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Jóvenes peruanos reflexionan sobre el legado de la CVR: Sally Ccotarma. El caso Marcelino Valencia y Zacarías Pasca

Cuando se cumplen 10 años de la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú, el ICTJ quiere conocer cuál ha sido el legado de su trabajo y de las recomendaciones que hizo públicas hace una década. Para ello, hemos entrevistado a aquellos que tienen en sus manos el futuro del país: los jóvenes peruanos.

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Sally Ccotarme, abogada de Derechos Humanos Sin Fronteras
Sally Ccotarme, abogada de Derechos Humanos Sin Fronteras
Sally Ccotarme, abogada de Derechos
Humanos Sin Fronteras
A pesar de haber nacido en pleno conflicto y tener apenas algunos recuerdos de las audiencias públicas de la CVR, una generación de jóvenes peruanos ha crecido preguntándose por el porqué de la violencia y el abuso de derechos humanos que devastó a su país entre 1980 y 2000. Estos jóvenes entienden la necesidad de volver la vista atrás y rebuscar entre las páginas del informe de la CVR, que relata las atrocidades de las que fueron víctimas más de 69.000 personas y expone las causas estructurales del conflicto. A través de una serie de entrevistas en formato podcast, nos acercamos a la vida de estos jóvenes, quienes a través de su trabajo valorando el pasado y la conservación de la memoria buscan conseguir un auténtico cambio social en el Perú.

Sally Ccotarma es abogada y trabaja en Cusco, en la sierra de los Andes, donde combina casos de derechos humanos de distintas regiones. Actualmente, está llevando el caso de un asesinato a manos de las fuerzas del Estado que sucedió hace 22 años, los mismos que tiene ella. El proceso ha sido víctima de varios obstáculos legales, cosa que resulta muy frustrante para los familiares y para ella. “Pero la fuerza que nos ha motivado a continuar son los familiares. Es increíble cómo a pesar de que sus hijos fueron asesinados tengan que esperar 22 años para determinar cómo murieron y quiénes fueron los responsables”, cuenta Ccotarma.

Escuche aquí la entrevista a Sally Ccotarma. Duración: 21:18 min

Deudos de Marcelino Valencia y Zacarías Pasca, estudiantes asesinados por miembros de la Policía Nacional del Perú el 24 de setiembre de 1990 (Fotografía de http://willanakuycusco.blogspot.com).
Deudos de Marcelino Valencia y Zacarías Pasca, estudiantes asesinados por miembros de la Policía Nacional del Perú el 24 de setiembre de 1990 (Fotografía de http://willanakuycusco.blogspot.com).
Deudos de Marcelino Valencia y
Zacarías Pasca, estudiantes
asesinados por miembros de la Policía
Nacional del Perú el 24 de setiembre
de 1990
(foto http://willanakuycusco.blogspot.com)
El caso de asesinato tuvo lugar en Chumbivilcas, una de las provincias que sufrieron más la violencia del conflicto armado. Ccotarma critica que, a pesar de que tras la publicación del informe final de la CVR hubo avances en cuestiones de justicia, la capacitación de los magistrados y fiscales en las regiones sigue siendo muy necesaria: “Hay magistrados que no entienden las mecánicas penales o no tienen un conocimiento claro sobre derechos humanos, no reconocen la sistematicidad de los crímenes, y entonces existe el peligro de que lo consideren como un homicidio más”.

En su informe final, la CVR denunciaba el grave distanciamiento entre la vida de la capital, Lima, y la de las regiones. Ccotarma considera que esa situación no ha cambiado: “Tal vez hay más carreteras, pero las estructuras sociales y económicas son las mismas. Estos pueblos no sienten que el Estado los proteja”.

La sensación de vulnerabilidad se ha acentuado con conflictos recientes, como la expansión del negocio de la extracción minera, que ha obligado a miles de personas a desplazarse. “Ellos sienten que el Estado está a favor de las empresas”, dice Ccotarma.

El trabajo de la CVR es muy valorado por los pueblos indígenas, asegura la joven abogada: “Porque es darle voz, darle vida a todo lo que ellos han sufrido. Sintieron que el Estado estaba allí que reconocieron que habían cometido un error. Las víctimas de la violencia política sienten el informe final de la CVR como algo suyo”. Con las recomendaciones ya es otra cosa: “Creían que se iban a implantar, pero no se han cumplido. Sienten que se los está estafando”.

Publicado en ICTJ el 10 de setiembre de 2013

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IDL: ‘Bancada aprista’ del TC terminó jugando en pared y benefició a García en caso El Frontón

Ideeleradio.pe

  • Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del IDL, advirtió que los procesados pedirán la prescripción del caso, tras este cuestionado fallo.

En pared con estrategia de abogados de procesados

La ‘bancada aprista’ del Tribunal Constitucional (TC) terminó jugando en pared con los abogados de los procesados en el caso El Frontón y benefició también a aquellos testigos que podrían ser eventualmente incluidos en un juicio, como el caso del expresidente Alan García, opinó Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del IDL.

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Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del ID
Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del ID
Carlos Rivera, coordinador
del Área Legal del ID
Fue al comentar la resolución de este organismo que declaró que no hubo crímenes de lesa humanidad en la actuación de la Marina frente al motín en el penal ‘El Frontón’, ocurrido en junio de 1986.

“[Esta sentencia] la firma [Carlos] Mesía, me parece que [Fernando] Calle; en realidad se podría decir que la ‘bancada aprista’ del TC en este momento. Es obvio y por eso digo que hay una suerte de juego en pared con la defensa de quienes están siendo investigados judicialmente por este tema”, sostuvo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Esta sentencia trata de jugar en pared con la estrategia legal de los abogados de los perpetradores en el caso de la matanza de El Frontón y aquellos que tienen la condición de testigos y aspiran a ser procesados, estoy hablando básicamente de [Alan] García, [Agustín] Mantilla y el señor [Luis] Giampietri probablemente”, declaró.

Procesados pedirán prescripción

Foto archivo
Foto archivo
Rivera Paz vaticinó, además, que gracias a este fallo, los procesados presentarán de inmediato sus excepciones de prescripción para que anulen la continuidad del proceso. El letrado cuestionó, en ese sentido, los argumentos del Tribunal Constitucional por el que se considera que se cometió un delito común y no un crimen de lesa humanidad en el caso “El Frontón”.

“Así es, efectivamente [esto podría liberar de eventual responsabilidad a García, Mantilla y Giampietri y les sirve para su defensa] ¿Y cuál es el instrumento? El instrumento que está señalado en la parte resolutiva de esta resolución está en el hecho de que por enésima vez se pone en discusión de si es el caso El Frontón un crimen de lesa humanidad”, aseveró.

“En los hechos les está diciendo, ‘oigan señores acusados, les estoy facilitando esta sentencia, y mañana mismo presenten sus excepciones de prescripción para que anulen la continuidad de este proceso’. Esto le da un argumento a la defensa de los procesados y creo que es una sentencia que tiene como objetivo ‘jugar en pared’ con la estrategia legal de los acusados por la matanza, que son elementos de la Marina y algunos elementos que fueron ministros o jefes superiores de la Marina y, seguramente, el propio expresidente García”, refirió.

Publicado en Ideele Radio el 4 de setiembre de 2013

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Tribunal Constitucional sobre El Frontón: “No hubo crímenes de lesa humanidad”

Para leer la resolución del Tribunal Constitucional que declara “NULO el auto de apertura de instrucción emitido por el juez del Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial con fecha 9 de enero de 2009 (Exp. N° 2007-00213-0-1801-JR-PE-04), en el extremo que declara que los hechos materia del proceso penal constituyen crímenes de lesa humanidad, manteniéndose subsistentes los demás extremos de la imputación” haga click aquí.

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El frontón
El frontón
Según resolución, no existen indicios que prueben una gestión premeditada de la gestión de García Pérez para acabar con la vida de los internos que se amotinaron.

El Tribunal Constitucional determinó este martes que no hubo crímenes de lesa humanidad en la matanza ocurrida en el desaparecido penal “El Frontón”, en julio de 1986, durante el segundo periodo de gobierno de Alan García Pérez.

De acuerdo a la resolución, no existen indicios que prueben una gestión premeditada de la gestión de García Pérez para acabar con la vida de los internos que se amotinaron. Asimismo, el TC considera que “tampoco puede ser entendido como un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, punto fundamental para calificar lo ocurrido como crimen de lesa humanidad”. También se precisa que el Poder Judicial realizó una indebida calificación de los hechos.

Al respecto, el exprocurador Ronald Gamarra indicó a través de su cuenta oficial de Twitter que el gran beneficiado con ello es el exjefe de Estado Alan García, debido a que, según precisa, el TC remarca que “terminado el proceso penal prescriben los hechos”. No obstante, resaltó que el juicio por el frontón seguirá.

Como se recuerda, en junio de 1986, al menos 133 internos murieron durante un motín que fue develado por un contingente de las Fuerzas Especiales.

Publicado en La República el 3 de setiembre de 2013

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Paltry results from Peru’s truth commission

Huancavelica, Peru

For almost a quarter-century, they have scoured the mountains of Peru’s poorest region in search of the son hauled away by soldiers in the middle of the night. During their futile search, the couple found 70 clandestine burial sites and unearthed three dozen bodies.

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Foto archivo
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After Javier and two school chums were taken, they wrote the local military commander, who denied knowing anything. They wrote the Roman Catholic Church, the Congress and three successive presidents. But none answered Alejandro Crispin and his wife, Alicia.

“How is it possible that no one is in jail for ‘disappearing’ one’s child?” asked Crispin, who at 69 is equal parts exhausted, bewildered and indignant. “How is it possible that the killers of innocents remain free?”

The couple’s odyssey lays bare Peru’s failure to address the unhealed wounds of thousands of families, most of them poor, Quechua-speaking peasants, who were the principal victims of the country’s 1980-2000 conflict between Maoist Shining Path guerrillas and the government.

About 70,000 people died, more than half slain by rebels and more than a third by security forces, according to estimates by a Truth and Reconciliation Commission of respected academics.

Ten years after the commission issued its recommendations, few have been heeded: No state agency exists dedicated to finding and cataloging the bodies of the estimated 15,000 people forcibly disappeared in the conflict. Researchers blame most of the disappearances on security forces.

Few human rights abusers have been prosecuted. And fewer than 2 in 5 of the 78,000 relatives of people killed who applied for reparations received them, getting less than $4,000 each.

The truth commission was able to document 24,692 deaths – 44 percent by state security agents and 37 percent by the Shining Path, with the other killers undetermined. A relatively low percentage of deaths in the conflict occurred in actual combat, leading to complaints by rights activists of meager prosecutions of war criminals.

Only 68 state security agents have been convicted of war crimes, while 134 – mostly soldiers – have been acquitted, said Jo-Marie Burt, a George Mason University political scientist who studies the conflict.

Publicado en SF Gate el 3 de setiembre de 2013

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Fiscalía Suprema pide anular absolución de alcalde de San Borja

Rightsperu, 29 de agosto de 2013

Hace exactamente 9 meses, el 29 de noviembre de 2012, el colegiado de la Sala Penal Nacional presidido por la jueza Martha Bendezú absolvió al ex coronel del Ejército Marco Alvarez, actual alcalde del distrito de San Borja, por la desaparición forzada de Lucho Manrique, el 6 de noviembre de 1989 en Huancavelica.

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© rightsperu
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© rightsperuDebido a las graves inconsistencias de la sentencia que desestimó pruebas que demostraban la presencia de Álvarez en Huancavelica en la fecha de la desaparición forzada, así también que detentaba el cargo de jefe del Comando Político Militar de Huancavelica (Ver La desaparición forzada de Lucho Manrique: Un crimen sin culpable ni castigo), la semana pasada el Fiscal Supremo presentó un dictamen a la Corte Suprema de Justicia para que tal sentencia sea anulada.

Aquí brindamos una nota de Diario 16 publicada el 21 de agosto de 2013 con más detalles sobre la noticia:

El fiscal supremo penal, Pablo Sánchez Velarde, ha emitido un dictamen en el que concluye que la sentencia absolutoria dictada a favor del actual alcalde de San Borja, Marco Álvarez Vargas, debe ser anulada.

El burgomaestre fue acusado por el delito de la desaparición forzada de Lucho Manrique Escobar, detenido la madrugada del 6 de noviembre de 1989 en su domicilio, en la ciudad de Huancavelica, en pleno toque de queda. Desde aquel día sus familiares no tienen conocimiento de su paradero. Las investigaciones posteriores del Ministerio Público señalaron como presunto responsable al alcalde, quien en ese momento se desempeñaba como jefe político militar, el coronel EP Marco Antonio Álvarez Vargas.

El fiscal supremo cuestiona la actuación de la Sala Penal Nacional y declara que en el expediente hay pruebas que corroboran que el acusado Álvarez Vargas, en noviembre de 1989, mantuvo una vinculación funcional con la Jefatura Político Militar de Huancavelica. Para la Fiscalía, “hay evidencias que lo vinculan con el crimen” y, por ello, ha solicitado que se declare nula la absolución.

La Sala Penal Nacional aceptó la versión del coronel Álvarez Vargas cuando dijo que un soldado había falsificado el oficio en el que él aparece respondiendo al fiscal provincial de Huancavelica sobre la detención de la víctima.

El expediente ha sido entregado a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia para que revise el caso. Los abogados del Instituto de Defensa Legal (IDL), quienes patrocinan legalmente a los familiares de la víctima, han pedido informar oralmente los argumentos de la parte civil y solicitarán que se anule la sentencia.

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Exculpan a Jiménez por caso Chavín de Huántar

  • Indagación. Fiscal de la Nación, José Peláez, concluyó que audios no revelan ningun trato ilícito ni pacto indebido.

César Romero

Que el jefe del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, actuó en el marco de la ley al reunirse siendo ministro de Justicia con el presidente del Poder Judicial, César San Martín, y la jueza Carmen Rojjasi para hablar del caso Chavín de Huántar, es la principal conclusión a la que llegó el fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, con respecto a los denominados ‘chavinaudios’.

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rightsperu
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“Hemos hecho un análisis legal y jurídico respecto de la posibilidad de existencia de un hecho delictivo. No encontramos que las conductas o actos realizados en la reunión hayan tenido un contenido penal. No ha mediado en ningún tipo de entrega de dinero o prebenda. Tampoco se dan los presupuestos que configuran los delitos de tráfico de influencias, de manera que allí está descartado todo tipo de hecho que configure un delito”, declaró.

En tal sentido, subrayó que su despacho descartó iniciar alguna investigación a Jiménez u otra persona por esa reunión, como lo habían solicitado algunos sectores políticos y organismos defensores de los Derechos Humanos.

Sin embargo, enfatizó que falta saber a qué conclusión pueda llegar el Consejo Nacional de la Magistratura sobre ese tema, aunque indicó que todo quedaría en un proceso administrativo y disciplinario.

La Comisión de Procesos Disciplinarios del CNM también evalúa dicha reunión para aclarar si de algún modo se presionó o influyó sobre la entonces jueza superior Rojjasi Pella, presidenta del tribunal que veía el caso Chavín de Huántar.

La reunión se produjo en mayo del 2012, en pleno desarrollo del juicio sobre la presunta ejecución extrajudicial de tres emerretistas, al concluir el operativo de rescate Chavín de Huántar. En ese momento, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había admitido una demanda contra Perú por esas ejecuciones extrajudiciales.

De otro lado, Peláez Bardales aclaró que la Fiscalía no analiza las acciones de amparo que presentan algunos ex policías para ser reincorporados en la institución.

“El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, hace varios meses ha dado la orden para que los jueces no acepten este tipo de acciones. Con lo que ha dicho, entiendo que ya no se va a producir esas reinserciones”, sentenció Peláez.

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Anfasep cuestiona al Poder Judicial por archivamiento de casos de derechos humanos

  • Adelina García, presidenta de Anfasep, informó que victimas de 14 regiones del país arribaron a Lima para participar en las actividades por el décimo aniversario del Informe Final de la CVR.

Responsables deben ser condenados

Ideeleradio.- Adelina García Mendoza, presidenta de la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anafsep), cuestionó que el Poder Judicial esté optando por la impunidad y el archivamiento de los casos de derechos humanos.

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Foto archivoFue al referirse a la situación procesal de los más de 50 casos que ya están judicializados y al exigir que se señale la responsabilidad penal de los responsables de la violencia entre 1980 y el 2000.

“Igualmente en Lima se han judicializado más de 50 casos, pero esos también se están archivando. No se llega a la sentencia. Las personas que han cometido violación de derechos humanos tienen que pagar su culpa, tienen que ser sentenciados. En eso estamos preocupados como organización”, advirtió en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Además, en el tema de las reparaciones simbólicas nada. De parte del Estado no da esta reparación simbólica, nosotros en Ayacucho reclamamos el santuario de la memoria en La Hoyada ni eso se preocupan las autoridades. Eso sería para nosotros una de las reparaciones simbólicas para todos los afectados”, agregó.

Finalmente, García Mendoza indicó que victimas de 14 regiones del país arribaron a la ciudad de Lima para participar en las actividades por el décimo aniversario del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, donde además exigirán a las autoridades cumplir con las reparaciones económicas y simbólicas.

Publicado en Ideele Radio el 28 de agosto de 2013

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Anfasep: Denuncia archivamiento de casos

Víctimas se sienten discriminadas

Ideeleradio.- El expresidente Alan García y la primera dama Nadine Heredia utilizaron a las víctimas de la violencia durante la campaña electoral porque ofrecieron tener una política de “puertas abiertas” para atender sus reclamos, pero finalmente incumplieron, denunció Adelina García Mendoza, presidenta de la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (Anfasep).

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AnfasepAnfasep“[Sus demandas sobre el Decreto Supremo 051-2011, ¿tienen una respuesta?] No todavía, hasta hoy día nada. Nosotros cuántas veces hemos mandado documentos, pero estas autoridades siempre nos utilizan en sus campañas políticas. Por ejemplo, Alan García en su campaña vino a Ayacucho y conversó con [Mamá] Angélica y dijo que cuando ingresara al poder iba a tener las puertas abiertas para dialogar con ellos, pero nada”, expresó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

Muchos casos se están archivando

“De igual forma la primera dama [Nadine Heredia] en la campaña del presidente Humala vino a nuestra organización y dijo que si entraban al poder tendríamos puertas abiertas para conversar, pero ahora cuando enviamos un documento para una entrevista no nos reciben. Nos dicen que ya está llena su agenda y que no nos pueden recibir, de esa forma nos contestan. No puede ser que hasta hoy se siga discriminando a las personas quechua hablantes”, declaró.García Mendoza exhortó a las autoridades a reflexionar sobre las demandas de la Asociación Nacional de Familiares Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú, y en general de todos los afectados. Asimismo, expresó su preocupación porque varios casos están siendo archivados en la región Ayacucho.

“Las mamás muchas veces hemos sufrido, por eso hago un llamado para que reflexionen las autoridades y que vean por todas las víctimas, eso es lo que pedimos nosotros. En esta marcha vamos a pedir todos nuestros derechos. Además, en tema de justicia estamos preocupados porque muchos casos se están archivando, por ejemplo nos piden [los nombres reales de] testigos claves”, refirió.

“En ese tiempo no había testigos claves porque entraban de noche y se los llevaban a las víctimas. Entonces, por qué el ministro de Defensa e Interior no pueden entregar las listas de ese tiempo para saber quiénes eran los altos mandos. Yo sé que ellos saben dónde lo llevaron, eso no quieren dar al Poder Judicial, por eso se están archivando los casos”, acotó.

Publicado en Ideele Radio el 28 de agosto de 2013

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Defensoría advierte falencias en procesos de judicialización en DD.HH.

La Defensoría del Pueblo ha detectado un “lento, insuficiente e insatisfactorio” avance de los procesos de judicialización que actualmente llevan a cabo las víctimas de la violencia vivida en el país durante los años 1980-2000.

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© La Primera© La PrimeraEsto se basa en la supervisión realizada a 194 casos que actualmente se ventilan en el Poder Judicial y donde las víctimas denunciantes han tenido que afrontar “investigaciones penales considerablemente prolongadas”. De acuerdo al informe de la Defensoría, la causa de esto es la implementación de un subsistema de justicia que no está dotado con la capacidad y los recursos necesarios para investigar y procesar los crímenes.

En el mismo documento se señala que en los últimos años ha faltado un fortalecimiento integral de las instancias especializadas, así como la mayoría de casos de violaciones de derechos humanos se han concentrado en el Distrito Judicial de Lima, lo cual ha generado un trabajo ineficiente en estas instancias.

También colocan como una observación que no exista un sistema de registros únicos –base de datos– de los casos de violaciones de derechos humanos.

Por último, también se señala que se vienen incumpliendo las medidas de coerción personal ordenadas contra los procesados por violaciones de derechos humanos y que los sistemas de protección para las víctimas, testigos y abogados o defensores de derechos humanos son ineficientes.

Debe recordarse que esto ya había sido advertido días atrás por la abogada de Aprodeh Gloria Cano, quien señaló que se viene viviendo un retroceso en los procesos de judicialización en derechos humanos.

Publicado en La República el 26 de agosto de 2013

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Fiscal solicita 25 años de cárcel para Mantilla y el ‘Comando Rodrigo Franco’

Por Gabriel Mazzei

Existen pruebas suficientes para acreditar la existencia del ‘Comando Paramilitar Rodrigo Franco’ y su accionar en cinco ejecuciones extrajudiciales, bajo la permisividad de miembros del Partido Aprista Peruano cuando Alan García era presidente del país (1985-1990), sostuvo ayer el fiscal superior Luis Landa Burgos.

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Publicado en La República del 22 de agosto de 2013
Publicado en La República del 22 de agosto de 2013
Landa hizo esta afirmación al sustentar ante el Colegiado “A” de la Sala Penal Nacional, presidida por la jueza Inés Villa Bonilla, la acusación penal contra el ex ministro del Interior Agustín Mantilla y otros seis militantes del Partido Aprista.

Para todos ellos el fiscal pidió una pena de 25 años de prisión y el pago de 20 mil soles por reparación civil.

El fiscal subrayó que Mantilla sería el autor mediato del secuestro y homicidio de los dirigentes mineros Saúl Cantoral y Consuelo García, en 1989.

También se les atribuye las muertes del abogado Manuel Febres Flores y de los estudiantes Sócrates Porta Solano y Miguel Pasache Vidal.

Junto a Mantilla, el representante del Ministerio Público pidió cárcel para Jesús Ríos Sáenz, Jorge Huamán Alacute, Enrique Melgar Moscoso, Carlos Farfán Yacila, Óscar Ezequiel Urbina Sandoval y Gino Fiori Gonzales, y el agente de Inteligencia Juan Pampa Quilla.

Razones

“Hubo un gran interés en el APRA por controlar a la Policía por medio del Ministerio del Interior para incursionar en actividades de escuadrones de la muerte. Allí aparecían comandos paramilitares utilizados contra presuntos subversivos y la aparición del ‘Comando Rodrigo Franco'”, dijo Landa.

El fiscal agregó que el asesinato del abogado Manuel Febres, en 1988, quien trabajaba en la defensa legal de miembros senderistas, marcó el inicio de las acciones del grupo paramilitar ‘Rodrigo Franco’.

“Incluso, ellos se atribuyeron dicho secuestro y asesinato dejando un volante donde reivindicaban dicho asesinato”, expresó Landa, quien leyó páginas de la Comisión de la Verdad sobre esta agrupación.

Apuntó también que en el gobierno aprista “las autoridades encargadas del control del orden interno mantuvieron una conducta irreprochablemente pasiva frente al desarrollo de estos hechos, no pudiendo esclarecer la autoría de los mismos, como señalan comisiones investigadoras del Congreso”.

Autor mediato

El exministro Agustín Mantilla es señalado como autor mediato de delitos calificados como crímenes de lesa humanidad.

“Estos hechos fueron ejecutados por un grupo, creado y dirigido por Agustín Mantilla, y que tenía como líder operativo a Ríos Sáenz, contra cinco personas”, enfatizó.

Añadió que presentará testigos y colaboradores eficaces que demostrarán la existencia de ‘Rodrigo Franco’.

Acusados niegan los cargos

El abogado de Agustín Mantilla, Jorge Abanto, remarcó que demostrará al tribunal que el ‘Comando Rodrigo Franco’ no existió, “en los términos que la Fiscalía argumenta”.

“El fiscal promete que acreditará las pruebas presentadas, que no son más que promesas imposibles ante esta Sala”, dijo.

“No negamos la lamentable desaparición de estas personas. Lo que negamos es que los procesados en este caso pertenecieron a ‘Rodrigo Franco’ y que dieron muerte a los agraviados”, indicó.

Publicado en La República del 22 de agosto de 2013