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Santiago Canton: Sería una parodia de la justicia si indulto a Fujimori responde a negociaciones políticas

  • “El ex secretario ejecutivo de la CIDH dijo que no se puede dejar de lado el derecho de las víctimas de derechos humanos, pese al derecho que le compete al expresidente Alberto Fujimori de solicitar su libertad a través de un indulto.”

Si se responde solo a negociaciones políticas o si no existe una determinación clara e independiente por parte de un equipo de médicos y sin la participación de la sociedad civil en el pedido de indulto a Alberto Fujimori se estaría cumpliendo una parodia de la justicia, afirmó Santiago Canton, ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

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© La Mula© La MulaFue al ser consultado sobre cuáles serían las consecuencias en un eventual caso que se registren irregularidades en el proceso de indulto a Alberto Fujimori, quien fue condenado a 25 años de pena privativa de la libertad por cometer graves delitos contra los Derechos Humanos.

“[¿El ámbito de la jurisprudencia qué abarca?] Si nos referimos específicamente al tema del tiempo de la condena que una persona debe estar detenida, no hay estándares muy precisos y cantidades precisas que uno pueda citar. Lo que sí está claro es que no se puede hacer de la condena [de Fujimori] una parodia de la justicia”, expresó al programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Es decir si no se cumple con los estándares que existen, si no se cumple con la ley peruana que establece claramente cuáles son los motivos [para un indulto] o se responde solo a presiones políticas, negociaciones políticas; si no existe una determinación claramente independiente por parte de un equipo de médicos, si no se le da una participación a la sociedad civil en todo ese proceso [del indulto a Fujimori] se puede estar cumpliendo una parodia de la justicia, que sería grave para el Estado de Derecho por la implicancia que tiene, esto para Perú y para la región. Y sería muy grave para las víctimas que ven en la condena una forma de reparación”, refirió.

No se puede dejar de lado el derecho de las víctimas

Señaló, en ese sentido, que no se puede dejar de lado el derecho de las víctimas de derechos humanos, pese al derecho que le compete al expresidente Alberto Fujimori de solicitar su libertad a través de un indulto.

“[¿Cuáles son las preocupaciones frente al tema del indulto?] Es un caso muy complejo y sensible para todos los peruanos y peruanas. Hay que poner sobre la balanza varios aspectos. Uno es el derecho que le compete al señor Fujimori para tener su libertad en caso se cumpla con la ley y se den los requisitos relacionados con aspectos de sus salud. Y el otro, que no se puede dejar de lado el derecho que le compete a todas las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y de los cuales se ha identificado a Fujimori como responsable por el cual está cumpliendo una condena”, opinó.

“Nosotros que tratamos derechos humanos sabemos la importancia que tiene por los aspectos relacionados con las reparaciones a las víctimas y la condena está muy relacionada con la reparación para las víctimas. Las sociedades que han pasado por situaciones graves como en Perú y varios países de la región este aspecto de la reparación es fundamental para toda la sociedad no solamente para las víctimas”, agregó.

Fortalecimiento del Estado de Derecho

Santiago Canton dijo que el caso Alberto Fujimori no solo tiene una implicancia nacional sino que es todo un referente para América Latina en materia del fortalecimiento del Estado de Derecho.

“Acá estamos hablando de un caso que ha sido un ejemplo a nivel internacional en cuanto al fortalecimiento del Estado de Derecho, ese aspecto tampoco se puede dejar de lado, por eso cuando se tome esa decisión hay que poner todo en la balanza y asegurarse en primer lugar que se dan los requisitos que se tienen que dar en una ley peruana, que en este caso según la información que tenemos no se dan, que un análisis que hicimos en el Centro Robert F. Kennedy y por eso mandamos una carta al presidente [Humala].

“Que un ex presidente sea extraditado, enjuiciado, con todas las garantías, condenado por violaciones a los derechos humanos y otros aspectos más, ha sido un precedente único para nuestra región y el mundo. Ese aspecto tampoco no se puede dejar de lado y si no se cumple con los requisitos que se deben cumplir para un indulto se estará dando un paso muy grave para el fortalecimiento del Estado de Derecho”, indicó.

Publicado en Ideeleradio, el 12 de octubre de 2012

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Los hijos del expresidente Fujimori piden el indulto para su padre

Por Jacqueline Fowks

Los cuatro hijos del preso expresidente de Perú, Alberto Fujimori, entregaron este miércoles una petición de indulto humanitario en una ventanilla del ministerio de Justicia en Lima. Keiko Fujimori indicó que han incluido el historial médico de su padre y que esperan que la solicitud “se resuelva con criterio humano”. La ex candidata presidencial reconoció la semana pasada que el político no tiene “cáncer terminal”.

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© El País© El PaísLa solicitud será evaluada por la Comisión de Gracias Presidenciales, formada por cinco miembros, cuatro representantes del Ministerio de Justicia y uno del despacho presidencial. Antes de emitir una valoración, pueden hacer consultas con expertos o solicitar mayor documentación a los solicitantes y luego presentarán su informe a la ministra de Justicia, Eda Rivas. Ella lo firmará, haciéndose responsable política de dicho parecer, y lo trasladará luego al presidente Humala para que tome su decisión: él puede o no seguir la recomendación de la junta evaluadora.

De acuerdo al reglamento de la Comisión, corresponde un indulto y el derecho de gracia por razones humanitarias solo en los casos de enfermedades terminales, o cuando las enfermedades no terminales graves se encuentren en una etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable, y además, cuando las condiciones carcelarias pongan en grave riesgo la vida, la salud, y la integridad de la persona.

La decisión última sobre la petición corresponde al presidente Humala

Fujimori gobernó Perú de 1990 a 2000 y abandonó ese año la presidencia enviando un fax desde la cumbre de Apec (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, en sus siglas inglesas) que se celebraba en Brunei, pese a que había iniciado su tercer mandato tras ganar en un proceso electoral plagado de indicios de fraude. Desde septiembre de 2000 se hicieron públicos videos que evidenciaban la corrupción de su gestión, en co-gobierno con el entonces asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, hoy también preso.

En 2009, el ingeniero Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por autoría mediata en crímenes de lesa humanidad, entre ellos homicidio calificado (por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta en 1992) y secuestro agravado de un empresario y un periodista, también en 1992.

Justamente, una norma aprobada durante el Gobierno de Alejandro Toledo, en 2006, con votos fujimoristas, prohíbe el indulto a reos que hayan cometido secuestro agravado.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, una red que agrupa a decenas de organismos humanitarios en el país, se ha pronunciado en contra de la gracia presidencial, pues lo considera un premio a la impunidad. Ellos lideraron el viernes pasado una marcha en el centro de Lima y convocaron a cerca de mil personas, que recordaron la corrupción de dicho Gobierno y las víctimas del grupo paramilitar Colina; frente al Palacio de Justicia formaron la frase No al indulto, con pequeñas velas de color verde y rosa. Los familiares de los muertos y desaparecidos en La Cantuta y Barrios Altos también han rechazado la petición de los fujimoristas.

El exmandatario está en prisión desde que en 2007 fue extraditado de Chile y cumple su condena en una casa de 190 metros cuadrados, a los que se suman un área de jardín y huerto, todo ello en el denominado Fundo Barbadillo, un complejo de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional. No tiene restricciones en número ni en tiempo de visitas, tanto así que en la campaña electoral presidencial del año pasado, ese fue uno de los centros electorales de su hija Keiko.

El político ha padecido lesiones de tipo canceroso en la boca, y ha sido operado seis veces por ese motivo. Uno de los líderes de la bancada parlamentaria fujimorista, y exministro de Salud durante su Gobierno, Alberto Aguinaga, es su médico de cabecera. Fujimori, además, es atendido en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y en una clínica privada de alto estándar en Lima cada vez que lo requiere.

La semana pasada, la encuestadora CPI indicó que un 70% de limeños estaría a favor de que Humala conceda el indulto humanitario al expresidente Fujimori. Sin embargo, el director de la encuestadora GFJ Conecta, Hernán Chaparro indicó a EL PAÍS que “la capital siempre ha sido fujimorista y no es una cifra representativa del resto del país, y éste es un tema de interés nacional”.

Publicado en El País, 11 de octubre de 2012

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News Reports on Transitional Justice in Peru

“No nos ha pedido perdón y quieren indultar a Fujimori”

A 21 años de la muerte de la periodista Melissa Alfaro por el estallido de un “sobre-bomba” en las oficinas del semanario Cambio, sus hermanos Iris y Alain se pronunciaron contra el indulto al exdictador Alberto Fujimori.

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Melissa AlfaroMelissa Alfaro“Las portadas que salen sobre el indulto nos recuerdan la basura que fue el periodismo durante la dictadura de Fujimori. No puede haber reconciliación si no han pedido perdón”, indicó Iris.

Un día como hoy, el 10 de octubre de 1991, a Ruth Melissa Alfaro Méndez de 23 años le estalló en el rostro un explosivo escondido en un sobre. Aquel jueves de octubre la joven reportera había estado cubriendo información en el Congreso y sus colegas la invitaron a almorzar, pero ella respondió: “Yo me voy a comer mis frejolitos a Cambio”.

La bomba estaba compuesta de 200 gramos de anfo-gelatina, material de uso exclusivamente militar. El paquete estaba destinado al director del periódico, Ricardo Letts, pero Melissa como jefa de Informaciones tomó la correspondencia.

“Mi madre fue la única persona que vio a mi hermana en el escenario de su muerte. Melissa estaba destrozada de la cintura para arriba. Esa bomba no solo le estalló a ella, nos despedazó a todos”, declaró Alain.

Agregó que las investigaciones sindican al agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), el capitán EP (r) Víctor Penas Sandoval, como el autor directo del envío de cinco “sobres-bomba” en 1991.

Publicado en Diario La Primera, el 10 de octubre de 2012

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News Reports on Transitional Justice in Peru

Caso Fujimori: Marcha contra el indulto

¡Basta ya de impunidad, Fujimori nunca más! Fue el grito al unísono que entonaron miles de peruanos que se congregaron inicialmente en el Campo de Marte para decirle no al indulto a favor del expresidente reo Alberto Fujimori.

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NO AL INDULTONO AL INDULTODesde las seis de la tarde, mujeres y varones, estudiantes universitarios e institutos superiores, profesionales y personas de todos los estratos sociales marcharon a paso firme, superando el cansancio con arengas, movilizándose con un objetivo claro, no dejar que el presidente Ollanta Humala le entregue esta gracia al excandidato al parlamento japonés.

¡La sangre derramada jamás será olvidada!, frase dura pero amarga en los labios de Félix, hermano de Octavio Huamanyauri Nolasco, una de las víctimas de La Cantuta. “Él era mi único hermano y ahora lo perdí. Este indulto sería indigno e irrespetuoso a las lágrimas de todas las familias que perdieron a sus seres queridos”, manifestó, mientras sus ojos parecían recordar aquellos días en el que el terror llegó a su vida. “Todo lo que le está pasando a Fujimori ahora lo está pagando porque su conciencia no lo deja tranquilo. Él no tuvo piedad con el dolor de muchas madres, padres, hijos e hijas”, exclamó Rosa Rojas, mientras los ojos de las personas contemplaban con pena ajena las dos fotos que colgaban a la altura de su pecho: su esposo, Manuel Ríos Pérez, y su pequeño Javier Ríos Rojas fueron asesinados en Barrios Altos.

Eran casi las siete y media. La multitud hizo alto en el Paseo de los Héroes Navales para recordar a las víctimas del llamado “terrorismo de Estado”; casi de inmediato un centenar de velas se encendieron para formar una palabra, un anhelo de justicia: “No al indulto”.

Carmen Oyague también llevó una fotografía. Su sobrina Dora Oyague Fierro también fue presa de la insania del grupo Colina y con mucho dolor en su mirada, esta mujer de cabellos canos le contó a diario16 que solo pudo encontrar el cráneo de su pequeña. No obstante, su semblante cambió cuando vio a los estudiantes que la rodearon. “Con los jóvenes estoy muy contenta, pero con este tema del indulto estoy indignada. Sin embargo, el apoyo de estos chicos me da fuerzas. He perdido a mi sobrina pero hoy he ganado a varios ‘hijos'”.

¡NO A LA IMPUNIDAD!

La marcha contra el indulto a Fujimori congregó a todas las clases sociales, especialmente a jóvenes limeños. Además, hubo un alto para recordar a los asesinados en La Cantuta y Barrios Altos. La indignación se sentía en cada arenga de los presentes.

Publicado en Diario 16, 6 de octubre de 2012

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Ollanta Humala carga con el peso de indultar o no a Fujimori

Por Jacqueline Fowks

El debate político a favor y en contra del indulto humanitario del expresidente peruano Alberto Fujimori se encarniza con el paso de los días. Los líderes fujimoristas anunciaron que este viernes pedirían formalmente la liberación de su líder, aunque finalmente el hecho no se produjo. “Los que no lo quieren, lo odian; y los que lo quieren, lo aman”, dice en una entrevista televisiva Alejandro Aguinaga, congresista y médico de cabecera del exmandatario condenado en 2009 por crímenes de lesa humanidad, sobre su paciente y exjefe.

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© El País© El PaísHace ocho días, los cuatro hijos del expresidente Fujimori se reunieron en Lima e informaron de que su padre había decidido, después de meses de mostrarse en contra de esa posibilidad, que pediría dicha gracia. La reapertura de este debate comenzó en realidad el 20 de septiembre, cuando el congresista e hijo menor de Fujimori, Kenyi, mostró a los medios una foto del detalle de una lesión en la lengua de su padre, aseguró que la reclusión minaba su salud y que era justo un indulto.

El expresidente fue trasladado del local donde está preso a una clínica, para que evaluaran si requería una sexta cirugía en la lengua, esta vez a causa de un granuloma hemorrágico. Los médicos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas han explicado reiteradas veces que el paciente Fujimori no tiene cáncer terminal y que cada vez que ha sufrido una lesión cancerosa en la boca, se la han extirpado.

Cuando los medios le preguntaron al presidente Ollanta Humala sobre ese posible indulto, respondió que no podía referirse a algo que no se le había solicitado.

Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión en mayo de 2009 por autoría mediata en homicidio calificado de 15 personas de Barrios Altos —zona residencial del centro de Lima— y la desaparición forzada de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta; además, por secuestro agravado de un empresario y un periodista.

“Hasta hace poco, la familia Fujimori había dicho que no pedirían el indulto, sino que buscarían liberar al exmandatario por canales legales, pues no aceptan la culpabilidad del expresidente sobre todo en los crímenes de lesa humanidad”, explica a EL PAÍS Jo-Marie Burt, politóloga estadounidense que ha seguido e investigado los juicios posteriores a la extradición de Fujimori.

Burt es también asesora principal de Washington Office for Latin America (WOLA), institución que el miércoles entregó una carta a Ollanta Humala planteando que otorgar el indulto sin cumplir con los estándares del derecho interno e internacional, representaría un paso hacia la impunidad y la erosión del estado de derecho en Perú.

“La decisión de la Corte Suprema de Perú de acatar la resolución de la Corte Interamericana de DDHH que anulaba la sentencia Villa Stein en el caso Barrios Altos parece haber cerrado la vía legal en ese sentido. La familia Fujimori evalúa y decide que políticamente les es favorable lanzar la petición del indulto”, agrega Burt. El fallo Villa Stein —que toma el nombre del magistrado que lo dictó— de julio último sostiene que los crímenes del grupo Colina —fuerza paramilitar creada durante el Gobierno de Fujimori— no eran de lesa humanidad.

Organizaciones de derechos humanos, líderes de opinión y el partido Perú Posible —del expresidente Alejandro Toledo— sostienen que la junta médica que evalúe al presidente debe ser independiente, que Fujimori debe pagar la reparación civil de 27 millones de soles al Estado, y que debe pedir perdón por los delitos cometidos; sin embargo, Kenyi Fujimori ya anticipó que no habrá pago ni petición de disculpas.

La patata caliente del indulto incomoda al presidente Humala, pues cuando le interrogan sobre su decisión, esquiva la cuestión aduciendo que no está en agenda. “Si insisten los llevo a la punta del cerro”, respondió el jueves. El primer ministro, Juan Jiménez, también se ha quejado a los medios ante esa pregunta porque “hay muchos otros problemas” en el país.

Mientras tanto, la bancada parlamentaria fujimorista que ha sido amigable con el oficialismo en quince meses de Gobierno de Humala, ahora recoge firmas para un pedido de interpelación al ministro de Defensa, debido a la muerte no explicada de una niña durante una operación contrasubversiva en la sierra central el 8 de septiembre. Los congresistas escucharon las explicaciones insuficientes y contradictorias del titular de Defensa a mediados del pasado mes, pero no lo interpelaron aquella vez. Ahora, es una herramienta con la que empiezan a presionar a Humala, para mostrar cómo es el fujimorismo cuando quiere jugar a ser oposición.

Publicado en El País, el 05 de octubre de 2012

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Caso Fujimori: De San José al Indulto Inviable

  • La reciente resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la anulación de la llamada sentencia Villa Stein y el inminente pedido de indulto humanitario a favor del condenado ex presidente Alberto Fujimori nuevamente plantean como centro del debate la acción de la justicia y las estrategias de impunidad para burlarla.

por Carlos Rivera Paz, Juan José Quispe Capacyachi y Sigfredo Florian Vicente

La anulación de la sentencia emitida el 20 de Julio por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia –más conocida como sentencia Villa Stein– y el inmediato anuncio del pedido de indulto humanitario para el condenado ex presidente de la república Alberto Fujimori Fujimori nos demuestra que ambos acontecimientos son parte de la misma estrategia.

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Alberto FujimoriAlberto FujimoriLa sentencia Villa Stein pretendió erigirse en la decisión judicial que debía marcar un antes y un después en el proceso de justicia en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, a favor -claro está- de quienes están condenados por la comisión de ese tipo de crímenes. Lo que intentaron no fue otra cosa que establecer un nuevo marco de interpretación de los hechos y reducir la gravedad de los crímenes, para que a partir de ese “nuevo estándar” discutir la legitimidad y legalidad de la condena impuesta a Alberto Fujimori. Los que perpetraron esa sentencia coincidirán con nosotros que el tiro les salió por la culata.

En el lapso de dos meses no solo se logró generar una corriente de opinión elevadamente crítica contra el contenido de dicha sentencia, sino que, además, se obtuvo una audiencia de seguimiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos -en la que el único particular fue el abogado del condenado Fujimori- y el pasado 24 de setiembre la Corte IDH publicó una resolución de cumplimiento que técnicamente tuvo efectos devastadores contra la sentencia de julio de este año, ya que en menos de 3 días la mismísima Sala Penal Permanente de la Corte Suprema se vio obligada a anular la sentencia de julio. Algunos desubicados no tuvieron más remedio que argüir que la resolución de la Corte ofendía la soberanía de la nación peruana.

Es evidente que la resolución de la Corte IDH y la anulación de la sentencia Villa Stein han significado derrotas judiciales y políticas de muy significativas proporciones para aquellos que -como el fujimorismo- alientan el establecimiento de ese nuevo estándar judicial, con el agregado de que esta nueva derrota es posible gracias a una nueva intervención decisiva de la Corte de San José de Costa Rica.

Es esta derrota política la que indudablemente aceleró el anuncio de la solicitud del indulto humanitario para el condenado Alberto Fujimori. Por eso hemos dicho que tal anuncio no es otra que la implementación del Plan B del fujimorismo, porque en realidad ahora es más evidente que ellos tenían muchas expectativas en los resultados que pensaban tendrían con la sentencia Villa Stein. De hecho ya la consideraban como un “instrumento” judicial y político para enfrentar muchas decisiones judiciales que les habían sido adversa, sobre todo aquellas en las que los tribunales habían calificado a las más graves violaciones a los derechos humanos como crímenes de lesa humanidad.

El indulto

Este ha sido un tema recurrente en la intervención política del fujimorismo desde las semanas siguientes a la condena de Alberto Fujimori en abril de 2009. Su anuncio no es una casualidad y menos un exabrupto político. Se trata de una operación política que solo iba a ser utilizada cuando las otras alternativas estuvieran completamente agotadas. En este momento, tras la resolución de la Corte IDH y la anulación de la sentencia Villa Stein, la alternativa judicial está agotada para la defensa de Fujimori. Por ello han optado por el indulto y porque creen que la estrategia de ablandamiento puede que haya dado sus frutos a nivel de los principales personajes del Poder Ejecutivo.

Pero si bien el indulto es una atribución del presidente de la república y ello lo coloca en un ámbito estrictamente político, hay algunos asuntos preliminares que no podemos dejar de considerar. El primero de ellos debe ser el analizar si se trata de un indulto común o de un indulto humanitario. Si bien los hijos del condenado Fujimori han advertido que solicitarán un “indulto humanitario”, hay que recordar que Alberto Fujimori es una persona condenada como autor mediato de los delitos de homicidio calificado, como crimen de lesa humanidad, y secuestro agravado y ello determina que existen prohibiciones en la legislación penal nacional como la ley 26480 –del 13 de junio de 1995- que establece una prohibición para el otorgamiento de indultos a aquellas personas condenadas por el delito de secuestro agravado. Esto tiene correlato con el vigente Decreto Supremo No. 008-2010-JUS de fecha 23 de julio del 2010 que en su artículo 5 expresamente establece la improcedencia del indulto al señalar que “La Comisión de Gracias Presidenciales no dará tramite a las solicitudes de los procesados o condenados por delitos a los que por ley expresa se ha excluido de la gracia del indulto…”.También existe una prohibición proveniente desde el derecho internacional, específicamente desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En el caso del indulto humanitario la posibilidad del otorgamiento exige el cumplimiento de requisitos previamente establecidos en el Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia. El 13 de Junio de 2010 el Ministerio de Justicia promulgó la Resolución Ministerial Nº 0162-2010-JUS, el Reglamento Interno de la Comisión de Gracias Presidenciales, cuyo artículo 31º establece que se recomendará indulto humanitario solo en los siguientes casos:

  1. los que padecen enfermedades terminales;
  2. los que padecen enfermedades no terminales graves, que se encuentren en etapa avanzada progresiva, degenerativa e incurable, y además que las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad;
  3. los afectados por trastornos mentales crónicos, irreversibles y degenerativos y además, que las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su viuda, salud e integridad.

¿Cuál de estos requisitos cumple el ex presidente Fujimori Fujimori para que le concedan el indulto humanitario?

Las informaciones públicas y la información proporcionada por la propia familia dan cuenta que ninguna de ellos, ya que no podrían alegar que la enfermedad de Alberto Fujimori sea terminal y tampoco podrían alegar que las condiciones carcelarias de su reclusión están afectando o poniendo en riesgo la vida, la salud o la integridad del solicitante. Al respecto es de público conocimiento las inigualables condiciones carcelarias que el condenado Fujimori tiene en el Fundo Barbadillo. Como también es de público conocimiento la inmediata y calificada atención médica que ha estado recibiendo en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas (INEN). Desde hace algunas semanas por decisión propia es atendido en la Clínica San Felipe de Lima. Entonces consideramos que difícilmente se podría alegar un empeoramiento de su estado de salud por esta razón. No comentamos el asunto de la enfermedad mental grave porque no es el sentido de la solicitud de indulto.

¿El indulto puede ser un mecanismo de impunidad?

Más allá de que el indulto sea parte de las atribuciones constitucionales del Presidente de la República (artículo 118º, inciso 21 y que el Ministerio de Justicia tenga un procedimiento previamente establecido que regula los términos en los que se debe realizar la solicitud, el hecho concreto es que el indulto si puede convertirse en un mecanismo de impunidad. Si a pesar de los términos concretos de la ley existe una voluntad por torcerla o por hacer de la solicitud de indulto en una pieza de un acuerdo político entre los partidarios del condenado y el Jefe de Estado esto puede terminar siendo más bien una estrategia para burlar la acción de la justicia. Hasta qué punto el presidente Ollanta Humala está dispuesto a ser el último pero decisivo eslabón del plan para liberar al condenado Fujimori? Eso lo sabremos en un corto tiempo.

El indulto humanitario y la Corte IDH

Las organizaciones de derechos humanos han planteado que tratándose de una persona condenada por crímenes de lesa humanidad en casos que han merecido sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –Barrios Altos y La Cantuta- resulta indispensable que se proceda a una consulta a dicho organismo del sistema interamericano para verificar la procedencia de una medida de esa naturaleza que, en términos concretos, va a significar la liberación y el perdón de la pena a quien la justicia nacional encontró responsable de crímenes horrendos repudiados por la comunidad internacional.

En ese sentido es importante destacar que los órganos del Sistema Interamericano –Comisión y Corte- han recordado permanentemente a los Estados que frente a los casos de graves violaciones a los derechos humanos uno de sus deberes ineludibles es investigar, juzgar y sancionar. En él están contenidas obligaciones internacionales para que ese tipo de crímenes no quede en la impunidad y para que las víctimas o sus familiares conozcan la verdad y puedan obtener una reparación.

Pero la Corte Interamericana –justamente en la sentencia del caso Barrios Altos- dio un paso adelante al señalar que “…Son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.” (Párrafo 41). De esta manera la Corte declara que ya más allá del deber de investigar, juzgar y sancionar existe la imperiosa necesidad de rechazar cualquier tipo de procedimiento –al amparo de las normas penales o procesales internas- que tenga como objetivo la exclusión de la responsabilidad de quien tiene que rendir cuentas ante la justicia.

Adicionalmente la Corte manteniendo una interpretación enteramente restrictiva de cualquier beneficio indebido dirigido a obtener una exoneración de responsabilidades en la resolución de cumplimiento del 7 de setiembre de 2012 -Supervisión de la sentencia del caso Barrios Altos- declara que “…los Estados deben asegurar, en el ejercicio de su deber de persecución de esas violaciones, que las penas impuestas no se constituyan en factores de impunidad, tomando en cuenta varios aspectos como las características del delito y la participación y culpabilidad del acusado. Del mismo modo, el otorgamiento indebido de beneficios en la ejecución de la pena puede eventualmente conducir a una forma de impunidad, particularmente cuando se trate de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos….” (Párrafo 55).

A ello debemos agregar una mención de la Corte IDH –en línea de restricción- del asunto del indulto. En la sentencia del caso Gutiérrez Soler Vs Colombia –del 12 de setiembre de 2005, la Corte declara expresamente que “…es preciso que tribunales penales ordinarios competentes investiguen y sancionen a los miembros de la fuerza pública que participan en casos de violaciones a derechos humanos[1]. Por otra parte, el Estado deberá abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía, el indulto, la prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad, así como medidas que pretendan impedir la persecución penal o suprimir los efectos de una sentencia condenatoria”.(Párrafo 97).

Entonces es perfectamente posible afirmar que la Corte IDH siempre ha tenido una línea de interpretación absolutamente restrictiva para cualquier tipo de beneficios indebidos que puedan o pretendan favorecer a quienes están siendo investigados, juzgados o que ya se encuentran condenados. Ello definitivamente comprende también al indulto.

¿Y los otros procesos?

En este asunto no debemos perder de vista que Alberto Fujimori no solo esta condenado por crímenes de lesa humanidad y secuestro agravado, sino también, por diversos delitos de corrupción -CTS de Montesinos, compra de congresistas, compra de Cable Canal de Noticias y allanamiento a la casa de Montesinos-. Pero Fujimori tienes más procesos en su contra. De hecho la Suprema Corte de Chile acaba de autorizar una ampliación de la extradición por el caso de la compra de los llamados diarios chicha, la que si bien ha sido apelada por la defensa del extraditable el volumen y la calidad de las pruebas existentes contra Fujimori es casi seguro que la Sala Penal de la Suprema Corte de Chile confirme la concesión de la ampliación de la extradición y ello significara la realización de un nuevo proceso judicial en el que es inminente la aplicación de una nueva condena a pena efectiva. Este dato determina que no solo estamos ante un posible indulto sino también ante un derecho de gracia.

Nota:

[1] Cfr. Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 263; Caso Las Palmeras. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90, párr. 51; y Caso Cantoral Benavides. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párr. 113. (^^^)

Originalmente publicado en Justicia Viva, 4 de octubre de 2012

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¿Un indulto por negociar?

Por Nelson Manrique

La demanda de un indulto humanitario para Alberto Fujimori tiene el potencial de convertirse en un punto de quiebre para la precaria democracia peruana.

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© El Comercio© El ComercioEl indulto es una facultad que la Constitución otorga al presidente bajo condiciones muy precisas, y estas excluyen a Alberto Fujimori de este beneficio: no existe indulto para los delitos de lesa humanidad ni para los casos de secuestro agravado, ni en la legislación peruana ni en la internacional. Ironías de la vida: fue Fujimori quien introdujo la Ley 26478 por la cual los responsables de secuestro agravado no pueden ser indultados. El indulto, por otra parte, supone un perdón que no borra ni el delito ni la culpa, pero Alberto Fujimori rechaza la sentencia, no se arrepiente ni pide perdón y se declara inocente, a pesar de haber aceptado su culpabilidad en los delitos de corrupción para no ir a juicio.

A pesar de que legalmente el indulto es inaceptable está en marcha una gran campaña mediática orquestada por la derecha y el fujimorismo –que cuenta con el apoyo de Cipriani y el Opus Dei– para demandarlo, alegando “razones humanitarias”, precisamente las mismas que Fujimori negó a sus víctimas. Hasta ahora el Ejecutivo se ha pronunciado a través de la ministra de la Mujer, Ana Jara, quien ha afirmado que el presidente tomará la decisión “sin presión alguna” y se guiará por consideraciones de tipo jurídico, emanadas del ministerio de Justicia. ¿Será una coincidencia que en este contexto Ana Jara haya invitado a la vicepresidenta Marisol Espinoza –quien ha mostrado su independencia de criterio– a “dar un paso al costado” si no se cuadra?

En este contexto, es llamativo que Carlos Tapia, otrora asesor presidencial, haya salido en Radio Panamericana a aconsejar a Ollanta Humala que indulte a Alberto Fujimori porque “le conviene políticamente”. Según ha explicado, la opinión pública no vería mal el indulto, pues la enfermedad de Fujimori ha generado una corriente de simpatía hacia el reo: “Mientras más demore el indulto… más debilitada estará la imagen de Ollanta Humala como presidente”, afirma. Aparentemente Tapia conoce algo sobre la opinión pública que los demás ignoramos. Volvió a ratificarse en el programa “No culpes a la noche” y sostuvo que a Humala le convendría otorgar el indulto ahora, para no darle una “resonante victoria” al fujimorismo (sic). A la pregunta de Milagros Leiva de si Gana Perú lograría con esto la “Ley Nadine”, un incómodo Tapia contestó que “seguramente habrá agradecimientos políticos” y que estos, en democracias débiles, “se arreglan por debajo de la mesa” (http://elcomercio.pe/actualidad/1475256/noticia-ollanta-humala-le-convie…). Aunque un día después Tapia afirmó que no cree en el indulto y que este “no es beneficioso para la democracia” lo dicho queda y el objetivo de banalizar una decisión que viola nuestro ordenamiento jurídico se ha logrado.

Tapia ha hecho una larga carrera como político izquierdista, ha sido miembro de la CVR y no es una persona que ignore las implicaciones de lo que declara. ¿Qué justifica su viraje a favor del indulto que demanda el fujimorismo? Creo que la clave la ha brindado Milagros Leiva al sugerir que lo que se está negociando es un indulto a Fujimori a cambio del apoyo de los fujimoristas para cambiar la Ley Orgánica de Elecciones y permitir que Nadine Heredia sea candidata el 2016; ya Keiko Fujimori insinuó en abril que podría prestar el apoyo de su bancada parlamentaria para hacerlo, oferta que fue saludada con alborozo por el entonces premier Daniel Abugattás (http://bit.ly/HwVD9Q). Justificar el indulto –como lo hace Carlos Tapia– podría leerse como una manera de ofrecerse como un operador político capaz de defender “desde la izquierda” una medida que va a movilizar grandes resistencias.

Naturalmente, Keiko solo convertiría a Nadine en su mayor competidora electoral a cambio de un bien mayor: la libertad de su papá; finalmente, la razón de ser del fujimorismo es su liberación. Aparentemente se vendrían desarrollando varias negociaciones paralelas para lograrlo, incluyendo el apoyo del nacionalismo a la incorporación de apristas y fujimoristas –se habla de Rolando Souza, el ex abogado defensor de Fujimori– al Tribunal Constitucional, preparando una eventual “interpretación auténtica”.

Tiene la palabra Ollanta Humala.

Publicado en La República, el 02 de octubre de 2012

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News Reports on Transitional Justice in Peru

La voz de los familiares de las víctimas

“Ex dictador siempre fue indolente con el dolor ajeno”

Se pronunciaron así Gisela Ortiz, hermana de Luis Ortiz, víctima de La Cantuta; Raida Cóndor, madre de Armando Amaro Cóndor, otra de las víctimas de esta matanza, así como Rosa Rojas, madre del niño de 8 años asesinado junto a su padre Manuel Ríos, en Barrios Altos.

Los deudos de las víctimas de la matanza pidieron al presidente Ollanta Humala que recuerde que él también es padre y no otorgue dicha gracia presidencial al reo de la Diroes.

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NUNCA HA RECONOCIDO SUS ACTOS

© La Mula© La MulaEn diálogo con LA PRIMERA, Gisela Ortiz sostuvo que primero debe esperarse cuáles son los fundamentos que esgrimirán para tal petición.

Precisó que en el caso de Fujimori, se habla de un indulto humanitario y dijo que esta gracia exige que el reo afronte un estado de salud grave. En ese sentido, hizo hincapié que desde su sentencia en el 2007, ya se afirmaba que el exdictador estaba sumamente enfermo y, sin embargo, dijo, hasta ahora tiene una salud estable, como lo ha admitido en su comentada carta.

Manifestó que el gobierno debe tener mucho cuidado para evitar que el tema sea una nueva burla, como sucedió con el empresario José Enrique Crousillat y de otros exfuncionarios del Fujimorismo.

Sobre la foto propalada en algunos medios del dorso de Fujimori, comentó que es normal que los ciudadanos de avanzada edad pierdan masa muscular y que en todo caso su estado deberá será evaluado por un equipo médico

En tono pausado pero seguro, Ortiz recuerda que en todos estos años jamás Alberto Fujimori y el Fujimorismo han reconocido sus actos y la forma criminal con que actuaron, como en el caso del asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta.

SERIA DOLOROSO Y PELIGROSO

Ortiz enfatizó que sería doloroso para los deudos, de las atrocidades de la dictadura, un eventual indulto a Fujimori y dijo que ello demostraría que el gobierno no actuó en función de las víctimas.

Sostuvo que el país quedaría aún más polarizado y enfrentado al agregar que quienes votaron por el mandatario, como ella, y serían defraudados y que primaría la impunidad.

Consideró peligroso un eventual indulto a Fujimori, sentenciado por violador de los derechos humanos y actos de corrupción, pues, dijo, que ello podría dar el mensaje al país de que uno puede matar y robar.

Preguntó: ¿qué otras cosas podría hacer el exdictador si ahora desde su “cárcel dorada” realiza vida política como quedó manifestado en la campaña electoral?

YO NO PUDE ENTERRAR A MI HIJO

“Aunque me digan mala, yo no estoy de acuerdo que indulten a ese asesino que no está arrepentido”, dijo Raida Cóndor, quien recuerda que hasta ahora no ha pedido sepultar a su hijo, cruelmente asesinado por el Grupo Colina.

Sostuvo que en ningún momento la excandidata presidencial Keiko Fujimori, a pesar de ser madre, ha manifestado alguna muestra de humanidad hacia ella y el resto de madres que perdieron a sus hijos a manos de estos asesinos.

Asimismo, increpó a la parlamentaria Fujimorista Luz Salgado por seguir llamando terroristas a su hijo y al resto de víctimas de la masacre de La Cantuta. “Quisiera tenerla frente para que me lo diga, acaso ella andaba con ellos para saber que lo eran. Cuando el más grande terrorista fue su presidente”, indicó.

La señora Cóndor invocó al Presidente que no le otorgue el indulte a Fujimori y dijo que caso contrario se sentiría decepcionada de él. “Yo sé que es su decisión, pero que piense en sus hijos y que no está obligado a dárselo”, enfatizó.

Fujimori NO TUVO HUMANIDAD

En este mismo tono se manifestó Rosa Rojas al recordar que en el año 95 vio a Fujimori cerca a su casa en Barrios Altos y le pidió justicia y humanidad para su caso, pero al año siguiente no tuvo reparos en amnistiar a los criminales del Grupo Colina con Santiago Martin Rivas a la cabeza.

“Estamos indignados”, afirmó Rojas al recalcar que Fujimori es un preso con muchos privilegios y que continúa con la misma soberbia de siempre.

Sostuvo que la posibilidad de que Fujimori sea indultado, abre más las heridas de los deudos que llevan largos años luchando por la justicia y la verdad

Instó al presidente Ollanta a no concederle la gracia presidencial apelando a su condición de padre. “Sé que eso no me devolverá a mi hijo y a mi esposo, a los que nunca he podido olvidar. No deseo a ninguna madre que pase por lo que yo pasé, pues hasta hoy veo a mi hijo como ese día”, agregó.

 

Publicado en Diario La Primera, 01 de octubre de 2012

 

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Deudo de Barrios Altos: “El presidente Humala no debe indultar a Fujimori”

Barrios Altos © La RepúblicaBarrios Altos © La RepúblicaVeintitrés años después de haber visto cómo el grupo Colina asesinó a balazos a su hermana Nelly Rubina Arquiñigo en una casa del jirón Huanta, en Barrios Altos, la señora Sonia siente que nuevamente se le abre esa herida, la misma que parece condenada a nunca cicatrizar.

El viernes escuchó que la familia Fujimori anunciaba el pedido de indulto humanitario para el hoy condenado ex presidente, y fue entonces que pensó en la hermana asesinada de tan solo 18 años de edad.

“Me indigné cuando escuché el pedido para Fujimori. Él no tiene cáncer ni sufre de alguna enfermedad terminal, solo tiene una herida y se atiende en buenas clínicas. Tiene todas esas facilidades mientras que otros presos están abandonados”, dijo la señora Arquiñigo.

Por esos motivos, la hermana de la asesinada Nelly Rubina pidió al presidente de la República, Ollanta Humala, que no le conceda la gracia del indulto a Alberto Fujimori.

“Después de todo el sufrimiento que hemos pasado nosotros, todos los deudos, ¡cómo va a ser justo que a ese señor le den indulto, no lo merece!”, expresó.

La señora Sonia señaló que el próximo mes de noviembre se cumplirán 21 años de la masacre de Barrios Altos, que acabó no solo con la vida de su hermana sino con las de otras 14 personas, entre ellas la de un menor de edad.

“Desde que sucedió la masacre, el gobierno de Fujimori nunca hizo algo por nosotros. Nunca se disculpó, decían que nuestros familiares fueron terroristas, pero eran gente inocente. Mataron a todos, hasta a un niño que estaba en el lugar”, recordó.

Para la señora Sonia, la real intención de la familia Fujimori sería que se conceda la gracia del indulto humanitario para que el ex presidente continúe con sus actividades políticas y, posiblemente, postule nuevamente a la presidencia en el año 2016.

 

Publicado en Diario La República, 30 de setiembre de 2012

 

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Trial Reports

La Masacre de Accomarca: El My Lai Peruano

por Jo-Marie Burt

“Accomarca fue el My Lai peruano.” (1) Así describió el embajador interino de Estados Unidos en el Perú, Charles Brayshaw, la peor masacre de la época de la violencia política peruana, el asesinato de 69 campesinos de la comunidad Ayacuchana de Accomarca, en un documento oficial desclasificado.

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E© rightsperu.netl documento continúa, haciendo referencia al entonces capitán del Ejército Telmo Hurtado, prinicipal responsable material (siendo entonces subteniente) de la masacre de Accomarca: “Hurtado confesó ser el autor de los asesinatos, pero dijo que hasta los niños de tres años eran potenciales miembros de Sendero Luminoso y entonces se justificaba su eliminación. A su vez, muchos oficiales pensaban que Hurtado sólo hacía su trabajo; hasta uno de ellos dijo al Consejero Político [de la Embajada] que su error fue no haber escondido a los cuerpos.” (2)

La justicia militar absolvió a Hurtado del delito de homicidio calificado, condenándolo tan sólo por ‘abuso de autoridad’ a 6 años de prisión. El argumento de la justicia militar: Hurtado no podía ser considerado culpable de homicidio pues tenía la misión de combatir la subversión; tan sólo se ‘excedió’ en sus funciones. A pesar de la condena, Hurtado no sirvió los 6 años: ascendió en la institución militar e incluso fue condecorado durante el gobierno de Alberto Fujimori. En 1995, se benefició de la ley de amnistía promulgado por Fujimori, y permaneció en servicio activo del Ejército. (3) En 2002, luego de que la ley de amnistia fuera anulada después de un fallo de la Corte Inter-Americana de Derechos Humanos y se abrió la posibilidad de un nuevo juicio por Accomarca, Hurtado huyó a Estados Unidos. Cinco años después, fue detenido en Miami, para ser finalmente extraditado en julio de 2011.

Hoy día, el 15 de agosto —26 años casi al día del aniversario del ‘My Lai peruano’— le toca a Telmo Hurtado, extraditado de Estados Unidos y ahora preso en el penal Castro Castro, responder por sus actas ante la justicia. (4)

Telmo Hurtado ante la Sala Penal Nacional. Penal Castro Castro, 2 de agosto de 2011Telmo Hurtado ante la Sala Penal Nacional. Penal Castro Castro, 2 de agosto de 2011

Telmo Hurtado declara ante el tribunalTelmo Hurtado declara ante el tribunal

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El juicio Accomarca

El juicio por el caso Accomarca comenzó en noviembre de 2010, 25 años después de los hechos. Hurtado es uno de 29 imputados en el proceso, todos militares. Entre ellos, hay desde altos mandos militares hasta los soldados que habrían participado directamente en los hechos. El día que Hurtado fue incorporado al juicio, el 22 de julio, había —a cambio de sesiones previas— mucha prensa. La presencia del “Carnicero de los Andes” llamó la atención de los medios, que duda cabe.

Hurtado entró al salón judicial del penal Castro Castro y se paró ante los tres jueces de la Sala Penal Nacional encargados del caso. Luego de algunas instrucciones de la jueza directora de debates, el fiscal Luis Landa leyó la acusación en su contra. Se conoce bien los detalles de la masacre, una litanía terrible de abominaciones cometidas en el nombre de la lucha contra la subversión: el fiscal narró, con horror genuino, como los militares torturaron a los varones y violaron sexualmente a las mujeres de la zona; como luego los encerraron en varias viviendas, donde acusaron a todos —sin distinguir entre ancianos y niños— de ser terroristas, los balearon y luego prendieron fuego a las casas, para finalmente lanzaron granadas para destruirlas totalmente; y finalmente regresaron a la zona unas semanas después a cazar a los testigos de la masacre para matarlos también y para desaparecer a todas las pruebas. Vale notar que, según la CVR, “durante esta operación no se produjo ningún enfrentamiento, por lo que no hubo heridos ni muertos en las filas de las fuerzas del orden… Sin embargo, los efectivos militares actuaron violentamente contra las personas que encontraban…. [N]o se encontraron armas, municiones, explosivos o propaganda de Sendero Luminoso.” (5) El fiscal pidió la pena máxima, 25 años de prisión efectiva.

Era difícil notar la reacción de Hurtado, pues estaba parado con su espalda hacia la galería. Pidió a la Sala que le de tiempo para consultar con su abogado antes de responder a los cargos, cosa que la Sala consentió. En la siguiente sesión, el 2 de agosto, Hurtado nuevamente pidió, y conseguió, más tiempo para consultar con su abogado. La jueza directora de debates fijo la siguiente sesión para el día de hoy, el 15 de agosto, exhortando a Hurtado que ese día tendría que responder sin falta a los cargos. Seguramente ni cayó en cuenta lo simbólico de la fecha, pues ayer se conmemoró 26 años de este terrible y hasta hoy impune masacre.

¿Que dirá Hurtado hoy día?

El día después de que leyeron los cargos contra él, en una breve entrevista publicada en La República, Hurtado prometió decir “su verdad”. Dijo que en el momento de la masacre de Accomarco él tenía sólo 23 años y era un subteniente, y que los suboficiales sólo responden a los órdenes de sus superiores.

Eso respresenta un problema para los altos mandos militares también imputados en el proceso judicial, entre ellos el General (r) Wilfredo Mori Orzo, otros integrantes del Estado Mayor en ese entonces, y el General José Daniel Williams Zapata, en ese momento un mayor de Infantería y jefe de la Campañia Lince y, en 2005, jefe del Comando Conjunto. Mori Orzo habría ordenado al Estado Mayor del Comando Político-Militar de Ayacucho a elaborar un plan —el famoso Plan Huancayocc— para intervenir en la zona para ‘capturar y/o destruir’ los elementos terroristas existentes en la zona. También sería quien impartió las órdenes a Hurtado y otros a regresar a la zona para encubrir los hechos ante la llegada inminente de una comisión investigadora parliamentaria. (Mori Orzo, así como el General Sinesio Jarama, fueron dados de baja por el recientemente inaugurado Presidente Alan García por su responsabilidad en los hechos.)

Mientras Hurtado estaba en su celda en Miami esperando los resultados del proceso judicial que terminaría finalmente con su extradición al Perú, los abogados defensores de Mori Orzo y los demás mandos militares involucrados en el proceso afirmaron que ellos no ordenaron la masacre de los campesinos; que al haberse dado la masacre ello se debería a que quien lideraba la patrulla, Telmo Hurtado, sufría del ‘síndrome de Vietnam’, ya había estado mucho tiempo haciendo operaciones contrasubversivas, lo cual le provocó una locura temporal con el resultado de la lamentable masacre en cuestión. No hay duda de la responsabilidad de Hurtado, pues él mismo ha admitido su responsabilidad. Pero el en fondo se trata de un tema sumamente contensioso en la política peruana: si Accomarca representa un caso aislado en el cual un suboficial se alocó y cometió un ‘exceso’ o —como ha sostenido la Comisión de la Verdad y Reconciliación— la masacre de Accomarca fue planificada por los altos mandos militares y como tal constituye parte de un patrón sistemático de violación a los derechos humanos. Según la CVR, Hurtado declaró en el Fuero Militar que se había reunido con el General Mori Orzo y aceptó asumir la responsabilidad de los hechos para no perjudicar la carrera del citado General. En esa misma reunión Mori habría ordenado que regresar a la zona para “limpiar” la zona, i.e. desaparecer las personas que fueron testigos a los hechos así como cualquier evidencia.

En suma, está en juego en el caso de Accomarca dos interpreteaciones distintas de lo que pasó en el Perú a mediados de los años ochenta: en una versión, si bien reconoce que hubo algunos excesos, considera que fueron hechos aislados y en todo caso el daño colateral que ocurre en toda guerra; en otra versión, la masacre de Accomarca formaba parte de un patrón de comportamiento de parte de las fuerzas de orden en el contexto de la lucha contrasubversiva de violación sistemática de los derechos humanos. Hasta hoy en día, las fuerzas armadas peruanas niegan rotundamente esta última versión, a pesar de las evidencias ampliamente documentadas por la CVR y otras instancias. Ahora le toca a la justicia peruana emitir su veredicto.

La justicia tarda pero llega

Según otro documento desclasificado de la Embajada de Estados Unidos en el Perú, con fecha 19 de Septiembre de 1985, la decisión de García de relevar a Jarama y Mori de sus comandos como resultado de la masacre de Accomarca despertó mucha preocupación entre oficiales militares de que habría una “caza de brujas” de parte del gobierno aprista hacia los militares por violaciones a los derechos humanos. Hay que recordar —a pesar del triste récord del primero gobierno de Alan García en materia de derechos humanos— que a inicios de su mandato, García había prometido establecer una nueva política de lucha contra la subversión basada en el respeto a los derechos humanos, resumido en la famosa frase: “No combatiremos la barbarie con la barbarie.” El documento asegura:

“Existe mucha preocupación sobre la posibilidad de que la administración de García podría, luego de Pucayacu [otra masacre que ocurrió unas semanas antes de Accomarca] y Accomarca, buscar investigar casos de derechos humanos que tuvieron lugar entre 1983 y 1984 [de hecho los años de mayor violaciones a los derechos humanos cometidos por parte de las fuerzas armadas peruanas según la CVR]. Un número significativo de oficiales del Ejército han estado involucrado en EZ [zonas de emergencia] en los últimos dos años y medio y posiblemente esten comprometidos, directa o indirectamente, en operaciones antisubversivas que resultaron en muertes civiles. Sin duda los peruanos están observando la cobertura de prensa sobre hechos similares en Argentina con particular interés.” (6)

Se refiere, obviamente, al juicio a los miembros de las juntas militars que tuvo lugar durante 1985 y resultó en condenas largas para 5 de 9 de ellos.

Se demoró dos décadas y medio para llegar a este momento de la verdad. Hoy día sabremos si Telmo Hurtado ayudará a desvelar qué ocurrió aquel 14 de agosto de 1985 y durante el mes siguiente cuando se intentó encubrir los hechos negando la existencia de la masacre, y luego asesinando a testigos y desapareciendo evidencias, o si el sólo asumirá la responsabildiad del “My Lai peruano”.

Notas

(1) La masacre de My Lai ocurrió en el sur de Vietnam en 1968, cuando un batallón de Infantería del Ejército norteamericano mató a unos 400 campesinos de esa aldea. Esa masacre marcó un hito en la guerra de Vietnam, generando repudio alrededor del mundo hacia los Estados Unidos por la actuación de sus tropas y en general por su política intervenciónista en el país sudasiático (^^^)

(2) Documento desclasificado No. 1993LIM02301, fecha 26 de febrero de 1993, firmador por el Chargé d’Affaires Charles Brayshaw. Documento obtenido por el National Security Archive (^^^)

(3) “Las Ejecuciones Extrajudiciales en Accomarca (1985)”, Tomo VII, Capítulo 2.15 del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Lima, 2003) (^^^)

(4) Es importante notar que tanto Hurtado como otro de los principales responsables materiales de esta masacre, Juan Rivera Rondón, fueron extraditados de Estados Unidos y ahora se encuentran como procesados en este juicio. Hurtado y Rivera Rondón lideraron las patrullas Lince 6 y 7 y son sindicados como los principales autores materiales de la masacre, al igual que David Castañeda, quien aún se encuenta prófugo en Estados Unidos. Fuentes cercanas a su caso aseguran de que probablemente no será extraditado al Perú, aunque todavía podría ser expulsado de Estados Unidos (^^^)

(5) “Las Ejecuciones Extrajudiciales en Accomarca (1985)”, Tomo VII, Capítulo 2.15 del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (Lima, 2003), p. 159 (^^^)

(6) Documento desclasificado No. 1985LIMA10721 obtenido por el National Security Archive (^^^)

 

Publicado originalmente en el blog de la autora, A Contracorriente, el 15 de agosto de 2011

 

 

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Caso Fujimori: Indulto a Fujimori violaría la ley y la voluntad popular

Por Jo-Marie Burt

Ante la creciente oleada de presión de parte de los sectores fujimoristas para que el gobierno de Alan García aplique el beneficio del indulto a Alberto Fujimori antes de dejar el poder el 28 de julio, La República publicó los resultados de una encuesta (1) nacional realizada por la firma de opinión pública APOYO según la cual la gran mayoría —65%— de los peruanos rechazan un posible indulto para Alberto Fujimori. Esta encuesta confirma los hallazgos de una encuesta previa que encargué al Instituto de Opinión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú a fines del año pasado. Como afirmé en un artículo (2) publicado en La República hace algunos meses, dos tercios de los peruanos —63%— no están de acuerdo con un indulto para Fujimori.(3)

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En nuestra encuesta, también se preguntó a los encuestados las razones por las cuales creían que se le debería o no otorgar el beneficio del indulto al ex presidente Fujimori. Del 63.3% que dijeron no estar de acuerdo con un indulto para Fujimori, 58.8% dijeron que el principal motivo era porque “es culpable y debe cumplir su condena”, mientras 19.9% dijo porque “sería una burla con las víctimas”. El 18.3% dijeron que “sería injusto y generaría impunidad”.

De los 36.6% que dijeron estar de acuerdo con el indulto, era notable que la vasta mayoría —76.6%— considerara que se le debía otorgar ese beneficio no porque consideraban que Fujimori era inocente de los crímenes por los cuales fue condenado, sino porque “salvó el país del terrorismo” (57%) o porque “fue un buen presidente” (19.6%). Sólo el 18.7% dijo que debería ser indultado por razones humanitarias.

También es importante notar que 77.5% de los encuestados se mostraron favorables a la sentencia condenatoria a Fujimori: 53.5% dijeron que estaban plenamente de acuerdo con la sentencia, mientras un 24% afirmó estar de acuerdo con la sentencia aunque creía que el número de años debía ser menor. Sólo el 9.4% dijeron no estar de acuerdo con la sentencia porque consideraban que Fujimori era inocente, mientras el 12.8% afirmó que consideraban que Fujimori era culpable pero no debería estar en la cárcel.

Los resultados de la encuesta son notables, pues demuestran que la sentencia condenatoria a Fujimori goza de una fuerte legitimidad ante el pueblo peruano. Encuestas realizadas al final del juicio a Fujimori (4) también demostraron que la mayoría de los peruanos consideraban que el juicio había sido llevado a cabo por jueces independientes e imparciales, y que el proceso judicial respetó el debido proceso del acusado, opinión compartida por juristas nacionales e internacionales. (5)

Nuestra encuesta, así como la de APOYO, demuestra que la legitimidad del proceso judicial y la sentencia a Fujimori se han consolidado en la opinión pública peruana. Eso es un dato muy relevante sobre todo ahora, cuando los sectores fujimoristas siguen presionando (6) al gobierno actual (y de paso al presidente electo) para que indulten a Fujimori. Vale aclarar que el tema del indulto no debe decidirse ni por presiones de ciertos grupos de poder ni por la opinión pública, como he dicho en ocasiones anteriores, sino debe regir el derecho peruano e internacional, según el cual no sería permitido el beneficio del indulto. Los resultados de nuestra encuesta y la de APOYO son importantes porque demuestran que el tema de un indulto a Fujimori no divide el país, como algunos han sugerido interesadamente. Le quita el sueño sólo a los miembros del núcleo duro del fujimorismo, ya que consideran que sin su líder fuera de prisión, el futuro de su movimiento tambalea.

Un indulto para Fujimori sería ilegal e impopular

En términos legales, un indulto a Fujimori sería contrario tanto al derecho peruano como al derecho internacional. En términos del derecho peruano, en mayo de 1995, el Congreso Constituyente Democrático, controlado por la bancada fujimorita, excluyó a las personas condenadas por el delito de secuestro agravado del beneficio del indulto. Por lo tanto según el derecho peruano no sería legal un indulto para Fujimori, quien en abril de 2009 fue sentenciado (7) —entre otros graves delitos— por secuestro agravado. El 30 de diciembre de 2009 la sentencia fue ratificada por la Corte Suprema y entonces legalmente es ya una sentencia firme, sin mayores posibilidades de apelación. (8)

Pero más allá del derecho nacional es el derecho internacional, que el Perú está obligado a respetar, el que impide que se beneficie con un indulto a quienes han sido condenados por crímenes de lesa humanidad. En el caso de Fujimori, la sentencia de abril de 2009 dice expresamente que los crímenes por los cuales fue condenado —el homicidio calificado de 25 personas (15, entre ellos un niño de ocho años, de la masacre de Barrios Altos, y los 9 estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta); el asalto agravado de 4 personas que quedaron gravemente heridas luego de esa masacre; y el secuestro agravado del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer— constituyen crímenes de lesa humanidad en el derecho internacional por tener un carácter sistemático y generalizado.

La sentencia menciona específicamente que el Grupo Colina, el temido escuadrón de la muerte que nació en el seno de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, fue responsable no sólo de la masacre de Barrios Altos y la desaparición de los estudiantes y el profesor de La Cantuta, sino de una serie de atrocidades, entre ellas la desaparición forzada de campesinos de Santa; la desaparición forzada del periodista Pedro Yauri; el asesinato de la familia Ventocilla; entre varios otros; y que durante el gobierno de Fujimori se cometió una serie de crímenes más, incluso la desaparición forzada de miles de peruanos, que justificaba la caracterización de las violaciones de derechos humanos cometidos durante su régimen como crímenes sistemáticos y generalizados.

Indultar a Fujimori violaría el derecho internacional, y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, (9) que han considerado probada en numerosas sentencias la responsabilidad del Estado peruano por graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas, cometidas durante el mandato del ex Presidente Fujimori. En varias decisiones —y ante impunidad reinante en el Perú ante tales crímenes— la Corte Interamericana ha exigido la investigación, sanción y castigo de los responsables al más alto nivel.

Si bien la decisión sobre el tema del indulto debe basarse en la ley y no en la opinión pública, el hecho es que siguen habiendo fuertes presiones políticas de parte de los fujimoristas hacia el gobierno de García para que indulte a Alberto Fujimori. Igualmente, hay muchas especulaciones de que García estaría midiendo los beneficios y riesgos que tal decisión implicaría. Por ello, es importante reiterar que la opinión pública se opone a un indulto para Fujimori, como ha sido comprobado en dos encuestas nacionales. Un indulto para Fujimori no sólo violaría la ley peruana y el derecho internacional; también violaría la voluntad popular.

Notas:

1. Enlace original / En nuestro sitio (^^^

2. Enlace original / En nuestro sitio (^^^)

3. La encuesta, que se realizó a nivel nacional a 1205 personas en 19 regiones del país, fue realizada como parte de una investigación dirigida por la autora sobre el juicio a Fujimori.  (^^^)

4. Enlace original / En nuestro sitio (^^^)

5. Enlace original / En nuestro sitio (^^^)

6. Enlace original / En nuestro sitio (^^^

7. Enlace original  (^^^)

8. Enlace original  (^^^)

9. Enlace original   (^^^)

 

Publicado originalmente en Noticias SER el 22/06/2011