniversario de la Batalla de Arica. Rey expresó su malestar sobre los procesos judiciales en curso contra algunos miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. Es un tema del cual viene hablando desde hace tiempo, cada vez con más vehemencia. En el discurso del 7 de junio, mencionó varios casos específicos que según consideraba, reflejaban la injusticia que padecen efectivos militares y policías por el tema de los juicios. Por ejemplo, en mención al caso Cayara, dijo: “Por el caso Cayara, ocurrido en 1988, en soldado Pedro Lozada Rázuri fue detenido en el año 2006 acusado de delito de ʻlesa humanidadʼ. Además de ser absolutamente ilegal porque la imprescriptibilidad rige sólo desde noviembre del 2003, Lozada lleva 36 meses sin sentencia. (2)

Es indudable que un juicio que demora tres años es intolerable y merece una llamada de atención. Pero Rey no está buscando con su discurso alentar al Poder Judicial a acelerar los casos, ni está pidiendo al Ejecutivo mayor presupuesto para posibilitar juicios más expeditos. Está buscando colocar a los militares y policías acusados de violaciones a los derechos humanos como víctimas de una persecución política. Pero, su discurso está lleno de medias verdades y mentiras abiertas.

De hecho, Rey no explica para nada lo que pasó realmente en Cayara. No menciona las verdaderas víctimas de este deplorable suceso. No menciona que a raíz de un ataque senderista a un convoy militar, donde perdieron la vida cuatro soldados —hecho execrable y condenable— la respuesta del Comando Político Militar de Ayacucho fue un operativo que arremetió a salvajadas a la población civil de la comunidad más cercana del lugar del ataque, Cayara.

La historia oficial afirma que los muertos civiles fueron producto de un enfrentamiento, hecho que no resistió un análisis posterior, lo que reveló que hubo una masacre cometida por efectivos de las Fuerzas Armadas y que fue denunciada ante el Poder Judicial por el Fiscal Carlos Escobar. Luego de una campaña de intimidaciones y amenazas el fiscal abandonó el país; el fiscal que lo reemplazó cambió la conclusión de su investigación y aceptó la versión militar de los hechos. Ningún militar tuvo que responder ante la justicia por la masacre de Cayara.

Quince años después, una investigación realizada por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) reconstruyó la historia de dicha masacre y confirmó que decenas de pobladores fueron asesinados por efectivos de las fuerzas del orden, y luego varios testigos, incluso algunos que habían dado testimonio ante el mismo Presidente entonces Alan García sobre los acontecimientos, fueron desaparecidos o asesinados. Según la CVR, son 39 víctimas, con nombre y apellidos, que perdieron la vida en Cayara, no por un enfrentamiento sino como resultado del “Plan Persecución” elaborado y puesto en acción por el Jefe del Comando Político-Militar de la zona, General José Valdivia Dueñas. Habrían participado en ello diez unidades militares y 200 efectivos. Según la CVR, no sólo hubo una violación flagrante de los derechos humanos de los pobladores de Cayara, sino también un encubrimiento de los hechos de parte de las autoridades militares y políticos para así garantizar la impunidad de los responsables:

“La Comisión de la Verdad y Reconciliación deplora profundamente que integrantes de las fuerzas del orden hayan violado flagrantemente los derechos de los ciudadanos en Cayara y zonas aledañas, desdeñando su función de proteger a la sociedad y el Estado. La Comisión de la Verdad y Reconciliación deplora también los resultados del informe en Mayoría de la Comisión Investigadora del Senado de la República, que tuvo un claro propósito de ocultar la verdad y con ello generar impunidad. Deplora también la actuación de la justicia militar, que no investigó adecuadamente y que por el contrario, convalidó explicaciones carentes de veracidad” (3)

El caso Cayara ha permanecido en la impunidad desde hace 22 años. ¿Para quienes, entonces, no hay justicia en el Perú? No es posible que las autoridades sigan armando un discurso totalmente parcializado en defensa de militares y policías acusados de graves violaciones a los derechos humanos. Es hora de que el gobierno de García responda claramente a la ciudadanía del país y del mundo sobre estos casos. ¿Será un gobierno que respalde la impunidad para crímenes de lesa humanidad? Si García pudo rectificar su política económica en su segundo gobierno, ¿por qué no puede ahora reconocer los graves crímenes cometidos durante los años 80 y 90 y asumir las recomendaciones de la CVR para saldar con este pasado tan triste y indignante para la conciencia de la humanidad entera?

Notas:

(1) Luis Giampetri, citado en Gestión (22 de febrero de 2006) (^^^)

(2) Rafael Rey Rey, citado en La Razón (13 de junio de 2010) (^^^)

(3) Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, Tomo VII, Capítulo 2.27 (4) “Las ejecuciones extrajudiciales y encubrimiento en Cayara (1988)” (Lima, 2003), p. 17 (^^^)

Publicado por primera vez en NoticiasSER.pe, 16 junio 2010