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Condenado por desaparición de estudiante Ernesto Castillo no será liberado

El Segundo Juzgado Penal Nacional del Poder Judicial declaró improcedente el beneficio de semilibertad solicitado por el coronel (r) de la Policía Nacional del Perú (PNP) Juan Carlos Mejía León, condenado por el delito contra la humanidad-desaparición forzada en agravio del estudiante universitario Ernesto Rafael Castillo Páez el 21 de octubre de 1990.

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Ernesto Castillo
Ernesto Castillo
La resolución emitida por el referido juzgado sostiene que si bien el procesado puede solicitar dicho beneficio, este no le puede ser concedido al tener en cuenta la gravedad de los hechos por los que fue condenado, y porque hasta la actualidad no se ha ubicado el paradero del agraviado.

Asimismo, el sentenciado ha mostrado poco interés en el pago de la reparación civil, debido a que solo abonó la suma de 2 mil 600 soles de los 30 mil que debía pagar a favor de los familiares del agraviado.

Por ello, el Juzgado consideró pertinente que el pago íntegro de la reparación civil resulta importante, ya que con ello el interno demuestra su real arrepentimiento por el delito cometido y cobra conciencia sobre de su situación jurídica.

En el 2006, la Sala Penal Nacional condenó a Mejía León a 16 años de prisión, pena que vencerá el 19 de marzo del 2022.

Publicado en La República el 3 de junio de 2013

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Organizaciones denuncian “tormenta perfecta” de impunidad en crímenes de Derechos Humanos

Cumplidos 10 años desde la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que determinó más de 73 casos de graves violaciones a los Derechos Humanos (DDHH) entre los años 1980 y 2000, las principales organizaciones de defensa de los familiares de las víctimas denuncian que instancias gubernamentales como el Poder Judicial (PJ) y el Ministerio de Defensa han tomado una actitud que parece destinada a dejar impunes los casos de desapariciones forzadas y demás atrocidades perpetrados, sobre todo, por el propio Estado.

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Acusan interferencia política en juicios por violaciones a los Derechos Humanos, la mayoría de ellas ocurridas en los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori
Acusan interferencia política en juicios por violaciones a los Derechos Humanos, la mayoría de ellas ocurridas en los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori
Acusan interferencia política en juicios por violaciones
a los Derechos Humanos, la mayoría de ellas ocurridas
en los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori.
La investigación de la CVR no fue poca cosa. Finalizada la década de dictadura fujimontesinista, y a lo largo de 2 años, se recogió para la investigación el testimonio de 16 mil 985 personas, y se organizaron 21 audiencias a las que asistieron más de 9500 familiares y víctimas de la violencia, así como entrevistas a los implicados y testigos.

De los 73 casos registrados –muchos de los cuales eran tan complejos que implicarían más de un juicio adicional–, la CVR recomendó en su informe final la judicialización de 47 de ellos, recomendando justicia, reparaciones a las víctimas y la aplicación de reformas de Estado para evitar que esa tragedia vivida se volviera a repetir.

La otra cara de la moneda es cómo se han llevado hasta hoy esos juicios, sobre todo en la controvertida Sala Penal Nacional, que ha llevado 37 casos, 22 de ellos con fallo absolutorio.

Otra muestra de que la impunidad se está convirtiendo en moneda corriente en los juicios por esos crímenes es el trabajo de la investigadora de Human Rights, Jo-Marie Burt, que apunta que de 49 casos abiertos en el PJ –que implican a 211 víctimas–, se han emitido 28 fallos absolutorios.

Asimismo, se dieron 15 veredictos mixtos –considerando que algunos implicados eran culpables, otros inocentes y algunos no habidos– y, a pesar de las pruebas recogidas por la CVR y por los propios abogados de las víctimas y sus familias, solo 5 fallos condenatorios.

“IMPUNIDAD”

Si bien cabe acotar que muchas de ellas han sido apeladas, y otras se encuentran en segunda o tercera instancia, para el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL), estas alarmantes cifras solo tendrían una explicación.

“No ha sido solo el número de sentencias condenatorias y absolutorias, pese a que la mayoría hasta ahora pertenece a este último grupo. Al reparar en el contenido de los veredictos se descubre que son una suerte de alegatos a favor de la impunidad”, afirma.

“Ante esta realidad, solo podemos dar una explicación política al asunto. Por el lado jurídico, ya no se puede”, agrega.

SON PERSONAS NO CIFRAS

A las organizaciones a favor de los Derechos Humanos no les falta razón en sus reclamos. Revisando la lista de los 49 procesos llevados hasta ahora en el PJ –que aparece en el informe de Jo-Marie Burt– diario 16 descubrió que de los 28 casos que tuvieron veredictos absolutorios 16 pertenecen a crímenes cometidos en el gobierno de Fujimori (1990-2000), y 11 al primer gobierno de Alan García (1985-1990).

En los fallos mixtos, tampoco les fue mal a las gestiones de Fujimori y García. De los 15 que se emitieron, el período fujimorista obtuvo 12 sentencias de ese tipo, mientras que el primer gobierno aprista, 3.

“La segunda llegada de Alan García al poder significó un cambio en el criterio de valoración de los casos que se llevaban en el PJ. Él abogó por los militares acusados de violaciones a los derechos humanos, hizo que el Ministerio de Defensa pagara los abogados de militares acusados de crímenes, e incluso lamentó que haya una ‘persecución’ contra ellos”, explica Rivera al respecto.

Y es cierto. En setiembre del 2010, Alan García emite el Decreto Legislativo Nº 1097, que señalaba que los delitos de lesa humanidad sólo podían ser considerados como tales desde 2003, cuando el Perú suscribió acuerdos internacionales en la materia.

Este decreto, finalmente derogado por presiones de instituciones de defensa de los Derechos Humanos y por el Congreso, en la práctica permitía que los crímenes cometidos por militares y policías antes de esa fecha gozaran del beneficio de la prescripción, entre ellos quienes actualmente luchan por que prescriban sus crímenes: el Comando Rodrigo Franco y su fundador, el exministro del interior de García, Agustín Mantilla.

“Además, cuando en el segundo gobierno aprista se acusa a los jueces de ser ‘subsidiados por las ONG’, estos se sensibilizaron y empezaron a actuar en consecuencia”, agrega Rivera, dando paso, en el tema judicial, a la abogada Gloria Cano, de Aprodeh.

Publicado en Diario 16 el 1 de junio de 2013

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Denuncian ante CIDH semilibertad de policías

Por María Milagros Brugman

El padre del desaparecido estudiante Ernesto Castillo Paéz denunció ante la Corte Interamericana de derechos humanos (CIDH) la semilibertad otorgada a los exPolicías Manuel Santiago Arotuma y Juan Fernando Aragón, condenados a 15 años de cárcel por el secuestro y la desaparición del joven universitario.

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Fotografía de La Primera: Plantón realizado por la Coordinadora Contra la Impunidad (CCI) el día 22 de mayo, en el frontis del Poder Judicial, en rechazo a la semilibertad de los implicados en la desaparición forzada de Ernesto Castillo Páez
Fotografía de La Primera: Plantón realizado por la Coordinadora Contra la Impunidad (CCI) el día 22 de mayo, en el frontis del Poder Judicial, en rechazo a la semilibertad de los implicados en la desaparición forzada de Ernesto Castillo Páez
Fotografía de La Primera: Plantón realizado por la
Coordinadora Contra la Impunidad (CCI) el día 22
de mayo, en el frontis del Poder Judicial, en rechazo
a la semilibertad de los implicados en la desaparición
forzada de Ernesto Castillo Páez
Cronwell Castillo, padre del estudiante desaparecido, envió una carta a la Corte sobre impunidad de cuatro policías responsables.”

AGRAVANTE Los cuatro expolicías hallados culpables se rehusaron a informar dónde están los restos de Ernesto Castillo Páez, pese a que la sentencia de la CIDH ordena que sean ubicados para su sepultura.

Cronwell Castillo, dijo a LA PRIMERA haber enviado una carta a la CIDH “haciendo ver que están violando la sentencia porque establece que para delitos de lesa humanidad no debe haber beneficios”. La iniciativa se suma a un plantón realizado el último miércoles por familiares de Castillo Páez e integrantes del Colectivo Contra la Impunidad, para exigir al Poder Judicial que revoque esta polémica decisión; y para que tampoco otorguen el beneficio a Juan Carlos Mejía León, otro de los condenados por el crimen cometido en 1990. Informó que la Sala Penal Nacional programó para el jueves una audiencia para tratar el pedido de semilibertad de Mejía León, quien dirigió la operación en la que Castillo fue detenido. Según fuentes no oficiales, él fue quien ordenó el traslado de Castillo Páez a otra comisaría. Cronwell Castillo indicó además que los jueces Marco Cerna Bazán, María Vidal La Rosa Sánchez, Teófilo Armando Salvador Neyra y Enma Rosaura Benavides Vargas habrían ignorado los continuos pedidos de la Fiscalía para que denieguen a los exPolicías el beneficio de semilibertad. “Ya denunciamos lo que ha pasado, no sé si habrá servido para algo. Mi abogado trató de hablar con el fiscal que iba a defender nuestra posición y que exigiría que se declare este pedido como improcedente”, detalló. La solicitud de los exPolicías condenados por secuestro y desaparición queda a voluntad de los jueces pese a la oposición de la Fiscalía. Dos de los cuatro culpables que pidieron acogerse a beneficios penitenciarios se encuentran libres y un tercero podría ser liberado en los próximos días.

Publicado en La Primera el 27 de mayo de 2013

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Hoy inician juicio contra Agustín Mantilla y el Comando Rodrigo Franco

Rightsperu, 27 de mayo de 2013

Tras 24 años del asesinato de los dirigentes mineros Saúl Cantoral y Consuelo García, iniciará hoy el juicio contra los implicados del comando Rodrigo Franco: Agustín Mantilla, Franco Jesús Ríos (alias ‘Chito Ríos’), Jorge Huamán, Enrique Melgar y Carlos Farfán

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Según el Informe Final CVR, Cantoral había sido secuestrado y torturado en dos ocasiones anteriores a su asesinato, por miembros del comando Rodrigo Franco.

La Fiscalía ha pedido para los acusados 25 años de prisión por la presunta comisión de los delitos de secuestro y homicidio por los casos Cantoral y García, y también por la ejecución extrajudicial de los estudiantes Luis Miguel Pasache Vidal y Javier Porta Solano, así como del abogado Manuel Febres Flores. Para la Fiscalía, se tratarían de crímenes de lesa humanidad.

El inicio del juicio es el día de hoy a las 11.00 am. en la Sala Penal Nacional. La parte civil será representada por APRODEH.

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MantillaA las 8 de la mañana, la Sala Penal Nacional dará inicio al juicio contra el ex ministro del Interior, Agustín Mantilla, y los presuntos integrantes del Comando Rodrigo Franco por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante el primer gobierno aprista (1985-1990).

El fiscal Luis Landa sustentará ante el tribunal presidido por la jueza Inés Villa Bonilla su acusación contra los imputados por el secuestro y desaparición de los dirigentes Saúl Cantoral y Consuelo García en 1989. Además, se les encuentra responsables de las ejecuciones extrajudiciales contra miembros del MRTA.

En la acusación fiscal, Mantilla está imputado como coautor del delito de lesa humanidad, por supuestamente haber creado el Comando Rodrigo Franco y coordinado con este las eliminaciones selectivas.

Jesús Ríos Sáenz, Jorge Huamán Alacute, Enrique Melgar Moscoso, Carlos Farfán Yacila, Oscar Urbina Sandoval, Gino Fiori González y Walter Lauri Morales son también acusados por este caso, por presuntamente pertenecer al grupo paramilitar. También estará Juan Pampa Quilla como cómplice primario. Contra ellos, el fiscal Luis Landa pedirá 25 años de cárcel y el pago de una reparación civil de 200 mil soles.

El ex presidente Alan García sería citado como testigo por este caso.

Publicado en La República, el 27 de mayo de 2013

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Juicio a Comando Rodrigo Franco iniciaría el 27 de mayo

A continuación les dejamos dos notas de Diario 16 sobre el inicio del juicio a Agustín Mantilla, Franco Jesús Ríos (alias ‘Chito Ríos’), Jorge Huamán, Enrique Melgar y Carlos Farfán por el caso del Comando Paramilitar Rodrigo Franco

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Inicia juicio contra Agustín Mantilla por crímenes del Comando ‘Rodrigo Franco’

El próximo 27 de mayo, la Sala Penal Nacional iniciará el juicio al exministro del Interior del primer gobierno aprista Agustín Mantilla y a los presuntos integrantes del ‘Comando Rodrigo’, acusados del secuestro y asesinato de los dirigentes mineros Saúl Cantoral y Consuelo García en 1989.

Además serán enjuiciados por la ejecución extrajudicial de los militantes del MRTA.

El fiscal superior Luis Landa ha pedido 25 años de prisión y el pago de una reparación civil de 200 mil soles por estos hechos.

La Fiscalía tiene como argumentos que estos crímenes fueron perpetrados con gran crueldad y constituyen delitos de lesa humanidad.

Publicado en Diario 16 el 6 de mayo de 2013

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Juicio a Mantilla probaría existencia del Comando Rodrigo Franco

Por Luis García Rojas

Agustín MantillaAgustín MantillaLa defensa de los deudos de Saúl Cantoral y Consuelo García confía en que el juicio, que se iniciará este 27 de mayo, a los presuntos responsables de esos asesinatos, entre ellos el exministro del Interior del primer gobierno aprista, Agustín Mantilla, termine con una sentencia drástica que por fin pueda establecer justicia 24 años después de perpetrados estos crímenes.

Este caso reviste especial importancia, además, porque si eso sucede se terminaría por probar judicialmente la existencia del comando paramilitar que según diversas declaraciones y testigos operó de manera sistemática durante el primer gobierno de Alan García: el Comando Rodrigo Franco.

Además de Mantilla, también están procesados los presuntos miembros de ese comando: Franco Jesús Ríos (alias ‘Chito Ríos’), Jorge Huamán, Enrique Melgar y Carlos Farfán.

La Fiscalía ha pedido para ellos 25 años de prisión por la presunta comisión de los delitos de secuestro y homicidio por los casos Cantoral y García, y también por la ejecución extrajudicial de los estudiantes Luis Miguel Pasache Vidal y Javier Porta Solano, así como del abogado Manuel Febres Flores. Para la Fiscalía, se tratarían de crímenes de lesa humanidad.

La abogada de Aprodeh, Gloria Cano, dijo a diario16 que la acusación contra Mantilla es por la coautoría de esos delitos, no solo por presumirse que fue el creador de ese grupo paramilitar, sino por haberlo coordinado él mismo. Mantilla siempre negó la existencia de este comando.

DE LESA HUMANIDAD

En 1989, Saúl Cantoral era secretario general de la Federación de Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. Consuelo García era fundadora de una organización social que ayudaba a las mujeres de los mineros.

El 13 de febrero de ese año, ambos se encontraron en el local de esa federación, en el Centro de Lima, y se dirigieron a la casa de una amiga de ella en Breña. Ambos salieron a las 8:10 pm, y fue la última vez que se les vio con vida.

Tres horas después, una patrulla policial encontró sus cuerpos en un parque de San Juan de Lurigancho. Cantoral había recibido cinco balazos, en el corazón, pulmón derecho, mandíbula, nuca y en la espalda. García presentaba “estallamiento de cráneo”. Luego, se supo que recibió dos balazos en la cabeza.

Cantoral había recibido amenazas de muerte del Comando Rodrigo Franco varias veces, y él mismo había denunciado haber sido secuestrado dos veces por miembros de este comando.

24 AÑOS DE ESPERA

El caso Cantoral y García nunca alcanzó justicia y solo se reabrió debido a que fue uno de los 47 casos emblemáticos presentados al Ministerio Público por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, junto con su informe final, en 2003.

Ante la ausencia de procesos judiciales, estos dos asesinatos, ocurridos el 13 de febrero de 1989, fueron llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), instancia que en 2007 emitió una sentencia obligando al Estado a “investigar inmediatamente los hechos que generaron las violaciones del caso, e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables”.

Es por eso que ahora, 24 años después de ocurridas las muertes, 10 años después de entregado el informe de la CVR y seis años después del fallo de la Corte-IDH, se dará inicio por fin al juicio oral.

ADEMÁS

El fiscal superior Luis Landa pidió 25 años de prisión y el pago de una reparación civil de S/. 200 mil. La Fiscalía señala que estos crímenes fueron realizados con gran crueldad y constituirían delitos de lesa humanidad. La titular de la Sala Penal Nacional, Inés Villa Bonilla, presidirá el tribunal.

Publicado en Diario 16 el 7 de mayo de 2013

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CASO CHUSCHI: Ex militar pide perdón a familiares de desaparecidos

Por Elías Navarro

  • El teniente (r) EP Collins Collantes Guerra rogó a los familiares que le perdonen por la detención y desaparición de campesinos en la base militar de Pampa Cangallo, en la provincia ayacuchana de Cangallo.

Ayacucho

“Les pido perdón por la desaparición de sus familiares. Me ordenaron detener y traer a la base militar y por este hecho fui sentenciado a 14 años y estuve 8 años en la cárcel. Ya estoy pagando mi culpa”, expresó el ex teniente EP Collins Collantes Guerra a los parientes de personas desaparecidas hace más de 20 años en Ayacucho.

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El teniente (r) EP Collins Collantes Guerra rogó a los familiares que le perdonen por la detención y desaparición de campesinos en la base militar de Pampa Cangallo, en la provincia ayacuchana de CangalloEl teniente (r) EP Collins Collantes Guerra rogó a los familiares que le perdonen por la detención y desaparición de campesinos en la base militar de Pampa Cangallo, en la provincia ayacuchana de CangalloEl entonces jefe de la patrulla militar, conocido como teniente “Peco”, se reencontró con los familiares de Manuel Pacotaype Chaupín (alcalde de Chuschi), Marcelo Cabana Tucno (teniente gobernador), Martín Cayllahua Galindo y el menor Isaías Huamán Vilca, detenidos arbitrariamente en Chuschi y luego desaparecidos en la base militar de Pampa Cangallo (Ayacucho) en marzo de 1991.

El encuentro se produjo en el mismo destacamento militar, hasta donde llegaron los jueces de la Sala Penal Nacional para inspeccionar el lugar que funcionó como un centro de detención clandestina y tortura de personas, bajo la acusación de pertenecer a Sendero Luminoso.

Francisca Tucno Chipana, esposa del alcalde desaparecido; Teofila Rocha Pacotaype, esposa del teniente gobernador; María Magdalena Vilca de Huamán e Irene Huamaní de Cayllahua le suplicaron, llorando, a Collins Collantes que señale dónde están enterrados los cuerpos de sus familiares.

“Por favor, dinos dónde están enterrados. Queremos ver su cuerpo, aunque sea sus huesos, para poder rezar una oración, llorar y darle una cristiana sepultura. Eso nos podrá aliviar de tanto dolor y sufrimiento que padecemos”, le dijo Francisca Tucno.

El ex oficial del Ejército derramó algunas lágrimas y aseguró que si supiera señalaría el lugar, pero se ratificó en que solo trajo a los detenidos y entregó al jefe de la base militar y tres días después fue cambiado a otro destacamento.

“Yo entregué a los detenidos y se los llevaron al baño (calabozo). El jefe de la base y los otros ex oficiales sí saben dónde están los cuerpos. Ellos deben decir la verdad. Quiero decirles que a mí también me duele el sufrimiento de ustedes”, señaló Collante.

El militar recordó el llanto de los familiares pidiendo que liberen a los detenidos, pero que no podía compadecerse porque cumplía órdenes.

Luego de este contacto Collins Collantes les tomó de la mano a los familiares y derramó lágrimas pidiendo nuevamente perdón por lo sucedido.

“Desde que me abrieron proceso en varias ocasiones intenté acercarme a ustedes. Mi conciencia me remordía todo este tiempo, pero ahora siento una tranquilidad en mi corazón”, les dijo el ex oficial.

LOS HECHOS

En contacto con La República, Collins Collantes narró que le dieron una lista de diez personas, entre ellos de dos autoridades para ingresar a Chuschi, detenerlos y conducir a la base militar de Pampa Cangallo.

“El jefe de la base militar de Pampa Cangallo, comandante EP Mario Alberto Caldas Dueñas, me dio esa orden y por eso fui a pie, con mi patrulla de 25 soldados, a verificar una incursión senderista producida el día anterior”, señaló.

Al día siguiente (15 de marzo), “Peco” llevó a los cuatro detenidos con un vehículo hasta el paraje de Huaccanccasa donde descansaron un rato en las faldas del cerro, a unos 5 km del pueblo de Pampa Cangallo.

“Los familiares se habían adelantado y nos estaban esperando. Luego llevamos a los detenidos a la base. Las cuatro mujeres (familiares) nos seguían suplicándonos que los libere. Faltando un kilómetro para llegar, impedimos que nos sigan. Ellas nos vieron ingresar al destacamento militar”, dijo.

Collantes indicó que su tarea terminó cuando entregó a los detenidos en la base militar y fueron confinados en un baño que funcionaba como calabozo.

“ESPARTACO” Y “TRUENO” DEBEN DECIR LA VERDAD

Collins Collantes se ratificó señalando que los agentes de inteligencia elaboraban la lista para realizar las intervenciones y detenciones de personas que tenían algún vínculo con los senderistas.

“La lista venía del cuartel Los Cabitos. Ese día me ordenaron ir a Chuschi y detener y traer a las cuatro personas”, recordó Collantes, quien afirmó que entregó a los detenidos a los oficiales de Estado Mayor de Pampa Cangallo.

“El jefe de inteligencia Néstor Raúl Oblitas Carrera, conocido como el famoso ‘Espartaco’, y el oficial de operaciones José Humberto Zavaleta Angulo, conocido como ‘Trueno’, deben decir la verdad y no tapar el sol con un dedo. Ellos sacaban del baño a los detenidos para interrogarlos. Ellos deben decir dónde están enterrados sus cadáveres”,afirmó el ex teniente “Peco”.

Publicado en La República el 21 de abril de 2013

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CASO CHUSCHI: Ex teniente reconstruye detención y desaparición de cuatro personas

  • En marzo del 91, el alcalde y teniente gobernador y otras dos personas en el distrito de Chuschi fueron conducidos a base militar de Pampa Cangallo. Se culpa a siete oficiales.

Por Elías Navarro

Los jueces Marco Cerna Bazán, Armando Salvador Neyra y Miluzca Cano López inspeccionaron la base militar de Pampa Cangallo, donde el 14 de marzo de 1991 estaban detenidos el alcalde de Chuschi Manuel Pacotaype Chaupín, el teniente gobernador Marcelo Cabana Tucno, el comunero Martín Cayllahua Galindo y el menor Isaías Huamán Vilca, y desde esa fecha no se supo más de ellos.

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ChuschiChuschiEl jefe de la patrulla militar que arrestó a las víctimas, Collins Collantes Guerra, testigo de este hecho, señaló el calabozo –que funcionó en el baño–, donde precisamente se retenía a las cuatro personas, sometidas a brutales interrogatorios.

Collantes fue sentenciado a 14 años y luego de purgar 7 años y medio salió con beneficio de libertad condicional y ahora colabora con la justicia como testigo. Él también reconstruyó con detalles la forma y circunstancias como se detuvo y se llevó a las víctimas a la base militar de Pampa Cangallo. Dijo que con una lista de diez personas llegó a Chuschi y con apoyo de efectivos de la comisaría detuvo a las cuatro personas. Luego los llevó con vehículo hasta el paraje de Huaccanccasa, y desde esa zona caminaron a pie unos cinco kilómetros hasta llegar al destacamento militar de Pampa Cangallo.

Los detenidos caminaban con las manos atadas hacia atrás por la pendiente y sorteando arbustos. Los familiares los seguían en su recorrido suplicándole a Collantes que los libere. Faltando un kilómetro para llegar, haciendo disparos impidieron que los sigan.

Por otra ruta, los familiares llegaron a la puerta de la base militar y preguntaron durante días por ellos. Los soldados les dijeron que se vayan y los familiares denunciaron en la Fiscalía Mixta de Cangallo.

“Era una orden legal para detener a los sospechosos. Cumplí con mi tarea de traer a los detenidos el 15 de marzo y los entregué al jefe de la base. Tres días después fui cambiado a la base Militar de Cangallo. Los oficiales del estado mayor de Pampa Cangallo son responsables de la desaparición de estas personas. Ellos deben decir dónde están enterrados los cuerpos”, dijo Collantes.

Los magistrados de la Sala Penal Nacional recogieron además las versiones de seis testigos en Ayacucho. El ex fiscal de la provincia de Cangallo Guillermo García Zamora dijo que el 15 de marzo de 1991 recibió una denuncia de dos personas que señalaban que sus familiares habían sido secuestrados de sus domicilios en Chuschi, llevados primero a la Comisaría de Chuschi y luego a la base militar de Pampa Cangallo. El ex fiscal testificó que a partir de ese entonces no había condiciones para seguir investigando, pues se sentía presionado por los militares y no recibía apoyo del Ministerio Público. Pidió que lo roten a otro distrito judicial, y como no recibió respuesta, tres meses después, en junio de 1991, renunció al cargo.

Francisca Tucno Chipana, esposa del desaparecido alcalde Manuel Pacotaype Chaupín, contó que a la medianoche del 14 de marzo de 1991, un grupo de militares y policías ingresaron a su casa y sacaron a su esposo para llevarlo a la Comisaría de Chuschi. “Cuando dormíamos, dos policías ingresaron a mi casa, mientras que en el patio había militares. A mi esposo lo sacaron a golpes y se lo llevaron a la comisaría; yo los seguí hasta la esquina, pero me atajaron haciendo disparos al aire”, relató al Tribunal.

Igualmente, la campesina Teófila Rocha Pacotaype dijo que su esposo, Marcelo Cabana Tucno, era teniente gobernador de Chuschi. “A las 11 y 30 llegaron dos policías a mi casa. Un policía preguntó diciendo quién es Marcelino Rocha, quien es mi padre, y mi esposo le respondió yo soy Marcelo Cabana. Cojudo, tú eres terruco, diciendo lo cogió de la nuca y lo sacó de mi casa”.

FISCAL PIDE 25 AÑOS DE CÁRCEL

En su acusación, la fiscalía pidió 25 años de cárcel para el general EP (r) Hugo Martínez Aloja y el coronel EP (r) Bernhard Christian Eduard Braun Luy, los ex oficiales del Ejército Sigefredo Celso Miranda Vásquez y Carlos Alberto Del Busto Hervias. Pidió igual pena contra los oficiales del Estado Mayor de Pampa Cangallo José Humberto Zavaleta Angulo “Trueno”, Néstor Raúl Oblitas Carrera “Espartaco”.

El jefe de la base militar de Pampa Cangallo, comandante EP Mario Alberto Caldas Dueñas, y el jefe de inteligencia EP Marco Antonio Aguilar Biaggui están prófugos de la justicia. Ya fueron condenados, además de Collins Collantes, los policías Luis Mariano Juárez Aspiro (7 años) y Domingo Morales Ampudia (5 años).

Publicado en La República el 21 de abril de 2013

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Hoy se inician audiencias por el caso Chuschi en Ayacucho

Del 16 al 18 de abril, la Sala Penal Nacional se traslada a la ciudad de Huamanga, Ayacucho para escuchar los testimonios de los familiares de Manuel Pacotaype Chaupín, Martín Cayllahua Galindo, Marcelo Cabana Tucno y al menor, Isaías Huamán Vilca, quienes fueron atados y trasladados al Cuartel Militar de Pampa Cangallo y hasta la fecha no se conoce su paradero.

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Las audiencias se realizarán los días 16 y 17 en la sala de audiencias de la Corte Superior de Ayacucho. El 18 se realizará la inspección en Pampa Cangallo.

Los testimonios estarán a cargo de las esposas y la mamá de los desaparecidos, así como de 3 testigos.

Junto a ellos, estará la doctora Gloria Cano, Directora de la Asociación Pro derechos Humanos – Aprodeh y abogada de las víctimas.

Familiares de ChuschiFamiliares de Chuschi

Publicado en la CNDDHH el 16 de abril de 2013

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CASO ACCOMARCA. Ricardo Uceda: “El Ejército ha debido saber lo que pasó”

  • Clave. Periodista, autor del libro Muerte en el Pentagonito, fue citado para que relate lo que investigó sobre Accomarca.

Por Gabriel Mazzei

“No se me ocurre que para un operativo tan delicado la comandancia general del Ejército haya estado apartada de lo que sucedió en Accomarca”, reveló Ricardo Uceda durante el juicio por el caso Accomarca a cargo de la Sala Penal Nacional.

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© La Mula© La MulaUceda fue citado por el Ministerio Público para que declare a raíz de su libro “Muerte en el Pentagonito”, en donde, en uno de sus capítulos, narra los hechos acaecidos en Accomarca.

El periodista narró el pasado jueves ante el tribunal, presidido por el juez superior Ricardo Brousset, que las órdenes militares que se impartieron para hacer desaparecer a 69 campesinos, el 14 de agosto de 1985, y luego incinerarlos, “fueron verbales”.

TESTIGO DIRECTO

“Una de mis fuentes en este episodio fue César Martínez Uribe Restrepo y he pensado mucho en decir su nombre, pues él no me autorizó a revelarlo, pero creo que en este caso no lo voy a incriminar”, indicó.

Martínez Uribe Restrepo fue responsable de inteligencia del Estado Mayor en esa zona.

“Él me dijo que el Comando Político Militar no sabía del operativo”, agregó.

No obstante, Juan José Quispe, abogado de la parte civil, mencionó que Martínez Uribe Restrepo es acusado en este caso por haber ordenado que se elimine a todo elemento subversivo en esa zona.

Uceda refirió además que lo sustantivo de su narración es que el Ejército decidió desenterrar los cadáveres ejecutados –una vez que el presidente de ese entonces, Alan García, se enteró de los hechos– para incinerarlos en un horno.

Clave

Fuente. Ricardo Uceda desestimó una vez más las acusaciones de Jesús Sosa Saavedra de haberlo escondido en su casa cuando era prófugo de la justicia. Sosa fue una de las fuentes consultadas para su libro “Muerte en el Pentagonito”.

Publicado en La Republica el 15 de abril de 2013

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CASO GOMEZ PALOMINO: Salazar Monroe solicita que lo excluyan de otro caso de violación de DDHH

Por Gabriel Mazzei

Una vez más, Julio Salazar Monroe, ex jefe nominal del Servicio Nacional de Inteligencia, pretende ser excluido por un caso relacionado con violación de derechos humanos: el asesinato del dirigente Santiago Fortunato Gómez Palomino, el 9 de julio de 1992.

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SalazarEl pasado miércoles, el Tribunal Constitucional dejó al voto su solicitud de hábeas corpus para no ser procesado por este caso. A la audiencia del TC, no se presentó Iván Torres La Torre, abogado de Salazar Monroe, ni la parte demandada.

Actualmente, el caso Gómez Palomino se encuentra en juicio oral en la Segunda Sala Penal Liquidadora, que procesa también a Vladimiro Montesinos, a Nicolás de Bari Hermoza Ríos y al grupo Colina.

Según la abogada de Aprodeh, Gloria Cano, “sería muy grave que el TC acoja el recurso de Salazar Monroe para ser excluido del juicio”. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Salazar Monroe fue el jefe máximo del SIN, que autorizó la creación del Grupo Colina, que finalmente asesinó a Gómez Palomino”, señaló Cano.

Otros hábeas corpus

El 2011, el TC acogió la solicitud del ex jefe formal de SIN por exceder el plazo razonable para su juicio por los casos Barrios, Yauri y el Santa, casos pendientes de sentencia.

En febrero pasado, este mismo órgano rechazó un hábeas corpus del mismo personaje para ser excluido del proceso de la familia Ventocilla, otro caso de violación de derechos humanos.

Publicado en La Republica el 8 de abril de 2013