Category: Trial Reports

Militares en juicio por el caso Los Cabitos: ¿Héroes o amnésicos?

Post author By Jo-Marie Burt
Post date July 18, 2011

por Jo-Marie Burt

El general en retiro Carlos Briceño Zevallos no se acuerda nada de lo que sucedió en 1983. Por lo menos ese es el argumento de su abogado defensor, César Nakasaki, para sustentar que su defendido debería ser apartado del juicio que actualmente enfrenta. El general (r) está siendo procesado, junto con otros seis altos mandos militares, por la desaparición forzada y tortura de 54 personas, crímenes ocurridos en el cuartel militar Los Cabitos en 1983.

En la audiencia pública del 3 de agosto, la Sala Penal Nacional rechazó unánimemente el pedido, aduciendo que el procesado no demostraba signos de sufrir problemas de salud, habiendo incluso contestado preguntas durante etapas anteriores del juicio. Por ahora, por lo menos, el general Briceño seguirá en juicio.

Los Cabitos fue uno de los casos que la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) recomendó judicializar y Briceño es uno de los siete altos mandos militares encausados por la justicia peruana. Según la CVR, el Cuartel Los Cabitos fue el principal centro de reclusión, tortura, desaparición y ejecución extrajudicial por parte de las fuerzas del orden, especialmente durante 1983, 1984 y 1985. A 28 años de los hechos; y a más de cinco años del inicio de la investigación fiscal, comenzó el juicio oral este 26 de mayo.

Durante la investigación del caso, se llegó a desenterrar unos 110 cuerpos de los alrededores de la base militar, muchos de ellos con signos de tortura y de haber sido ejecutados con proyectiles de arma de fuego. Sin embargo, muchos de los cuerpos habrían sido incinerados a partir de 1985, bajo el orden del General Wilfredo Mori Orzo (actualmente procesado por la masacre de Accomarca), precisamente para borrar toda evidencia de los crímenes ahí cometidos durante los años 1983, 1984 y 1985.

Este juico abarca solamente los hechos ocurridos en Los Cabitos durante 1983. Como los jefes de los Comandos Políticos-Militares eran relevados cada año los crímenes ocurridos en el cuartel en 1984 y 1985 son materia de otros dos procesos.

En la causa se ve la desaparición de Arquímedes Ascarza Mendoza, el hijo de Angélica Mendoza de Ascarza, presidenta de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP). El joven Ascarza Mendoza estuvo detenido en Los Cabitos, según un testigo ocular que hizo llegar a su madre una nota diciendo donde estaba. Luego desapareció y hasta ahora no se conoce su paradero. La señora Mendoza, como tantas otras madres y familiares, ha buscado incansablemente a su hijo desde entonces.

El caso judicial

Los altos mandos militares ante la justicia por el caso Los Cabitos, Lima 3 de agosto de 2011 – Foto de la autoraLa Fiscal Superior, Luz del Carmen Ibáñez, es la encargada de la causa ante la Sala Penal. Ella formalizó su denuncia en 2009; la Sala devolvió el expediente varias veces hasta finalmente dictaminar el comienzo del juicio oral en mayo. Cabe recordar que la Fiscal Ibáñez fue quien llevó el caso contra la cabecilla de la organización subversiva Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, quien fue sentenciado a condena perpetua por ser considerado el autor mediato de una serie de crímenes contra los derechos humanos. El presidente de la Sala Penal Nacional, el magistrado Ricardo Brousset, preside el tribunal.

Los Cabitos es un caso complejo: se trata de establecer la responsabilidad penal de los altos mandos militares encargados del Cuartel Militar Los Cabitos, que fue el centro operativo del Comando Político-Militar (CPM) de Ayacucho a partir de fines de 1982. No está encausado ningún autor material, pues resulta casi imposible identificar quien cometió los crímenes individuales. Los siete militares actualmente procesados en este caso, acusados de cometer crímenes contra la humanidad, detención arbitraria y retención ilegal de un detenido, vejaciones, secuestro agravado, tratos humillantes, lesiones agravadas y desaparición forzada, son: Carlos Briceño Zevallos, Julio Coronel Carbajal D’Angelo, Carlos Millones D’Estefano, Roberto Saldaña Vasquez, Edgar Paz Avendaño, Humberto Orbegozo Talavera (quien había sido reo ausente y, ante la inminencia de una orden de repatriación decidió regresar al Perú voluntariamente e incorporarse al juicio) y Arturo Moreno Alcantara[1].

Como explica Aprodeh, institución que representa a las víctimas en este caso, “los acusados se desempeñaban como Comandante general de las fuerzas armadas, Comandante de la 2da zona de infantería, integrantes del estado mayor de la jefatura político militar de Ayacucho, así como miembros del destacamento de inteligencia y Jefe de la base militar asentada en el cuartel conocido como ‘Cabitos’.”[2]

Según el Informe Final de la CVR, Los Cabitos tenía “una estructura jerarquizada rígida por su condición militar” y que el Comando Político-Militar tenía a su cargo tanto el planeamiento como la ejecución de las operaciones militares que se realizaban en la zona. El despacho del Jefe del CPM estuvo dentro de esa instalación militar. “[R]esulta evidente,” según la CVR, “que los altos mandos de la citada instalación militar han tenido el dominio y control de los actos violatorios a los derechos humanos.”[3] Eso sería la base de la denuncia fiscal: los altos mandos militares son los principales responsables de los crímenes cometidos en el cuartel militar Los Cabitos, y que deberían ser castigos por ello según manda la ley.

Justicia, a paso de tortuga

A pesar de llevar tres meses de juicio oral, no comienza aún el interrogatorio de los encausados, ni tampoco de los testigos. Se realizan los juicios solamente por unas horas, una vez por semana o cada 10 o 12 días, lo cual hace demorar el proceso innecesariamente.

La razón es que la Sala Penal Nacional, instancia que juzga los casos de violaciones de derechos humanos, tiene una carga procesal muy grande. Sin embargo, la mayoría de los procesos no son por violación de de derechos humanos —a pesar que la Sala Penal Nacional, siguiendo las recomendaciones de la CVR, había sido designada como la instancia especializada para procesar esta tipo de causas, precisamente para acelerarlas—. En los últimos años el mandato de la Sala ha sido ampliado para incorporar otros tipos de delitos, entre ellos el lavado de activos, narcotráfico, y similares. Como resultado, los jueces de la Sala Penal Nacional no pueden dedicarse a los casos de derechos humanos que urgen ser resueltos, pues tanto los imputados como las víctimas sobrevivientes y los familiares tienen edades muy avanzadas, y porque las víctimas han esperado tantos años para ver su derecho a la justicia materializarse.

Briceño, el amnésico

En el último juicio oral del proceso, el 18 de agosto, Nakasaki insistió en su argumento de que el General Briceño sufre de amnesia por lo que debe ser removido de la causa. Incluso llegó a solicitar una evaluación psiquiátrica para demostrar la incapacidad mental de su defendido.

Otros imputados han utilizado argumentos similares para escaparse de la justicia; siendo el más famoso el del General Augusto Pinochet, quien se salvó de ser juzgado en España argumentando incapacidad mental.

En este caso, según la abogada de las víctimas, Gloria Cano de Aprodeh, el argumento de Nakasaki no sólo carece de sustento sino “representa una línea de defensa para lograr la impunidad.” Tal como en el caso del General Pinochet. Esperemos que no tenga el mismo final y que la justicia peruana contribuya a que los sobrevivientes y los familiares de las víctimas conozcan la verdad y alcancen justicia.

Notas:

[1] Originalmente eran diez imputados, pero tres de ellos, incluido el General Clemente Noel, el primer Jefe del CPM en Ayacucho en 1982 y 1983, fallecieron. (^^^)

[2] APRODEH, “Sala Penal Nacional iniciará juicio oral contra militares por caso Los Cabitos,” 20 de mayo de 2011 (^^^)

[3] CVR, Informe Final, Tomo VII, Capítulo 2.9, “Desapariciones, Torturas y Ejecuciones Extrajudiciales en la Base Militar de Los Cabitos (1983-1985) (^^^)

Orignalmente publicado en el portal de Justicia Viva, el 18 de julio de 2011 y en el blog de la autora, A Contracorriente, en La Mula

Tags ANFASEP, Angélica Mendoza Ascarza, Ayacucho, Caso Cabitos, cvr, justicia

Trial Reports

Aún siguen esperando

Post author By Jo-Marie Burt
Post date April 2, 2011

La justicia en balanza. Una vigilia antes de la lectura de sentencia en el caso Parcco-Pomatambo, noviembre 2010. Foto cortesía Kristel Best Urday

Noviembre, durante una tibia tarde de primavera en Lima, varias personas realizan una vigilia en las afueras de la Corte Penal Nacional ⁽¹⁾, horas antes de que se expida el veredicto en el caso Parcco-Pomatambo. En el centro de la vigilia se encontraba una antigua balanza adornada con rosas y velas. Muchas de las mujeres que estaban sentadas alrededor llevaban colgadas al cuello fotografías de sus familiares, víctimas del caso Parcco-Pomatambo.Una pequeña pancarta en el piso rezaba: “Los familiares del caso Parcco- Pomatambo estamos esperando una sentencia justa”.

Han estado esperando por 24 años

La justicia en balanza. Una vigilia antes de la lectura de
sentencia en el caso Parcco-Pomatambo, noviembre 2010.
Foto cortesía Kristel Best UrdayEn 1986, en un operativo contrasubversivo, una patrulla del ejército ejecutó a doce miembros de las comunidades vecinas de Parcco-Pomatambo, en las alturas de Ayacucho, epicentro del conflicto entre Sendero Luminoso y el Estado peruano. Según la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación (CVR), después de la masacre, el comandante militar de la región llegó en helicóptero al lugar de los hechos y ordenó a los soldados que destruyeran toda evidencia. Los cuerpos fueron desmembrados, quemados y tirados a una quebrada. Los soldados no realizaron estos actos a escondidas, sino a ojos y vista de varios testigos. Después de una investigación hecha por el periodista Gustavo Gorriti y el fotógrafo Oscar Mendrano, el ejército admitió los asesinatos en un comunicado, pero arguyó que las víctimas eran miembros de Sendero Luminoso. Se contaba entre los muertos una pareja de ancianos de unos ochenta años y dos niños de seis y nueve años.

Alumbrando la justicia. Irene
Ramírez Buitrón (izquierda).
Foto de Kristel Best UrdayEntre los familiares de las víctimas presentes en la vigilia estaba Irene Ramírez Buitrón quien había perdido a sus padres, a un hermano y a dos sobrinos. La primera vez que la oí hablar en público sobre la masacre fue en agosto del año pasado, en un evento que la agrupación de familiares del caso Parcco-Pomatambo habían organizado en previsión de la sentencia que sería dictada prontamente en el caso judicial que se llevaba a caso en la Sala Penal Nacional. Habló con seguridad, pues gracias a su propia entereza, el miedo que había venido sintiendo durante años se fue transformando en fe de que por fin se alcanzaría justicia. Describió primero la masacre y sus secuelas; cómo el caso fue archivado por falta de pruebas durante, gracias a un sistema judicial que en esos años cobijaba la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos; y cómo ella y el resto de los familiares pasaron muchos años sintiéndose desesperanzados y aislados. La creación de la CVR en el 2001, dijo, hizo prender la esperanza que la verdad y la justicia podían prevalecer; y, en efecto, la CVR incluyó el caso Parcco-Pomatambo como uno de los 48 casos “emblemáticos” que investigó a fondo y recomendó para que sea procesado por las autoridades judiciales. Después de las demás presentaciones, miembros de la agrupación de familiares realizaron una danza tradicional y pusieron en escena una obra de teatro cuya mensaje fue un llamado a sus conciudadanos que empatizaran con su búsqueda de justicia. Al finalizar el evento, seis niños que vestían ponchos blancos desfilaron en el escenario llevando unos letreros que decían:

¡Nunca más

niños huérfanos

ni padres asesinados!

Se trataba de los nietos de las víctimas de la masacre de Parcco-Pomatambo

Los nietos y nietas de las víctimas de la masacre
Parcco-Pomatambo exigen el nunca más.
Foto de la autoraLa tranquilidad de la vigilia fue interrumpida cuando un grupo de veteranos del ejército, incluyendo a algunos en silla de ruedas, irrumpieron en el escenario. Tan solo unos metros más allá del lugar en que se llevaba a cabo la vigilia, habían desplegado un afiche con imágenes de diversos héroes nacionales precedidos por las palabras “Dios” y “Patria”. El afiche decía:

Dios y patria.

Héroes defensores de la patria. Asociación de Vivienda de Personal Descapacitados de las Fuerzas Armadas del Perú Gral. Juan Velazco Alvarado

Exijo: respeto por el personal descapacitados que lucharon por la paz, la democracia y los altos intereses del Perú.

Sr. Presidente: Alan García Pérez. El cuartél general de inválidos de las fuerzas armadas no se vende se defiende y si es necesario nuevamente derramaremos nuestra sangre por defender nuestros derechos, que por ley nos corresponde. ¡Lo responsabilizamos a Usted!

Kristel Best Urday, una estudiante peruana del máster de la Universidad de La Plata en Argentina que está escribiendo su tesis sobre el caso Parcco-Pomatambo, aseguró que los veteranos que habían llegado a la vigilia no habían asistido a ninguna de las audiencias de la Sala Penal, que se habían desarrollado durante todo el año anterior. “Los familiares se sintieron amenzados por su presencia”, afirmó Best Urday y añadió, “pero se mantuvieron tranquilos y no respondieron de manera alguna a las intimidaciones”. Una de mis colegas que estaba sacando fotografías en el evento, dijo que uno de los veteranos se le acercó y con desprecio le espetó : “así que estos son los familiares de los terrucos”.

La audiencia estaba programada a las 4:00 p.m. Todos se fueron acercando a la sala de espera para poder entrar. Había más de un centenar de personas, entre familiares de las víctimas, activistas de derechos humanos, parientes de los acusados, y los veteranos, todos ansiosos de ser admitidos a la sala donde se realizaría la lectura de sentencia. Los guardias de la Sala Penal advrtieron que solo habían 45 asientos disponibles y que no se autorizaría a nadie a permanecer de pie. Esto aumentó la ansiedad, ya enrarecida por la actitud de los veteranos, particularlmente luego que reclamaban que al ser minusválidos debía dejárseles ingresar primero, de otra manera, considerarían la situación como una discriminación hacia los discapacitados. El abogado de las víctimas intervino urgiendo al guardia de la Sala que dejara ingresar a los familiares de las víctimas, así como a los ancianos, en primer lugar. Al final, se autorizó a que permanecieran personas de pie y además fueron llevadas sillas suplementarias a la parte trasera de la sala, y los familiares y los ancianos fueron los primeros en entrar. Sin embargo, todavía se sentía tensión en el ambiente, aún más cuando los familiares de las víctimas se encontraron cara a cara con los familiares de los militares acusados por la muerte de sus seres queridos.

Me ha tocado ser testigo de situaciones similares en otros juicios en Perú. La semana anterior asistí a la primera audiencia del caso Accomarca, en el cual 29 miembros del ejército están siendo juzgados por la masacre de 69 campesinos, entre ellos varios mujeres y niños, en 1985. Estuvieron presentes para observar la audiencia varios militares en situación de retiro, vestidos de negro y con las gorras negras que los identifican como miembros de las fuerzas especiales. También estaban allí generales retirados, vestidos de saco y corbata, que hicieron presencia para demostrar su solidaridad con los otros generales acusados en este caso. De manera similar, varios generales en retiro aparecieron durante el juicio de la masacre de Barrios Altos – en el que 32 ex-oficiales y personal del ejército fueron procesados por su participación en el Grupo Colina, temible escuadrón de la muerte que operó durante el gobierno de Alberto Fujimori, ahora reo por este y otros casos más – pero solamente para las audiencias que concernían a otros generales; soldados de rango inferior no reciben en general este tipo de atención y solidaridad.

Desde que en el 2007, la Sala Penal Nacional dictó la primera sentencia en agravio de un miembro de las Fuerzas Armadas del Perú por violación de los derechos humanos, ha ido creciendo la inquietud al interior de las mismas. ⁽²⁾ Fiscales y jueces han denunciado “visitas” con el objetivo de transmitirles el parecer de los militares en lo que a los juicios respecta. ⁽³⁾ El Decreto Ley 1097, cuyo fin era dotarle a los militares involucrados en casos de derechos humanos una amnistía y protegerles de los procesos penals, fue promulgado en setiembre pero revocado recientemente gracias a una intensa presión local e internacional. Al mismo tiempo, se tienen las declaraciones de ministros de defensa, generales del ejército, del vice-presidente y hasta inclusive en alguna ocasión del mismo presidente Alan García que acusan y vilipendian a las organizaciones de derechos humanos que representan a las víctimas en los casos en que se persiguen a las Fuerzas Armadas (que, según el discurso de estas autoridades, “salvaron” al Perú del terrorismo). En diciembre del 2010, el vice-presidente (y almirante retirado de la Marina) Luis Giampietri, acusó de terrorismo a dos importantes grupos de derechos humanos. No es de extrañar que estos grupos representen a las víctimas de la masacre del Frontón; masacre por la que además, Giampietri podría ser potencialmente enjuiciado en un futuro no muy lejano. Algunos dicen que este también podría ser el destino de Alan García una vez que deje la presidencia el 28 de julio del 2011.

Los cuatro implicados y los familiares esperan la llegada de los jueces. Foto cortesía de Emilio Salcedo

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Los cuatro implicados y los familiares esperan la llegada de los jueces. Foto cortesía de Emilio Salcedo Los cuatro implicados y los
familiares esperan la llegada
de los jueces.
Foto cortesía de
Emilio SalcedoLos jueces de la Sala Penal Nacional ingresaron a la sala en la que la sentencia sería dictada alrededor de las 5:00 p.m. La sala estaba abarrotada, muchos de nosotros incomodamente ubicados de pie al fondo. El tenor de la sentencia era bastante confuso y difícil de entender, pero después de un rato todas las personas presentes comprendieron que la Sala había absuelto a los cuatro acusados. Los jueces exhortaron al Ministerio Público a redoblar sus esfuerzos para localizar a los dos acusados no habidos, incluyendo a Jesús Retamal Guerra, jefe de la patrulla que cometió la masacre quien estaría, aparentemente, viviendo en los Estados Unidos. Esto no aplacó la indignación que sintieron los familiares presentes en la sala. “Seguramente”, masculló un hombre entre dientes, “nos quieren hacer creer que se mataron sólos”.

Los jueces admitieron que se había logrado establecer que las doce víctimas del caso Parcco-Pomatambo no fueron asesinadas debido a una confrontación, como el ejército alegó en un comienzo. Pero, se apresuraron en añadir que los crímenes fueron producto de “un exceso” por parte de las fuerzas armadas. Eso, a pesar de que la CVR indica, especificamente, que las Fuerzas Armadas cometieron violaciones sistemáticas de los derechos humanos en ciertos lugares y en ciertos momentos. ¿Ayacucho en 1986? Sin duda eso fue uno de esos lugares, en uno de esos momentos.

La Sala Penal Nacional exigió al Ministerio Público que identificara a los miembros de la patrulla del ejército que fueron los autores materiales de la masacre. No mencionaron el hecho de que el Ministerio de Defensa ha negado sistemáticamente este tipo de información en otros procesos penales del mismo tipo. Tampoco parecen haber considerado como relevante el tema de la responsabilidad mediata del comando, que muchas cortes internacionales han empleado como para encontrar responsabilidad no sólo a los autores materiales y directos de crímenes de lesa humanidad, sino también aquellos que ordenaron los crímenes o no hicieron nada para prevenirlos o impedirlos⁽⁴⁾. La sentencia en el caso Parcco-Pomatambo es, desafortunadamente, una de tantas que han sido cuestionadas por abogados y activistas de derechos humanos. Un análisis de los patrones en de sentencias de la Sala Penal Nacional en los últimos años revela una tendencia bastante clara a favor de la absolución de los acusados. ⁽⁵⁾

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La CVR abrió un espacio político inimaginable en el Perú de hace una década. Las asociaciones de familiares de las víctimas se han vuelto particularmente activas, pidiendo justicia y reparaciones y organizando vigilias y otros eventos para evocar la memoria de sus seres queridos. Pero como lo demuestra el caso Parcco-Pomatambo, los objetivos centrales de verdad, justicia y reparaciones siguen siendo una promesa incumplida en el Perú post-CVR. Los familiares en el caso Parcco-Pomatambo dijeron que apelarán la sentencia. Su sed de justicia se mantiene fuerte pues aún no ha sido colmada.

Siguen aún esperando.

Notas

*Artículo publicado originalmente en inglés en la revista online e-misférica, publicado por The Hemispheric Institute of Performance and Politics de New York University . Traducción realizada por Jesús Martínez Mogrovejo. (^^^)

La Sala Penal Nacional es un tribunal especializado establecido en el 2005 como recomendación de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación para procesar casos de violaciones de derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno. En los últimos años , su mandato se ha ido ampliando para incluir a otros tipos de crímenes como tráfico de drogas, crimen organizado, blanqueado de activos y secuestros, y de este modo se ha diluído el enfoque especializado de la Sala. (^^^)
La primera sentencia emitida en el periodo que siguió al proceso de la CVR fue en el 2006, en el caso de la desaparición del estudiante universitario Ernesto Castillo Páez. Los cuatro condenados pertenecían a la Policía Nacional. (^^^)
Entrevistas realizadas por la autora en Lima y Ayacucho. (^^^)
Como lo menciona la CVR en su informe sobre Parcco-Pomatambo: “La Comisión de la Verdad y Reconciliación concluye que las violaciones de los derechos humanos antes reseñadas fueron llevados a cabo a través de un aparato organizado de poder estructurado sobre la organización militar del puesto de comando de Cangallo. Vale decir que se implementó una estrategia antisubversiva al márgen de la ley”. Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Tomo VII, Capítulo 2.23, “Las ejecuciones extrajudiciales de Pomatambo y Parcco Alto (1986),” (2003), 254. (^^^)
Desde el 2008, la Sala Penal Nacional ha dictaminado sentencia en doce casos de violacones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno en el Perú. De esos doce casos, en ocho la Sala ha absuelto a todos los acusados, y en sólo cuatro casos ha encontrado por lo menos a uno de los acusados culpable. Entre 2008 y 2010, la Sala Penal Nacional ha condenado sólo a seis agentes del Estado por graves violaciones a los derechos humanos, mientras que 42 han sido exculpados. Véase: Jo-Marie Burt, “La justicia denegada, una vez más,” NoticiasSER, December 1 2010. (^^^)

Publicado en La Mula el 2 de abril de 2011

Tags Parcco, Pomatambo

Trial Reports

Un día en la memoria

Post author By Jo-Marie Burt
Post date March 2, 2011

69.280

¿Qué significa este número? Sabemos que representa el número de víctimas del conflicto armado interno, según los estimados de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Significa, en promedio, 3.464 muertes por año, 9.5 muertes por día. Pero sigue siendo una abstracción, y por lo tanto, algo difícil de imaginar, de contemplar.

El artista plástico Mauricio Delgado nos invita a mirar ese número de manera distinta. En un nuevo proyecto, denominado “Un día en la memoria,” Delgado convierte ese número, esa abstracción, en algo real, tangible, algo que cada uno de nosotros podemos tocar, sentir, oler (1).

Delgado selecciona historias reales de las 69,280 víctimas de la violencia política que vivió el Perú entre 1980 y 2000 y cuenta detalles de qué pasó —un día como hoy— en diferentes escenarios locales. Utilizando una mezcla de arte gráfico con breves narraciones, cuenta las historias basadas en las fechas en que ocurrieron durante los años de la violencia. Escoge varios días del calendario para ilustrarnos historias de la violencia política —historias que ha recopilado de diversas fuentes, incluyendo los archivos de la Comisión de la Verdad— y de esa manera nos acerca a una memoria viva de los hechos de los años de barbarie.

La primera entrada en el calendario de la memoria es el 2 de enero. Cuenta la historia de una masacre cometida ese día en 1993 por Sendero Luminoso en dos distritos de Puno contra comuneros y miembros de la policía local. Nos cuenta que un 18 de enero, en 1989, Marco Antonio Huamani García, estudiante de la UNSCH, fue detenido y desaparecido —la misma suerte, nos recuerda Delgado, que corrió 176 estudiantes universitarios en esos años.

El calendario de la memoria de Delgado nos cuenta sobre el asesinato, un 13 de febrero, también de 1989, del dirigente sindical Saúl Cantoral Huamaní y la promotora social Consuelo García —integrante del Centro de Mujeres Filomena Tomaira Pacsi—, por el Comando Rodrigo Franco, un escuadrón de la muerte que operó durante los últimos años del primer gobierno de Alan García. Narra una historia espeluznante, ocurrida un 17 de febrero, de 1983, en la cual la población de Sacsamarca se rebeló contra Sendero Luminoso, que en represalia tomó a 40 comuneros presos. Otros comuneros pidieron auxilio del Ejército, pero al llegar encontraron a la población reunida en la plaza para asistir al juicio popular, disparando indiscriminadamente, matando a 14 personas, algunos miembros de Sendero Luminoso, otros no.

Nos cuenta del asesinato del dirigente minero Seferino Requis de Cerro de Pasco por Sendero Luminoso, y de dos estudiantes de la Universidad Nacional del Centro, por las fuerzas del orden, ambos hechos ocurridos un 2 de marzo, en 1989.

Al llamarnos la atención sobre las fechas de la violencia, Mauricio Delgado pone en relieve historias locales y concretas que se han ido quedando en el olvido. Es una llamada creativa y apasionante a la sociedad peruana a sacudirse de su letargo, a abrir sus ojos y sus corazones para mirar y contemplar las caras de las personas violentadas durante el conflicto armado interno, a recordar su valentía y la pérdida que representa para sus familiares que aún sobreviven. Es una llamada a la sociedad peruana a escuchar su llanto de dolor, su grito de justicia, su clamor de reparación.

En muchos lugares, es común conmemorar ciertas fechas para afirmar la pertenencia a la nación, tal como es el día de la independencia o el día de la bandera. A través de la conmemoración de las fechas, como nos señala la sociologa argentina Elizabeth Jelin, se activan sentimientos y se interrogan sentidos, se construyen y reconstruyen las memorias del pasado (2). Como en muchos lugares donde hubo terrorismo de Estado, como en Argentina o Chile, donde hubo violencia terrorista y terrorismo del Estado, en el Perú, el sentido del pasado sigue en disputa.

A través de su calendario de la memoria, Mauricio Delgado nos proporciona una herramienta, hermosa y dolorosa a la vez, que nos ayude a reconstruir la historia del horror vivido durante el conflicto armado interno en el Perú. De tal manera nos ayuda a conmemorar a las víctimas y a historizar la violencia del pasado. De tal manera, nos convoca a ir más allá de las fechas conmemorativas de la historia “oficial” y nos invita a recordar a las historias —en plural— de quienes sufrieron en carne propia la violencia, de un lado u otro. Pero no sólo busca rescatar el horror de lo vivido durante la época de violencia política. También rescata historias olvidadas de peruanos y peruanas que resistieron la barbarie, que lucharon para la dignidad humana y a favor de los derechos humanos.

Desde los pobladores de Sacsamarca hasta la dirigenta social y política María Elena Moyano, asesinada un 15 de febrero en el año 1992 por Sendero Luminoso, las historias que Mauricio Delgado pone en relieve nos recuerdan que hubo peruanos y peruanas que lucharon por un país mas justo, no desde las armas sino desde sus espacios locales y con la convicción que el Perú podría ser un país de todos los peruanos y peruanas.

El calendario de la memoria de Mauricio Delgado también nos recuerda que la sociedad entera fue víctima de la violencia política, porque infundió miedo, miedo del otro, miedo del vecino, miedo del que tenía un discurso político. Nos invita a recordar los hechos de violencia en concreto porque importa hacerlo. Como decía el poeta polaco Zbigniew Herbert, “Somos, a pesar de todo, los guardianes de nuestros hermanos y hermanas. La ignorancia sobre quienes desaparecieron socava la realidad del mundo.” Mauricio Delgado, con esta importante obra, nos ayuda a reconstruir la realidad del mundo, partida doblemente, primero por la violencia y luego por el olvido —un día a la vez.

Notas:

(1) “Un día en la memoria”

(2) Elizabeth Jelin, ed. “Introducción,” Las conmemoraciones: Las disputas en las fechas “in- felices” (Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2002).

Publicado por primera vez en NoticiasSER.pe, 2 marzo 2011

Tags mauricio delgado, un dia en la memoria

Trial Reports

Accomarca: una oportunidad histórica para la justicia peruana

Post author By Administrador
Post date January 5, 2011

Por Gloria Cano – Abogada APRODEH

“La población sirve a Sendero para sustentarla… para curar sus heridas… para darle protección y encubrirla… para renovar sus cuadros… la contra subversión debe impedir que la subversión gane a la población… y como lo señala el Operativo Huancayocc, eliminar las zonas rojas”

Declaración de Sinesio Jarama ante el Senado (17/09/1985)

Accomarca, una pequeña comunidad de la provincia de Vilcashuamán, en el departamento de Ayacucho, fue escenario de una de las más cruentas acciones de violencia que asoló nuestro país.

A inicios de los ochenta, Sendero Luminoso se desplazaba por esta zona, amenazando y asesinando a las autoridades y a todo aquel que se le opusiera. Las Fuerzas Armadas, desde su ingreso a las zonas de emergencia ostentando el control político militar, ejecutaron una estrategia de tierra arrasada, sin importar el costo de la vida inocente. Para ello, utilizaron el mismo método que Sendero Luminoso: el terror.

A fines de julio de 1985, el Ejército detuvo a un senderista quien señaló la quebrada de Huancayocc y Llocllapampa como lugares donde se desarrollarían escuelas populares. Así, el comando político militar a cargo del general Wilfredo Mori, elaboró y aprobó el “Plan Huancayocc”. Según éste, las patrullas debían cercar la quebrada y las posibles rutas de salida a fin de acorralar, perseguir y eliminar a los presuntos subversivos que se encontraban en la zona.

En la reunión de coordinación realizada entre el jefe de la base militar de Vilcashuamán, Capitán Helber Gálvez, el Coronel José Williams Zapata, el sub teniente Telmo Hurtado, el teniente Juan Rivera Rondón y el coordinador del operativo, el oficial Carlos Medina Delgado se estableció que toda aquella persona que se encontrara dentro del radio cercado, debía ser considerada terrorista comunista. Evidentemente esta acción, lejos de proteger a la comunidad, buscaba castigarla.

En las primeras horas del 14 de agosto de 1985, las patrullas militares cercaron la zona de acuerdo al plan, llamaron a asamblea a los pobladores, quienes temerosos asistieron al llamado. Otros optaron por esconderse dentro de la quebrada, para entonces, se conocía de otras masacres en Ayacucho. Esta vez el presagio se tornó realidad: Accomarca se tiñó de la sangre de 69 personas, la mayoría niños (30), mujeres (27) y ancianos. Las mujeres fueron separadas y violadas antes de ser eliminadas. Las víctimas fueron encerradas en una choza, ejecutadas con disparos de ametralladoras, luego, se les arrojó una granada que luego de explotar ocasionó un incendio.

Quienes salvaron de morir esperaron que las patrullas se alejaran para acudir en ayuda de las víctimas. Sólo encontraron cuerpos quemados y destrozados, los cubrieron con tierra para evitar su desaparición. Sabían que, desde ese momento, corrían peligro. No se equivocaron. Algunos testigos fueron asesinados tras denunciar lo ocurrido.

Ya hubieran querido los asesinos acallar estos terribles hechos. No lo lograron. Por más de dos décadas, la memoria de lo ocurrido mantuvo unidos a los familiares y a la comunidad de Accomarca. Con el mismo dolor y coraje, resguardaron los cuerpos y el testimonio de los que aún quedaban con vida.

Hoy, veinticinco años después de aquel terrible crimen, las familias pueden ver cara a cara a quienes ordenaron y ejecutaron las muertes de sus seres queridos. Hoy, los responsables se encuentran en el banquillo de los acusados. La fiscalía ha solicitado para ellos una pena de veinticinco años de prisión.

Pero todos preguntamos: ¿Por qué Telmo Hurtado y Castañeda Castillo no están junto al resto de acusados?

Hurtado y Castañeda, al igual que Rivera Rondón, ingresaron con mentiras a Estados Unidos y se refugiaron en dicho país tratando de evadir a la justicia. Rivera Rondón fue deportado por las autoridades norteamericanas. La extradición de Castañeda Castillo es tramitada, en forma parsimoniosa, por las autoridades peruanas. Telmo Hurtado ha agotado sin éxito, las vías legales para evitar la extradición. Sin embargo, aún no es traído al Perú. Lo real es que el gobierno no pone ningún interés en agilizar los trámites pendientes.

Apenas ocurrida la masacre, los accomarquinos decidieron enfrentar, a pesar del riesgo, la búsqueda de justicia. La primera respuesta del Poder Judicial fue la abdicación de su función a favor del fuero militar, a sabiendas que sólo encubrirían a los responsables. En efecto: Telmo Hurtado fue absuelto del delito de homicidio, luego ascendido. Pese a su confesión, no hubo castigo. ¿Por qué habría de serlo? Lo ejecutado en la quebrada estaba de acuerdo al plan aprobado.

Las reaperturas de casos de violación a los derechos humanos ofrecen una nueva oportunidad al Poder Judicial de dar una respuesta a la población y a la historia. El juicio iniciado hace pocas semanas por el caso Accomarca, debe desarrollarse con las garantías para que sea transparente y objetivo. La sanción debe alcanzar no sólo al ejecutor del disparo, sino también a quien elaboró, aprobó y coordinó el plan, a quienes protegieron a los asesinos; de igual modo, deben darse medidas de reparación individual y comunal. Después de veinticinco años, la violencia, el abuso y la indiferencia no deben quedar impunes.

Publicado por primera vez en NoticiasSER.pe, 5 enero 2011

Tags Ayacucho, Caso Accomarca, juicio, Telmo Hurtado

Trial Reports

La justicia denegada, otra vez

Post author By Jo-Marie Burt
Post date December 1, 2010

Por Jo-Marie Burt

Hace mes y medio, el movimiento de derechos humanos celebró un importante triunfo. Frente al Decreto Ley 1097 impuesto por el gobierno de Alan García, que no fue otra cosa que una ley de amnistía encubierta para consagrar—nuevamente—la impunidad en el Perú, la sociedad civil, así como la comunidad internacional, se movilizó en rechazo de dicha medida. Su movilización y la razonada denuncia del Decreto Ley que levantó la sociedad civil captó la atención de Mario Vargas Llosa. En una carta al Presidente García, en la cual anunció su resignación como presidente de la Comisión Encargada del Lugar de la Memoria, hizo eco a esas denuncias: el Decreto Ley constituía “una triquiñuela jurídica”, decía, cuya propósito era abrir “la puerta falsa de las cárceles a quienes, en el marco de esa funesta rebelión de fanáticos, cometieron también delitos horrendos y contribuyeron a sembrar de odio, sangre y sufrimiento a la sociedad peruana”. Pocas horas después de la publicación de la carta del novelista, García revocó el Decreto Ley 1097.

El movimiento de derechos humanos aplaudió la revocación de la ley, y supuestamente la búsqueda de verdad y justicia seguía su curso. ¡Victoria! Pero, a mes y medio de haber derrotado este último intento de imponer el olvido, tenemos la sentencia por el caso Parcco- Pomatambo, una ejecución extrajudicial cometido en 1986 contra 12 autoridades y pobladores civiles, incluyendo ancianos y ninõs. La sentencia, emitida el lunes de la semana pasada, absuelve a cuatro de los imputados, incluyendo Carlos Bardales Angulo, quien, como explica Gloria Cano, ya sido exculpado por la misma Sala en dos otros procesos (1). La Sala mantuvo en reserva la sentencia contra dos otros imputados, que actualmente se encuentran fugitivos; uno, el teniente Dante Rematal Guerra, quien dirigió la patrulla que cometió la masacre y quien es sindicado como el principal responsable de la matanza, estaría en

Estados Unidos; otro estaría escondido en la sierra del Perú. Lo que llama la atención es que, más allá de la comunidad de derechos humanos, no ha recibido mayor comentario la sentencia. La invisibilidad de los juicios que comentamos en esta columna hace unos meses atrás sigue en pie.

Estuve en la sala el día de la lectura de sentencia. La sala estaba llena, muchas personas tuvimos que estar paradas durante las dos horas que duró la lectura de la sentencia (después de haber esperado más de una hora para que comenzara). Estaban presente familiares del caso, quienes han estado siguiendo el juicio desde cerca desde que inició hace más de un año atrás. Estaban presente también varias señoras de la asociación más antigua de familiares en el Perú, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos (ANFASEP), incluyendo Angélica Mendoza, mas conocida como la Mamá Angélica, quienes viajaron a Lima desde Ayacucho y estuvieron en la audiencia para mostrar su solidaridad con los familiares de Parcco-Pomatambo. Y había familiares de los militares procesados, junto con algunos militares que asistieron al juicio para demostrar su solidaridad con sus compañeros en armas. Finalmente habían también varios observadores interesados, cómo yo, en saber cual sería el resultado final de este juicio.

Al final de la lectura de la sentencia muchos quedaron sorprendidos por la absolución de los cuatro imputados a pesar de que la Sala dijo que quedó demostrado de que las fuerzas del orden habían cometido la masacre de Parcco-Pomatambo. “Claro,” escuché decir un hombre de unos 45 años, “nos quieren hacer creer que se mataron solos”. También varios comentaron con azoramiento que la Sala hiciera referencia a la masacre de Parcco-Pomatambo como “un exceso”. Efectivamente, la sentencia exhorta al Ministerio Público a ampliar su investigación para encontrar los nombres de todos los miembros de la patrulla que participó en la masacre de Parcco-Pomatambo para así encontrar y luego procesar a los autores materiales.

Hay un pequeño problema con eso. Se sabe desde hace mucho tiempo que las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa rehúsan entregar información al Ministerio Público para poder identificar los efectivos militares responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante la época de la violencia política. ¿Por qué no ir directamente al grano, y exhortar al Ejecutivo, o al Ministerio de Defensa, de entregar de inmediato tal información, para poder esclarecer la situación?

Hay un segundo problema: Al no considerar el contexto más amplio, en donde este tipo de operativo frecuentemente terminaba en masacres indiscriminadas contra la población civil, la mirada de los magistrados enfoca exclusivamente en los autores materiales. Desde los tiempos de Nuremberg el derecho internacional ha ido evolucionando para poder enfrentar crímenes complejos cómo este para responsabilizar no sólo a los autores materiales, quienes muchas veces no tienen poder de decisión alguna, sino también a los autores intelectuales. Si los jueces de la Sala Penal Especial dirigido por el magistrado César San Martin hubiesen tenido el mismo enfoque, entonces hoy en día Alberto Fujimori no estaría preso por su rol como autor mediato de los crímenes cometidos por el Grupo Colina. Asimismo, la Primera Sala Penal Especial presidida por la magistrada Inés Villa Bonilla no hubiera condenado el mes pasado ni a Vladimiro Montesinos ni a Nicolás Bari Hermoza por la masacre de Barrios Altos y las desapariciones de Santa y Pedro Yauri. A lo más hubieran condenado a Santiago Martin Rivas y Jesús Saavedra Sosa cómo autores materiales.

Al considerar la masacre de Parcco-Pomatambo como un mero exceso, los jueces pierden de vista el contexto mayor en el cual actuaba las fuerzas del orden en el marco de la estrategia antisubversiva. Vale la pena recordar lo dicho por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) sobre el caso Parcco-Pomatambo, uno de los 48 casos que recomendó para ser judicializado:

“La Comisión de la Verdad y Reconciliación, concluye que las violaciones de los derechos humanos antes reseñadas, fueron llevadas a cabo a través de una aparato organizado de poder estructurado sobre la organización militar del puesto de comando de Cangallo. Vale decir que se implementó una estrategia antisubversiva al margen de la ley.”

Para que queda claro, la CVR afirma que la masacre de Parcco-Pomatambo no fue meramente un “exceso” causado por un soldado demente. Según la CVR, nuevamente:

“La Comisión de la Verdad y Reconciliación deplora profundamente que integrantes de las fuerzas del orden hayan violado flagrantemente los derechos de los ciudadanos de Pomatambo y Parcco Alto, desdeñando su función de proteger a la sociedad y el Estado. Además, lamenta corroborar que tales delitos y violaciones de los derechos humanos fueron realizados siguiendo un patrón de conducta diseñado para combatir, de forma ilegal e inconstitucional, la subversión”.

Y, para que no nos olvidemos que la impunidad no es ni puede ser nunca obra únicamente de las Fuerzas Armadas sino de otros poderes del Estado que encubren los delitos y buscan formas de consagrar la impunidad:

“La Comisión de la Verdad y Reconciliación también expresa su malestar por la errática actuación del Congreso de la República, la Justicia común y la militar, la cual permitió que los perpetradores de los crímenes quedaran en la impunidad” (2).

Vale la pena preguntarnos hoy qué está pasando con las resoluciones judiciales en casos de graves violaciones a los derechos humanos. Mirando solamente a la Sala Penal Nacional — entidad creada después de la emisión del Informe Final de la CVR para ver casos de violaciones a los derechos humanos— podemos identificar tendencias preocupantes. Desde que la Sala Penal Nacional va emitiendo sentencias en casos de violaciones de derechos humanos, en 2005, encontramos que de un total de 19 sentencias por casos de violaciones a los derechos humanos contra agentes del Estado, sólo en 7 casos hay por lo menos un agente del Estado condenado, mientras en 11 todos los imputados han sido absueltos. En términos de los procesados, de un total de 87 procesados, la Sala Penal Nacional ha encontrado a sólo 15 culpables y 66 han sido absueltos (6 son reos ausentes). Si estudiamos con mayor detenimiento las tendencias, encontramos que durante 2005 y 2007, la Sala Penal Nacional encontró culpable a 10 agentes del Estado, mientras durante 2008 y 2010, sólo han encontrado culpable a 5. A cambio, durante 2005 y 2007 la Sala absolvió a 24 agentes del Estado, mientras absolvió a 42 durante 2008 y 2010. La tendencia está clara: entre 2008 y 2010, la Sala ha absuelto ocho veces más personas que ha condenado. (3) Si incorporáramos las sentencias de otras salas (incluyendo las salas que condenaron a Fujimori y a miembros del Grupo Colina), la tendencia varía un poco, pero igual sigue siendo favorable a la absolución: De 2005 a 2010, se ha emitido 23 sentencias por casos de violación a los derechos humanos, en las cuales se ha condenado un total de 40 agentes del Estado, mientras 84 han sido absueltos. Entre 2008 a 2010, se ha condenado a 30 (25 de ellos del Grupo Colina y uno de ellos Fujimori) y absuelto a 60. Si bien la proporción cambia (se absuelven dos veces mas personas que se condenan), la tendencia sigue siendo muy favorable a la absolución de los agentes del Estado acusados de ser responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

Claro está, un estudio de mayor profundidad es necesario para entender mejor las razones por las tendencias observadas. Podría ser, como aducen los jueces, que el Ministerio Público simplemente no ha demostrado la responsabilidad penal de los procesados en estos casos. Sería entonces un déficit de la capacidad de los fiscales, o la misma complejidad de casos cómo estos, que explicaría la tendencia a absolver. Si bien este último punto es cierto, tal vez un dato comparativo podría ayudarnos a ver que no tendría porque ser determinante. Si miramos la experiencia de un país vecino, Argentina, donde también se está procesando a agentes del Estado por su rol en graves violaciones a los derechos humanos, observamos una tendencia absolutamente distinta: desde que el proceso de judicialización volvió a comenzar en Argentina en 2005, luego de que la Corte Suprema declaró las leyes de amnistía inconstitucionales, han sido condenados 100 agentes del Estado; sólo 8 han sido absueltos.

En el Perú estamos frente a una encrucijada con respecto a la judicialización. Si bien el Decreto Ley 1097 fue derrotado, existe otros mecanismos que están logrando el mismo fin: la impunidad.

Notas:

(1) Gloria Cano, “Asesinando la verdad” (23 de noviembre) (^^^)

(2) Todas las citas provienen del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Tomo VII, Capítulo 2, “Los casos investigados por la CVR,” (2.23), p. 254 (^^^)

(3) Datos provienen de una investigación en curso dirigida por la autora. Los datos provienen de diversas fuentes, incluyendo fallos judiciales, informantes calificados involucrados en los procesos judiciales, y prensa (^^^)

Publicado por primera vez en NoticiasSER.pe, 1 diciembre 2010

Tags ANFASEP, cvr, impunidad, Parcco Pomatambo

Trial Reports

Análisis preliminar de juicios por derechos humanos en el Perú

Post author By Jo-Marie Burt
Post date October 29, 2010

Análisis de las sentencias emitidas por el Poder Judicial en Juicios por Derechos Humanos en el Perú

Por Jo-Marie Burt

En términos de casos de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno que involucren a agentes del Estado, la base de datos confirma que entre 2005 y 2010 han habido 25 sentencias. (1)

Si analizamos las sentencias emitidas a nivel nacional por casos de derechos humanos, podemos apreciar que hay un alto número de absueltos (85) en relación a los imputados que son encontrados culpables (58). Hay además un elevado número de reos ausentes (11). Si analizamos solamente a las sentencias de la Sala Penal Nacional —entidad creada después de la emisión del Informe Final de la CVR especialmente para ver casos de violaciones a los derechos humanos— podemos identificar tendencias preocupantes. (2)

Desde que la Sala Penal Nacional va emitiendo sentencias en casos de violaciones de derechos humanos, en 2005, encontramos que de un total de 19 sentencias por casos de violaciones a los derechos humanos contra agentes del Estado, la Sala condenó por lo menos un agente del Estado en 9 casos, mientras en 10 casos, todos los imputados han sido absueltos. En términos de los procesados, de un total de 89 imputados, la Sala Penal Nacional ha encontrado a sólo 16 culpables y 66 han sido absueltos (7 son reos ausentes). Si estudiamos con mayor detenimiento las tendencias, encontramos que durante 2005 y 2007, la Sala Penal Nacional encontró culpable a 10 agentes del Estado, mientras durante 2008 y 2010, sólo han encontrado culpable a 6. A cambio, durante 2005 y 2007 la Sala absolvió a 24 agentes del Estado, mientras absolvió a 42 durante 2008 y 2010. La tendencia está clara: entre 2008 y 2010, la Sala ha absuelto siete veces más personas que ha condenado. (3)

Si incorporáramos las sentencias de otras salas (incluyendo las salas que condenaron a Fujimori y a miembros del Grupo Colina), la tendencia varía un poco, pero igual sigue siendo favorable a la absolución: De 2005 a 2010, el Poder Judicial ha emitido 25 sentencias por casos de violación a los derechos humanos, en las cuales se ha condenado un total de 48 agentes del Estado, mientras 85 han sido absueltos.(4) Entre 2008 a 2010, se ha condenado a 38 (19 de ellos del Grupo Colina y uno de ellos Fujimori) y absuelto a 61. Si bien la proporción cambia (en gran parte por a la sentencia de Barrios Altos), la tendencia sigue siendo muy favorable a la absolución de los agentes del Estado acusados de ser responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

Notas

(1) Un caso involucra a miembros de comités de autodefensa civil (Delta Pichanaki) que si bien estuiveron bajo el control legal de las fuerzas armadas no son agentes del Estado propiamente dicho. (^^^)

(2) La Sala Penal Nacional fue creado como parte de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) para procesar casos de violaciones a los derechos humanos.

En los últimos años, se ha ido ampliando el mandato de la Sala para incluir otros delitos, incluyendo el lavado de dinero, narcotrafico, secuestro, y libertad de expresión, lo cual ha ido diluyendo su especialización en derechos humanos. (^^^)

(3) Datos provienen de la investigación llevada acabo por el Proyecto Juicios por Derechos Humanos en el Perú, dirigida por la autora. Las fuentes de los datos son diversas, e incluyen fallos judiciales, operadores judiciales, abogados de derechos humanos, y prensa. (^^^)

(4) No incluimos los 10 campesinos pertenecientes a los comités de autodefensa civil condenados en el caso Delta Pichanaki. (^^^)

Enlace a las estadísticas sobre los juicios de derechos humanos.

Tags derechos humanos, juicios, poder judicial, sentencuas

Trial Reports

Still waiting

Post author By Administrador
Post date October 12, 2010

Waiting for justice." The four defendants and relatives of the victims await the judges © Emilio Salcedo

By Jo-Marie Burt

In a recent article published in E-Misférica by the Hemispheric Institute of Performance and Politics the author describes the long struggle for justice by victim families who have been waiting to see the perpetrators of human rights violations stand trial.

1

“Waiting for justice.” The four defendants and relatives of the victims await the judges
© Emilio SalcedoOn a warm spring afternoon in Lima this past November, several people stood vigil outside the National Criminal Court in the hours before the verdict in the Parcco-Pomatambo case was to be handed down.1 At the center of the vigil was an old-fashioned scale, adorned in pink roses, with candles lit all around. Several women sat nearby, all wearing the photographs of their relatives —the victims in the Parcco-Pomatambo case— around their necks. A small sign on the ground read: “The relatives of Parcco-Pomatambo are waiting for a just verdict.”

They have been waiting 24 years.

In 1986, an army patrol on a counterinsurgency mission executed twelve members of the neighboring communities of Parcco and Pomatambo, high in the Andean mountains of Ayacucho, the epicenter of the conflict between Shining Path insurgents and the Peruvian state. According to the Peruvian Truth and Reconciliation Commission (CVR), after the massacre, the commanding officer flew by helicopter to the scene and ordered the soldiers to destroy the evidence. The bodies were dismembered, burned, and thrown into a ravine. The soldiers did not do this undercover, but in full view of several eyewitnesses. After an investigation by journalist Gustavo Gorriti and photographer Oscar Mendrano, the army admitted to the killings in a communiqué, but claimed the victims were all members of Shining Path. Among the dead were an elderly couple in their 80s and two children, ages six and twelve.

Among the relatives of the victims present at the vigil was Irene Ramírez Buitrón, who lost her elderly parents, a brother, and her niece and nephew. I first heard her speak publicly about the massacre at an event she and the relatives’ association organized last August in anticipation of the verdict. She spoke assuredly, the fear she felt over the years muted by her faith that justice was at last going to be done. She described the massacre and its aftermath, how the case had been closed by an unresponsive, perhaps complicit judicial system, how she and the other relatives spent many years feeling hopeless and isolated. The creation of the CVR in 2001, she said, had restored their hope that truth and justice might prevail, and indeed, the CVR included the Parcco-Pomatambo case as one of the 48 “emblematic” cases it recommended to be prosecuted by legal authorities. Following the presentations, members of the relatives association performed a traditional dance and staged a sort of morality play imploring their fellow citizens to empathize with their search for justice. Closing the event, six young children wearing white ponchos paraded across the stage carrying small signs. The signs read:

!Never Again

Children Orphaned

Parents Murdered!

They were the grandchildren of the victims of the Parcco-Pomatambo massacre.

2

Justice in the balance. A vigil before the final verdict
© Kristel Best UrdayThe calm of the candlelit vigil was interrupted when a group of army veterans, including some in wheelchairs, arrived on the scene. Just a few feet away from where the vigil was taking place, they unfurled a banner with images of several national heroes, foregrounded by the words “God” and “Country.” The banner read:

Heroes who defended the nation.
The ‘General Juan Velasco Alvarado’ Housing Association of Disabled Members of the Armed Forces of Peru demand: respect for handicapped personnel who fought for peace, democracy and the highest interests of Peru.

Kristel Best Urday, a Peruvian masters degree student at Universidad de la Plata in Argentina who is writing her thesis about the Parcco-Pomatambo case, noted that the veterans organization present at the vigil had not assisted any of the courtroom hearings that had taken place over the previous year. Yet at the vigil, their attitude was intimidating, and the intended effect was achieved. “The family members felt threatened by their presence,” Best Urday said, “but they remained calm and did not engage or respond to them in any way.” One of my colleagues, who was photographing the event, says one of the veterans approached him and a colleague. “So,” he said, with an air of disregard, “these are the family members of the terrorists.”

The hearing was scheduled to begin at 4:00 p.m. Eventually everyone made their way into the waiting room. There were more than one hundred people, a mix of relatives of the victims, human rights activists, relatives of the defendants, and the veterans, all anxious to ensure they were admitted. The courtroom guards warned that only 45 seats were available and no one would be allowed to stand. This generated a great deal of anxiety, compounded by the rarified ambiance generated by the hostile attitude of the veterans, who insisted that the handicapped veterans should be allowed to enter the gallery first otherwise it would amount to discrimination against the handicapped. The lawyer for the victims intervened, entreating the courtroom guard to allow the relatives of the victims, along with the elderly, to enter first. In the end, extra chairs were brought in, people were allowed to stand in the back of the room, and the relatives and elderly were escorted in first. Still, the tension in the room was palpable, even more so as family members of the victims came face to face with the family members of the four military officers on trial for the murder of their loved ones.

I have observed similar scenarios at other trials in Peru. The week before, I had attended the opening hearing for the Accomarca case—a case involving the massacre of 69 peasants by an army patrol in 1985. Several retired military commandos showed up to observe the trial, dressed in black and wearing the black berets that identify them as special forces members. Also present were retired generals dressed in business suits who were there to display their solidarity with other generals on trial in this case. Similarly, at the trial for the Barrios Altos massacre, in which 32 ex-army officers and personnel were being prosecuted for their involvement in the Colina Group death squad, retired generals would appear in the public gallery especially when the hearing pertained to other retired generals; soldiers of lesser rank did not usually merit the same attention and solidarity.

Since the first sentence was handed down by the National Criminal Court against a member of the Peruvian armed forces for human rights violations in 2007, there has been growing unrest within the Peruvian armed forces.2 State prosecutors and judges report having received “visits” expressing the military’s concerns over trials.3 An executive decree amounting to a “full stop”-style amnesty law was passed in September, but it was ultimately revoked due to intense domestic and international pressure. Then there are the public declarations of defense ministers, army generals, the vice president, and even on occasion President Alan García, accusing human rights organizations who represent the victims in these cases of “persecuting” the armed forces who “saved” Peru from terrorism. In December 2010, Vice-President (and retired navy admiral) Luis Giampetri accused two leading human rights groups of being front groups for terrorism. Not coincidentally, these groups represent the victims in the Frontón prison massacre, for which Giampetri could potentially be indicted in the not-too-near future. Some say this could also be the fate of Alan García once he steps down as president on 28 July 2011.

3

Lighting the way for justice. Irene Ramírez Buitrón, right
© Kristel Best UrdayThe judges entered the courtroom at around 5:00 p.m. The verdict was read aloud in a courtroom filled to capacity, many of us standing uncomfortably in the back of the room. The verdict was difficult to follow but by the end everyone in the room understood that the Court had acquitted all four defendants in the room. The Court urged the Public Ministry to redouble its efforts to locate the two defendants who remained at large, including Jesús Retamal Guerra, the commander of the patrol that committed the massacre, who is reportedly living in the United States. This did not allay the indignation felt by the relatives in the room. “Sure,” I heard one man mutter under his breath, “they want us to believe that they killed themselves.”

The judges noted it had been proven that the twelve victims had not been killed as the result of a confrontation, as the army had originally claimed. But they hastened to add that the killings were the “product of an excess” on the part of the armed forces. Yet the CVR specifically states that the armed forces engaged in systematic violations of human rights in certain times and in certain places. Ayacucho in 1986? Pretty safe to say that was one of those places and times.4

The Court urged the Public Ministry to identify the members of the army patrol who were the material authors of the massacre. They did not address the fact that the Defense Ministry has systematically denied providing such information in other criminal proceedings. They did not seem to consider relevant the question of command responsibility, which has proven central in many international courts to holding accountable not just the material authors of human rights crimes but also those who order them or who fail to use their power to prevent them. The verdict in the Parcco-Pomatambo case is, unfortunately, just one in a series that have been questioned by human rights activists and lawyers. An analysis of sentencing patterns of the National Criminal Court in recent years reveals a remarkable trend in favor of acquitting defendants.5

4

God and Country © Erick RamosThe CVR opened political space in a way that was unimaginable in Peru a decade ago. Relatives’ associations have become especially active, demanding justice and reparations and organizing vigils and other events to evoke the memory of their missing loved ones. But as the Parcco-Pomatambo case shows, the central goals of truth, justice, and reparations remain an unfulfilled promise in post-CVR Peru. The relatives in the Parcco-Pomatambo case say they will appeal the ruling. Their thirst for justice remains strong, unquenched.

They are still waiting.

Jo-Marie Burt is Associate Professor of Political Science at George Mason University and Senior Fellow at the Washington Office on Latin America (WOLA). She is currently researching efforts to prosecute human rights violations committed in the context of Peru’s internal armed conflict, and is writing a book on the trial and conviction of former president Alberto Fujimori for human rights violations. She is author of Silencing Civil Society: Political Violence and the Authoritarian State in Peru (2007), which was published in Spanish as Violencia y Autoritarismo en el Perú: Bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori (2009), and is co-editor of Politics in the Andes: Identity, Conflict, Reform (2004).

Notes

1 The National Criminal Court is a specialized tribunal established in 2005 upon recommendation of the Peruvian Truth and Reconciliation Commission to prosecute cases of human rights violations. In recent years its mandate has expanded to include other types of crimes, including drug trafficking, organized crime, money laundering, and kidnapping, thus diffusing the specialized focus of the Court. (^^^)

2 The first sentence handed down in the aftermath of the Truth and Reconciliation process was in 2006 in the case of the disappearance of university student Ernesto Castillo Páez, but the defendants were members of the National Police. (^^^)

3 Interviews conducted in Lima and Ayacucho by the author. (^^^)

4 As stated by the CVR in its report on Parcco-Pomatambo: “The Truth and Reconciliation Commission concludes that the human rights violations described above were carried out by an organized power apparatus structured on the military organization of the command post of Cangallo. In other words, a counter-subversive strategy was implemented that violated the law.” Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Tomo VII, Capítulo 2.23, “Las ejecuciones extrajudiciales de Pomatambo y Parcco Alto (1986),” (2003), 254. (^^^)

5 Since 2008, the National Criminal Court has ruled in twelve cases of human rights violations committed during Peru’s internal conflict. In only four cases the Court has found at least one defendant guilty. In total, in the past three years, only six state agents have been convicted by the National Criminal Court, while 42 have been acquitted. While more state agents were acquitted than convicted in the 2005-2007 period (10 convicted, 24 acquitted), the ratio since 2008 favoring acquittal has increased exponentially. Data on file with the author as part of research project on criminal trials for human rights violations during Peru’s internal armed conflict. See also Jo-Marie Burt, “La justicia denegada, una vez más,” NoticiasSER, December 1 2010. (^^^)

… … ..
Enlace original

Tags familiares, impunidad, juicios

Trial Reports

Amnesty by decree?

Post author By Jo-Marie Burt
Post date September 8, 2010

A Just the Facts podcast on Peruvian society dealing with past mass atrocities featuring an interview with Latin America scholar and Peru expert, Jo-Marie Burt. [More]

Tags impunidad, juicios, Peu, podcast

Trial Reports

El largo camino a la justicia y reparación

Post author By Jo-Marie Burt
Post date August 25, 2010

Por Jo-Marie Burt

Pensé escribir esta columna sobre los terribles reveses que ha sufrido el proceso pos-CVR. Pensé escribir sobre la rearticulación de un sector muy conservador, quasi fascista, que rehúsa reconocer el rol de las Fuerzas Armadas en las violaciones a los derechos humanos, que insiste en repetir el discurso oficial asentado en la época de Alberto Fujimori de que Sendero Luminoso y el MRTA son responsables de todos los muertos durante la época de la violencia política. Pensé escribir sobre cómo el proceso de judicialización sigue estancado y que las exhumaciones no avanzan, que el Concejo de Reparaciones, a pesar de haber registrado a casi 77.000 víctimas, no ha entregado hasta el momento ninguna reparación individual.

Es verdad que hay sectores de poder que no quieren aceptar el Informe Final de la CVR, y que acusan a ésta de haber sido copado por sectores de la izquierda “caviar”, incluso hay algunos que dicen que la CVR fue creación de Sendero Luminoso. Es verdad que hay sectores que sólo reconocen los delitos cometidos por Sendero Luminoso y el MRTA, que rehúsan aceptar de que las fuerzas del orden cometieron también graves violaciones a los derechos humanos, que a lo más aceptan que hubieron ciertos “excesos” y que, claro, en toda guerra se cometen excesos, ¿no es cierto?

Pero también es verdad que a pesar de ello, a pesar de la fuerza de las tesis negacionistas, a pesar de las trabas en la búsqueda de verdad y justicia, ahí están los sobrevivientes de la violencia, los familiares de las víctimas, personas y organizaciones desde la sociedad civil e incluso desde ciertos sectores del Estado que se sienten comprometidos con esta búsqueda. Todos ellos están ahí, día tras día, mes tras mes, año tras año, caminando juntos. No con rencor y odio. Sino con esperanza en la posibilidad de alcanzar, a pesar de los años, la verdad y la justicia para sus seres queridos. No con un sentido de venganza. Sino con la convicción de que como ciudadanos les corresponde el derecho a la verdad, el derecho de la justicia, el derecho que sean reparados por el grave daño cometido a ellos y a sus seres queridos.

Eso lo sentí con mucha fuerza anoche cuando participé en una reunión organizada por la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) sobre el caso de la masacre de Parcco- Pomatambo. (1) El panel contó con la participación de Irene Ramírez Buitrón, cuyo padre fue uno de las doce personas que fueron brutalmente asesinadas y sus cuerpos mutilados y calcinados por efectivos del Ejército en octubre de 1986. Antes de las presentaciones formales, los mismos familiares del caso presentaron espectáculos muy alegres de canto y baile. Seguidamente seis niños y niñas subieron al estrado. Cada niño tenía puesto un poncho blanco y cargaba un cartel que decía “Nunca más niños huérfanos, Nunca más padres asesinados.” Los niños eran los nietos y bisnietos de las víctimas de Parcco-Pomatambo. Su presencia causó gran impacto en los participantes del evento. Hacía más viva la noción de que el acto de recordar, de promover la memoria, involucra no sólo hechos del pasado sino también el futuro.

Luego comenzaron las presentaciones formales. Irene Ramírez Buitrón nos contó sobre cómo había sucedido la masacre, y luego sobre el largo camino que ella, junto con los demás familiares de las víctimas, han realizado para encontrar verdad y justicia. Nos contó cómo denunciaron los hechos a la prensa, que intentó investigar yendo al lugar de los hechos, pero su ingreso a la zona fue impedido por las Fuerzas Armadas. (2) Sin embargo la prensa reportó sobre la masacre, que causó mucha consternación tanto por cómo los mataron, como por el hecho de que entre las víctimas se encontraban ancianos y niños. Pero, como fue común en esa época, el fuero militar archivó el caso y se quedó en la impunidad por muchos años.

Como explica la señora Ramírez Buitrón, la apertura de la CVR les devolvió la esperanza a los familiares del caso de poder alcanzar verdad y justicia. La CVR investigó el caso, y recomendó su judicialización (3). Años después, el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF) realizó la exhumación de los cuerpos y logró determinar la identidad de cuatro de las víctimas. (4) Ahora, luego de 24 largos años, el caso está en pleno juicio oral. (5) Se espera sentencia en los próximos meses.

Sabemos que el proceso de judicialización está en crisis. Sabemos que las últimas sentencias han sido muy cuestionados por los organismos de derechos humanos por utilizar criterios lejanos del derecho penal internacional e incluso de jurisprudencia ya sentada en el Perú. Pero a pesar de las trabas y los nudos, las negaciones y las amenazas, los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de la violencia nos llaman a seguir acompañándoles en este camino que se está haciendo al andar, con altas y bajas, pero con la mirada fija en el objetivo de alcanzar verdad y justicia en el Perú. La búsqueda de verdad y justicia no es solamente sobre quienes murieron. Es también sobre quienes sobrevivieron, sobre las nuevas generaciones. Finalmente, es sobre qué tipo de sociedad queremos construir a futuro: ¿una sociedad basada en el olvido y la impunidad? ¿O una sociedad que asume la difícil tarea de enfrentar el pasado para crear un futuro distinto?

Como dijo Irene Ramírez Buitrón anoche, en respuesta a mi pregunta sobre por qué era importante la justicia, “Queremos que no vuelvan a matar. Por eso es nuestra lucha. Mientras no haya justicia, no haya reparación, volverá, repetirá. Queremos que no vuelva esa crueldad. Por eso buscamos justicia.”

Notas:

(1) CEAS, junto con COMISEDH, representan a los familiares del caso. (^^^)

(2) Gustavo Gorriti, “Memorias de Pomatambo,” Caretas 2130 (20 de mayo de 2010) [1] (^^^)

(3) Comisión de la Verdad y Reconciliación, Informe Final, Tomo VII, Capítulo 2.23, “Las ejecuciones extrajudiciales de Pomatambo y Parcco Alto (1986), (Lima; CVR, 2003) (^^^)

(4) EPAF, “Restos calcinados eran de campesinos de Parcco y Pomatambo,” 12 de junio de 2010 [2] (^^^)

(5) COMISEDH, “Sala Penal inicia juicio oral por caso Parcco-Pomatambo,” Nota de prensa, 22 de agosto de 2009 (enlace retirado del sitio original)

Enlaces:

[1] Enlace original / Enlace en nuestro sitio

[2] Enlace original / Enlace en nuestro sitio

Publicado por primera vez en NoticiasSER.pe, 25 agosto /2010

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Trial Reports

Los juicios invisibles

Post author By Jo-Marie Burt
Post date August 4, 2010

Por Jo-Marie Burt

En Argentina, periodistas y estudiantes han venido siguiendo de cerca los juicios contra ex militares y policías acusados de haber cometido u ordenado graves violaciones de los derechos humanos durante la última dictadura argentina (1976-83). En un artículo periodístico, Página 12 reporta sobre los efectos de seguir de cerca los juicios: escuchar a diario los testimonios de horror de los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, donde se practicaba diversas formas de tortura de manera usual y siniestro, y que muchas veces terminaba con la desaparición forzada del detenido o la detenida, y de los mismos perpetradores acusados de ordenar o llevar acabo los crímenes. (1)

El periodista explica cómo quienes observan los juicios, así como quienes participan activamente en ellos como testigo/as, abogado/as, fiscales, etcétera, enfrentan a diario la necesidad de procesar el horror vivido por las víctimas y llevado a cabo por los perpetradores. No es menos difícil escuchar sobre la banalidad de los motivos de los perpetradores, por ejemplo cuando un perpetrador menciona casualmente que participó en las actividades de un escuadrón de muerte porque le prometían mayores beneficios económicos o laborales.

El punto mayor es que el proceso de judicialización en Argentina es registrado, investigado y seguido de cerca por la prensa, por el mundo académico, por grupos de la sociedad civil, por el público en general. En el Perú es todo lo contrario: los juicios contra quienes violaron los derechos humanos durante la época de la violencia política en el Perú reciben muy poca atención.

Claro, el juicio contra Alberto Fujimori por graves violaciones a los derechos humanos recibió amplia cobertura durante los 14 meses que la Sala Penal Especial estuvo en sesión hasta que finalmente lo halló culpable en abril de 2009 sentenciándolo a 25 años de prisión. Ello respondió al hecho concreto de que no es común que se juzgue a un ex-presidente.

Pero otros procesos judiciales de casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por miembros de las fuerzas del orden han recibido una cobertura periodística mínima. Si no fuera por las rabietas del ministro Rey, el tema sería casi imperceptible en los medios de comunicación, con muy pocas excepciones.

Como parte de una investigación que estoy dirigiendo sobre el proceso de judicialización de casos de graves violaciones a los derechos humanos en el Perú, estamos intentando registrar el universo de casos actuales en el Perú. Según el Ministerio Público, hay 1,626 denuncias de graves de violaciones a los derechos humanos cometidos durante el período de violencia política en el Perú. De ellos, unos 900 casos habrían sido archivados presuntamente porque se carece de información sobre los perpetradores (información que debería tener el Ministerio de Defensa y que se rehúsa a entregar a las autoridades judiciales). Unos 20 casos han sido enjuiciados y tienen sentencia, la mayoría de ellas absolutorias, como el jefe del área legal del Instituto de Defensa Legal Carlos Rivera ha señalado recientemente (2). Existen varias decenas de casos en diferentes etapas del proceso legal, pero la gran mayoría están en la etapa preliminar de investigación, lo cual significa que siguen en el Ministerio Público sin formalizarse una acusación.

Llama la atención cuán poco sabemos sobre el estado real del proceso de judicialización en el Perú (3). Llama más la atención cuán poco interés despierta el tema. Es válido preguntarnos por qué es así, cuando en otras sociedades como la argentina los juicios contra los represores, como los llaman, son muy visibles; todos los días salen reportajes sobre sesiones específicas de los procesos judiciales en curso y las revelaciones que emergen dentro de ellas. La semana pasada, por ejemplo, se reportó sobre un ex militar que testimonió, por primera vez, sobre el entrenamiento que recibieron integrantes de las Fuerzas Armadas argentinas por parte de los Estados Unidos en métodos de tortura, y cómo los argentinos terminaron enseñando nuevos métodos a sus mentores (4).

¿Por qué en el Perú los procesos judiciales contra los subversivos reciben una cobertura amplia, a veces obsesiva, de parte de los medios de comunicación, mientras los procesos judiciales contra miembros de las fuerzas del orden que habrían cometido violaciones a los derechos humanos no son seguidos y analizados? El caso de la excarcelación de Lori Berenson ha llenado decenas de páginas de los periódicos en los últimos meses, pero se puede contar con los dedos de la mano los artículos publicados sobre los casos judiciales contra militares en curso (claro, excepto cuando Rey Rey o el vice presidente Luis Giampetri los denuncian) o sobre los casi mil casos que han sido archivados porque el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas rehúsan a dar información para poder identificar a los perpetradores. Por ejemplo, de las cien personas asesinadas por miembros de las Fuerzas Armadas en Putis el 24 de diciembre de 1984, o de las decenas de personas asesinadas en Putka, otra comunidad de las alturas de Huanta, Ayacucho, al día siguiente de Putis. (5)

Tampoco ha habido mucho interés académico a parte de los especialistas en derecho que han seguido el tema (6), otras disciplinas no parecen haber registrado el fenómeno y su importancia a nivel político, social y cultural. La mayor cantidad de información disponible sobre los casos proviene de los organismos de derechos humanos que representan a las víctimas y a sus familiares en los juicios. Cuánto nos ayudaría tener la mirada de un antropólogo o antropóloga para ayudarnos a entender las diferencias culturales y cómo se manifiestan al interior de un juicio. O para estudiar cómo la población entiende, más allá de nuestras suposiciones y estereotipos, el tema de la justicia y su relación con otros objetivos, como la verdad, la exhumación e identificación de los cuerpos de las víctimas, la paz, la reconciliación. Es un campo abierto para la investigación, tanto periodística y académica, que está pendiente.

Notas:

(1) Tina Gardella, “La subjetividad trastornada,” Página 12 (4 de agosto de 2010) [1]. (^^^)

(2) Carlos Rivera, “El estado del proceso de judicialización de graves violaciones a los derechos humanos en el Perú,” Justicia Viva (22 de julio de 2010) [2] (^^^)

(3) La Defensoría del Pueblo debería publicar un informe este mes sobre el estado del proceso de judicialización en el Perú. En el pasado, la Defensoría ha reportado sobre los juicios, pero sus informes se limitaron a los 47 casos de la CVR, 12 casos que la misma Defensoría recomendó procesar, y los casos CIDH. (^^^)

(4) En Estados Unidos existe un debate encendido sobre el uso de tortura en la llamada lucha contra el terrorismo luego del 11 de setiembre. La administración Bush argumentó que la tortura (que rebautizaron con el nombre “métodos intensificados de interrogación”) fue justificado para acabar con el “terrorismo.” Varios sectores han abogado por el procesamiento penal de quienes pusieron en práctica esos métodos (que tendría que incluir el propio Bush y su vice presidente Dick Cheney, quien hasta ahora sale en defensa de la utilización de estos métodos) pero hasta el momento sólo se ha procesado a los autores materiales en algunos casos (Abu Ghraib). Ver, por ejemplo, Seymour Hirsch, “Torture at Abu Ghraib,” The New Yorker (May 10, 2004) [3] y Gitanjali S. Gutierrez, “Preventing the New American ʻProfessionalismʼ: Accountability for Lawyers and Health Care Professionals Shaping Torture,” Global Studies Review (Fall/Winter 2009) [4]. Sobre el juicio al militar acusado de cometer abusos en Abu Ghraib, ver “Guard Convicted in the First Trial for Abu Ghraib,” Washington Post (15 de enero de 2005) [5] (^^^)

(5) Instituto de Defensa Legal, “Ayacucho: IML inicia exhumación de 40 cuerpos en la comunidad campesina de Putka” [6] (^^^)

(6) Véase el importante Judicialización de violaciones de derechos humanos. Aportes sustantivos y procesales (Lima: IDEHPUCP-AECID-PNUD, 2009). Víctor Quinteros Marquina, coordinador Se puede descargar el libro en formato PDF [7] (^^^)