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Caso Los Cabitos: “Ya te fregaste, estás en el cuartel”

Juicio por el caso Los Cabitos. Crónicas de las audiencias en Ayacucho (II) *

por Jo-Marie Burt y María Rodríguez

Por segunda vez en lo que va del juicio oral del caso Los Cabitos (1983), la Sala Penal Nacional recogió las declaraciones de testigos en la ciudad de Huamanga entre el 21 y el 24 de agosto. En cuatro días de audiencias públicas, 32 testigos —entre sobrevivientes, familiares de víctimas, y testigos de los crímenes que están siendo judicializados— narraron diversos episodios de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, y tortura sufridos dentro de las instalaciones del cuartel Los Cabitos y la prolongada y casi siempre inútil búsqueda de justicia desde hace casi 30 años.

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Los testimonios fueron desgarradores e intensos. A pesar del tiempo transcurrido los testigos compartieron recuerdos detallados que han marcado sus vidas para siempre. Algunos habían dado su testimonio ante la CVR, sin embargo, para otros era la primera vez que se acercaban al Estado a contar su historia. Así, hemos logrado encontrar puntos coincidentes sobre el modo de operaciones del Ejército en cuanto a las detenciones y desapariciones forzadas ocurridas en Huamanga en el año 1983 que son una prueba más de lo que realmente significó el cuartel Los Cabitos en Ayacucho durante el Conflicto Armado Interno.

Vale la pena mencionar que el juicio en el caso Los Cabitos comenzó en mayo de 2011. Es un caso complejo. Se trata de establecer la responsabilidad penal de los altos mandos militares responsables de los abusos que ocurrieron en el cuartel Los Cabitos, que fue el centro operativo del Comando Político-Militar (CPM) de Ayacucho desde de fines de 1982. No está encausado ningún autor material, pues resulta casi imposible identificar quien cometió los crímenes individuales. En este juicio, enfocado sólo en el año 1983, siete oficiales militares están procesados, acusados de cometer crímenes contra la humanidad, detención arbitraria y retención ilegal de un detenido, vejaciones, secuestro agravado, tratos humillantes, lesiones agravadas y desaparición forzada. Sólo dos de ellos estuvieron presentes en las audiencias de Huamanga: el Teniente Coronel (r) Edgar Paz Avendaño, ex-jefe de la “Casa Rosada”, y Humberto Orbegozo Talavera, ex-jefe del cuartel Los Cabitos. Cuatro de los militares implicados en este caso fueron eximidos de asistir por motivos de su avanzada edad y/o estado de salud: Carlos Briceño Zevallos, Julio Coronel Carbajal D’Angelo, Carlos Millones D’Estefano, y Roberto Saldaña Vásquez. El séptimo acusado, Arturo Moreno Alcántara, se encuentra prófugo, supuestamente en Chile.

La crónica siguiente se basa en estos cuatro días de audiencia presenciadas por las autoras.

Detenciones selectivas, detenciones fortuitas

La mayor cantidad de las detenciones en el año 1983 se dieron irrumpiendo de forma violenta en los hogares de Huamanga, en horas de la noche y la madrugada, sin duda aprovechando el toque de queda impuesto por el Comando Político Militar entre las 8 de la noche y las 6 de la mañana. Los testigos describieron con detalle cómo militares, a veces en combinación con las fuerzas policiales, con uniformes de color verde claro y verde olivo, botas negras, armas largas y encapuchados, ingresaban a las viviendas y en medio de insultos, gritos y golpes, entraban a las habitaciones y se llevaban detenidos sin dar mayor razón ni explicación a las familias. Ante las preguntas de las esposas, los hijos, los padres sobre por qué los llevaban: ‘Porque son terrucos’, respondían, acompañado de algún insulto, pero nada más. Algunas veces eran detenciones selectivas, pues los militares llegaban a las casas buscando a una persona en particular, de nombre y apellido, o a veces sólo con el sobrenombre del “camarada”. En algunos casos se llevaron a varios miembros de una misma familia el mismo día o en diversas oportunidades.

Otros testigos narraron como fueron detenidos en las calles, porque pasaron cerca a un lugar donde hubo una explosión y los vieron corriendo, huyendo del atentado y sus consecuencias. Uno de los declarantes manifestó que caminaba por donde se encontraban algunos militares y cuando le pidieron sus documentos, al ver que era estudiante, fue detenido. “Tuve la mala suerte de sacar el carnet universitario que indicaba que era estudiante de educación,” dijo. “A los ojos de los militares, ser universitario era sinónimo de ser terrorista.”

También hubieron testimonios de y sobre personas que fueron detenidas siendo menores de edad, adolescentes, hombres y mujeres, entre los 14 y 17 años -algunos desaparecidos hasta ahora-, aun cuando llevaban puesto el uniforme escolar, fueron maltratados y vejados en Los Cabitos con la misma severidad e indolencia. Era un contexto donde la edad y el sexo fueron irrelevantes.

Los métodos de inteligencia

Un aspecto de la estrategia contrasubversiva en esa época que se hace evidente a luz de los testimonios es el deficiente servicio de inteligencia militar en la búsqueda de subversivos y su incapacidad de diferenciarlos de la población civil. Todos eran considerados sospechosos, más aún si eran docentes, comerciantes o estudiantes universitarios. Lo que cuentan los testimoniantes, es que la práctica común era torturar a todo sospechoso y observar su comportamiento. Quienes se quebraban fácilmente no eran considerados terroristas. Por ello en este juicio hay varias personas que pasaron por el circuito de torturas al interior del cuartel Los Cabitos pero luego fueron liberados.

En algunos casos, la detención de personas se debía a que otro detenido lo señalaba como terrorista. En las audiencias, hubo tres casos en la que el detenido fue confrontado con su sindicador dentro del cuartel Los Cabitos; en cada caso el sindicador retractó su acusación al ver a la persona. En el caso de Víctor Luis, en ese momento estudiante universitario de 23 años, el joven fue detenido y golpeado, practicaron simulacro de asesinato con él, y luego lo torturaron con la “colgadura”. Fue confrontado con su acusador, quien no pudo identificarlo. El militar encargado le increpó enérgicamente al sindicador al darse cuenta que no conocía al joven: “Por qué mientes, cómo dices que lo conoces,” le dijo el militar. “Tú estas tirando dedo a personas que no conoces, que no están involucradas”. Seguidamente golpeó y pateó al sindicador, y eventualmente soltaron al joven. Nos pareció sorprendente esta historia pues en estos años las Fuerzas del Orden operaron de la misma manera, en base a acusaciones y rumores y suposiciones, para desbaratar a las organizaciones subversivas. Todos eran considerados ‘terrucos’ hasta que se demostrara lo contrario, causando un miedo generalizado en la población.

Las torturas y los torturadores

Los testimonios comprueban que el cuartel Los Cabitos no sólo fue un centro de detención, sino que fue principalmente un centro de torturas. Si bien los testigos relataron que estuvieron la mayor parte del tiempo, encapuchados y atados de manos, ellos han logrado identificar ambientes especiales para ambas situaciones. Las detenciones duraban 15 días aproximadamente, siendo depositados en reducidas covachas con techos de calamina, donde tenían que permanecer sentados casi sin poder moverse, en medio de la pampa del cuartel; otros fueron ubicados en ambientes más amplios donde cabían mayor cantidad de personas (lo sentían por el calor humano), siempre en condiciones infrahumanas de vivienda y alimentación.

Los testigos narraron que las torturas eran sufridas en horas de la noche, a partir de las 10 u 11. Sentían que hacían cola para ser torturados y oían gemidos y gritos de hombres y mujeres. Al principio, las torturas consistían en golpes, patadas y puñetes en el estómago, la cabeza, la espalda. Algunas veces eran desnudados completamente, otras sólo el torso o quedaban en ropa interior. Luego, dependiendo quizás del nivel de sospecha o para medir la resistencia del detenido o detenida, se realizaban tres tipos de tortura: el colgamiento, el ahogamiento o submarino y la electricidad, en noches diferentes y espaciadas prudentemente para que la víctima se recuperase de las lesiones sufridas.

Durante las torturas, el interrogatorio era muchas veces impreciso: pedían a los detenidos nombres de terroristas, participantes de los atentados, dónde estaban las armas, buscaban que confiesen que eran tal o cual ‘camarada’, preguntaban quién era Edith Lagos o Abimael Guzmán. La generalidad de las preguntas hace pensar que los militares no tenían mayor claridad sobre quiénes eran ni a quiénes buscaban.

Un aspecto importante de los testimonios es la coincidencia al momento de describir a los torturadores. Por las voces, casi todos los testigos lograron identificar que eran entre tres y cuatro, con un acento costeño diferente al de “los cabitos” –como suelen describir a los soldados— que los cuidaban durante el día, quienes tenían un acento más provinciano o del oriente. En algunos casos, al momento de la tortura, los captores quitaban la capucha al detenido y en ese momento los testigos lograban ver los rostros de sus agresores, o por lo menos al que estaba más cerca. Eran de contextura gruesa y altos, dos de ellos ‘blancones’ y otro de tez trigueña con bigotes. Este último al parecer era el encargado de las torturas y a quien la mayoría de los testigos logró identificar con más claridad.

El silencio cómplice de las instituciones del Estado

La indolencia e inoperancia de las autoridades civiles y militares en este período es abrumador. Ha sido desgarrador no sólo escuchar el daño físico y sicológico que se hacía a otro ser humano, sino también el calvario de los familiares que buscaban a sus seres queridos en todas las instancias donde podían estar detenidos: la PIP (Policía de Investigaciones del Perú), la Comisaría, la Comandancia y el cuartel Los Cabitos. En todos ellos casi siempre negaron la presencia de sus familiares, fueron echados, insultados y tildados de terroristas. Eran en su mayoría mujeres, madres o hermanas que iban con sus niños en brazos, llorando desconsoladamente porque no encontraban respuesta sobre su ser querido. En algunos casos, sin embargo, los testigos relataron que algunos de los soldados se compadecieron y les hicieron llegar noticias de los detenidos. Sin embargo no necesariamente lograron encontrar a la persona identificada.

Las instituciones de justicia como la Fiscalía y el Poder Judicial también estuvieron ausentes. En algunos casos denunciaron los hechos ante estas instancias, pero casi siempre era letra muerta, pues nunca lograron que se abriera una investigación o un proceso para averiguar dónde estaban sus familiares. En otros casos no lo hicieron por las amenazas o porque se calculaba que no tendría ningún resultado. Por ejemplo, los testigos sobrevivientes de torturas contaron que al ser liberados fueron obligados a firmar cuadernos donde aseguraban que no habían sufrido ningún tipo de tortura o que se comprometían a no hablar, lo que acrecentó el temor a denunciar. Así mismo, el sentido común de muchos ex detenidos les hacía ver que la denuncia era inútil, pues “cómo se iba a denunciar a quien lo había retenido”. El temor y la desconfianza hacia el Estado en todas sus instancias, era generalizado. Había una impunidad institucionalizada, y el poder militar fue un poder autoritario y abusivo que había desarrollado niveles altísimos de deshumanización y desprecio por la vida.

La defensa militar

Es particularmente interesante analizar las intervenciones de la defensa de los militares, que busca probar que Ayacucho vivía una situación social tan convulsionada que cualquiera podía ser miembro de Sendero Luminoso. La defensa pregunta a los testigos en cuanto tiempo retomaron sus estudios y trabajos después de haber sido torturados en Cabitos, como si dicho tiempo determinara la gravedad de las torturas; hacen preguntas a las víctimas sobre si hicieron las denuncias luego de ser liberadas, como si el Poder Judicial funcionara de manera normal y no existiera un miedo generalizado en la población. Preguntan si había música a la hora de las sesiones de tortura; tal vez para argumentar que los altos mandos no escucharon los gritos humanos provenientes de las salas de torturas. Buscan banalizar los testimonios, minimizar el daño causado, justificar la reacción de las fuerzas del orden pues se vivía una época de terrorismo, bombas y atentados.

Las secuelas

Casi todos los testigos lloraron mientras narraban sus historias; algunos mostraron las cicatrices físicas y psicológicas de lo vivido. Algunos fundaron ANFASEP (Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos) para continuar la búsqueda de sus familiares desaparecidos, mientras que los reaparecidos continuaron con sus vidas estudiando, trabajando, conviviendo con la violencia y buscando como sobreponerse al recuerdo de lo vivido.

A pesar de que el miedo es la secuela más notoria entre quienes dieron su testimonio, es destacable la valentía de estas personas, de relatar sus historias de horror frente a un juzgado en una audiencia pública y frente a los militares acusados como autores mediatos. Por ejemplo, Sergio, quien fue acusado de ser causante de una explosión de una cisterna cerca a su casa, cuando fue detenido sólo tenía 16 años. A pesar de su edad, fue torturado en Cabitos: Fue colgado por los brazos y luego duramente golpeado; otra noche lo sumergieron en un pozo de agua; finalmente le aplicaron la picana (electricidad). “¿Quiénes son los compañeros?” me preguntaron. “Das nombres y te vas a tu casa,” le dijeron, pero no sabía de que hablaban.

Durante una de las sesiones de tortura, le sacaron la capucha. “Vi con mis ojos a una niña de más o menos 16 años,” dijo. “No la conocía. Vi que violaron a la niña”. El mismo militar que lo había torturado era quien había violado a la niña. Días después, Sergio fue llevado junto con unos veinte detenidos a Infiernillo, un botadero donde los militares habrían echado a los muertos. Obligaron a todos arrodillarse al pie de la quebrada. No veía nada excepto el piso pues estaba encapuchado. “Sin preguntar metieron bala a uno y cayó a la pista. Lo pude sentir. Ahí sí preguntaron, vas a hablar! Groserías dijeron. Pero no hablaba nadie. Boom. Boom. Iban matando a las personas uno por uno. Uno a mi ladito cayó”. Aunque tuvo la venda en los ojos pude ver su cuerpo en el piso. Al final, Sergio y cuatro personas más volvieron con vida al cuartel. Cuando fue liberado, estuvo postrado en una cama por dos años recuperándose de las lesiones, pues como él mismo relató, “quedé destrozado”.

Es destacable también la historia de la familia de unos panaderos, quienes perdieron a dos de sus hermanos cuando los sinchis irrumpieron en su negocio, el 3 de setiembre y el 15 de diciembre de 1983 para secuestrar y desaparecer a sus hermanos César y Celestino. El testimonio de la hermana fue estremecedor, más aún cuando contó que años después en Rancha encontraron el buzo verde y el polo azul que Celestino llevó la madrugada que los militares lo sacaron de su habitación, mientras preguntaba “jefe, por qué a mí”. Quiso ponerse su reloj y recoger su Libreta Electoral, pero le dijeron “ya no es necesario”. Su familia veló las prendas esa noche.

Asimismo, la denuncia y testimonio de la hija, hermana y cuñada de Eladio Quispe Mendoza, desaparecido en noviembre de 1983. Los testimonios se dieron en Lima y Ayacucho, y demuestran que el terror y la impunidad prevalecieron en Ayacucho durante muchos años. Guadalupe Ccollacunto, la esposa de Eladio, quien se encargó de buscar a su esposo desaparecido y se convirtió en una importante miembro de ANFASEP, fue también desaparecida en la madrugada del 10 de junio de 1990, día de la segunda vuelta electoral entre Vargas Llosa y Fujimori, de la misma manera cobarde e impune: militares irrumpieron en su casa en horas de la madrugada, la llevaron, y nunca mas fue vista. La historia de la hija de Eladio y Guadalupe es aún más sorprendente y demuestra la valentía de las familias al momento de buscar respuestas sobre el paraderos de sus seres queridos, pues en audiencia pública en Lima, contó que cuando cumplió la mayoría de edad y asumió el caso de sus padres, descubrió que en el libro Muerte en el Pentagonito se hizo mención a su padre. Con esta información busco y logró entrevistarse varias veces con Jesús Sosa Saavedra, apodado ‘Kerosene’ y cuyo testimonio fue recogido en el libro mencionado. El admitió haber matado a su padre Eladio Quispe Mendoza, y haber destrozado su cadáver años después cuando le ordenaron desaparecer las evidencias de los años anteriores.

Después de oír los testimonios de los sobrevivientes de la tortura en Los Cabitos, después de escuchar los dolorosos testimonios de las esposas, hermanas y hermanos, padres y madres, que salieron en búsqueda de sus seres queridos y hasta ahora no encuentran respuesta, uno queda mudo por el espanto. Pero el proceso judicial obliga a narrar lo vivido, lo sufrido, obliga a contar las experiencias para encontrar y castigar a los culpables. Aún el juicio por el caso Los Cabitos tiene mucho por recorrer, faltan muchos testigos más, incluso habrá una nueva ronda de audiencias en Huamanga, probablemente antes de fin de año. En una siguiente entrega haremos otra crónica del horror que fue Los Cabitos.

 

Para ver la primera crónica sobre las audiencias en Ayacucho relacionadas con el caso Los Cabitos, haga clic aquí

 

Originalmente publicado en Noticias SER, 29 de agosto de 2012

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De confesiones y culpas. El juicio por el caso Accomarca

Por Jo-Marie Burt y Kristel Best Urday*

Las calles alrededor del penal Castro Castro, ubicado en la parte alta del distrito de San Juan de Lurigancho en las afueras de Lima, son de tierra y polvo. Ni la lejanía ni la aridez merman la voluntad de los familiares del caso Accomarca. Ahí están, durante todas las audiencias del juicio, en el cual se juzgan a 29 militares por la masacre de 69 campesinos, cometida el 14 de agosto de 1985. En la entrada del penal, están parados los familiares, desplegando carteles en donde figuran todos los nombres de las víctimas, así como sus exigencias de verdad y justicia, postergadas desde hace 26 años.

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El juicio, iniciado en noviembre de 2010, no ha llamado tanto la atención de los medios de comunicación, pero en las últimas semanas ha estado en primera plana por las declaraciones de Telmo Hurtado, ex oficial del Ejército considerado como el principal responsable material de la masacre, que ha reconocido su participación en el operativo militar que dio muerte a 69 campesinos, entre ellos más de 20 menores de edad.

La declaración de responsabilidad de Hurtado no es novedad. Hace años, cuando fue interrogado ante una comisión investigadora del Congreso, la admitió. Su caso fue trasladado al fuero militar, donde fue sancionado a 6 años, no por homicidio sino por el delito de ‘abuso de autoridad’. A pesar de la condena, Hurtado no cumplió los 6 años, además fue ascendido e incluso fue condecorado durante el gobierno de Alberto Fujimori. En 1995, se benefició de la Ley de Amnistía, y permaneció en servicio activo del Ejército. En 2001, luego de la anulación de esta ley por un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Hurtado huyó a Estados Unidos. El 2007 fue detenido, y luego de varios años, fue extraditado al Perú e incorporado al juicio ya en curso el 22 de julio de 2011.

Lo que es nuevo en su testimonio fue que reconociera el papel de sus superiores tanto, en el diseño del Plan Huanccayoc, como en la transmisión de las órdenes del operativo militar; así como el reconocimiento de las órdenes que habría recibido de sus superiores para encubrir los hechos. De este modo, el testimonio de Hurtado cuestiona no sólo el argumento de los altos mandos militares imputados en esta causa, sino también el argumento de la institución militar sobre la lucha contrasubversiva en general, que dice que no hubieron violaciones sistemáticas de derechos humanos sino tan sólo ‘excesos’ cometidos por algunos ‘malos elementos’ de las Fuerzas Armadas. Según esta argumentación, la responsabilidad de los abusos cometidos no caería sobre los altos mandos sino sobre los soldados y oficiales de rango menor que actuaron en las zonas de emergencia.

Habla el “Carnicero de los Andes”

Mientras daba su testimonio, Hurtado mantuvo una postura firme y habló mirando de frente. No dialogó con ninguno de los otros acusados que estaban a sus espaldas. Se limitó a describir las órdenes y sus ejecuciones en términos castrenses “bajas”, “eliminación”, “limpieza”, detallando fechas, horarios y nombres. No hizo apreciaciones subjetivas, morales ni humanitarias.

Tras el vidrio, el público, conformado en su mayoría por los familiares, podía observar a los acusados de espaldas. Algunos tomaban nota mientras escuchaban las declaraciones, otros se encorvaban irremediablemente, otros murmuraban.

El fiscal Luis Landa inició su interrogatorio con la pregunta sobre su estado de salud mental hace 27 años y en la actualidad. El General José Cabrejos Samamé afirma en su libro La verdad sobre Accomarca que Hurtado habría sufrido de “psicosis de guerra” y que, por ello, torturó y asesinó con saña a los pobladores. Ésta, vale anotar, también es la tesis principal de los abogados defensores de los altos mandos militares imputados en esta causa, entre ellos el Gral. Wilfredo Mori Orzo (uno de los miembros del Estado Mayor en aquel momento) y el Gral. José Daniel Williams Zapata (en ese momento Mayor de Infantería y Jefe de la Campaña Lince y, en 2005, Jefe del Comando Conjunto).

En una de las audiencias iniciales, el abogado de esos militares, César Nakasaki —conocido por defender, y perder, las causas por violación de derechos humanos y corrupción del ex presidente Fujimori— sostuvo precisamente esta tesis. Sus defendidos, advirtió, no sabían nada ni tenían responsabilidad. Sostuvo que Hurtado habría enloquecido luego de tanto tiempo en las zonas de emergencia, por lo tanto la masacre sería producto de un “exceso” individual y no de un plan enmarcado en la lucha contrasubversiva.

En aquel momento Hurtado estaba en Miami esperando la extradición. Tal vez imaginaron que no sería extraditado. O que llegaría después de este juicio. Pero ahora, se encuentra en el mismo banquillo de los acusados.

Al contrario de la tesis de Cabrejos y Nakasaki, Hurtado declaró que no sufría de “locura” ni en aquel momento ni en el presente. Ante dicha teoría, respondió claramente que a un oficial lo preparan para estas situaciones, para cumplir órdenes, por eso se les denomina “profesionales de la guerra”.

Según Hurtado, el 12 de agosto de 1985 se ideó el Plan Operativo 17, que tenía como finalidad “eliminar” una Escuela Popular en la zona de Accomarca y capturar al “camarada Marco”. El Estado Mayor se reunió con los jefes de patrulla para impartir la orden de eliminar al “personal subversivo” en caso de un enfrentamiento. El 13 de agosto, el “G2” Teniente Coronel de Infantería César Martínez Uribe Restrepo, oficial de Inteligencia, le ordenó a Hurtado que elimine a todo elemento subversivo y que no retorne con ningún capturado. Hurtado explicó que la quebrada de Llocllapampa estaba categorizada como Zona Roja, por lo tanto, todos los habitantes eran considerados indefectiblemente delincuentes terroristas, en consecuencia, todos debían ser “eliminados”. Asimismo, remarcó que la contraorden que dio el “G2” Martínez Uribe no podía comunicarse ni realizarse sin el pleno conocimiento del General Mori, quien era Jefe del Estado Mayor. Enfatizó que el operativo se realizó con el conocimiento del Comando Político Militar, del Poder Ejecutivo y del Estado.

Hurtado admitió y se responsabilizó de la muerte de cinco hombres ejecutados en el camino, del camarada “Genaro” y de aproximadamente 25 personas. De las demás muertes, dijo que otros comandos tenían la responsabilidad.

Encubrimiento de los hechos

Hurtado también declaró sobre este tema. Luego de que las denuncias de la masacre llegaran a Lima, en setiembre de 1985, los altos mandos militares, comandados por el Gral. Mori, ordenaron “limpiar” la zona, es decir, borrar las huellas y asesinar a los testigos de la masacre. El 16 de setiembre, Hurtado, el Comandante Sotero Navarro, un Sub-oficial de comunicaciones y el Mayor Jurídico fueron llevados en helicóptero a la quebrada de Huancayocc. Se dirigieron al lugar caminando, pero antes de llegar, Sotero Navarro se quebró el pie, entonces emprendieron la vuelta hacia Huambalpa. Debido a ello, relató Hurtado, no participó en la “limpieza”. Pero, afirmó, otras patrullas en la zona se encargaron de la operación entre el 13 y 15 de setiembre. Recuerda que a lo lejos se veían fogatas.

Asimismo, señaló que el 17 de setiembre de 1985, el Coronel de Infantería Nelson González Feria lo ordenó a mostrarse como “loco” ante la prensa y frente a la comisión investigadora del Congreso que iba a viajar a la zona.

Con estas declaraciones, Hurtado ha quebrado el plan de encubrimiento que lleva 26 años de existencia. En algún momento reflexionó sobre su confesión: “Las lealtades cambian, las amistades se van,” dijo. Sin embargo, Hurtado no muestra signos de arrepentimiento ni de crítica a la política contrasubversiva. “¿Por qué continuó en el Ejército?”, le preguntó el abogado de Rivera Rondón, otro de los imputados. Hurtado respondió: “Mi único grado y meta era la defensa de la soberanía nacional, la pacificación del país. Amo mi institución, amo mi carrera”. Ante las preguntas “¿Usted sabía que era ilegal asesinar? ¿Sabía si era ilícito matar a personas?” Hurtado dijo que se le preguntara al Estado Mayor que estuvo a cargo.

El contrainterrogatorio de Nakasaki

César Nakasaki, el abogado que se hizo famoso representando a Alberto Fujimori en todos los casos por los cuales fue extraditado de Chile en 2007, defiende a los altos mandos militares en el caso Accomarca, como Wilfredo Mori Orzo, César Martínez Uribe Restrepo, entre otros. En su contrainterrogatorio a Hurtado, apuntó a que éste aceptara que sus declaraciones en 1985 ante la inspectoría de la II División del Ejército, así como ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado, eran las que valían. En esas declaraciones, Hurtado indicó que nadie del Estado Mayor tuvo responsabilidad en los hechos de Accomarca.

Sin embargo, el militar se mantuvo firme en su posición. Afirmó que estuvo presionado a mentir en aquellas declaraciones y conminado a hacerse el loco y a guardar silencio para proteger a la institución. Cambiando de estrategia, Nakasaki repitió la pregunta que otro abogado defensor, Hugo Robles Castillo, hiciera a Hurtado en una sesión previa: “¿Usted mataría a su padre?” a lo que respondió positivamente. Esta vez, respondió de manera distinta. Dijo que Robles hizo una pregunta extrema para demostrar cómo funcionaba la obediencia debida dentro de la institución militar. Explicó que su familia se había visto muy afectada por su situación y que su padre había muerto en 1988.

En las declaraciones de Hurtado se desentraña toda una estrategia contrasubversiva dirigida desde los altos mandos militares quienes tuvieron pleno conocimiento y control sobre cada operativo. Con sus declaraciones se está corroborando la sistematicidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, tesis ya establecida por la CVR en su Informe Final. Ahora, se espera que culminen los interrogatorios y de que por fin se haga justicia para los familiares de las 69 víctimas de la masacre de Accomarca.

Nota:

* Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política en la Universidad de George Mason y asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Es autora del libro, Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (IEP, SER, 2009, 2011). Kristel Best Urday es bachiller en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es estudiante de la Maestría de Historia y Memoria de la Universidad Nacional de la Plata en Argentina. Ambas han presenciado numerosas audiencias del juicio Accomarca (^^^)

Artículo publicado en la revista Retablo. Nro. 46. Junio 2012. Ayacucho. Asociación SER

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Los Cabitos

Por Eduardo Dargent – Diario16

Esta semana pensaba escribir sobre el casi seguro retorno del PRI al poder en México. Ya con el artículo avanzado leí la crónica de Kristel Best y Jo Marie Burt sobre el proceso judicial por violaciones a los derechos humanos cometidas en el cuartel Los Cabitos de Ayacucho hace más de dos décadas. La Sala Penal Nacional se encuentra en estos días recogiendo testimonios de víctimas y familiares en dicha ciudad. Creo que el viejo saurio puede esperar una semana, más urgente es resaltar este caso que ha recibido poca atención de la prensa local.

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No le cuento los detalles del proceso, puede leerlos en la impactante crónica de Best y Burt. Quiero discutir, más bien, el significado de las audiencias y el valor de trabajos como el realizado por estas autoras. No importa cuántos testimonios o trabajos académicos uno haya consultado sobre la violencia en el país. Hay algo en la lectura de estas narraciones que indigna y entristece, y creo que no pasa solamente por las tragedias que allí se cuentan. Considero que parte importante del impacto de estos testimonios radica en que al enfrentarnos a la voz de las víctimas tomamos conciencia, precisamente, de lo poco que hemos escuchado en el país a los directamente afectados por la violencia.

A diferencia de Argentina, Chile, Uruguay o Brasil, en el Perú las víctimas han tenido poca oportunidad de contar sus historias. Las hemos visto en algunas entrevistas y en las audiencias de la CVR, pero no son invitados habituales en los medios de comunicación. No tienen redes políticas que pongan sus demandas en la agenda, ni un partido fuerte que represente sus reclamos. Una segunda vejación a su dignidad ha sido el silencio o abierto desprecio con los que el Estado y gran parte de la sociedad los castigaron.

La razón es, en buena cuenta, su procedencia social. Muchos de los muertos y desaparecidos de otros países pertenecían a la clase media o a sectores pobres más organizados. Tenían contactos, redes dentro y fuera del país, pertenecían a partidos políticos. Les resultaba más fácil ejercer presión, escribir cartas, demandar entrevistas. Exigir empatía por su tragedia. Aquí las víctimas y sus familiares carecían, en la mayoría de los casos, de recursos para demandar justicia. Y aun así algunos, como varios de quienes testificaron esta semana, lucharon por lograr justicia.

Hace ya una década me tocó conocer en forma directa algunos casos de inocentes en prisión. Conocí a una persona condenada por repartir propaganda senderista. Alguien le dio unos volantes a cambio de una propina. Nadie, ni la policía, ni el fiscal, ni los jueces, se percataron de que esta persona tenía un evidente retardo mental, pasaron años antes de que recibiera un indulto. Conocí también a un agricultor que fue encarcelado por un caso de homonimia. Ni siquiera vivía en la misma región donde se cometió el delito por el que se le procesaba, ni había pruebas en su contra: su nombre bastó para tenerlo más de un año encerrado. Son esas historias las que no hemos escuchado y de las cuales nos serviría mucho conocer como sociedad para entender varios de nuestros desencuentros actuales.

Cuando leo estos testimonios se me hace más difícil entender la visión maniquea e insensible de quienes ven los derechos humanos como una agenda contraria a las Fuerzas Armadas, y que, por tanto, debe ser silenciada. Muchos líderes de opinión pasan por encima abusos, violaciones, maltratos y racismo con una rápida respuesta como “En toda guerra hay excesos” o criticando su “teatralización”. No, al escuchar estos casos vemos cómo unos seres humanos utilizaron sus poderes para ejercer crueldad contra semejantes en posiciones vulnerables. Y, espero, algo aprendemos. Entre tanto bloque de noticias estúpidas en los programas del domingo, entre tantas noticias frívolas sobre Al fondo hay sitio en medios que se autodenominan serios, ¿no hay espacio para una conversación respetuosa y abierta con las víctimas de Los Cabitos?

 

Publicado por primera vez en Diario16 el 24 de junio 2012

 

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Juicio por el caso Cabitos: Crónicas de las audiencias en Ayacucho (Parte I)

Kristel Best Urday y Jo-Marie Burt*

  • A continuación presentamos una crónica de los dos primeros días de declaraciones de los testigos y agraviados del Caso Cabitos 1983.

18 de junio de 2012

El juicio oral del Caso Cabitos se inició el 26 de mayo de 2011 en la Sala Penal Nacional en Lima. Habiendo interrogado a los inculpados -entre ellos altos mandos militares de las fuerzas armadas- esta semana el colegiado presidido por el juez Broussett se ha trasladado a la ciudad de Huamanga para escuchar los testimonios de 32 testigos que viven en el departamento de Ayacucho.

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Las audiencias se vienen realizando en el Poder Judicial de Ayacucho, en el jirón 28 de julio, frente a la Plaza de Armas. Bajo el cielo diáfano de Ayacucho las madres de Anfasep asisten a la audiencia por el caso Cabitos; varias de ellas son testigos.

Cabitos fue un cuartel militar que sirvió de centro operativo para el las fuerzas armadas en Ayacucho a partir de fines de 1982, cuando todo el departamento fue declarado zona de emergencia. Según la imputación del Ministerio Público, el cuartel Cabitos fue un centro de detención clandestina de opositores políticos, donde se torturó a los detenidos y se desapareció a un número indeterminado de personas.

Son siete mandos militares acusados de los delitos de lesiones graves y desaparición forzada en el caso Cabitos por el año 1983. Cada año se cambiaba los mandos militares, por lo tanto, hay investigaciones por Cabitos 1984, 1985, 1986, etc.

En las audiencias en Ayacucho, sólo están presentes dos imputados: Humberto Bari Orbegoso Talavera y Pedro Edgar Paz Avendaño. La Sala Penal Nacional eximió a los otro cuatro de asistir por motivos de salud. Un acusado se encuentra prófugo de la justicia.

Desde su constitución en 1983, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) recibió numerosas denuncias de casos de desaparición y tortura en el cuartel Cabitos. Desde ese momento, Aprodeh ha acompañado a Anfasep, a los familiares y agravados en la búsqueda de justicia. El caso viene siendo representado por las abogadas Gloria Cano, Gisela Astocóndor y el abogado Ernesto Ambía.

La primera testigo que declaró fue Angélica Mendoza de Ascarza, más conocida como Mama Angélica, fundadora de ANFASEP. Su hijo, Arquímedes Ascarza Mendoza, fue detenido en 1983 y llevado a la base militar Los Cabitos; nunca más se supo de él. La siguió su esposo Estanislao Ascarza Barrón y, finalmente, la señora Epifania Infante Rodríguez.

Mama Angélica, como 75% de las víctimas de la violencia política, según al CVR, tiene el quechua como su primer idioma. La Fiscal Superior del caso, Luz del Carmen Ibáñez, insistió en el derecho que tienen los declarantes a pronunciarse en su lengua materna. El tribunal aceptó tal derecho y asignó una traductora, lo cual permitió que Mama Angélica declarara en su lengua materna, el quechua. Hubo bastante desasosiego entre el público sobre la calidad de la traducción. Varias personas dijeron que la traductora abreviaba las declaraciones o no traducía exactamente las preguntas.

En su relato, Mama Angélica contó cómo las fuerzas combinadas de la policía y del ejército ingresaron a su casa en la madrugada del 2 de julio de 1983 y se llevaron a su hijo Arquímedes, de 19 años de edad. Relató su recorrido por la comandancia, la comisaría de la guardia republicana, por investigaciones (PIP), por el cuartel Cabitos, lugares en donde no obtuvo ninguna información sobre el paradero de su hijo. En su búsqueda por quebradas y lugares desolados halló cuerpos sin manos y pies y decapitados y las cabezas desperdigadas.

Mama Angélica mostró a la Sala la nota, escrita en un papel rasgado, que le hizo llegar Arquímedes a los 15 días de su desaparición, a través de un soldado del cuartel. En la nota Arquímedes pide a su mamá que busque un abogado. Mama Angélica no tuvo más comunicación con su hijo desde entonces.

Mama Angélica estuvo serena durante su testimonio, el cual duró alrededor de dos horas. Cuando la fiscal le preguntó si quería agregar algo más, respondió que quiere alcanzar justicia y quiere saber si su hijo está vivo o muerto.

El padre de Arquímedes, el señor Estanislao Ascarza Barrón, fue el siguiente testigo. Profesor de educación primaria, de 92 años, decidió declarar en castellano. Contó su versión con una gran lucidez y fue coherente con lo antes expuesto por su esposa.

“Toda es una verdad lo que decimos, no podemos engañar ni mentir ante ustedes los funcionarios del gobierno”, dijo el señor Estanislao. Precisó detalles sobre la desaparición de su hijo y la interminable búsqueda. Asimismo, declaró que en aquel tiempo los abogados no querían defender las denuncias por desaparición forzada por temor a sufrir represalias. Al final dijo: “Queremos que nos entreguen sus restos mortales y que los culpables sean juzgados”.

La siguiente testigo fue la señora Epifania Infante Rodríguez. Tenía 24 años cuando su madre Candelaria Rodríguez Gómez y su tía Gregoria Rodriguez Gómez fueron capturadas el 10 de junio de 1983. Sus hermanos Marcialina Ludeña y Teodoro Infante Rodríguez presenciaron la detención. Las hermanas Rodríguez Gómez fueron vistas por última vez en un camión portatropas del ejército en Juisa, localidad ayacuchana. Posteriormente los familiares fueron informados que habían sido trasladadas al cuartel Los Cabitos. Epifania señaló que su hermano Teodoro Infante Rodríguez fue detenido mientras buscaba a su madre y a su tía. Fue llevado a Los Cabitos, donde lo torturaron y luego fue liberado. A causa de la desaparición y del constante amedrentamiento, la familia se desplazó a Lima.

La señora Antonia Dipas de 83 años de edad también declaró sobre la desaparición de Candelaria y Gregoria Rodríguez Gómez. La señora Antonia, al igual que la señora Epifania, son analfabetas y además no dominan el castellano, por ello declararon en quechua. Los dos interrogatorios fueron muy complejos, puesto que, hubo graves falencias en el trabajo de traducción.

Finalmente, declaró el señor Esteban Canchari Cacñahuaray, nacido en 1937 en el distrito de Huancaraylla. El señor Esteban es uno de los pocos sobrevivientes del cuartel Los Cabitos. Su testimonio es de suma importancia porque habla desde la experiencia directa. El señor Esteban anda a muletas a raíz de un problema en la pierna que no le permite caminar;, para llegar hasta la sala del juicio oral, ubicada en el segundo piso, tuvo que ser cargado por dos jóvenes. A pesar de su avanzada edad y de las dolencias fìsicas, el señor Esteban declaró de manera precisa, detallada y lúcida.

Relató que al momento de su detención era profesor de primaria en el anexo de Yanayacu en Socos. En pleno toque de queda, a las 11:45 de la noche, un carro frenó en la esquina de su casa. Ingresaron hombres armados y se lo llevaron diciendo, “marche usted, terruco de mierda”. Fue llevado con los ojos vendados al cuartel Los Cabitos. Al ingresar al cuartel, fue registrado en un cuaderno de ingreso el cual tuvo que firmar. Se dio cuenta que el profesor Cárdenas había sido detenido junto a él. Le volvieron a colocar la venda y fue llevado a una celda. Luego lo trasladaron a la sala de torturas, en donde debido a los golpes se le cayó la venda y pudo ver los implementos de tortura que colgaban del techo: cables, cadenas, sogas. Fue torturado por tres hombres. Sus gritos no fueron oídos, pues la música sonaba a todo volumen. Durante los interrogatorios le preguntaron por otros dos profesores: Cárdenas y Ortega. También le preguntaron si conocía al presidente Gonzalo. Después fue conducido a una sala más grande en donde se encontraban los demás prisioneros torturados. Recuerda que una noche todos fueron sacados al campo para marchar. El señor Esteban estima que estuvo entre 8 o 9 días preso. Al momento de ser liberado lo amenazaron, no podía denunciar los maltratos. Por ello decidió no ir al hospital ni al médico. Se reincorporó a su labor docente en la misma comunidad.

Contó a la sala que era profesor de primaria, que en su comunidad integraba el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho y había sido dirigente del partido Acción Popular.

La jornada fue larga en horas e intensa en emociones. Al finalizar la audiencia las madres de ANFASEP y el público realizaron una vigilia por la justicia en la esquina de la plaza de armas de Ayacucho.

19 de junio de 2012

En el segundo día de audiencias, entre los familiares, los abogados de la parte civil y el público acompañante se respiraba un aire más tranquilo y optimista porque las audiencias se desarrollaban correctamente y porque la posibilidad de ser escuchados ante el aparato judicial se viene haciendo realidad. Se presentaron siete testigos, tres de ellos sobrevivientes de la detención y tortura en el cuartel Los Cabitos.

Luis Alberto Canchari fue el primero en testificar. En 1983 tenía 15 años de edad cuando vio al Ejército entrar a su casa y secuestrar a su padre, el señor Esteban Canchari Cacñahuaray, quien había testificado el día anterior. Luego de alrededor de 12 días de persistente búsqueda por parte de su madre, el señor Esteban volvió a su casa muy flaco y herido. Su hijo recuerda que el carácter de su padre cambió. Se alteraba y su trato se volvió más duro con sus hijos.

Luego, llegaron juntos a la audiencia la pareja Edgar Noriega Ascue y Olga Gutiérrez Quispe. En 1983, Edgar, artesano de 28 años y Olga, 20 años, con un mes de embarazo, ambos fueron secuestrados y desaparecidos en el cuartel Los Cabitos. Primero declaró Edgar. Narró minuciosamente cómo fue secuestrado y cómo fueron sus días en el cuartel. No recuerda la fecha exacta, pero sí los detalles: a la una de la mañana los militares ingresaron a su casa en el barrio San Juan Bautista, cubrieron su cuerpo con una frazada y lo condujeron a Curacuti, donde simularon fusilarlo. Luego lo llevaron al cuartel Los Cabitos —el mismo lugar donde años atrás había cumplido el servicio militar.

En el cuartel lo interrogaron. Lo acusaron de ser jefe de Sendero Luminoso en el barrio San Juan Bautista, lo cual el señor Edgar negó tajantemente. Al no aceptar la acusación, otros militares se encargaron de torturarlo: lo colgaban del pie, de los brazos, le pasaron electricidad, lo golpeaban, una vez lo colgaron desde un helicóptero, otra vez lo despertaron de madrugada, lo sacaron de su celda y le hicieron cavar una fosa diciéndole que allí iba a ser enterrado. Incluso, al momento de torturarlo le hicieron escuchar los gritos de dolor de su esposa, quien también estaba detenida en el cuartel.

Recuerda que en otro momento se le cayó la venda y pudo ver a los torturadores: hombres altos y blancones con un dejo que describió como “extranjero”, un dejo que no era ayacuchano.

Asimismo, recordó que a través de un soldado pudo hacer llegar una nota a su familia. El soldado ingresó a su celda y le dijo que era el único que no confesaba; otros hablaban con apenas un lapo. El señor Edgar le pidió agua. El soldado le llevó agua en su casco de metal y le quitó la venda. Vio a través de la ventana a un hombre que repartía gaseosas por su casa. Le pidió al soldado mandar una nota con este hombre. El soldado accedió y le llevó un trozo de papel de azúcar y un lapicero. El señor Edgar escribió una nota para su familia. El soldado la llevó al repartidor de gaseosas y éste se la entregó a la madre de Edgar. A partir de esta nota la familia tuvo certeza que Edgar estaba detenido en el cuartel y su madre empezó a realizar denuncias en diferentes instituciones.

El señor Edgar recuerda que se dio cuenta del paso del tiempo por la bulla, por los ruidos del cuartel, pues todo el tiempo permaneció con los ojos vendados. Luego de alrededor de 15 días lo trasladaron a la PIP (Policía de Investigaciones) en el jirón Lima, en donde permaneció otros 15 días aproximadamente. Desde este momento su familia se enteró de su paradero. Un fiscal fue a tomar su declaración, pero no para que declare sobre el secuestro y tortura del cual fue víctima, sino para confirmar si estaba implicado con Sendero Luminoso.

Después declaró el señor Braulio Américo Noriega Ascue, hermano menor de Edgar, quien estuvo presente al momento de la detención.

La señora Olga Gutiérrez Quispe, esposa de Edgar, fue la siguiente en testificar. Luego de tres días de incertidumbre, recibieron la nota de su esposo y fue con su suegra al cuartel Los Cabitos, Los militares negaron que estuviera detenido. Después su suegra fue a la Fiscalía con la nota de Edgar para denunciar el secuestro de su hijo. Esa misma noche ingresaron a la casa de Olga militares armados, la cubrieron con una frazada y se la llevaron al cuartel. La acusaban de confeccionar banderas y estampar polos para Sendero Luminoso. Al negar la acusación, fue golpeada y quisieron abusar sexualmente de ella. Le preguntaron si tenía hijos; ella no sabía qué responder, pues tenía un mes de embarazo. Dijo que tenía dos meses para que no abusen de ella. Al final no la violaron sexualmente, pero fue agredida: la golpearon en los pechos y la obligaron a desnudarse. En otro momento la volvieron a torturar y le hicieron escuchar los gritos de su esposo. Le dijeron que él había confesado, y que él la acusó. La amenazaron diciendo que si no decía la verdad los iban a matar. Después de un día en el cuartel, la liberaron bajo la amenaza de que iba a estar vigilada.

Tanto la señora Olga como el señor Edgar señalaron que reiteradas veces los militares fueron a su casa a amedrentarlos.

Durante su testimonio la señora Olga sufrió un momento de profunda angustia. Lloraba sin poder hablar. En la sala durante estos días están asistiendo profesionales del Grupo de Acompañamiento Psicoemocional de Ayacucho, del Ministerio de Salud y del Ministerio Público para dar apoyo psicológico a los testigos. La sala realizó un receso y la señora Olga pudo continuar con su valiente testimonio.

El siguiente testigo fue el señor Remigio Mendoza Auca. Él fue convocado por la desaparición de su hermano Simón el 19 de setiembre de 1983. Durante su testimonio se refierió a la desaparición de otro hermano, Domingo Leonardo Mendoza Auca, hecho del cual no se ha realizado ninguna denuncia hasta el día de hoy. Por ello la fiscal solicitó que se registre la denuncia en las actas del juicio. Domingo Leonardo realizaba el servicio militar obligatorio en Pichari desde el año 1982. La familia le comunicó sobre la detención de su hermano Simón, con la esperanza de que él pudiera averiguar algo puesto que estaba en el Ejército. Domingo Leonardo pidió licencia para buscar a su hermano, luego se reincorporó al servicio, que concluyó en 1984. Ese mismo año, los militares lo sacaron de su casa, después de dos meses de su desaparición, su familia halló su cuerpo en Huatatas.

El señor Armando Prado Gutiérrez entró a la sala con su sombrero de campesino. Decidió declarar en quechua, pero sí entiende el castellano. Contó que el 5 de octubre de 1983 fue detenido en su casa junto a su primo Jaime Gamarra, actualmente desaparecido, y a su tío Vicente Canchari. Los militares ingresaron a su casa rompiendo la puerta, gritando insultos y acusaciones de que eran “terrucos”. Los cubrieron con frazadas para que no puedan ver, les hicieron caminar dos cuadras hasta un camión, al que fueron obligados a subir y los llevaron a un lugar cerca del aeropuerto, en donde se escuchaba el ruido de los aviones. En el cuartel llevaron a los tres al baño, donde les amarraron las manos, los colgaron y les pasaron corriente eléctrica. Mientras los golpeaban les decían “ustedes terrucos a cuánta gente han matado” y “dónde están los terrucos como ustedes”. Él se sentía agonizante, temblaba y perdió la conciencia. Durante la detención no les dieron comida ni agua. Luego de algunos días, que no puede precisar cuántos, fue liberado junto a su tío Vicente. Ambos fueron sacados de espaldas y soltados por la entrada del cuartel. Ahí pudieron ver el arco y supieron que estaban en el cuartel Los Cabitos. Los militares les gritaban que corran y los persiguieron con un camión.

El señor Armando tenía 20 años cuando lo secuestró el ejército. Actualmente, sufre graves secuelas por la tortura. Le rompieron la cabeza, le dislocaron el codo y tiene un bulto en el abdomen, por ello no puede trabajar bien. Mostró sus cicatrices y secuelas físicas a la fiscal y a los jueces. Fue un momento de estremecimiento entre el público. El señor Armando se mostró íntegro durante todo su testimonio. Actualmente se dedica a trabajar en su chacra.

Finalmente, se presentó la señora Dorisa Canchari Gutiérrez, hermana de Jaime Gamarra. En 1983 tenía 13 años y fue testigo de la detención de su hermano Jaime Gamarra. La señora Dorisia relató todo el recorrido de búsqueda que hicieron ella y su madre. Temiendo de que haya sido asesinado, buscaron su cuerpo en los lugares donde se hallaban cadáveres. La señora Dorisa recuerda que encontraban muertos como leñas y que algunas veces los chanchos y perros se los comían. Ellas buscaron en Curacuti, Lambrashuayco, Huatatas, Infiernillo, en donde no encontraron a su hermanos Jaime, aún desaparecido.

* Jo-Marie Burt es profesora de ciencia política en la Universidad de George Mason y asesora principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). Es autora del libro, Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (Instituto de Estudios Peruanos, 2009, 2011). Kristel Best Urday estudió Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Maestría de Historia y Memoria de la Universidad Nacional de la Plata en Argentina. (^^^)

 

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News Reports on Transitional Justice in Peru

Exhumación e identificación de cuerpos victimados por Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas en 1984

Imagen del Proyecto "Un día en la memoria" de Mauricio Delgado: http://www.undiaenlamemoria.blogspot.com

Fiscalía entregó 17 cuerpos de campesinos asesinados por el terrorismo en 1984

Por Elías Navarro

  • Dolor. Los sobrevivientes colaboraron con la Fiscalía en la identificación de los cadáveres.
  • Ayacucho. El primer caso es la masacre en Cabanito, distrito de Soras, provincia de Sucre. El segundo corresponde a una matanza en el distrito de Llochegua.

La Fiscalía de Derechos Humanos entregó a los familiares los 17 cuerpos exhumados de tres lugares en la región Ayacucho. En estos lugares las víctimas fueron sepultadas clandestinamente tras ser asesinadas brutalmente por Sendero Luminoso en 1984. Los cadáveres fueron exhumados luego de 28 años de varias fosas comunes por peritos del Equipo Forense Especializado el Ministerio Público de Ayacucho. Luego se realizó el trabajo de identificación de los cuerpos en laboratorio, con la colaboración de los familiares.

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Imagen del Proyecto "Un día en la memoria" de Mauricio Delgado: http://www.undiaenlamemoria.blogspot.comImagen del Proyecto “Un día en la memoria” de Mauricio DelgadoDurante el acto de entrega algunos no pudieron soportar el llanto y pidieron a las autoridades mayor celeridad en las investigaciones para que los responsables de estos crímenes sean identificados y sancionados ejemplarmente.

El primer caso corresponde a la masacre ocurrida en Cabanito-Doce Corral, por los senderistas, en el distrito de Soras provincia de Sucre.

De acuerdo con la denuncia que investiga la fiscal Cristina Olazábal Ochoa, el 16 de junio de 1984 unos 40 terroristas al mando del “camarada José” abordaron un bus de la empresa de transportes Cabanino, haciendo un recorrido con paradas sucesivas con la finalidad de asesinar a pobladores, líderes locales y autoridades de 25 comunidades de la Cuenca del Río Chicha, en un acto de venganza por la organización de dichas comunidades en comités de Auto Defensa (CAD) para enfrentarse a Sendero Luminoso.

Los subversivos buscaron la mejor forma de despistar a quienes serían sus víctimas: vestidos de soldados y policías subieron al bus interprovincial de la empresa de transportes Expreso Cabanino que siempre recorría los lunes esta zona del sur de Ayacucho, procedente de Lima por la ruta de Nazca.

La matanza se perpetró en los parajes y anexos de Chalapuquio, Badopampa, Doce Corral, Chaupihuasi, Palachapampa, Rayrosapampa, la capital del Distrito de Soras y Tranca; en las provincias de Lucanas y Sucre, Ayacucho. La Comisión de Derechos Humanos-Comisedh ha asumido la defensa legal del caso denominado Cabanino.

Mientras otros asesinaban indistintamente, otro grupo reunió a los comuneros en un ambiente del centro educativo de Chaupihuasi donde asesinaron a unas ocho personas.

De este caso, los peritos lograron identificar los restos de once personas exhumados en junio del 2011. Los cadáveres fueron trasladados a la plaza de armas de la ciudad de Huamanga donde se ofreció una misa de honras en la Iglesia San Francisco de Paula, y luego llevó el velatorio en los ambientes de la Municipalidad Provincial de Huamanga. Ayer los enterraron.

EL CASO MAYAPO

Dolor. Los sobrevivientes colaboraron con la Fiscalía en la identificación de los cadáveresDolor. Los sobrevivientes colaboraron con la Fiscalía en la identificación de los cadáveresEl segundo caso se trata de la masacre perpetrada por militares en la localidad de Mayapo, en el distrito de Llochegua, provincia ayacuchana de Huanta el 5 de julio de 1984.

De acuerdo con testigos, una patrulla de militares llegó a las 8 am al pueblo de Mayapo y luego reunieron a los pobladores, escogieron a ocho personas para llevarlas detrás de la escuela, les hicieron cavar su propia tumba y les dispararon.

“Después de 28 años pude ver los restos de mi padre Constantino Oré Barboza, quien en ese entonces era gobernador”, dijo Yevgeny Oré Lamilla.

De este caso, solo cuatro cuerpos se exhumaron. Los de Rodrigo Gutiérrez Sinchitullo, Jorge David Barboza Araujo y Víctor Velazquez Cisneros. El tercero es de Niño Yucay, del distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga. De este lugar se exhumaron dos cadáveres.

Algunas Víctimas

  1. Carmina Lila Cirila Huachaca Huamaní
  2. Felipe Jorge Santaria
  3. María Magdalena Pusari Ventura
  4. Froilán Florencio Santaria Huamaní
  5. Toribia Huamaní Mayo
  6. Hilario Santaria Molina
  7. Eusebio Santaria Huamaní
  8. Pablo Huamaní Canales
  9. Gabriel Francisco Sotelo Huarcaya
  10. Gregorio Huamán Basilio
  11. Ricardo Alarcón Huarcaya

Publicado en el diario La República, Domingo 10 de junio de 2012

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Trial Reports

Audiencias del Juicio Oral caso “Los Cabitos” en Ayacucho

  • 18 de junio se reinicia juicio oral del caso “Los Cabitos”

Por Omar Rosel

Los miembros de la Sala Penal Nacional se trasladarán a la ciudad de Ayacucho, el próximo 18 de junio, para la continuación del juicio oral en el caso “Los Cabitos 83”. Entre los primeros testigos que declararán ante esta instancia se encuentra Angélica Mendoza, conocida como Mamá Angélica y fundadora de la Asociación Nacional de Familiares de Detenidos, Secuestrados y Desaparecidos del Perú-ANFASEP, quien es una de las agraviadas por la desaparición de su hijo Aquiles Ascarza. La Sala Penal Nacional habría previsto, en esta visita de trabajo de cuatro días, atender alrededor de 30 a 35 testigos.

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La Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional ha solicitado para los responsables entre 30 y 35 años de pena privativa de la libertad y de 10 millones de soles de reparación civil a favor de las familias de las víctimas, en este proceso que incluye 38 casos de desaparición forzada y 17 de tortura.

Según Ernesto Ambia, responsable de la sede regional de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) la Sala Penal se trasladará a Ayacucho –en primera fase- a pedido de su institución y la Segunda Fiscalía Superior Penal Nacional que lleva el caso, porque “todas las familias de la víctimas son ayacuchanos, por eso estamos pidiendo que la sala instale su sede en nuestra ciudad para facilitar los testimonios de las familias de las víctimas”, manifestó.

Por otro lado, Ambia dijo que APRODEH está pidiendo que en esta primera visita se prioricen los testimonios de los familiares que son de la tercera edad. De la misma forma, indicó que ya se tiene constituido a un grupo de instituciones para que realicen el acompañamiento psicológico y emocional a los que brinden su testimonio.

Los acusados de “Cabitos 83”

Se informó que en esta primera visita de la Sala Penal Nacional no concurrirán los acusados por los hechos de tortura y desapariciones forzadas en el caso “Cabitos 83”, sino sólo sus abogados defensores.

Los acusados son: General EP Carlos ArnaldoBriceño Zevallos, Comandante General de Ejército y Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas; Julio Carbajal D´Ángelo, Segundo Comandante de la Zona de Infantería; Carlos Enrique Muñones D´Estefano, Jefe de Estado Mayor Operativo; Roberto Sauñe Vázques, Jefe del Estado Mayor Administrativo; Pedro Pasa Avendaño, Oficial del Destacamento del Servicio de Inteligencia de Ayacucho, Jefe de la Casa Rosada; Humberto B. Orbegoso Talavera, Jefe del Cuartel Los Cabitos; y Arturo Moreno Alcántara, Sección Contrasubversiva de la Casa Rosada.

Percy Huauya, representante de la Coordinadora Regional de Afectados por la Violencia Política de Ayacucho, saludó que el proceso “Cabitos 83” llegue a esta instancia y que la Sala Penal Nacional se traslade a Ayacucho para recoger los testimonios de las víctimas y agraviados por hechos cometidos por agentes de las Fuerzas Armadas en el cuartel Los Cabitos en el año 1983. “Los familiares de los desaparecidos son de diferentes lugares, no solamente de Huamanga. Asimismo sería importanteque los autores de los delitos por los menos pidan perdón y hablen como sucedieron las cosas”, dijo Huauya.

Publicado en NoticiasSer el 6 de Junio de 2012

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Trial Reports

Militares en juicio por el caso Los Cabitos: ¿Héroes o amnésicos?

Cabitos

por Jo-Marie Burt

El general en retiro Carlos Briceño Zevallos no se acuerda nada de lo que sucedió en 1983. Por lo menos ese es el argumento de su abogado defensor, César Nakasaki, para sustentar que su defendido debería ser apartado del juicio que actualmente enfrenta. El general (r) está siendo procesado, junto con otros seis altos mandos militares, por la desaparición forzada y tortura de 54 personas, crímenes ocurridos en el cuartel militar Los Cabitos en 1983.

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CabitosEn la audiencia pública del 3 de agosto, la Sala Penal Nacional rechazó unánimemente el pedido, aduciendo que el procesado no demostraba signos de sufrir problemas de salud, habiendo incluso contestado preguntas durante etapas anteriores del juicio. Por ahora, por lo menos, el general Briceño seguirá en juicio.

Los Cabitos fue uno de los casos que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) recomendó judicializar y Briceño es uno de los siete altos mandos militares encausados por la justicia peruana. Según la CVR, el Cuartel Los Cabitos fue el principal centro de reclusión, tortura, desaparición y ejecución extrajudicial por parte de las fuerzas del orden, especialmente durante 1983, 1984 y 1985. A 28 años de los hechos; y a más de cinco años del inicio de la investigación fiscal, comenzó el juicio oral este 26 de mayo.

Durante la investigación del caso, se llegó a desenterrar unos 110 cuerpos de los alrededores de la base militar, muchos de ellos con signos de tortura y de haber sido ejecutados con proyectiles de arma de fuego. Sin embargo, muchos de los cuerpos habrían sido incinerados a partir de 1985, bajo el orden del General Wilfredo Mori Orzo (actualmente procesado por la masacre de Accomarca), precisamente para borrar toda evidencia de los crímenes ahí cometidos durante los años 1983, 1984 y 1985.

Este juico abarca solamente los hechos ocurridos en Los Cabitos durante 1983. Como los jefes de los Comandos Políticos-Militares eran relevados cada año los crímenes ocurridos en el cuartel en 1984 y 1985 son materia de otros dos procesos.

En la causa se ve la desaparición de Arquímedes Ascarza Mendoza, el hijo de Angélica Mendoza de Ascarza, presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP). El joven Ascarza Mendoza estuvo detenido en Los Cabitos, según un testigo ocular que hizo llegar a su madre una nota diciendo donde estaba. Luego desapareció y hasta ahora no se conoce su paradero. La señora Mendoza, como tantas otras madres y familiares, ha buscado incansablemente a su hijo desde entonces.

El caso judicial

Los altos mandos militares ante la justicia por el caso Los Cabitos, Lima 3 de agosto de 2011 - Foto de la autoraLos altos mandos militares ante la justicia por el caso Los Cabitos, Lima 3 de agosto de 2011 – Foto de la autoraLa Fiscal Superior, Luz del Carmen Ibáñez, es la encargada de la causa ante la Sala Penal. Ella formalizó su denuncia en 2009; la Sala devolvió el expediente varias veces hasta finalmente dictaminar el comienzo del juicio oral en mayo. Cabe recordar que la Fiscal Ibáñez fue quien llevó el caso contra la cabecilla de la organización subversiva Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, quien fue sentenciado a condena perpetua por ser considerado el autor mediato de una serie de crímenes contra los derechos humanos. El presidente de la Sala Penal Nacional, el magistrado Ricardo Brousset, preside el tribunal.

Los Cabitos es un caso complejo: se trata de establecer la responsabilidad penal de los altos mandos militares encargados del Cuartel Militar Los Cabitos, que fue el centro operativo del Comando Político-Militar (CPM) de Ayacucho a partir de fines de 1982. No está encausado ningún autor material, pues resulta casi imposible identificar quien cometió los crímenes individuales. Los siete militares actualmente procesados en este caso, acusados de cometer crímenes contra la humanidad, detención arbitraria y retención ilegal de un detenido, vejaciones, secuestro agravado, tratos humillantes, lesiones agravadas y desaparición forzada, son: Carlos Briceño Zevallos, Julio Coronel Carbajal D’Angelo, Carlos Millones D’Estefano, Roberto Saldaña Vasquez, Edgar Paz Avendaño, Humberto Orbegozo Talavera (quien había sido reo ausente y, ante la inminencia de una orden de repatriación decidió regresar al Perú voluntariamente e incorporarse al juicio) y Arturo Moreno Alcantara[1].

Como explica Aprodeh, institución que representa a las víctimas en este caso, “los acusados se desempeñaban como Comandante general de las fuerzas armadas, Comandante de la 2da zona de infantería, integrantes del estado mayor de la jefatura político militar de Ayacucho, así como miembros del destacamento de inteligencia y Jefe de la base militar asentada en el cuartel conocido como ‘Cabitos’.”[2]

Según el Informe Final de la CVR, Los Cabitos tenía “una estructura jerarquizada rígida por su condición militar” y que el Comando Político-Militar tenía a su cargo tanto el planeamiento como la ejecución de las operaciones militares que se realizaban en la zona. El despacho del Jefe del CPM estuvo dentro de esa instalación militar. “[R]esulta evidente,” según la CVR, “que los altos mandos de la citada instalación militar han tenido el dominio y control de los actos violatorios a los derechos humanos.”[3] Eso sería la base de la denuncia fiscal: los altos mandos militares son los principales responsables de los crímenes cometidos en el cuartel militar Los Cabitos, y que deberían ser castigos por ello según manda la ley.

Justicia, a paso de tortuga

CabitosA pesar de llevar tres meses de juicio oral, no comienza aún el interrogatorio de los encausados, ni tampoco de los testigos. Se realizan los juicios solamente por unas horas, una vez por semana o cada 10 o 12 días, lo cual hace demorar el proceso innecesariamente.

La razón es que la Sala Penal Nacional, instancia que juzga los casos de violaciones de derechos humanos, tiene una carga procesal muy grande. Sin embargo, la mayoría de los procesos no son por violación de de derechos humanos —a pesar que la Sala Penal Nacional, siguiendo las recomendaciones de la CVR, había sido designada como la instancia especializada para procesar esta tipo de causas, precisamente para acelerarlas—. En los últimos años el mandato de la Sala ha sido ampliado para incorporar otros tipos de delitos, entre ellos el lavado de activos, narcotráfico, y similares. Como resultado, los jueces de la Sala Penal Nacional no pueden dedicarse a los casos de derechos humanos que urgen ser resueltos, pues tanto los imputados como las víctimas sobrevivientes y los familiares tienen edades muy avanzadas, y porque las víctimas han esperado tantos años para ver su derecho a la justicia materializarse.

Briceño, el amnésico

En el último juicio oral del proceso, el 18 de agosto, Nakasaki insistió en su argumento de que el General Briceño sufre de amnesia por lo que debe ser removido de la causa. Incluso llegó a solicitar una evaluación psiquiátrica para demostrar la incapacidad mental de su defendido.

Otros imputados han utilizado argumentos similares para escaparse de la justicia; siendo el más famoso el del General Augusto Pinochet, quien se salvó de ser juzgado en España argumentando incapacidad mental.

En este caso, según la abogada de las víctimas, Gloria Cano de Aprodeh, el argumento de Nakasaki no sólo carece de sustento sino “representa una línea de defensa para lograr la impunidad.” Tal como en el caso del General Pinochet. Esperemos que no tenga el mismo final y que la justicia peruana contribuya a que los sobrevivientes y los familiares de las víctimas conozcan la verdad y alcancen justicia.

Notas:

[1] Originalmente eran diez imputados, pero tres de ellos, incluido el General Clemente Noel, el primer Jefe del CPM en Ayacucho en 1982 y 1983, fallecieron. (^^^)

[2] APRODEH, “Sala Penal Nacional iniciará juicio oral contra militares por caso Los Cabitos,” 20 de mayo de 2011 (^^^)

[3] CVR, Informe Final, Tomo VII, Capítulo 2.9, “Desapariciones, Torturas y Ejecuciones Extrajudiciales en la Base Militar de Los Cabitos (1983-1985) (^^^)

 

Orignalmente publicado en el portal de Justicia Viva, el 18 de julio de 2011 y en el blog de la autora, A Contracorriente, en La Mula

 

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News Reports on Transitional Justice in Peru

Caso Accomarca: Telmo Hurtado será extraditado próximamente

Telmo Hurtado

Por Jo-Marie Burt

Telmo HurtadoTelmo HurtadoEl día de ayer la Corte Suprema de Estados Unidos negó la solicitud de Telmo Hurtado para que revise la decisión de una corte distrital que ratificó la decisión de una corte inferior de aprobar su extradición al Perú. Con esa decisión, Hurtado ya no tendría más posibilidades de escaparse de la Justicia en el Perú.

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Como es de conocimiento público, Hurtado es considerado el principal responsable operativo de la masacre de 69 campesinos en Accomarca, occurrido en agosto de 1985, a poco tiempo de asumir su primera gestión como presidente Alan García.

Hurtado fue detenido en Estados Unidos en 2006 y en 2007 fue procesado penalmente en Estados Unidos por fraude, falsedad, y maluso de visa. La corte que revisó su caso ordenó su extradición, pero hasta ahora Hurtado ha evitado ser regresado al Perú aprovechándose de todas las posibilidades de apelar el orden de extradición.

Ahora que la Corte Suprema ha negado la petición de Hurtado, el próximo paso es que la Secretaria de Estado Hillary Clinton certifica la extradición; luego de ello será extraditado de inmediato.

Al llegar al Perú Hurtado tomaría su lugar junto con los otros 28 militares que actualmente están siendo procesados por el caso Accomarca.

Ayer la Corte Suprema de EE.UU. emitió este dictamen contra Telmo Hurtado. Vea la página 5.

Dictamen contra Telmo Hurtado

Publicado por primera vez A Contracorriente, el 24 de mayo 2011

 

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News Reports on Transitional Justice in Peru

Caso Los Cabitos: Fiscalía solicitó 30 años de pena privativa

Sala penal Nacional iniciará juicio oral contra militares por caso Los Cabitos

Jueves 26 de mayo de 2011 a las 9:00 a.m. en Lima

El próximo jueves 26 de mayo, a las 9:00 a.m. en la ciudad de Lima, la Sala Penal Nacional iniciará el juicio oral contra los miembros de las fuerzas armadas en agravio de 50 personas, quienes fueron detenidas y recluidas en el cuartel Los Cabitos de Huamanga, y sometidos a tortura. Muchos de ellos se encuentran en calidad de desaparecidos. La fiscalía solicitó 30 años de pena privativa de la libertad, así como el pago de 10 millones de soles como reparación civil a favor de las víctimas.

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Esta sala presidida por el magistrado Ricardo Brusset, iniciará el juicio contra Carlos Briceño Zevallos, Julio Coronel Carbajal D’Angelo, Carlos Millones D’Estefano, Roberto Saldaña Vasquez, Edgar Paz Avendaño, Humberto Orbegozo Talavera y Arturo Moreno Alcantara, acusados de cometer crímenes contra la humanidad, detención arbitraria y retención ilegal de un detenido, vejaciones, secuestro agravado, tratos humillantes, lesiones agravadas y desaparición forzada

Entre los casos por los cuales se les acusa, todos ocurridos en el año 1983, se encuentran la desaparición de Arquímedes Ascarza Mendoza, hijo de Angélica Mendoza de Azcarsa, presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP), así como la desaparición de otras 34 personas. Figuran también 15 personas que sobrevivieron a la tortura al interior de dicho cuartel y que podrán dar testimonios del horror que vivieron.

Los acusados se desempeñaban como Comandante general de las fuerzas armadas, Comandante de la 2da zona de infantería, integrantes del estado mayor de la jefatura político militar de Ayacucho, así como miembros del destacamento de inteligencia y Jefe de la base militar asentada en el cuartel conocido como “cabitos”.

La abogada de las victimas Gloria Cano de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), señaló que “para las víctimas y los familiares, el inicio del juicio es una esperanza de poder obtener justicia luego de un largo proceso”. El Ministerio Publico emitió acusación en diciembre de 2009, y luego de casi año y medio después, se iniciara por fin el juicio oral.

La abogada agrego “esperamos que en este caso, la Sala cumpla con la promesa de la Presidencia del Poder Judicial, de desplazarse a la ciudad de Huamanga a fin de recibir el testimonio de las victimas sobrevivientes a la tortura, así como de los familiares de los desparecidos y testigos de las detenciones”.

Asimismo, añadió que “el proceso judicial debe dignificar a las víctimas y por ello no se les puede exigir el desplazarse a la ciudad de Lima. Los familiares en su mayoría, son de edad avanzada y quechua hablantes, por lo que es justo que se les escuche en su lengua materna y en la ciudad donde ocurrieron los hechos”.

Cabe recordar que en el año 1983, miles de personas fueron detenidas, llevadas a los cuarteles militares y sometidos a tortura bajo acusaciones de formar parte de sendero Luminoso. Cientos nunca salieron del cuartel y se encuentran en calidad de desaparecidos.

Asimismo, cabe recordar que al interior del cuartel los cabitos se encontraron fosas comunes con más de 100 cuerpos, donde el análisis evidenció que todos presentaban tiros en la nuca. Entre los cuerpos encontrados había el de varios niños pequeños. Todas las víctimas fueron atadas de manos y tenían el rostro vendado. También se encontró vestigios de un horno donde, según testimonios vertidos por algunos miembros del ejército que declararon para la comisión de la verdad, se calcinaron cientos de cuerpos a fin de evitar su descubrimiento.

“Esperamos que el Ministerio Publico pueda ordenar el presupuesto necesario a fin de procesar las muestras de ADN y determinar si algunos de estos cuerpos encontrados, pertenecen a las víctimas que figuran en este proceso para entregar los cuerpos a sus familiares a fin que le den sepultura de acuerdo a sus costumbres “, agrego la abogada.

 

Publicado por primera vez en APRODEH, Notas de Prensa

 

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Accomarca: una oportunidad histórica para la justicia peruana

Por Gloria Cano – Abogada APRODEH

 

“La población sirve a Sendero para sustentarla… para curar sus heridas… para darle protección y encubrirla… para renovar sus cuadros… la contra subversión debe impedir que la subversión gane a la población… y como lo señala el Operativo Huancayocc, eliminar las zonas rojas”

 Declaración de Sinesio Jarama ante el Senado (17/09/1985)

 

Accomarca, una pequeña comunidad de la provincia de Vilcashuamán, en el departamento de Ayacucho, fue escenario de una de las más cruentas acciones de violencia que asoló nuestro país.

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A inicios de los ochenta, Sendero Luminoso se desplazaba por esta zona, amenazando y asesinando a las autoridades y a todo aquel que se le opusiera. Las Fuerzas Armadas, desde su ingreso a las zonas de emergencia ostentando el control político militar, ejecutaron una estrategia de tierra arrasada, sin importar el costo de la vida inocente. Para ello, utilizaron el mismo método que Sendero Luminoso: el terror.

A fines de julio de 1985, el Ejército detuvo a un senderista quien señaló la quebrada de Huancayocc y Llocllapampa como lugares donde se desarrollarían escuelas populares. Así, el comando político militar a cargo del general Wilfredo Mori, elaboró y aprobó el “Plan Huancayocc”. Según éste, las patrullas debían cercar la quebrada y las posibles rutas de salida a fin de acorralar, perseguir y eliminar a los presuntos subversivos que se encontraban en la zona.

En la reunión de coordinación realizada entre el jefe de la base militar de Vilcashuamán, Capitán Helber Gálvez, el Coronel José Williams Zapata, el sub teniente Telmo Hurtado, el teniente Juan Rivera Rondón y el coordinador del operativo, el oficial Carlos Medina Delgado se estableció que toda aquella persona que se encontrara dentro del radio cercado, debía ser considerada terrorista comunista. Evidentemente esta acción, lejos de proteger a la comunidad, buscaba castigarla.

En las primeras horas del 14 de agosto de 1985, las patrullas militares cercaron la zona de acuerdo al plan, llamaron a asamblea a los pobladores, quienes temerosos asistieron al llamado. Otros optaron por esconderse dentro de la quebrada, para entonces, se conocía de otras masacres en Ayacucho. Esta vez el presagio se tornó realidad: Accomarca se tiñó de la sangre de 69 personas, la mayoría niños (30), mujeres (27) y ancianos. Las mujeres fueron separadas y violadas antes de ser eliminadas. Las víctimas fueron encerradas en una choza, ejecutadas con disparos de ametralladoras, luego, se les arrojó una granada que luego de explotar ocasionó un incendio.

Quienes salvaron de morir esperaron que las patrullas se alejaran para acudir en ayuda de las víctimas. Sólo encontraron cuerpos quemados y destrozados, los cubrieron con tierra para evitar su desaparición. Sabían que, desde ese momento, corrían peligro. No se equivocaron. Algunos testigos fueron asesinados tras denunciar lo ocurrido.

Ya hubieran querido los asesinos acallar estos terribles hechos. No lo lograron. Por más de dos décadas, la memoria de lo ocurrido mantuvo unidos a los familiares y a la comunidad de Accomarca. Con el mismo dolor y coraje, resguardaron los cuerpos y el testimonio de los que aún quedaban con vida.

Hoy, veinticinco años después de aquel terrible crimen, las familias pueden ver cara a cara a quienes ordenaron y ejecutaron las muertes de sus seres queridos. Hoy, los responsables se encuentran en el banquillo de los acusados. La fiscalía ha solicitado para ellos una pena de veinticinco años de prisión.

Pero todos preguntamos: ¿Por qué Telmo Hurtado y Castañeda Castillo no están junto al resto de acusados?

Hurtado y Castañeda, al igual que Rivera Rondón, ingresaron con mentiras a Estados Unidos y se refugiaron en dicho país tratando de evadir a la justicia. Rivera Rondón fue deportado por las autoridades norteamericanas. La extradición de Castañeda Castillo es tramitada, en forma parsimoniosa, por las autoridades peruanas. Telmo Hurtado ha agotado sin éxito, las vías legales para evitar la extradición. Sin embargo, aún no es traído al Perú. Lo real es que el gobierno no pone ningún interés en agilizar los trámites pendientes.

Apenas ocurrida la masacre, los accomarquinos decidieron enfrentar, a pesar del riesgo, la búsqueda de justicia. La primera respuesta del Poder Judicial fue la abdicación de su función a favor del fuero militar, a sabiendas que sólo encubrirían a los responsables. En efecto: Telmo Hurtado fue absuelto del delito de homicidio, luego ascendido. Pese a su confesión, no hubo castigo. ¿Por qué habría de serlo? Lo ejecutado en la quebrada estaba de acuerdo al plan aprobado.

Las reaperturas de casos de violación a los derechos humanos ofrecen una nueva oportunidad al Poder Judicial de dar una respuesta a la población y a la historia. El juicio iniciado hace pocas semanas por el caso Accomarca, debe desarrollarse con las garantías para que sea transparente y objetivo. La sanción debe alcanzar no sólo al ejecutor del disparo, sino también a quien elaboró, aprobó y coordinó el plan, a quienes protegieron a los asesinos; de igual modo, deben darse medidas de reparación individual y comunal. Después de veinticinco años, la violencia, el abuso y la indiferencia no deben quedar impunes.

Publicado por primera vez en NoticiasSER.pe, 5 enero 2011