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Juicio a Comando Rodrigo Franco iniciaría el 27 de mayo

A continuación les dejamos dos notas de Diario 16 sobre el inicio del juicio a Agustín Mantilla, Franco Jesús Ríos (alias ‘Chito Ríos’), Jorge Huamán, Enrique Melgar y Carlos Farfán por el caso del Comando Paramilitar Rodrigo Franco

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Inicia juicio contra Agustín Mantilla por crímenes del Comando ‘Rodrigo Franco’

El próximo 27 de mayo, la Sala Penal Nacional iniciará el juicio al exministro del Interior del primer gobierno aprista Agustín Mantilla y a los presuntos integrantes del ‘Comando Rodrigo’, acusados del secuestro y asesinato de los dirigentes mineros Saúl Cantoral y Consuelo García en 1989.

Además serán enjuiciados por la ejecución extrajudicial de los militantes del MRTA.

El fiscal superior Luis Landa ha pedido 25 años de prisión y el pago de una reparación civil de 200 mil soles por estos hechos.

La Fiscalía tiene como argumentos que estos crímenes fueron perpetrados con gran crueldad y constituyen delitos de lesa humanidad.

Publicado en Diario 16 el 6 de mayo de 2013

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Juicio a Mantilla probaría existencia del Comando Rodrigo Franco

Por Luis García Rojas

Agustín MantillaAgustín MantillaLa defensa de los deudos de Saúl Cantoral y Consuelo García confía en que el juicio, que se iniciará este 27 de mayo, a los presuntos responsables de esos asesinatos, entre ellos el exministro del Interior del primer gobierno aprista, Agustín Mantilla, termine con una sentencia drástica que por fin pueda establecer justicia 24 años después de perpetrados estos crímenes.

Este caso reviste especial importancia, además, porque si eso sucede se terminaría por probar judicialmente la existencia del comando paramilitar que según diversas declaraciones y testigos operó de manera sistemática durante el primer gobierno de Alan García: el Comando Rodrigo Franco.

Además de Mantilla, también están procesados los presuntos miembros de ese comando: Franco Jesús Ríos (alias ‘Chito Ríos’), Jorge Huamán, Enrique Melgar y Carlos Farfán.

La Fiscalía ha pedido para ellos 25 años de prisión por la presunta comisión de los delitos de secuestro y homicidio por los casos Cantoral y García, y también por la ejecución extrajudicial de los estudiantes Luis Miguel Pasache Vidal y Javier Porta Solano, así como del abogado Manuel Febres Flores. Para la Fiscalía, se tratarían de crímenes de lesa humanidad.

La abogada de Aprodeh, Gloria Cano, dijo a diario16 que la acusación contra Mantilla es por la coautoría de esos delitos, no solo por presumirse que fue el creador de ese grupo paramilitar, sino por haberlo coordinado él mismo. Mantilla siempre negó la existencia de este comando.

DE LESA HUMANIDAD

En 1989, Saúl Cantoral era secretario general de la Federación de Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. Consuelo García era fundadora de una organización social que ayudaba a las mujeres de los mineros.

El 13 de febrero de ese año, ambos se encontraron en el local de esa federación, en el Centro de Lima, y se dirigieron a la casa de una amiga de ella en Breña. Ambos salieron a las 8:10 pm, y fue la última vez que se les vio con vida.

Tres horas después, una patrulla policial encontró sus cuerpos en un parque de San Juan de Lurigancho. Cantoral había recibido cinco balazos, en el corazón, pulmón derecho, mandíbula, nuca y en la espalda. García presentaba “estallamiento de cráneo”. Luego, se supo que recibió dos balazos en la cabeza.

Cantoral había recibido amenazas de muerte del Comando Rodrigo Franco varias veces, y él mismo había denunciado haber sido secuestrado dos veces por miembros de este comando.

24 AÑOS DE ESPERA

El caso Cantoral y García nunca alcanzó justicia y solo se reabrió debido a que fue uno de los 47 casos emblemáticos presentados al Ministerio Público por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, junto con su informe final, en 2003.

Ante la ausencia de procesos judiciales, estos dos asesinatos, ocurridos el 13 de febrero de 1989, fueron llevados a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), instancia que en 2007 emitió una sentencia obligando al Estado a “investigar inmediatamente los hechos que generaron las violaciones del caso, e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables”.

Es por eso que ahora, 24 años después de ocurridas las muertes, 10 años después de entregado el informe de la CVR y seis años después del fallo de la Corte-IDH, se dará inicio por fin al juicio oral.

ADEMÁS

El fiscal superior Luis Landa pidió 25 años de prisión y el pago de una reparación civil de S/. 200 mil. La Fiscalía señala que estos crímenes fueron realizados con gran crueldad y constituirían delitos de lesa humanidad. La titular de la Sala Penal Nacional, Inés Villa Bonilla, presidirá el tribunal.

Publicado en Diario 16 el 7 de mayo de 2013

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Comunicados por absolución del caso Parcco Pomatambo

COMISEDH

NOTA DE PRENSA

DEPLORAMOS SENTENCIA QUE VUELVE A CONSAGRAR IMPUNIDADEN EL CASO ‘PARCCO-POMATAMBO’

Luego de la lectura de la sentencia del caso ‘Parcco-Pomatambo II’, pronunciada por el Colegiado de la Sala Penal Nacional (SPN) el día lunes 22 de abril de 2013, laComisión de Derechos Humanos (COMISEDH) señala lo siguiente:

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1.La sentencia absolvió a Agustín Jorge Tuya López, mientras que a DanteRetamal Guerra se le reservó su juzgamiento por tener la condición jurídica de’reo asunte’.

2.Si bien el juicio a Dante Retamal se ha reservado hasta que sea capturado yextraditado de los Estados Unidos, respecto al de Agustín Tuya la SPN hasustentado su decisión únicamente en la declaración de un testigo quientambién participó de la incursión militar, sin valorar las pruebas testimoniales eindiciarias que acreditaban su responsabilidad penal.

3.En efecto, esta sentencia supone un grave retroceso en la lucha contra laimpunidad de los delitos de graves violaciones de los Derechos Humanoscometidas durante el Conflicto Armado Interno.

4.A nuestra opinión, con esta sentencia el Estado peruano, a través del Poder Judicial, está incumpliendo con su obligación de investigar, juzgar y sancionar las violaciones de los Derechos Humanos, tal como lo exige el artículo 1º de laConvención Americana sobre Derechos Humanos y la reiterada jurisprudenciade la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

5.Dado que las expectativas de justicia de los familiares de las víctimas se hanvisto truncadas por la SPN, se interpondrá ante la Corte Suprema el recurso denulidad correspondiente. Confiamos que la máxima instancia les otorgue a losfamiliares de las víctimas la justicia que por más de 25 años el Estado peruanoles ha venido denegando.

Lima, 23 de abril de 2013

Ver nota de prensa de COMISEDH aquí

CCI - PERÚ

COORDINADORA CONTRA LA IMPUNIDAD

Sentencia Absolutoria afrenta la memoria de las víctimas

Hoy lunes 22 de abril, la Sala Penal Nacional absolvió a Agustín Jorge Tuya López, coautor material del asesinato de doce personas de las localidades de Pomatambo y Parcco Alto, Ayacucho.

La sala integrada por Mirta Bendezú Gómez (Presidenta), Teófilo Armando Salvador Neyra (Director de Debates) y Enma Rosaura Benavides Vargas emitió la sentencia bajo la tesis absurda de “la duda favorece al reo”, pese a que el acusado admitió haber participado en los hechos.

El 22 de octubre de 1986 en horas de la noche, cuando dos patrullas del Ejército (“Bayer” y “Búfalo”), provenientes de la base militar de Vilcashuamán, incursionaron en la localidad de Pomatambo y detuvieron a Eusebio Najarro Alarcón, Teodoro Castillo García, José Fernández Bellido, Manuel Remón Zea, Timoteo Bautista Bellido, Jacinto Gutiérrez Gómez y Antonio Najarro Soto, autoridades locales que se encontraban reunidos preparando un campeonato deportivo.

Los detenidos fueron conducidos a la localidad de Parcco Alto, donde incursionaron, aproximadamente a las 6 de la mañana del 23 de octubre del mismo año. En el lugar, los militares asesinaron a los 7 detenidos de Pomatambo junto a Donato Ramírez Rivera, Hilda Buitrón Gutiérrez (ambos esposos de 86 años), Reynaldo Ramírez Buitrón, y a los menores Mario Ramírez Castillo (08) y Eugenia Ramírez Castillo (12). La patrulla “Bayer” estuvo al mando del Tte. EP Dante Retamal Guerra y el Jefe de asalto Agustín López Tuya, hoy absuelto de los cargos.

Ver comunicado de la CCI aquí

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Entregan los restos de tres desaparecidos por soldados

  • Fueron enterrados clandestinamente en cuartel Cabitos. Identificación permitirá que familiares los sepulten.

Por Elías Navarro

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Ayacucho

Víctimas. Además de Albino Flores, falta identificar a 50 © Elías NavarroVíctimas. Además de Albino Flores, falta identificar a 50 © Elías NavarroEl Ministerio Público entregó a los familiares los cuerpos de tres primeras víctimas exhumadas en el cuartel Los Cabitos, lugar donde fueron sepultados clandestinamente los cadáveres de cientos de personas secuestradas y desaparecidas por militares, entre los años 1983 y 1985, en Ayacucho.

La identificación de los cadáveres de Albino Flores Alvites y del joven de 17 años Edy Sulca Gómez, lo realizaron los expertos forenses mediante los procedimientos científicos de ADN. Solo Antonio Flores Albites, hijo de Albino Flores, fue identificado mediante el análisis antropológico forense.

La fiscal especializada en derechos humanos, Jousy Aburto Garavito, oficializó la entrega de los restos, para que los familiares puedan darles una cristiana sepultura y recordarlo por siempre.

“Pedimos a la fiscalía que de una vez judicialice el caso para que los responsables de estos crímenes sean juzgados y sancionados con todo el peso de la ley, no solo a los que ordenaron, sino también a los que ejecutaron extrajudicialmente a nuestros familiares”, dijo Hayde Flores Albites, hija de Albino Flores.

La Dra. Gloria Cano, representante de Aprodeh, organismo que patrocina a los familiares de las víctimas, exigió que el Ministerio Público judicialice el caso y no dilate más el tiempo, pues la identificación de estos cuerpos también reforzará la decisión de la fiscalía para formalizar la denuncia contra oficiales del Ejército por los hechos de desaparición, tortura y ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre los años 1983 y 1985.

Haydeé Flores Albites cuenta que el 7 de febrero de 1985, su padre Albino Flores y su hermano Antonio fueron secuestrados de su casa, ubicada en el Jr. Pisco Nro. 104 de Barrios Altos, en Huamanga.

La otra víctima identificada es Edy Sulca Gómez quien tenía 17 años, y estudiaba en el quinto de secundaria y era brigadier de su salón, en el colegio San Ramón, de Ayacucho. Destacaba en el deporte y la artesanía.

Publicado en La República el 23 de abril de 2013

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CASO CHUSCHI: Ex militar pide perdón a familiares de desaparecidos

Por Elías Navarro

  • El teniente (r) EP Collins Collantes Guerra rogó a los familiares que le perdonen por la detención y desaparición de campesinos en la base militar de Pampa Cangallo, en la provincia ayacuchana de Cangallo.

Ayacucho

“Les pido perdón por la desaparición de sus familiares. Me ordenaron detener y traer a la base militar y por este hecho fui sentenciado a 14 años y estuve 8 años en la cárcel. Ya estoy pagando mi culpa”, expresó el ex teniente EP Collins Collantes Guerra a los parientes de personas desaparecidas hace más de 20 años en Ayacucho.

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El teniente (r) EP Collins Collantes Guerra rogó a los familiares que le perdonen por la detención y desaparición de campesinos en la base militar de Pampa Cangallo, en la provincia ayacuchana de CangalloEl teniente (r) EP Collins Collantes Guerra rogó a los familiares que le perdonen por la detención y desaparición de campesinos en la base militar de Pampa Cangallo, en la provincia ayacuchana de CangalloEl entonces jefe de la patrulla militar, conocido como teniente “Peco”, se reencontró con los familiares de Manuel Pacotaype Chaupín (alcalde de Chuschi), Marcelo Cabana Tucno (teniente gobernador), Martín Cayllahua Galindo y el menor Isaías Huamán Vilca, detenidos arbitrariamente en Chuschi y luego desaparecidos en la base militar de Pampa Cangallo (Ayacucho) en marzo de 1991.

El encuentro se produjo en el mismo destacamento militar, hasta donde llegaron los jueces de la Sala Penal Nacional para inspeccionar el lugar que funcionó como un centro de detención clandestina y tortura de personas, bajo la acusación de pertenecer a Sendero Luminoso.

Francisca Tucno Chipana, esposa del alcalde desaparecido; Teofila Rocha Pacotaype, esposa del teniente gobernador; María Magdalena Vilca de Huamán e Irene Huamaní de Cayllahua le suplicaron, llorando, a Collins Collantes que señale dónde están enterrados los cuerpos de sus familiares.

“Por favor, dinos dónde están enterrados. Queremos ver su cuerpo, aunque sea sus huesos, para poder rezar una oración, llorar y darle una cristiana sepultura. Eso nos podrá aliviar de tanto dolor y sufrimiento que padecemos”, le dijo Francisca Tucno.

El ex oficial del Ejército derramó algunas lágrimas y aseguró que si supiera señalaría el lugar, pero se ratificó en que solo trajo a los detenidos y entregó al jefe de la base militar y tres días después fue cambiado a otro destacamento.

“Yo entregué a los detenidos y se los llevaron al baño (calabozo). El jefe de la base y los otros ex oficiales sí saben dónde están los cuerpos. Ellos deben decir la verdad. Quiero decirles que a mí también me duele el sufrimiento de ustedes”, señaló Collante.

El militar recordó el llanto de los familiares pidiendo que liberen a los detenidos, pero que no podía compadecerse porque cumplía órdenes.

Luego de este contacto Collins Collantes les tomó de la mano a los familiares y derramó lágrimas pidiendo nuevamente perdón por lo sucedido.

“Desde que me abrieron proceso en varias ocasiones intenté acercarme a ustedes. Mi conciencia me remordía todo este tiempo, pero ahora siento una tranquilidad en mi corazón”, les dijo el ex oficial.

LOS HECHOS

En contacto con La República, Collins Collantes narró que le dieron una lista de diez personas, entre ellos de dos autoridades para ingresar a Chuschi, detenerlos y conducir a la base militar de Pampa Cangallo.

“El jefe de la base militar de Pampa Cangallo, comandante EP Mario Alberto Caldas Dueñas, me dio esa orden y por eso fui a pie, con mi patrulla de 25 soldados, a verificar una incursión senderista producida el día anterior”, señaló.

Al día siguiente (15 de marzo), “Peco” llevó a los cuatro detenidos con un vehículo hasta el paraje de Huaccanccasa donde descansaron un rato en las faldas del cerro, a unos 5 km del pueblo de Pampa Cangallo.

“Los familiares se habían adelantado y nos estaban esperando. Luego llevamos a los detenidos a la base. Las cuatro mujeres (familiares) nos seguían suplicándonos que los libere. Faltando un kilómetro para llegar, impedimos que nos sigan. Ellas nos vieron ingresar al destacamento militar”, dijo.

Collantes indicó que su tarea terminó cuando entregó a los detenidos en la base militar y fueron confinados en un baño que funcionaba como calabozo.

“ESPARTACO” Y “TRUENO” DEBEN DECIR LA VERDAD

Collins Collantes se ratificó señalando que los agentes de inteligencia elaboraban la lista para realizar las intervenciones y detenciones de personas que tenían algún vínculo con los senderistas.

“La lista venía del cuartel Los Cabitos. Ese día me ordenaron ir a Chuschi y detener y traer a las cuatro personas”, recordó Collantes, quien afirmó que entregó a los detenidos a los oficiales de Estado Mayor de Pampa Cangallo.

“El jefe de inteligencia Néstor Raúl Oblitas Carrera, conocido como el famoso ‘Espartaco’, y el oficial de operaciones José Humberto Zavaleta Angulo, conocido como ‘Trueno’, deben decir la verdad y no tapar el sol con un dedo. Ellos sacaban del baño a los detenidos para interrogarlos. Ellos deben decir dónde están enterrados sus cadáveres”,afirmó el ex teniente “Peco”.

Publicado en La República el 21 de abril de 2013

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CASO CHUSCHI: Ex teniente reconstruye detención y desaparición de cuatro personas

  • En marzo del 91, el alcalde y teniente gobernador y otras dos personas en el distrito de Chuschi fueron conducidos a base militar de Pampa Cangallo. Se culpa a siete oficiales.

Por Elías Navarro

Los jueces Marco Cerna Bazán, Armando Salvador Neyra y Miluzca Cano López inspeccionaron la base militar de Pampa Cangallo, donde el 14 de marzo de 1991 estaban detenidos el alcalde de Chuschi Manuel Pacotaype Chaupín, el teniente gobernador Marcelo Cabana Tucno, el comunero Martín Cayllahua Galindo y el menor Isaías Huamán Vilca, y desde esa fecha no se supo más de ellos.

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ChuschiChuschiEl jefe de la patrulla militar que arrestó a las víctimas, Collins Collantes Guerra, testigo de este hecho, señaló el calabozo –que funcionó en el baño–, donde precisamente se retenía a las cuatro personas, sometidas a brutales interrogatorios.

Collantes fue sentenciado a 14 años y luego de purgar 7 años y medio salió con beneficio de libertad condicional y ahora colabora con la justicia como testigo. Él también reconstruyó con detalles la forma y circunstancias como se detuvo y se llevó a las víctimas a la base militar de Pampa Cangallo. Dijo que con una lista de diez personas llegó a Chuschi y con apoyo de efectivos de la comisaría detuvo a las cuatro personas. Luego los llevó con vehículo hasta el paraje de Huaccanccasa, y desde esa zona caminaron a pie unos cinco kilómetros hasta llegar al destacamento militar de Pampa Cangallo.

Los detenidos caminaban con las manos atadas hacia atrás por la pendiente y sorteando arbustos. Los familiares los seguían en su recorrido suplicándole a Collantes que los libere. Faltando un kilómetro para llegar, haciendo disparos impidieron que los sigan.

Por otra ruta, los familiares llegaron a la puerta de la base militar y preguntaron durante días por ellos. Los soldados les dijeron que se vayan y los familiares denunciaron en la Fiscalía Mixta de Cangallo.

“Era una orden legal para detener a los sospechosos. Cumplí con mi tarea de traer a los detenidos el 15 de marzo y los entregué al jefe de la base. Tres días después fui cambiado a la base Militar de Cangallo. Los oficiales del estado mayor de Pampa Cangallo son responsables de la desaparición de estas personas. Ellos deben decir dónde están enterrados los cuerpos”, dijo Collantes.

Los magistrados de la Sala Penal Nacional recogieron además las versiones de seis testigos en Ayacucho. El ex fiscal de la provincia de Cangallo Guillermo García Zamora dijo que el 15 de marzo de 1991 recibió una denuncia de dos personas que señalaban que sus familiares habían sido secuestrados de sus domicilios en Chuschi, llevados primero a la Comisaría de Chuschi y luego a la base militar de Pampa Cangallo. El ex fiscal testificó que a partir de ese entonces no había condiciones para seguir investigando, pues se sentía presionado por los militares y no recibía apoyo del Ministerio Público. Pidió que lo roten a otro distrito judicial, y como no recibió respuesta, tres meses después, en junio de 1991, renunció al cargo.

Francisca Tucno Chipana, esposa del desaparecido alcalde Manuel Pacotaype Chaupín, contó que a la medianoche del 14 de marzo de 1991, un grupo de militares y policías ingresaron a su casa y sacaron a su esposo para llevarlo a la Comisaría de Chuschi. “Cuando dormíamos, dos policías ingresaron a mi casa, mientras que en el patio había militares. A mi esposo lo sacaron a golpes y se lo llevaron a la comisaría; yo los seguí hasta la esquina, pero me atajaron haciendo disparos al aire”, relató al Tribunal.

Igualmente, la campesina Teófila Rocha Pacotaype dijo que su esposo, Marcelo Cabana Tucno, era teniente gobernador de Chuschi. “A las 11 y 30 llegaron dos policías a mi casa. Un policía preguntó diciendo quién es Marcelino Rocha, quien es mi padre, y mi esposo le respondió yo soy Marcelo Cabana. Cojudo, tú eres terruco, diciendo lo cogió de la nuca y lo sacó de mi casa”.

FISCAL PIDE 25 AÑOS DE CÁRCEL

En su acusación, la fiscalía pidió 25 años de cárcel para el general EP (r) Hugo Martínez Aloja y el coronel EP (r) Bernhard Christian Eduard Braun Luy, los ex oficiales del Ejército Sigefredo Celso Miranda Vásquez y Carlos Alberto Del Busto Hervias. Pidió igual pena contra los oficiales del Estado Mayor de Pampa Cangallo José Humberto Zavaleta Angulo “Trueno”, Néstor Raúl Oblitas Carrera “Espartaco”.

El jefe de la base militar de Pampa Cangallo, comandante EP Mario Alberto Caldas Dueñas, y el jefe de inteligencia EP Marco Antonio Aguilar Biaggui están prófugos de la justicia. Ya fueron condenados, además de Collins Collantes, los policías Luis Mariano Juárez Aspiro (7 años) y Domingo Morales Ampudia (5 años).

Publicado en La República el 21 de abril de 2013

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Hoy se inician audiencias por el caso Chuschi en Ayacucho

Del 16 al 18 de abril, la Sala Penal Nacional se traslada a la ciudad de Huamanga, Ayacucho para escuchar los testimonios de los familiares de Manuel Pacotaype Chaupín, Martín Cayllahua Galindo, Marcelo Cabana Tucno y al menor, Isaías Huamán Vilca, quienes fueron atados y trasladados al Cuartel Militar de Pampa Cangallo y hasta la fecha no se conoce su paradero.

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Las audiencias se realizarán los días 16 y 17 en la sala de audiencias de la Corte Superior de Ayacucho. El 18 se realizará la inspección en Pampa Cangallo.

Los testimonios estarán a cargo de las esposas y la mamá de los desaparecidos, así como de 3 testigos.

Junto a ellos, estará la doctora Gloria Cano, Directora de la Asociación Pro derechos Humanos – Aprodeh y abogada de las víctimas.

Familiares de ChuschiFamiliares de Chuschi

Publicado en la CNDDHH el 16 de abril de 2013

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CASO ACCOMARCA. Ricardo Uceda: “El Ejército ha debido saber lo que pasó”

  • Clave. Periodista, autor del libro Muerte en el Pentagonito, fue citado para que relate lo que investigó sobre Accomarca.

Por Gabriel Mazzei

“No se me ocurre que para un operativo tan delicado la comandancia general del Ejército haya estado apartada de lo que sucedió en Accomarca”, reveló Ricardo Uceda durante el juicio por el caso Accomarca a cargo de la Sala Penal Nacional.

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© La Mula© La MulaUceda fue citado por el Ministerio Público para que declare a raíz de su libro “Muerte en el Pentagonito”, en donde, en uno de sus capítulos, narra los hechos acaecidos en Accomarca.

El periodista narró el pasado jueves ante el tribunal, presidido por el juez superior Ricardo Brousset, que las órdenes militares que se impartieron para hacer desaparecer a 69 campesinos, el 14 de agosto de 1985, y luego incinerarlos, “fueron verbales”.

TESTIGO DIRECTO

“Una de mis fuentes en este episodio fue César Martínez Uribe Restrepo y he pensado mucho en decir su nombre, pues él no me autorizó a revelarlo, pero creo que en este caso no lo voy a incriminar”, indicó.

Martínez Uribe Restrepo fue responsable de inteligencia del Estado Mayor en esa zona.

“Él me dijo que el Comando Político Militar no sabía del operativo”, agregó.

No obstante, Juan José Quispe, abogado de la parte civil, mencionó que Martínez Uribe Restrepo es acusado en este caso por haber ordenado que se elimine a todo elemento subversivo en esa zona.

Uceda refirió además que lo sustantivo de su narración es que el Ejército decidió desenterrar los cadáveres ejecutados –una vez que el presidente de ese entonces, Alan García, se enteró de los hechos– para incinerarlos en un horno.

Clave

Fuente. Ricardo Uceda desestimó una vez más las acusaciones de Jesús Sosa Saavedra de haberlo escondido en su casa cuando era prófugo de la justicia. Sosa fue una de las fuentes consultadas para su libro “Muerte en el Pentagonito”.

Publicado en La Republica el 15 de abril de 2013

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CASO MATERO: Una nueva absolución

Rigthsperu, 10 de abril de 2013 – El día viernes 5 de abril, a las 8 de la noche, es decir, doce horas después de la hora prevista, se realizó la lectura de sentencia del caso Matero, donde el militar acusado Marino Nemecio Ambía Vivanco fue absuelto del cargo de desaparición forzada contra Seferino Quispe Pillaca, Albino Quino Sulca, Melchor Tineo Pérez y Martin Escriba Pillaca, ocurrida en Matero, Ayacucho, entre el 25 y 30 de julio de 1986, cuando Ambía era subteniente.

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Marino Nemesio Ambía Vivanco, único acusado en el tercer juicio del caso Matero, fue absuelto por votación en mayoría © La RepúblicaMarino Nemesio Ambía Vivanco, único acusado en el tercer juicio del caso Matero, fue absuelto por votación en mayoría © La RepúblicaEste es el tercer juicio del caso Matero (ver nota). Y pese a los numerosos testimonios que denunciaban a “Rubén” como el militar que dirigió la detención arbitraria de estos pobladores, y que sindicaban a Marino Ambía como el teniente “Rubén”, los jueces, por votación en mayoría, indicaron que los testimonios y las pruebas presentadas por la Fiscalía no eran suficientes para determinar la responsabilidad de Ambía y más bien, creaban una duda razonable sobre su presencia en Matero en las fechas de las desapariciones forzadas.

Los jueces en mayoría se plegaron a los argumentos de la defensa del acusado. Consideraron que las declaraciones de los familiares y pobladores de Matero debían ser tomados con reserva porque estaban inducidos por las dos sentencias anteriores. Lo propio manifestaron sobre el testimonio clave de Francisca Janampa, pobladora detenida y recluida en el cuartel de Cangallo con sus dos hijos menores, el cual, consideraron había sido inconsistente en las 8 veces que rindió su manifestación por el mismo caso desde 1986. Así también, indicaron que los testigos hablaron de un “Rubén” o “Robin”, lo cual, no lograron saber si “Robin” se refería a otro militar o era una interferencia lingüística (por el quechuahablante que al hablar en castellano modifica las letras U por la O, y la E por la I).

El voto dirimente fue del juez Marco Cerna Bazán, quien sustentó todo lo contrario a la votación en mayoría. A partir de la teoría del lenguaje, Cerna analizó los testimonios y los valoró desde el aspecto semántico y referencial; consideró que los jueces en mayoría estaban deslegitimando los testimonios por haber discrepancias en los detalles del testimonio, mas no en lo sustancial; así, consideró que el testimonio de Francisca Janampa había sido consistente y coherente en lo medular, en sus 8 declaraciones dadas desde 1986 y que los testimonios de los familiares de las víctimas y pobladores de Matero testigos de la detención, fortalecían dicho testimonio clave. Para Cerna, Ambía era el responsable mediato de la desaparición forzada de las 4 víctimas.

Sin embargo, el voto en mayoría generó la absolución del acusado y la protesta airada y desesperada de los familiares de las víctimas. Los familiares a expresaron su indignación gritándole a los jueces en mayoría que eran unos corruptos y a Ambía “¡asesino!, ¡solo dime dónde están los cuerpos! ¡solo quiero enterrarlo!”. Ambía fue escoltado hasta la salida por los miembros de seguridad, y los familiares, llenos de indignación, salieron de la sala entre lágrimas preguntándose cuánto tiempo más tendrán que esperar por justicia, para encontrar a sus seres queridos.

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Más notas sobre la absolución:

La Republica

Absuelven a principal implicado en caso Matero

La Sala Penal Nacional absolvió al militar en actividad Marino Ambía Camacho por la desaparición de cuatro campesinos en la localidad de Matero en Cangallo en 1986.

El fallo fue en mayoría. El presidente de la sala, David Loli Bonilla y el juez superior Teófilo Salvador Neyra votaron a favor de la absolución de Ambía Camacho, mientras que Marco Cerna Bazán se opuso a dicho veredicto y su abogado anunció que apelará.

Esta es la tercera absolución del imputado en este caso. La Corte Suprema anuló las dos primeras y dispuso nuevos juicios. El abogado de IDL Juan José Quispe recordó que Ambía, extrañamente, brindó seguridad a los jueces de la Sala Penal cuando realizaron diligencias por el caso Pucará.

Ambía pertenece a la Promoción 1984 Héroes de Pucará y Marcavalle, de la que forma parte el presidente Ollanta Humala.

Publicado en La República el 8 de abril de 2013

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CASO GOMEZ PALOMINO: Salazar Monroe solicita que lo excluyan de otro caso de violación de DDHH

Por Gabriel Mazzei

Una vez más, Julio Salazar Monroe, ex jefe nominal del Servicio Nacional de Inteligencia, pretende ser excluido por un caso relacionado con violación de derechos humanos: el asesinato del dirigente Santiago Fortunato Gómez Palomino, el 9 de julio de 1992.

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SalazarEl pasado miércoles, el Tribunal Constitucional dejó al voto su solicitud de hábeas corpus para no ser procesado por este caso. A la audiencia del TC, no se presentó Iván Torres La Torre, abogado de Salazar Monroe, ni la parte demandada.

Actualmente, el caso Gómez Palomino se encuentra en juicio oral en la Segunda Sala Penal Liquidadora, que procesa también a Vladimiro Montesinos, a Nicolás de Bari Hermoza Ríos y al grupo Colina.

Según la abogada de Aprodeh, Gloria Cano, “sería muy grave que el TC acoja el recurso de Salazar Monroe para ser excluido del juicio”. “La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que Salazar Monroe fue el jefe máximo del SIN, que autorizó la creación del Grupo Colina, que finalmente asesinó a Gómez Palomino”, señaló Cano.

Otros hábeas corpus

El 2011, el TC acogió la solicitud del ex jefe formal de SIN por exceder el plazo razonable para su juicio por los casos Barrios, Yauri y el Santa, casos pendientes de sentencia.

En febrero pasado, este mismo órgano rechazó un hábeas corpus del mismo personaje para ser excluido del proceso de la familia Ventocilla, otro caso de violación de derechos humanos.

Publicado en La Republica el 8 de abril de 2013

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Senderista Osmán Morote no será liberado en junio por proceso del caso Soros

Fotografía de Peru 21

El procurador antiterrorista Julio Galindo informó que los terroristas Osmán Morote Barrionuevo y Margot Lourdes Liendo Gil no saldrán en libertad en junio de este año por cumplimiento de condena, tal como estaba previsto.

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© Peru 21© Peru 21Galindo explicó que esta prolongación del encarcelamiento de ambos senderistas será posible porque el Segundo Juzgado Penal Nacional dictó para ambos orden de detención preliminar por el caso Soras.

El procurador precisó además que el referido tribunal, presidido por la jueza Janet Lastra, abrió instrucción contra Morote Barrionuevo, Liendo Gil y otros mandos subversivos como autores mediatos de los delitos de terrorismo y asesinato.

Ambos cumplirán en junio 25 años de prisión por pertenecer al Comité Central de Sendero Luminoso, lo que les permitía recuperar su libertad. Sin embargo, al haberse iniciado un nuevo proceso contra ellos, los dos continuarán detenidos hasta que este culmine y se dicte, a su vez, una nueva sentencia.

El 16 de julio de 1984 más de cien personas de la comunidad campesina de Soras fueron asesinadas por columnas de Sendero Luminoso, al mando de Víctor Quispe Palomino.

CLAVES

Osmán Morote Barrionuevo fue capturado el 11 de junio de 1988.

A la cúpula de Sendero, incluido Morote, se le impuso pagar una reparación civil de S/. 3.700 millones. Para no pagar y salir libre, él se había declarado indigente.

Publicado en La República el 2 de abril de 2013